Casos Prácticos

El derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad, ambos recogidos en el artículo 18 de la Constitución, no protegen, en todos los casos, de las mismas intromisiones, sino que cada uno de ellos tiene su específico ámbito de protección; del mismo modo que en el plano del secreto de las comunicaciones las injerencias que puedan llevarse a cabo tienen diferente intensidad.

Palabras claves: tráfico de drogas, derecho al secreto de las comunicaciones, derecho a la intimidad y denegación de diligencias de pruebas.

Cuando se trata de delitos patrimoniales, la pena básica no se determina en atención a la pena más grave, sino al perjuicio total causado. La regla primera del artículo 74.1 queda sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de la doble valoración.
El auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria referida a solo algunos de los hechos que podrían estar comprendidos en un delito continuado no bloquea la investigación ni el enjuiciamiento de otros hechos no contemplados, aunque pudieran estar ligados por lazos de continuidad.

Palabras claves: delito continuado y doble enjuiciamiento.

El presente caso aborda los problemas derivados de un contrato de obras para la construcción de la sede de un organismo autónomo con competencia en todo el territorio nacional. Los problemas planteados giran en torno a la naturaleza y régimen jurídico del contrato celebrado, la existencia obligatoria o no de la mesa de contratación, el expediente de contratación, la viabilidad jurídica de contratar la realización del proyecto de obras y la adjudicación del contrato y el ejercicio del derecho a la modificación del contrato por parte del órgano de contratación. A continuación, se refiere el supuesto a un procedimiento sancionador iniciado como consecuencia de que el contratista arrojaba los escombros de la obra en un lugar no permitido, planteándose cuestiones en torno a la incoación de nuevos procedimientos como consecuencia de que se seguían arrojando escombros después de la iniciación de ese procedimiento, el ajuste a derecho de que el acuerdo de iniciación se considere propuesta de resolución, recursos procedentes contra la sanción impuesta y al procedimiento de ejecución de la sanción. Finalmente, se plantean cuestiones sobre un procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado a solicitud del interesado, como consecuencia de incumplimiento contractual en que incurrió la Administración.

Palabras claves: contrato administrativo, obras, procedimiento sancionador y responsabilidad patrimonial.

El caso planteado trata de dar respuesta al problema de las incompatibilidades entre las vías procesales civil y penal para proteger el derecho al honor, previstas en la ley. En primer lugar se determinará si es obligado citar a juicio al medio de comunicación en el que se realizan las manifestaciones para concluir que el hecho de que una cadena televisiva haya proporcionado a la persona interesada un lugar donde expresarse en público no convierte automáticamente a dicho medio en partícipe ni coautor de las manifestaciones realizadas.
Igualmente se aborda el problema de si el ejercicio de una de las dos acciones impide el ejercicio de la otra, con las novedades jurisprudenciales que en la materia han concurrido, con la conclusión de que ambas son objeto de un derecho de opción por el interesado, de modo que, elegida una, no es posible el ejercicio de la otra.

Palabras claves: derecho al honor, proceso civil, proceso penal, cosa juzgada, caducidad de la acción y litisconsorcio pasivo necesario.

Los contratos de mantenimiento que se realizan por empresas con particulares o con comunidades de propietarios normalmente se realizan a través de cláusulas predispuestas por el empresario sin que el consumidor pueda negociar o modificar ninguna de ellas (contrato de adhesión), pues en otro caso no sería posible dicho servicio, y que frecuentemente afectan a la duración del contrato y al derecho al desistimiento unilateral que tiene el consumidor y que resulta limitado al imponerle una pena o consecuencia económica para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarle al empresario. Esas cláusulas serán tenidas por abusivas al infringir las leyes que protegen a los consumidores y usuarios.

Palabras claves: contrato de prestación de servicios, cláusulas abusivas: larga duración y desistimiento unilateral.

El presente caso plantea la problemática de la nulidad de las cláusulas de intereses remuneratorios en los contratos de financiación a distancia, principalmente en la vertiente de la compatibilidad de aplicación de distintas normas en la materia, para llegar a la conclusión de que existe una plena compatibilidad de aplicación conjunta de la Ley de Represión de la Usura, la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley de Crédito al Consumo y la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, para atender a las peticiones de nulidad de las cláusulas sobre intereses remuneratorios. Igualmente se aportan en el caso interesantes sentencias que acreditan la existencia de una línea jurisprudencial consolidada en la materia.

Palabras claves: contratos de crédito al consumo, concurrencia de acciones, intereses usurarios y abusivos y nulidad del contrato de crédito.

En el presente caso se traen a colación diversos problemas jurídicos relacionados con la adquisición de un solar por parte de una inmobiliaria al Ministerio de Defensa (tipo de contrato, naturaleza y régimen jurídico); con el procedimiento de concesión de una licencia (la interesada había iniciado las obras sin haberse producido el silencio administrativo); con los tributos devengados por todas y cada una de las actuaciones que se describen en el relato de hechos (adquisición del solar, adquisición de la licencia, realización de una actividad económica o el uso especial de la vía pública); y, finalmente, con las posibles reclamaciones y recursos contra las liquidaciones devengadas por los actos de aplicación de los tributos a que se refiere el caso.

Palabras claves: enajenación de patrimonio de la Administración, licencia urbanística, tributos, reclamaciones y recursos.

Posibilidad de castigar como autor de blanqueo de capitales al autor o partícipe en el delito previo. Análisis de las dos tesis en conflicto: impunidad en la posterior comisión del blanqueo sobre la base del privilegio de impunidad del autoencubrimiento o bien, considerando el blanqueo de bienes también como un delito socioeconómico, la posibilidad de que también los intervinientes en el delito previo podrán ser sujetos activos idóneos del delito del artículo 301 del Código Penal.

Palabras claves: tráfico de drogas, autoblanqueo y prescripción.

Aborda el presente supuesto práctico diversas cuestiones, la mayoría de ellas relacionadas con el urbanismo, derivadas de que el Ayuntamiento de Madrid construye, en suelo no urbanizable de protección, un edificio para albergar eventos deportivos, culturales y feriales, fundando una sociedad mercantil para su gestión. La misma, a través de un contrato de arrendamiento, cede la explotación a un empresario particular, el cual, sin la licencia de actividad precisa, organiza un espectáculo público. Por otra parte, con ocasión de una inspección de los servicios municipales, constatan la existencia de diversas irregularidades en el local por lo que levantan la oportuna acta, que, posteriormente, origina la instrucción de un procedimiento sancionador por presuntas diversas infracciones administrativas. En este procedimiento se producen varias irregularidades (se cita a un menor de edad para que preste declaración, no se notifica la propuesta de resolución, no se notificó el nombramiento del instructor al interesado, etc.), finalizando mediante resolución sancionadora. Finalmente, se plantean cuestiones referentes a la tramitación anticipada de un contrato de suministro y a la resistencia por parte de varios propietarios de acceso a su vivienda para ejecutar una orden de ejecución dictada por el ayuntamiento.

Palabras claves: licencia de actividad, espectáculos públicos, contrato de suministro y órdenes de ejecución.

La determinación de la responsabilidad médica en casos de nacidos con síndrome de Down u otras malformaciones desconocidas o ignoradas exige establecer qué criterios determinarían tal responsabilidad, teniendo en cuenta que no han de existir nacimientos que deban considerarse lesivos, porque de acuerdo con la Constitución toda vida humana es digna de ser vivida, ni pueden ser considerados daños los gastos que se deriven de la crianza de los hijos por pesar sobre los padres el deber elemental de atenderlos. Por otro lado, no se priva a la madre de poder interrumpir el embarazo por medio del aborto eugenésico porque ha de constar claramente esa decisión en el caso concreto y en otro caso la responsabilidad exigirá la constatación de un comportamiento poco diligente, alejado de la praxis médica necesaria, que sea causa del daño sufrido.

Palabras claves: responsabilidad civil extracontractual médica.