Jurisprudencia

La posibilidad de que los nacionales de la Unión elijan el Estado miembro en el que adquieren su título y el Estado miembro en el que ejercen su profesión es inherente al ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por los Tratados, según la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos acumulados C-58/13 y C-59/13

La Directiva sobre el establecimiento de los abogados¹ tiene por objeto facilitar el ejercicio permanente de la abogacía, por cuenta propia o ajena, en un Estado miembro distinto de aquel en el que se obtuvo el título profesional, aunque la profesión sólo puede ejercerse con el título profesional de origen. Prevé que la autoridad competente del Estado miembro en el que se establece el abogado efectuará su inscripción previa presentación de una certificación de inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro en el que obtuvo el título².

El Supremo ha revocado por unanimidad el auto de la Audiencia Nacional que archivaba las causas abiertas a 13 marineros interceptados en un buque en aguas internacionales, en aplicación de la reforma de la justicia Universal que introdujo la ley orgánica 1/2014, de 13 de marzo en la LO 6/1985 (LOPJ).

• TS. Resolución de arrendamientos por falta de pago de la renta o cantidades asimiladas. Acción de desahucio.
• TS. Condena a la editorial y a la autora de un libro por incluir fotografías sin consentimiento de los fotografiados.
• TS. Reparto equitativo entre los progenitores de las cargas derivadas del régimen de visitas cuando ambos cónyuges residen en localidades muy distantes.
• TS. Ordenación de la edificación. Falta de protección contra incendios. Inexistencia de daño material efectivo. Seguro decenal. Valoración de la prueba. Sentencia. Congruencia.
• TS. Responsabilidad civil. Negligencia médica. Daño desproporcionado. Inversión de la carga de la prueba. Sentencia. Error de hecho.
• TS. Divorcio. Modificación de medidas definitivas. Pensión de alimentos. Hijo mayor de edad con discapacidad psíquica superior al 65%. Posibilidad de percibir pensión contributiva por invalidez. Doctrina jurisprudencial.
• TS. Derechos reales. Medianería. Renuncia tácita.
• TS. Contratos. Prestación de servicios profesionales. Abogado. Reclamación de honorarios. Prescripción extintiva trienal. Dies a quo.
• TJUE. Contratos celebrados con consumidores. Ejecución hipotecaria. Confrontación de la legislación nacional con la Directiva 93/13/CEE. Inaplicación por inexistencia de cláusulas abusivas.

• TS. Consideración de los recargos de la seguridad social correspondientes a cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso como créditos contra la masa.
• TS. En los contrato de permuta que al tiempo de la declaración de concurso está pendiente de cumplimiento únicamente por el concursado, rige el art. 61.1 LC y no procede la resolución por incumplimiento contractual.
• TS. Cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores. Compraventa de vivienda. Cláusula penal por incumplimiento del comprador. Facultad del vendedor de retener la totalidad de los pagos a cuenta.
• TS. Concurso. Acción de reintegración. Rescisión de hipoteca. Garantías intragrupo. Naturaleza onerosa o gratuita. Carga de la prueba del perjuicio patrimonial.
• JM. Concurso. Procedimiento extrajudicial de la Ley 14/2013. Demora en la designación de mediador. Anticipación de efectos por el juez.
• TJUE. Mercado interior. Libre circulación de medicamentos. Protección de la salud humana. Concepto de medicamento. Exclusión de la categoría de productos a base de hierbas aromáticas y cannabinoides.
• TJUE. Propiedad industrial/propiedad intelectual. Dibujos o modelos comunitarios no registrados. Carácter singular. Impresión en los usuarios. Combinaciones de otros previamente conocidos.
• TJUE. Libre prestación de servicios. Comunicaciones electrónicas. Empresa radicada en un estado miembro distinto al lugar de prestación de los servicios. Potestad del Estado en el que se efectúa la prestación de comprobar el respeto a las condiciones de protección de los derechos de consumidores y usuarios.

• TS. La responsabilidad civil derivada del delito de administración desleal no cubre el impuesto no pagado pero sí las multas, sanciones, recargos e intereses de demora ocasionados por el impago.
• TS. Delitos contra la Administración Pública. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
• TS. Exigencia de la presencia del interesado, o de su representante, en la entrada y registro domiciliario ordenada por la autoridad judicial en un proceso penal.
• TS. Falsa denuncia formulada por policía en una supuesta infracción de tráfico. Falsificación de documento oficial por funcionario y tipo aplicable.
• TS. Delito continuado en el delito agravado de apropiación indebida por razón de la cuantía.
• TS. Comisión del delito de blanqueo de capitales por imprudencia.

• TSJ. El tribunal Superior de Justicia de Cataluña, considera que la falta de pago de la tasa judicial, no puede impedir el acceso a la tutela judicial efectiva.
• TS. El Supremo ordena demoler una biblioteca pública en las Palmas de Gran Canaria por ser una construcción ilegal.
• TS. Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, sobre células madre. Nulidad. Insuficiencia de rango. Trasposición de Directivas mediante norma reglamentaria.
• TS. Educación. Conciertos educativos con colegios que escolarizan alumnos exclusivamente del mismo sexo. No acceso de la educación diferenciada al sistema de conciertos.
• TS. Patrimonio Histórico-artístico. Expolio. Competencia exclusiva del Estado. Actuación autonómica en materia urbanística. PERI del conjunto histórico del barrio del Cabanyal.
• TS. Urbanismo. Aprobación definitiva de Plan de Sectorización. Necesidad de sometimiento a evaluación ambiental estratégica, independientemente de la sujeción del PGOU a declaración de impacto ambiental.
• TS. Subvenciones. Reintegro. Caducidad del procedimiento. Plazo. Aplicación de la Ley General de Subvenciones en lugar del procedimiento administrativo común.

En cambio, no pueden obligar a dichas sociedades a crear una sucursal o una filial en su territorio, tal y como señala el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia sobre el asunto C-475/12

UPC es una sociedad luxemburguesa que ofrece desde Luxemburgo, mediante contraprestación, paquetes de servicios de difusión de programas radiofónicos y audiovisuales sujetos a acceso condicional y que se captan vía satélite. Esos servicios se prestan a abonados residentes en otros Estados miembros, entre ellos Hungría.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala en su sentencia de 19 de junio de 2014, dictada en el asunto C-345/13, que el carácter singular no debe determinarse respecto de posibles combinaciones de características basadas en diferentes dibujos y modelos anteriores, sino de dibujos o modelos individuales divulgados con anterioridad.

El Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios¹ dispone que los dibujos y modelos (registrados o no) gozan de protección en la Unión siempre que sean nuevos (no hayan sido divulgados con anterioridad) y tengan carácter singular (la impresión general que producen en los usuarios informados debe diferir de la impresión general producida por los dibujos y modelos anteriores).

En su sentencia dictada hoy, 10 de junio, el Tribunal de Justicia declara que el concepto de medicamento en el Derecho de la Unión ¹ no incluye las sustancias que, como las mezclas de plantas aromáticas que contienen cannabinoides sintéticos, dan lugar a una mera modificación de las funciones fisiológicas, sin ser aptas para producir efectos beneficiosos, mediatos o inmediatos, sobre la salud humana, y que se consumen únicamente con el fin de generar un estado de embriaguez, resultando nocivas para la salud humana.

El Tribunal de Justicia responde de este modo a las cuestiones planteadas por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo alemán), el cual, en el marco de dos procesos penales, debe decidir si la venta de mezclas que contienen cannabinoides sintéticos y que se utilizan como sustitutivos de la marihuana puede ser perseguida penalmente como venta ilegal de medicamentos dudosos. Dos vendedores de tales mezclas (los Sres. D. y G.) fueron condenados por la venta de medicamentos dudosos mediante sendas sentencias de tribunales inferiores a una pena privativa de libertad de un año y nueve meses con suspensión de la ejecución (Sr. D.) y a una pena privativa de libertad de cuatro años y seis meses y al pago de una multa de 200 000 euros (Sr. G.).

El Tribunal Supremo fija doctrina tras el recurso de un padre que recurrió una sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete que le imponía la obligación de recoger y retornar a su hijo menor, que vivía con su ex mujer

El Tribunal Supremo fija la doctrina sobre quién es el obligado a trasladar y retornar al menor del domicilio en caso de separaciones donde los progenitores viven en localidades diferentes. El alto tribunal acuerda que serán las partes las que lo acuerden pero si no existe acuerdo, la Sala de lo Civil fija los siguientes criterios: en principio será el padre o madre que no tenga la custodia (y que va a ejercer su derecho de visita) el que recogerá al menor del domicilio donde vive habitualmente. Una vez concluido el régimen de visitas o estancia, será el progenitor custodio el que recogerá de vuelta al menor.