Artículos de Mercantil

Artículos doctrinales de Derecho Mercantil

Redes empresariales y mediación

El presente artículo pretende abordar la problemática al aparecer cualquier conflicto en redes empresariales. Se presenta una serie de propuestas y recomendaciones con el fin de dar solución al posible conflicto que puede surgir en este tipo de redes, con una propuesta de planteamiento de una mediación exprés, pretensión de interesar la mediación obligatoria, no propuesta actualmente en nuestra legislación. Asimismo, analizaremos como propuestas previas a la aparición del conflicto en redes empresariales la utilización de las cláusulas med-arb, y una pretensión y enfoque de utilización de la mediación online, en aras todo ello de evitar la judicialización de cualquier conflicto que irrumpa y se presente.

Palabras claves: redes empresariales; conflicto; mediación; med-arb; prevención.

Pablo Tortajada Chardi
Abogado colegiado n.º 10472 ICAV
Sebastiá Abogados & Economista
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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 217 (febrero 2019)

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Solicitud pública de financiación a través de una plataforma de financiación participativa mediante la emisión de participaciones

La financiación participativa se ha consolidado en los últimos años como alternativa de financiación viable para las pymes a consecuencia de la grave crisis económica y financiera que ha atravesado nuestro país. Las fuentes tradicionales de financiación han demostrado ser ineficaces y las pymes españolas se ven en la obligación de buscar métodos alternativos para financiarse. Dentro de esta nueva fórmula de financiación, una de las modalidades más importantes y con un mayor crecimiento es el crowdfunding de inversión, que consiste en la solicitud de financiación por parte del promotor de un proyecto mediante la emisión de participaciones de sociedades limitadas con oferta pública de suscripción a través de una plataforma electrónica de financiación participativa. La normativa española que regula esta modalidad de crowdfunding de inversión es la Ley 5/2015 de Fomento de Financiación Empresarial que establece ciertos requisitos en relación con el proceso de obtención de financiación y sus distintas fases. Sin embargo, esta normativa debe coordinarse con la regulación del aumento de capital mediante emisión de nuevas participaciones con contraprestación dineraria que regula la Ley de Sociedades de Capital. A las dificultades para la coordinación de ambas normas hay que añadir la falta de soluciones a algunos problemas que ha puesto de manifiesto la práctica. Este trabajo tiene por objeto analizar de manera completa y en profundidad las operaciones de equity crowdfunding en sociedades limitadas, ofreciendo soluciones a los problemas que presentan en la práctica.

Palabras claves: crowdfunding de inversión; financiación; pymes; sociedades limitadas.

Ainhoa Martín Anadón
Estudiante de 6.º curso del Doble Grado en Derecho
y Administración y Dirección de Empresas


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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 216 (enero 2019)

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El TS se pronuncia sobre la abusividad de los intereses de demora en préstamos concertados con consumidores

El TS se pronuncia sobre la abusividad de los intereses de demora en préstamos concertados con consumidores

Contratos bancarios. Préstamo con consumidores. Cláusulas abusivas. Intereses de demora. La sala ha declarado que, ante la falta de una previsión legal que fijara de forma imperativa el criterio aplicable para el control de su abusividad, el interés de demora establecido en cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores debía consistir, para no resultar abusivo, en un porcentaje adicional que no excediera de dos puntos porcentuales sobre el interés remuneratorio. Si el interés de demora queda fijado por encima de este porcentaje, la cláusula que lo establece es abusiva. La aplicación de este criterio al objeto del recurso, cuya conformidad con el Derecho de la Unión Europea ha declarado el TJUE al resolver la cuestión prejudicial planteada por la sala, confirma la corrección de la declaración de nulidad, por abusiva, que ha realizado la Audiencia Provincial de la cláusula que establece el interés de demora en el préstamo objeto del recurso, puesto que supera en más de dos puntos porcentuales el interés remuneratorio.

El nuevo límite de 50.000 euros para los contratos menores de investigación y desarrollo en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, Ley 6/2018, de 3 de julio, ha introducido una modificación en la LCSP que afecta a los organismos públicos de investigación. En concreto, ha añadido la disposición adicional quincuagésima cuarta (régimen aplicable a los contratos celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación) con la finalidad de facilitar la adjudicación directa de estas entidades, incrementando los límites de los 15.000 euros, IVA excluido, para los servicios y suministros hasta los 50.000 euros.

El objeto de este trabajo es hacer un somero análisis de la disposición adicional quincuagésima cuarta de la LCSP. A estos efectos, y de manera previa, haremos referencia a otros supuestos recogidos en la normativa que permitirían a estos agentes públicos de investigación acudir a la adjudicación directa en su contratación, para posteriormente centrarnos en estos contratos menores. Por último, examinaremos la especialidad que presenta el artículo 83 de la LOU con relación a los límites en la adjudicación directa.

Alejandro Blázquez Lidoy
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. URJC

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Control legal de las monedas virtuales: El caso de las bitcoins

Las monedas virtuales pueden servir, entre otras funciones, como instrumento de pago, por lo que pueden formar parte de transacciones comerciales. Este tipo de medio de pago carece de soporte físico y está fuera de cualquier proceso de regulación de carácter público, lo que puede suponer un mecanismo de evasión o blanqueo de capitales. Asimismo, son objeto de transacciones económicas que quedarían al margen del control fiscal estatal, de ahí la necesidad de buscar un marco propio normativo o regulatorio de las mismas. Si bien existen distintos tipos, es la bitcoin una de las más populares a escala mundial.

Gabriel Fernández Villegas
Abogado

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La necesaria formación de la administración concursal

La preparación de los profesionales que integran el órgano de la administración concursal es un aspecto fundamental para el correcto desarrollo del procedimiento judicial que va a iniciarse con la declaración del concurso de acreedores. Por esta razón, debe determinarse el nivel de exigencia en la formación de los referidos profesionales, tanto respecto al conocimiento específico de la materia concursal como en lo relativo a la preparación jurídica y económica de la que se parte en la elección de los candidatos.

Palabras claves: concurso de acreedores; administración concursal; formación; diligencia; Ley Concursal.

César Gilo Gómez
Abogado
Doctor en Derecho. Universidad de Salamanca

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 207 (abril 2018)

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El «reciente» modelo de utilidad

El objetivo de esta contribución es poner de relieve las principales novedades introducidas por la Ley 24/2015 referidas al modelo de utilidad y con relación a cómo estaba reglamentado en su precedente ordenación de la Ley 11/1986. A tal fin, se analizan e interpretan los requisitos positivos, el ámbito de actuación, las exclusiones, el procedimiento de concesión, así como la anulación, entre otros extremos. Derivado de la interpretación de la norma se extraen planteamientos positivos que colman algunas lagunas e insuficiencias habidas hasta el momento en torno al modelo de utilidad, de tal suerte que se proponen determinadas reflexiones de lege ferenda que incentivan la innovación, así como su aportación al éxito de las empresas. En especial, si tenemos en cuenta que el número de solicitudes de modelos de utilidad sigue incrementándose cada año.

Palabras claves: propiedad industrial; patentes; modelo de utilidad; innovación.

María Isabel Candelario Macías
Profesora Titular de Derecho Mercantil,
Universidad Carlos III de Madrid

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 207 (abril 2018)

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Régimen de la nulidad y anulabilidad aplicable a los actos de las Administraciones públicas cuando estas actúan con la condición de empresario

La finalidad de este artículo es concretar el régimen de revisión de los actos dictados por una Administración pública actuando en su condición de empresario en los supuestos de concurrencia de algún vicio determinante de su nulidad o anulabilidad. Se parte de la distinción, jurisprudencialmente admitida, entre dichos actos de naturaleza claramente laboral y los actos puramente administrativos, distinción que conlleva, por un lado, la inaplicación a los primeros de los instrumentos de revisión existentes en el ámbito del derecho administrativo, y, por otro lado, la atribución del conocimiento de las controversias que pudieran derivarse de los mismos al orden jurisdiccional social, haciendo especial referencia al nuevo proceso de lesividad introducido en el orden jurisdiccional social por la Ley 36/2011, reguladora de dicha jurisdicción.

Ana María Roldán Vives
Jefa de la Unidad de Planificación y Ordenación de los Recursos
Humanos de la Dirección General de la Función Pública de la
Administración Pública del Gobierno de Canarias

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Sentencia del pleno del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 15 de noviembre de 2017, sobre hipoteca multidivisa: Cambio de doctrina en cuanto a su naturaleza y normativa aplicable

La Sala Primera del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por los prestatarios contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó la demanda en la que solicitaban la nulidad de las cláusulas multidivisa de un préstamo hipotecario concertado con Barclays Bank.
La sala declara la nulidad parcial de la hipoteca multidivisa por falta de transparencia, tal y como había hecho la sentencia de instancia.

Soledad Nevado Torres
Letrado de la Administración de Justicia.
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Alicante

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Algunas cuestiones sobre la Resolución de la DGRN de 14 de marzo de 2014 en materia de cambio de domicilio

El objeto de este trabajo se centra en el análisis de la Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles III de Málaga, por la que se rechaza la inscripción de una escritura pública de traslado de domicilio a España de una sociedad extranjera.

María José Llanes del Barrio
Juez sustituta adscrita al TSJ de Cataluña

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