Jurisprudencia

• Insolvencia punible, alzamiento e insolvencias parciales asimiladas al alzamiento
• Incidente de cuantificación de la responsabilidad civil en ejecución de sentencia penal
• Extractos bancarios como objeto del delito de descubrimiento y revelación de secretos
• La confección de diversos documentos falsos constituye un único delito de falsedad, y no delito continuado

• Análisis del delito de abandono del lugar del accidente
• No es posible la acumulación de penas accesorias, privativas de derechos
• Sociedades utilizadas como instrumentos en el delito contra la Seguridad Social
• Elementos del delito de cohecho

• Legitimación de los herederos del copropietario de un inmueble para instar el desahucio de precaristas
• El Supremo estima el recurso de varios propietarios contra la comunidad de vecinos por exigir la práctica nudista para el uso de la piscina y jardines comunes
• Requisitos para fijar la pensión compensatoria con carácter indefinido
• Publicación de la sentencia en los casos de intromisión en la intimidad y a la propia imagen

• Responsabilidad civil: inexistencia de culpa exclusiva de la víctima en un accidente de circulación
• En las tarjetas de crédito revolving el interés es notablemente superior si la diferencia entre el tipo medio de mercado y el pactado supera los 6 puntos porcentuales
• Los test conveniencia e idoneidad en la contratación de productos financieros
• Derecho de la competencia y acuerdos colusorios sobre la fijación de precio

• El derecho de defensa jurídica del funcionario público. Solicitud previa. Conflicto de intereses
• Responsabilidad patrimonial. Cuantía indemnizatoria. Anexo del Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil
• Elaboración de los instrumentos del planeamiento y participación ciudadana
• Nulidad de pleno derecho de una autorización administrativa

• Falta de acreditación de los requisitos para acogerse a la moratoria arrendaticia
• Obra nueva que se apropia de zonas comunes. Inadecuación de la tutela sumaria de la posesión
• Revisión de sentencia firme tras la obtención de documentos decisivos para el pleito
• El recurrente en casación carece de legitimación para pretender la condena o agravación de la misma de otro codemandado

• Tercería resuelta por un Juzgado de lo Penal y recursos posibles
• Graduación de los delitos de maltrato animal
• Conformidad de sentencia e individualización penológica
• Delito de prevaricación por nombramiento ilegal de técnico

• Orden de llamamiento de los beneficiarios en los seguros de personas vinculados a préstamos hipotecarios
• Contrato de prestación de servicios jurídicos con cláusula de tarifa de honorarios por hora
• Medidas para contener la propagación mundial de una enfermedad infecciosa y efectos en viajes combinados
• Mutualidad de Procuradores: reglas de reparto de prestaciones del capital constituido por el mutualista en caso de fallecimiento

• El acuerdo previo en la interposición del recurso de inconstitucionalidad por cincuenta diputados o senadores
• El Supremo anula la exclusión de los espectáculos taurinos del Bono Cultural Joven
• Eficacia de la notificación administrativa del segundo intento transcurrido el plazo de caducidad
• Información sobre los destinatarios a los que se comunicaron los datos personales

El Supremo rechaza rebajar la pena por malversación por lo que confirma la inhabilitación absoluta para Junqueras y Bassa hasta 2031 y para Romeva y Turull hasta 2030. Condena a Sánchez y Cuixart como autores de un delito de desórdenes públicos y a Forcadell, Rull y Forn por desobediencia. En relación a estos cinco condenados, la entrada en vigor de la reforma de 2022 determina la extinción total de sus respectivas condenas de inhabilitación. El tribunal niega que el derogado delito de sedición pueda entenderse ahora castigado en el nuevo delito de desórdenes públicos. La Sala advierte que la reforma deja impunes los procesos secesionistas sin violencia.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha revisado la sentencia dictada en la causa del procés el 14 de octubre de 2019 ante la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y da una redacción a los delitos de malversación y desórdenes públicos, para determinar si la pena de inhabilitación impuesta a los condenados, no extinguida por no estar abarcada por el indulto parcial del Gobierno, ha de ser sustituida por penas que la reforma asocia a los nuevos tipos delictivos.