Artículos de Interés

Una de las consecuencias de la crisis financiera de los últimos años ha sido la creación de una nueva estructura en la UE en el ámbito de la supervisión bancaria. La supervisión de las entidades de crédito en la UE ya no se mantiene a nivel nacional. Para garantizar la seguridad y la solidez del sistema bancario europeo y aumentar la integración y la estabilidad financieras en Europa, la UE ha puesto en marcha un mecanismo único de supervisión. Mediante este mecanismo, el Banco Central Europeo asumirá la supervisión directa de las entidades de crédito más significativas de la UE y colaborará estrechamente con las autoridades nacionales competentes para supervisar todas las demás entidades en virtud de la supervisión general que ejercerá el Banco Central Europeo. La entrada en vigor de este nuevo mecanismo fue en noviembre de 2014, 12 meses después de la entrada en vigor del Reglamento del mecanismo único de supervisión, por el que se crea el supervisor único.

Palabras claves: mecanismo único de supervisión, Banco Central Europeo, Unión Bancaria, sistema financiero y entidades de crédito.

El presente trabajo ofrece una visión de lo que ha sido el proceso de ejecución hipotecaria, tradicionalmente regulado como un instrumento de férrea protección de los acreedores hipotecarios, y de cómo ese proceso incontrovertido entre los operadores jurídicos durante muchos años ha pasado a cuestionarse prácticamente en todos sus aspectos, tanto por doctrina, juzgados, como por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea a raíz del estallido de la crisis económica. En este marco, tras analizar igualmente la actual complejidad por la que arrastra este proceso, se llega a conclusiones en torno a reformas que pudieran ser recomendables desde el convencimiento de que la ejecución hipotecaria se encuentra a la deriva, habiendo iniciado un camino sin retorno en el que a buen seguro se producirán cambios reseñables. Deben producirse porque lo exige sin paliativos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Palabras claves: ejecución hipotecaria, crisis del proceso, cláusulas abusivas y propuestas de reforma.

Además de la tutela que proporciona el sistema judicial como mecanismo para la resolución de conflictos de los derechos de los ciudadanos, existen otros métodos alternativos (Alternative Dispute Resolution) basados en la autonomía de la voluntad. Debido a su relevancia práctica, así como al impulso y al apoyo con que el legislador ha dotado a esta figura (tras la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, y su desarrollo mediante el Real Decreto 980/2013), este trabajo de investigación tiene por objeto analizar las principales ventajas de la mediación frente a los procedimientos judiciales en el ámbito de la tutela civil y mercantil. A estos efectos, se detallarán particularmente las características de ambos sistemas de resolución de conflictos para demostrar que la mediación puede ser un mecanismo coadyuvante para devolver eficacia y eficiencia a la tutela judicial efectiva. Nuestro sistema judicial necesita de otros mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, entre otros motivos, por la dilación en la resolución de litigios, el elevado número de revocaciones de resoluciones tras los recursos o las deficiencias en la ejecución de las resoluciones judiciales.

Palabras claves: mediación y métodos alternativos de resolución de conflictos.

Elaboración de un protocolo de mediación penal al objeto de iniciar los trámites para poder implantar esta figura y hacer realidad la derivación de procedimientos que se tramitan en los juzgados y tribunales a la vía de la mediación penal, para que puedan firmarse acuerdos de mediación penal ante los profesionales que estén habilitados para ejercer la mediación penal, para lo que se requiere ser mediador inscrito en el Registro del Ministerio de Justicia y haber realizado un curso de mediación penal.

Palabras claves: procedimiento penal, mediación y protocolo.

En el presente trabajo se proponen mejoras en la elaboración y desarrollo de las actas de inspección en el ámbito competencial de la autonomía de Cataluña de la Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y actividades recreativas.
Pese a la importancia de la actividad de inspección de la Administración, apenas existen en nuestro Derecho estudios globales sobre el tema y los tratadistas de Derecho administrativo entran de soslayo. A diferencia del ámbito tributario y laboral, la doctrina administrativista no ha dedicado mucho interés a los estudios de la función inspectora.
El acta es el elemento físico a través del cual se acreditan hechos, circunstancias, juicios o acuerdos y se redacta a iniciativa de la propia Administración. La función inspectora es genuinamente una función administrativa y que se encuadra en la definición de potestad. Nos encontramos ante una auténtica potestad administrativa, una actividad de comprobación e investigación dirigida al cumplimiento del ordenamiento vigente, es decir, la legalidad, el interés general y los bienes jurídicos.

Palabras claves: acta de inspección, Administración pública, cuerpos de inspección y funcionarios.

La Sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014, Google Spain (C-131/12) ha supuesto un hito muy relevante en el sistema de protección de derechos fundamentales de la Unión Europea, dando origen al derecho al olvido, y abriendo un camino del que queda mucho por explorar.
Una de las cuestiones más controvertidas es determinar el alcance territorial del derecho al olvido, que está vinculado al alcance territorial de una sentencia que no tenemos derecho a olvidar.

Palabras claves: derecho al olvido, internet, Google, derecho de la UE.

La garantía judicial de los derechos subjetivos sigue constituyendo un eje medular en el interés de los operadores jurídicos y de la sociedad. Una vez que se ha procedido a encauzar jurisdiccionalmente la pacificación del valor jurídico y los supuestos en que son anulables las denominadas cláusulas suelo insertas en una multiplicidad estimable de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria suscritos en los últimos años en España, han surgido otros efectos apegados a su existencia que, por el contrario, los órganos judiciales no comenzaron a resolver con unívoco criterio: la restitución o no de sumas cobradas a sus resultas por las prestamistas. Detectado ese factor, este trabajo se propone analizar las dos vías interpretativas que se están siguiendo, con apoyo en sentencias que las expresan; optar particularmente por la que se considera más adecuada, con la debida argumentación para obtener semejante posicionamiento (muy orientada hacia la viveza del principio de seguridad jurídica) y, además, inducir a raíz de este supuesto cuál es el estado vigente de la tradicional cuestión consistente en el valor eventualmente vinculante del que ha de gozar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los correlatos, positivos o negativos, aparejados a ello.

Palabras claves: jurisprudencia, cláusula, suelo, derechos y juez.

En la actualidad nos encontramos inmersos en una profunda crisis económica que entre muchas otras cuestiones está propiciando la adopción de medidas que implican recortes en los llamados derechos sociales. Ante este panorama se hace necesario analizar la legitimidad de las mismas, y, con carácter general, cuáles son los límites y obligaciones del legislador y resto de poderes públicos a la hora de afrontarlas. Y es que la cuestión no es baladí, pues de ello depende incluso la justicia social que, como se verá, está indefectiblemente vinculada a la realización del Estado Social.

Palabras claves: Estado Social, justicia y Derecho administrativo.

La finalidad de este estudio es analizar la figura del requerimiento de pago en los procesos de ejecución hipotecaria. Se trata de una materia de rabiosa actualidad y muy controvertida.
Se analizará la forma y las consecuencias del requerimiento fallido, de conformidad con la legislación vigente y con la notable jurisprudencia que ha tenido lugar en los últimos tiempos debido a la gran cantidad de ejecuciones hipotecarias de las que han conocido los juzgados y tribunales españoles.
En consecuencia, el estudio de la figura del requerimiento de pago nos obliga asimismo a abordar la figura de la hipoteca, la notificación del requerimiento de pago (a los efectos de su recepción por el deudor) y la conducta del deudor ejecutado.

Palabras claves: requerimiento de pago, ejecución hipotecaria, diligencia de notificación, deuda y título ejecutivo.

En este trabajo se analiza la figura del mediador concursal como pieza clave sobre la que se sustenta la mediación concursal a través del acuerdo extrajudicial de pagos incorporado por la Ley de Emprendedores y actualizado por el Real Decreto-Ley 1/2015, que se convalida por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Se examina el concepto y la naturaleza jurídica del mediador concursal, para posteriormente adentrarse en «su» estatuto jurídico, teniendo como referente la administración concursal regulada en la Ley Concursal 22/2003. Dentro del estatuto jurídico se ponderan los principios informadores, cualidades y formación que ha de concurrir en el mediador, y se investiga en torno a su designación, publicidad y registro, incapacidades, responsabilidad, retribución, seguro obligatorio y tareas encomendadas. Finalmente, se infieren algunas reflexiones que nos proporcionen la virtualidad del mediador concursal y su entroncamiento en los mecanismos preconcursales de resolución de las dificultades económica del deudor.

Palabras claves: Derecho concursal, acuerdo extrajudicial de pagos, mediación concursal y mediador concursal.