Jurisprudencia

• TS. Aval a primer requerimiento: Efectos que la novación de la obligación garantizada provoca sobre el aval.
• TS. Cambiario. Pagaré. Falta de constancia en la antefirma de la representación con la que se actúa.
• AP. Concursal. Ineficacia y rescisión de garantías hipotecarias. Concepto de perjuicio. Prueba. Valoración.
• JM. Marcas. Infracción de marcas nacionales y comunitarias. Utilización en calidad de key-words o palabras clave en el sistema de anuncios de Google de expresiones registradas como marcas. Indemnización.
• JCCA. Navegación aérea. Retraso por avería. Derecho a indemnización. Concepto de “circunstancias extraordinarias”. Sanción administrativa por retraso en un vuelo sin indemnizar al pasaje.

• AP. Lesiones causadas por mordedura de perro. Elementos del tipo de lesiones para considerar la existencia de falta contra los intereses generales.
• TS. La inmigración ilegal y los delitos asociados a la misma.
• TS. Robo con intimidación, en casa habitada y detención ilegal  absorbida por el robo.
• TS. Prevaricación judicial por imprudencia. Internamiento preventivo de extranjeros previo a su expulsión.

• TS. Modificación de la doctrina sobre la consideración de las relaciones de puestos de prabajo de la Administración del Estado como disposiciones generales a efectos del recurso de casación. Carácter de acto administrativo y no de norma. Inadmisibilidad a la casación.
• TS. Ordenación del territorio. Impugnación de disposiciones de carácter general. Desaparición sobrevenida del objeto. Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial del Principado de Asturias.
• AN. Asilo. Solicitud presentada en puesto fronterizo. Denegación. Reexamen. Tramitación de urgencia. Informes favorables de ACNUR.
• TSJ. Contratos del Sector Público. Resolución. Incumplimiento del contratista. Daños y perjuicios. Perjuicio efectivo. Servicio de limpieza y mantenimiento del complejo de Marivent.
• TC. Por unanimidad, estima parcialmente el recurso del Gobierno contra la declaración soberanista de Cataluña.

Se ha dado una última vuelta de tuerca al debate generado por la modificación del régimen de las tasas judiciales operado por la Ley 10/2012 (Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), que tantas idas y venidas ha suscitado en los últimos meses en todo tipo de estamentos: judiciales, políticos, sociales…

Pues bien, hoy toca hacer referencia a la valoración que sobre esta regulación ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de su sentencia de 27 de marzo de 2014, o más bien a su falta de valoración, en tanto cuestiones procedimentales le han impedido entrar a valorar.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente, por unanimidad, el recurso del Gobierno contra la “Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la Declaración soberanista y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña” y ha declarado “inconstitucional y nulo” el principio primero que recoge dicho documento, principio según el cual “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”. El TC considera que vulnera los artículos 1.2 y 2 de la Constitución y los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por otra parte, el Tribunal declara constitucionales las referencias “al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña” ya que pueden ser interpretadas de conformidad con la Carta Magna, puesto que no consagran un derecho de autodeterminación no reconocido en la Constitución, sino una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de “legitimidad democrática”, “pluralismo” y “legalidad”, expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con el “derecho a decidir”. Ha sido ponente de la Sentencia la Vicepresidenta, Adela Asua.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha dictado sentencia en el recurso contencioso administrativo número 1295/2008 interpuesto por la empresa Azata del Sol contra el Decreto 37/08, de 5 de febrero de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por el cual se aprueba el Plan de Ordenación de los recursos naturales (PORN) y el Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

El recurso tenía por objeto la zonificación establecida en el citado Decreto respecto a dos sectores de suelo del municipio de Carboneras; el sector denominado como ST-1 conocido como “El Algarrobico” que se incluye en el PORN aprobado por el decreto recurrido en la zona C3; y el sector ST-2, que se incluye por el PORN en la zona B.1 “áreas naturales de interés general y Núcleos habitados existentes y otras zonas Transformadas“.

El Tribunal Supremo, mediante auto de 4 de marzo de  2014, ha señalado que el recurso de revisión de sentencias firmes, no cabe en el concepto general de procesos declarativos utilizado por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre en su artículo 2 a), para definir el hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, por la naturaleza extraordinaria y excepcional de dicho recurso, que viene determinada por la exigencia de un presupuesto esencial y a la vez excepcional como es la presencia de una resolución judicial firme dictada en un procedimiento anterior, es decir,  dado que la tasa judicial es un tributo, su aplicación debe partir de un criterio de interpretación restrictiva de los supuestos constitutivos del hecho imponible, lo que afectara a todos los órdenes jurisdiccionales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el indulto parcial que el Gobierno concedió el 21 de diciembre de 2012 a un conductor condenado a 3 años y 3 meses de cárcel por delito contra la seguridad del tráfico en concurso con tres delitos de homicidio imprudente.

En su sentencia, el alto tribunal motiva su decisión en que el informe preceptivo para la concesión de la medida de gracia fue emitido por un tribunal equivocado, ya que correspondía hacerlo a la Audiencia Provincial de Granada, y no a la jueza de lo Penal número 2 de esa misma provincia, que había dictado la sentencia inicial del caso.

El Supremo revoca el indulto y ordena a la Audiencia que emita el correspondiente informe, antes de que el Gobierno vuelva a examinar el caso. El resto de dictámenes del expediente de indulto no son anulados.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictaminado que captar fotografías de una persona sin su consentimiento en lugares públicos y en momentos de su vida diaria, para aportarlas como prueba documental en un juicio de faltas con el fin de acreditar que no se encontraba impedida para comparecer en el juicio, no supone una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen.

Así lo señala en una sentencia de la que es ponente el presidente de dicha Sala, Francisco Marín Castán, que comienza reiterando la doctrina sobre los criterios de ponderación judicial en caso de conflicto entre derechos fundamentales, en particular, cuando uno de los derechos afectados es el derecho a la propia imagen.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decretado la nulidad del Plan General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria del año 2000, en lo relativo a la categorización de los terrenos de la zona del Canódromo como suelo urbano no consolidado, pese a que se reconocía como área de edificabilidad agotada.

Del mismo modo, anula el Plan Especial de Ordenación ‘El Canódromo’, aprobado por el ayuntamiento en el año 2003, ya que tenía su cobertura en el Plan General. La Sala estima parcialmente el recurso de la Asociación de Vecinos Ciudad Alta que pleiteó contra el ayuntamiento cuando pasó de considerar el suelo del canódromo como urbano consolidado a no consolidado, avalando la construcción de torres de viviendas en la zona.