Artículos de Derecho Penal

En este trabajo comentamos la sentencia de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo núm. 256/2020, en la que se condenó por apropiación indebida a una procuradora que retuvo las cantidades derivadas de dos procedimientos judiciales, que había recibido a nombre de la misma sociedad mercantil. La recurrente alegó que la empresa a la que representaba le adeudaba una serie de honorarios profesionales, por lo que ella decidió no restituir los importes percibidos hasta que se procediese a la liquidación correspondiente. Aquí atendemos a los argumentos expuestos por el Alto Tribunal a propósito del momento de consumación del delito, de la existencia del animus rem sibi habendi, y sobre el derecho de retención.

Palabras claves: apropiación indebida; procurador; honorarios profesionales; animus rem sibi habendi; derecho de retención.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo por vez primera en la Ley Orgánica 5/2010. En concreto, en el artículo 31 bis del Código Penal.
El legislador previó la responsabilidad penal, directa e independiente, de las personas jurídicas respecto de los propios administradores o directivos de la sociedad.
La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal vino a solventar las lagunas legales sobre la forma en la que las personas jurídicas debían intervenir en el proceso penal, derivadas de las modificaciones que la Ley Orgánica 5/2010 introdujo en el Código Penal.
Ya en el mes de julio de 2015, entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, última reforma del Código Penal, cuya regulación es la que se expone en este artículo.

Palabras claves: responsabilidad penal; empresa; administrador.

La modificación de los denominados smart contracts –«contratos» que se formalizan en el código de un blockchain– supone que, por su mecánica de funcionamiento en la cadena de bloques que los configura como «autoejecutables», en el caso de que se produzca una alteración fraudulenta de los mismos que derive una transmisión patrimonial, esta modificación sea difícilmente corregible, aunque sea detectable para las partes. El ejemplo paradigmático fue el conflicto de The DAO, en la que una parte los miembros de la red aceptaba el fraude por no infringir los principios de no intervención y modificación del código. El objetivo de este análisis es la determinación de las posibles consecuencias jurídicas que nacen en torno a este tipo de situaciones.

Palabras claves: criptodivisas; Ethereum; smart contracts; DAO.

Este comentario de la llamada Sentencia del Procés (STS 459/2019, de 14 de octubre) tiene como principal propósito analizar jurídicamente la parte que podemos considerar más «constitucionalista» de la sentencia, sin entrar por tanto en el estudio más «penalista» relativo a si los hechos juzgados constituían delito de rebelión o de sedición.
La parte «constitucionalista» de la sentencia es tan importante como profusa. Nos referimos a las casi doscientas páginas de la fundamentación jurídica en las que la Sala II del Tribunal Supremo responde, con una prolija y cuidada argumentación, a las numerosas alegaciones de las defensas sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales de los procesados. Esta parte de la fundamentación jurídica es especialmente importante porque a nadie se le escapa la más que previsible impugnación en amparo de la sentencia ante el Tribunal Constitucional y, en caso de que este no admita el amparo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es también una parte especialmente extensa en términos comparativos con el resto de la fundamentación jurídica de la resolución, consecuencia de los muchos derechos invocados por las defensas. Por ello, y a fin de no desbordar las dimensiones de este trabajo, nuestro comentario se referirá a todos los derechos invocados por los procesados, si bien se detendrá de forma algo más pormenorizada solo en algunos, destacando entre ellos el llamado «derecho a decidir».

Palabras claves: Sentencia del Procés; derecho a decidir; referéndum de autodeterminación.

El presente trabajo analiza la posible calificación jurídica del caso Magrudis que ha generado una especial alarma en España en los últimos meses. La intoxicación de 216 personas que habían consumido el producto cárnico infectado por la bacteria Lysteria monocytogeneses resultó en tres muertes y siete abortos. Se analizan los delitos contra la seguridad alimenticia, la concurrencia de dolo o imprudencia, la posible calificación jurídica de los hechos, y también la posibilidad de apreciar que se trate de un curso causal no verificable, en comparación con lo que sucedió en el caso de la colza.

Palabras claves: Magrudis; delitos contra la seguridad alimenticia; salud pública; imprudencia; causa.

La STS 471/2018 analiza la figura del desistimiento voluntario en el delito de estafa procesal por parte de un coautor que no acudió el día del juicio. Sin embargo, pone de manifiesto que se trataba de un sujeto con dominio funcional del acontecer típico, con pleno conocimiento del plan defraudatorio. El Tribunal Supremo resuelve que el hecho de no acudir a la vista no implica una conducta voluntaria y activa que conlleve la aplicación de la excusa absolutoria, por lo que confirma la sentencia recurrida. Además, el Alto Tribunal rechaza que se deba atender a la clasificación de la tentativa acabada o inacabada a la hora de rebajar la pena en uno o dos grados, sino que deben valorarse el peligro inherente al intento y el grado de ejecución alcanzado.

Palabras claves: clave: desistimiento; estafa procesal; tentativa.

El presente trabajo analiza el delito de enaltecimiento del terrorismo, atendiendo a su regulación legal y aplicación jurisprudencial. La casuística del delito, cada vez más amplia, ha suscitado numerosas críticas doctrinales por su compatibilidad con la libertad de expresión y los principios del Derecho penal. Tras analizar los elementos y fenomenología del delito, se concluye que no debe mantenerse en un Código Penal propio de un Estado democrático.

Palabras claves: enaltecimiento del terrorismo; ETA; Dáesh; Strawberry; Hasel.

Análisis sobre el deber de secreto y la obligación de confidencialidad que tienen los abogados para con respecto al cliente en cuanto al deber de guardar secreto de lo que conocen por el ejercicio de su actividad. Alcance real del artículo 199.2 del CP en cuanto al delito de descubrimiento y revelación de secretos. La protección de datos del cliente del abogado.

Palabras claves: abogado; secreto profesional; confidencialidad.

La regulación sobre el uso del cannabis y los clubs o asociaciones de cannabis en España viene definida además de por los tratados internacionales suscritos y ratificados, la normativa comunitaria de la Unión Europea y la normativa estatal, por el desarrollo legislativo en algunas cuestiones relacionadas con esta materia realizado por las comunidades autónomas dentro de sus competencias. Esta realidad jurídica conlleva una importante confusión normativa, que genera cada vez más inseguridad jurídica sobre el uso del cannabis y sus derivados dentro de la legalidad, acrecentada por distintas resoluciones judiciales, que también podrían considerarse contradictorias entre sí.

El presente trabajo tiene por objetivo el desarrollo de un análisis crítico de las sentencias relativas al «caso Prestige», una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia de España, de la cual han transcurrido recientemente 15 años. La cantidad de empresas implicadas y la ausencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el momento de los hechos en España, unida a la magnitud del impacto, difícil de asimilar para nuestros tribunales, configuran un caso muy complejo (se trata de la causa con mayor volumen de documentos de España hasta el momento), lo que determina la idoneidad de su análisis.

Palabras claves: responsabilidad penal de las personas jurídicas; medio ambiente; impunidad; Prestige.