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Artículos de Mercantil

Artículos doctrinales de Derecho Mercantil

La posible protección del sabor por el derecho de autor

Hoy en día, la gastronomía se erige como expresión del arte. Debido a ello, durante los últimos años ha surgido el debate relativo a la protección que los platos culinarios deberían ostentar en virtud del derecho de autor. Por su parte, los platos culinarios se configuran como creaciones fácticamente complejas, en la medida que pueden ser percibidos a través de diversos canales de exteriorización (gusto, vista, olfato, oído y tacto). No obstante, fue la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2018 la que pareció zanjar la cuestión al establecer la imposibilidad de calificar un sabor como obra. Efectivamente, a pesar de que el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual permite proteger cualquier creación perceptible y original, la imposibilidad de identificar objetivamente un sabor conlleva que no pueda ser amparado jurídicamente. A pesar de ello, dicha imposibilidad es relativa, ya que, si en el futuro las técnicas para la identificación precisa y objetiva de los sabores evolucionan, sería posible proteger un sabor como objeto del derecho de autor. Asimismo, la receta permitiría objetivar la creación culinaria, de tal manera que se eviten los inconvenientes fácticos que suponen sus diferentes formas de expresión y se proteja indirectamente el sabor del plato culinario.

Palabras claves: sabor; plato culinario; derecho de autor; exteriorización; originalidad; identificación objetiva; receta culinaria.

David Fuentes Lahoz
Jurista especializado en propiedad intelectual

Este trabajo ha sido finalista en el Premio «Estudios Financieros» 2019 en la Modalidad de Derecho Civil y Mercantil.
El jurado ha estado compuesto por: don Pedro Vela Torres, doña Rocío Fernández Domínguez, doña María de las Heras García, don Carlos Lema Devesa, don Juan José Marín López y don Miguel Ruiz Muñoz.
Los trabajos se presentan con seudónimo y la selección se efectúa garantizando el anonimato de los autores.

Puede adquirir este documento en la página web ceflegal.com
Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 231 (abril 2020)

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Los deberes de la sociedad matriz en su condición de accionista

Una de las cuestiones que recientemente han suscitado mayor interés en el ámbito doctrinal es la regulación de los deberes de los accionistas en nuestro ordenamiento jurídico. En el Derecho continental, el accionista ha sido tradicionalmente sujeto de derechos y no de obligaciones, sin embargo, se están produciendo cambios en esta concepción tradicional de la mano de las instituciones europeas gracias a la Directiva 2017/828 y las nuevas tendencias derivadas del activismo accionarial.
En el presente trabajo se abordan los deberes que son de aplicación a la sociedad matriz en el ámbito de un grupo de sociedades, analizando aquellos tipificados en nuestras disposiciones jurídicas, y también aquellos que emanan de los principios configuradores del Derecho societario. Finalmente se aportan una serie de reflexiones sobre aquellas obligaciones que deberían ser de aplicación para aquellos accionistas dominantes que tengan capacidad de influir en la gestión de la sociedad en la que participan.

Palabras claves: deberes de los accionistas; grupo; matriz; accionistas; control.

Julia Mas-Guindal García-Rojas
Legal Counsel M&A, Finance & Capital Markets.
Compañía Española de Petróleos
Profesora de Derecho Mercantil

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 229 (febrero 2020)

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Examen, a partir de un caso práctico, de las indemnizaciones por lesiones temporales y secuelas derivadas de un accidente de tráfico

En el presente trabajo se realiza un análisis, partiendo de un supuesto de hecho frecuente en la realidad, acerca de los conceptos y cantidades que, según la normativa de aplicación en la materia, corresponderían en concepto de indemnización a una persona que haya sufrido lesiones, secuelas y otros perjuicios a causa de un accidente de tráfico. La forma en la que el trabajo se encuentra estructurado y redactado persigue servir como orientación o guía ejemplificativa para los operadores jurídicos (particularmente los profesionales de la abogacía) a la hora de determinar los conceptos y cantidades que cabría reclamar a la compañía de seguros del vehículo causante del siniestro.

Palabras claves: accidentes de tráfico; compañías aseguradoras; indemnizaciones; cálculo.

María Victoria Álvarez Buján
Doctora en Derecho (Universidade de Vigo)
Abogada (I. C. A. de Ourense)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 229 (febrero 2020)

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La regulación de los mercados en la era digital: ¿Quo vadis, Europa?

En los últimos 10 o 15 años los mercados han experimentado vertiginosos cambios derivados, entre otras cosas, de la digitalización de nuevos modelos empresariales y formas de hacer negocio. Pese a que Europa aspira a la creación de un verdadero mercado único digital, lo cierto es que en la actualidad las empresas que dominan el panorama (Google, Facebook, Amazon y Apple) son todas estadounidenses. En este trabajo se analiza la respuesta regulatoria que la Unión Europea está dando a este reto de la digitalización de los mercados, en algunos aspectos cruciales, como son: el tratamiento del big data; la evaluación competitiva de las plataformas digitales; la imposición de multas por prácticas de abuso de posición dominante (art. 102 TFUE) a los gigantes tecnológicos; las restricciones verticales en el comercio online y el tratamiento de las fusiones y adquisiciones en este ámbito. Especial consideración merece el Informe sobre Política de Competencia en la Era Digital, de abril de 2019, que es una auténtica declaración de principios en este terreno, y parte de una infundada desconfianza en las empresas digitales, establece una suerte de presunción de culpabilidad sobre sus prácticas en el mercado y desde luego no incentiva la innovación y el emprendimiento digital en Europa.

Palabras claves: digitalización; defensa de la competencia; big data; plataformas digitales.

Fernando Díez Estella
Profesor titular (acreditado) de Derecho Mercantil.
Centro Universitario Villanueva (UCM)

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 229 (febrero 2020)

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El derecho de la competencia y la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, Sala Civil, de 7 de febrero de 2018: la vinculación de los órganos jurisdiccionales nacionales ante las decisiones de la Comisión Europea

El Pleno del Tribunal Supremo, Sala Civil, resuelta la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación uniforme de la normativa comunitaria de competencia, declara la nulidad de un acuerdo entre empresas por ser contrario a las normas de la competencia, en contra de una decisión adoptada previamente por la Comisión Europea al considerar que la misma no certificó la conformidad de la práctica objeto de sus pronunciamientos con el derecho de la Unión Europea.

Victoria Trujillo Machuca
AD-Quorum Juristas

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1. Introducción

La legislación procesal civil está contenida fundamentalmente en la Ley de enjuiciamiento civil, Ley 1/2000 (LEC). Pero, por su interés en el proceso civil, es aplicable también la normativa europea. La Unión Europea (UE) asume el desarrollo de una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza que incluya la adopción de medidas de aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea −TFUE−, art. 81). Las versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea (TUE) y del TFUE son resultado de las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, pero fue el Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997, que entró en vigor el 1 de mayo de 1999, el que introdujo en el TCE el artículo 81, que hoy se corresponde con el actual artículo 101 del TFUE.

Aporías y distorsiones en la pensión compensatoria por separación o divorcio: A propósito de su paradójica concepción «laboralista» en la reciente jurisprudencia civil

Es communis opinio que el momento para apreciar el «desequilibrio económico» generador de la pensión compensatoria del artículo 97 del CC es el de la ruptura de la convivencia entre los cónyuges, de suerte que los sucesos acaecidos con posterioridad –entre ellos, la futura y eventual pérdida de empleo– son irrelevantes a tal efecto. Sin embargo, la STS de 7 de marzo de 2018 (Sala 1.ª - Pleno) ha venido a «mitigar» esa doctrina científica y jurisprudencial y, a través de un alambicado «juicio prospectivo de futuro», excepciona su aplicación cuando la exmujer desempeña su trabajo en una empresa del exmarido, estableciendo que si la relación laboral entre los antiguos esposos llega a finalizar «por causa no imputable» a la parte trabajadora, el excónyuge empleador habrá de pagarle –en concepto de pensión compensatoria– el equivalente al sueldo que hasta entonces percibía. Al análisis crítico de esta paradójica «matización» se destina el presente estudio, donde se pondrán de manifiesto los absurdos a que conduce, su trasnochada visión «profesionalizante» del matrimonio y su confusión entre las consecuencias laborales de la extinción del contrato de trabajo y las que de orden civil atañen a la separación o el divorcio.

Palabras claves: pensión compensatoria por separación o divorcio; momento temporal determinante del desequilibrio económico; hipotética pérdida futura de empleo de uno de los excónyuges; causas de extinción del contrato de trabajo; indemnizaciones laborales por despido.

Pilar Gutiérrez Santiago
Catedrática de Derecho Civil.
Universidad de León

Este trabajo ha obtenido un accésit del Premio «Estudios Financieros» 2019 en la Modalidad de Derecho Civil y Mercantil.
El jurado ha estado compuesto por: don Pedro Vela Torres, doña Rocío Fernández Domínguez, doña María de las Heras García, don Carlos Lema Devesa, don Juan José Marín López y don Miguel Ruiz Muñoz.
Los trabajos se presentan con seudónimo y la selección se efectúa garantizando el anonimato de los autores.

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 226 (noviembre 2019)

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El Tribunal Constitucional exige agotar todas las alternativas de comunicación antes de practicar edictos: también en los procesos de desahucio

En el presente trabajo se analiza el régimen de los actos de comunicación y, en particular, en los casos en que es necesario acudir a la ficción legal de la notificación por edictos. Se examina cuál es la doctrina del Tribunal Constitucional respecto a este mecanismo, considerado como subsidiario y último recurso en supuestos determinados, y la tensión que se produce entre la tutela judicial efectiva y la eficacia procesal. Se concluye con la aplicación de la doctrina constitucional en los procesos de desahucios en los que se solicita la nulidad de actuaciones por indefensión.

Palabras claves: régimen de actos de comunicación; notificación edictal; procesos de desahucio.

Soraya Callejo Carrión
Magistrada. Doctora en Derecho

Mercedes de Prada Rodríguez
Profesora titular AC de Derecho Procesal

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 225 (octubre 2019)

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La mediación. Razonamiento jurídico para impulsar su aplicación práctica

Urgidos por impulsar la mediación, al igual que lo está el legislador, contribuimos con la tarea normativa según un modelo ajustado al plan de sistematización ofrecido en el sumario, a fin de dar luz a un proceso gradual que va desde los fundamentos a la razón que, en coherencia con los principios informadores, debe latir en la solución positiva. Se hace necesario colaborar en la concienciación para consolidar este instrumento que, inicialmente, se planteó como alternativo y ya es acogido como complementario y cooperativo de la Administración de Justicia, al tiempo que va ganando impulso en su ámbito de aplicación. Ponemos el acento en la enumeración de un cuadro amplio de principios que está justificada porque su amplitud y significación jurídica multiplica los valores inspiradores y los argumentos de justicia para implantar la mediación, entendiendo que, a partir de esos pilares, se pueda desarrollar un Derecho con mayores garantías de aplicación y grado de eficacia.
Hasta ahora han faltado referentes para enraizar la mediación por lo que, implicados en la tarea de impulso, se aportan razones para hacer inexcusable su invocación.

Palabras claves: resolución alternativa de conflictos (RAC); mediación; principios rectores; autonomía privada; institucionalización.

Francisco de la Torre Olid
Profesor de Derecho Civil.
Universidad Isabel I

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 225 (octubre 2019)

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La responsabilidad civil por infracción del Derecho de la Competencia

La responsabilidad por infracción del Derecho de la Competencia es, en estos momentos, una de las materias de mayor interés en el ámbito teórico y práctico en Europa. El Derecho de la Competencia europeo, probablemente, está viviendo su momento más trascendente desde su constitución. 2018 ha sido el año de la eclosión de las acciones de daños por infracción del Derecho de la Competencia. 2019 y 2020 serán los años de su configuración jurisprudencial. Ahora bien, estamos ante un nuevo «Derecho especial de Daños» en el que todo se está creando y discutiendo en los tribunales, rasgando en muchas ocasiones las vestiduras del Derecho de Daños clásico y de corte nacional. Dicha tensión se debe a que su función y naturaleza es propia. No se trata solo de resarcir, sino también de disuadir la infracción. Ello incide ineludiblemente en su configuración legal y jurisprudencial y lo aleja de los planteamientos tradicionales de las instituciones clásicas del Derecho de Daños, obligando a adentrarse en la búsqueda y conocimiento de su significado como categorías propias del Derecho de la Competencia. Esto es algo que los jueces nacionales tienen que interiorizar, debiendo hacer el esfuerzo de dejar de ser jueces de daños –que es a lo que están acostumbrados– para ser jueces de competencia. Muchos intereses económicos hay en juego y muchos son los retos jurídicos que se plantean.

Palabras claves: Derecho de la Competencia; infracción; responsabilidad civil; Derecho de Daños.

Jaume Martí Miravalls
Departamento de Derecho Mercantil. Universidad de Valencia

Este trabajo ha obtenido un accésit del Premio «Estudios Financieros» 2019 en la Modalidad de Derecho Civil y Mercantil.
El jurado ha estado compuesto por: don Pedro Vela Torres, doña Rocío Fernández Domínguez, doña María de las Heras García, don Carlos Lema Devesa, don Juan José Marín López y don Miguel Ruiz Muñoz.
Los trabajos se presentan con seudónimo y la selección se efectúa garantizando el anonimato de los autores.

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 225 (octubre 2019)

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El préstamo participativo

La difícil coyuntura económica iniciada en 2008 ha sido tierra fértil para el auge en la utilización de formas alternativas de financiación. Entre estas, se encuentra el préstamo participativo, regulado principalmente en el artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996. Este artículo se limita a determinar las notas configuradoras del mismo y ciertos aspectos de su régimen jurídico, que son: la percepción de un interés variable que se determinará en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria, la amortización anticipada condicionada a la realización de una ampliación de igual cuantía de sus fondos propios y que no provenga de la actualización de activos, su carácter subordinado y, por último, su consideración como patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y disolución de la sociedad previstas en la legislación mercantil. Este artículo, modificado en varias ocasiones a lo largo de su historia, ha resultado insuficiente para regular la figura, generándose una cierta inseguridad jurídica que, no obstante, no ha frenado su utilización. Este trabajo trata de dar respuesta a algunas preguntas que se han planteado tradicionalmente alrededor de la figura. Para ello, se trata en el mismo: en primer lugar, la normativa aplicable, realizando un recorrido histórico de la figura y finalizando con la regulación proyectada en el artículo 573-10 del anteproyecto de Código Mercantil. También se trata en este punto la posible aplicación de otras normas: la Ley de la usura o la Ley de contratos de crédito al consumo. En segundo lugar, se realiza un análisis de los elementos definitorios del préstamo participativo, diferenciando entre los elementos personales (prestamista y prestatario) del elemento retributivo (interés variable y eventual interés fijo). Seguidamente se analiza su tratamiento contable con especial referencia a dos supuestos mercantiles concretos: la obligatoria reducción de capital por pérdidas y la eventual causa de disolución de la sociedad por idéntica razón. Por último, se trata el encaje concursal de la figura en las diferentes fases del concurso de acreedores.

Palabras claves: préstamo participativo; restructuración financiera; concurso de acreedores; financiación.

Blanca Vallés Mallén
Exalumna de la Universidad de Zaragoza
Estudiante en prácticas del Máster de Acceso a la Abogacía.
Universidad Carlos III de Madrid


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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 222 (julio 2019)

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