Artículos de Derecho Penal

Análisis de la intervención de los autores de un delito de contenido económico bajo la teoría del dominio del hecho y la responsabilidad penal que asumen estas personas que son los auténticos responsables del delito para evitar su impunidad.

Palabras claves: delitos económicos; teoría del dominio del hecho; autoría y complicidad.

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley (art. 2 de la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996, de 12 de abril).
El Código Penal castiga aquellas conductas en las que de modo intencionado y con ánimo de obtener un beneficio se atenta contra el contenido patrimonial de los derechos que recaen sobre la propiedad intelectual. Su regulación viene establecida en los artículos del 270 a 272 del Código Penal.
En buena parte, las modificaciones establecidas por la reforma del Código Penal, Ley 1/2015, respecto al capítulo XI, vienen ocasionadas por las nuevas tecnologías que se han utilizado para cometer ilícitos en el campo de la cultura o de la industria, divulgando, sin autorización de sus legítimos propietarios, obras consecuencia del trabajo intelectual humano, obteniendo por ello un beneficio de carácter lucrativo.
La reforma del Código Penal en este ámbito del delito ha sido, de hecho, una puesta al día del citado código para incluir en la tutela judicial aquellas nuevas modalidades de cometer ilícitos y, cómo no, para dar satisfacción a una larga y ya urgente presión de los afectados (víctimas) para que se controlaran, castigaran y evitaran las prácticas que comportaban dichos ilícitos. Esta nueva regulación, en su propósito de satisfacer los intereses de los colectivos afectados, ha generado la tipificación de determinadas conductas que podríamos calificar de preparatorias o anticipatorias a la comisión del delito en sí mismo.

El Derecho alimentario es una disciplina jurídica relativamente joven, aunque las normas alimentarias sean tan antiguas como la humanidad misma. Esta rama del Derecho estudia las normas jurídicas y principios con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos. La seguridad alimentaria es un aspecto principal en la economía actual. Su concepto es amplio e interdisciplinar, razón por la cual adolece de una gran imprecisión en su definición. Esta es una de las principales dificultades con que se encuentra el legislador español, quien en su última intervención ha establecido un derecho a la seguridad alimentaria, referido especialmente a su aspecto sanitario así como a numerosos mecanismos de control de los alimentos, sin haber llegado por esta vía a garantizar suficientemente el reto que el reconocimiento de este derecho supone. En el ámbito del derecho penal, el sector de la alimentación está tardando en tomar conciencia sobre la importancia de contar con un plan de prevención y detección de delitos, o lo que es lo mismo, un plan de compliance.

El presente artículo tiene por objeto el tratamiento del secreto a las comunicaciones como derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en el Derecho Comparado, como derecho que tutela la protección de la intimidad y el respeto a la vida privada, personal y familiar, configurándose como garantía de la libertad individual, reseñando asimismo los presupuestos legales y materiales para llevar a cabo la intervención judicial de las comunicaciones telefónicas, con especial referencia a su regulación en la Ley General de Telecomunicaciones, el control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y la Ley General Penitenciaria, así como las excepciones a la previa resolución judicial recogidas en nuestra Constitución.

El objeto de este trabajo es analizar, desde una perspectiva crítica, el delito de maltrato animal recogido en el artículo 337 del Código Penal tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo; para ello, partimos de una primera aproximación a los antecedentes más próximos, un análisis del tipo actual y sus eventuales disfunciones para, por último, realizar alguna propuesta de cara a una eventual reforma.

En este artículo el autor desarrolla desde un punto de vista crítico el sistema penal vigente en España, tanto desde el punto de vista de las víctimas, en el que se puede apreciar una cierta indefensión, como desde el punto de vista de los criminales, los cuales tienen una protección de sus derechos incluso en ocasiones mayor que la protección que se ofrece a las víctimas.
El estudio de esta situación deriva en el análisis de la legislación española y su comparativa con países como Estados Unidos, partiendo de la base de la importancia de la independencia judicial respecto de los otros poderes, para terminar con el exhaustivo análisis de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, y de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

Palabras claves: criminales, víctima, legítima defensa, abogado, eximente, legitimación y prisión provisional.

La creación de la Fiscalía europea dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia se va a convertir en un nuevo actor judicial que va a permitir luchar de forma más eficaz contra el fraude cometido a los intereses financieros de la Unión. Con esta nueva institución se conseguirá fomentar la confianza de los ciudadanos y las empresas que operan en el marco comunitario, lograr una mejor prestación de un servicio público y aumentar la percepción global de seguridad que repercutirá en beneficio del conjunto de la Unión.
El presente artículo analiza el modelo de Fiscalía europea desde la inicial propuesta de 17 de julio de 2013 de la Comisión que abogaba por un modelo vertical con posibilidad de investigación y persecución en la totalidad del territorio de los Estados miembros como si fuera un espacio común, al nuevo diseño horizontal del Consejo que configura un sistema horizontal compuesto por un colegio de fiscales europeos y las cámaras permanentes, que limita el poder del fiscal jefe europeo y el número de fiscales delegados.
Se continúa con una exposición de la institución de la transacción y del modelo simplificado de investigación que permite acelerar el proceso, reconocer el hecho al culpable, favorecer su rehabilitación y recuperar de forma efectiva cantidades de dinero eludidas a los intereses financieros de la Unión. Se hace un estudio de derecho comparado sobre la transacción en el plano nacional español a través de la conformidad, antes y después de la reforma de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y, por último, se trata el ámbito de la Unión Europea, según la propuesta de regulación del texto consolidado, para concluir con una serie de consideraciones sobre la posible incardinación de este modelo en nuestro ordenamiento jurídico.

Palabras claves: Fiscalía europea, transacción y revisión judicial.

Las redes sociales y las nuevas tecnologías en general han supuesto una revolución para nuestra sociedad. Bien usadas, suponen herramientas básicas y casi imprescindibles ya en nuestro día a día, tanto laboral, como social, pero usadas sin una mínima precaución, pueden darnos más de un disgusto.
Instagram, Twitter y Facebook son solo unos ejemplos de los numerosos chats y grupos sociales de los que hoy disponemos para contactar con personas en cualquier parte del mundo. Personas que, en ocasiones, conocemos ya de antes pero que, en otras ocasiones, son totalmente desconocidas y sobre todo, anónimas, y es aquí cuando el peligro empieza, pues el anonimato que otorga internet ha servido de caldo de cultivo para los depredadores sexuales.
Figuras delictivas como el ciberacoso y el child grooming eran impensables hace veinte años y, por ello, no quedaban recogidas de forma expresa en el antiguo Código Penal. Pero la reforma operada con la Ley Orgánica 1/2015 ha supuesto un gran avance en la lucha contra los depredadores sexuales vía internet, como veremos en este artículo, y queda patente el esfuerzo y el interés del legislador por defender a nuestros menores de los peligros de la red.