Jurisprudencia

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha dictado sentencia en el recurso contencioso administrativo número 1295/2008 interpuesto por la empresa Azata del Sol contra el Decreto 37/08, de 5 de febrero de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por el cual se aprueba el Plan de Ordenación de los recursos naturales (PORN) y el Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

El recurso tenía por objeto la zonificación establecida en el citado Decreto respecto a dos sectores de suelo del municipio de Carboneras; el sector denominado como ST-1 conocido como “El Algarrobico” que se incluye en el PORN aprobado por el decreto recurrido en la zona C3; y el sector ST-2, que se incluye por el PORN en la zona B.1 “áreas naturales de interés general y Núcleos habitados existentes y otras zonas Transformadas“.

El Tribunal Supremo, mediante auto de 4 de marzo de  2014, ha señalado que el recurso de revisión de sentencias firmes, no cabe en el concepto general de procesos declarativos utilizado por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre en su artículo 2 a), para definir el hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, por la naturaleza extraordinaria y excepcional de dicho recurso, que viene determinada por la exigencia de un presupuesto esencial y a la vez excepcional como es la presencia de una resolución judicial firme dictada en un procedimiento anterior, es decir,  dado que la tasa judicial es un tributo, su aplicación debe partir de un criterio de interpretación restrictiva de los supuestos constitutivos del hecho imponible, lo que afectara a todos los órdenes jurisdiccionales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el indulto parcial que el Gobierno concedió el 21 de diciembre de 2012 a un conductor condenado a 3 años y 3 meses de cárcel por delito contra la seguridad del tráfico en concurso con tres delitos de homicidio imprudente.

En su sentencia, el alto tribunal motiva su decisión en que el informe preceptivo para la concesión de la medida de gracia fue emitido por un tribunal equivocado, ya que correspondía hacerlo a la Audiencia Provincial de Granada, y no a la jueza de lo Penal número 2 de esa misma provincia, que había dictado la sentencia inicial del caso.

El Supremo revoca el indulto y ordena a la Audiencia que emita el correspondiente informe, antes de que el Gobierno vuelva a examinar el caso. El resto de dictámenes del expediente de indulto no son anulados.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictaminado que captar fotografías de una persona sin su consentimiento en lugares públicos y en momentos de su vida diaria, para aportarlas como prueba documental en un juicio de faltas con el fin de acreditar que no se encontraba impedida para comparecer en el juicio, no supone una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen.

Así lo señala en una sentencia de la que es ponente el presidente de dicha Sala, Francisco Marín Castán, que comienza reiterando la doctrina sobre los criterios de ponderación judicial en caso de conflicto entre derechos fundamentales, en particular, cuando uno de los derechos afectados es el derecho a la propia imagen.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decretado la nulidad del Plan General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria del año 2000, en lo relativo a la categorización de los terrenos de la zona del Canódromo como suelo urbano no consolidado, pese a que se reconocía como área de edificabilidad agotada.

Del mismo modo, anula el Plan Especial de Ordenación ‘El Canódromo’, aprobado por el ayuntamiento en el año 2003, ya que tenía su cobertura en el Plan General. La Sala estima parcialmente el recurso de la Asociación de Vecinos Ciudad Alta que pleiteó contra el ayuntamiento cuando pasó de considerar el suelo del canódromo como urbano consolidado a no consolidado, avalando la construcción de torres de viviendas en la zona.

• TS. Reconocimiento  de la filiación a una mujer lesbiana sobre el hijo de su ex pareja concebido con técnicas de reproducción asistida.
• TJUE. Cooperación judicial en materia civil. El funcionamiento armonioso de la justicia exige reducir al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos y evitar que se dicten en dos Estados miembros resoluciones inconciliables.
• TS. No cabe la facultad moderadora judicial en una indemnización por incumplimiento contractual pactado expresamente, ya que estamos en presencia de una cláusula penal, ni cabría moderación al darse exactamente lo previsto contractualmente; es decir,  no hay "grado de incumplimiento".
• TS. Propiedad. Acción de deslinde y reivindicatoria. Donación. Congruencia de resoluciones Requisitos de la donación de derechos reales sobre inmuebles.
• TS. Revisión de sentencia firme. Maquinación fraudulenta, al ocultar el demandante al tribunal el conocimiento del verdadero domicilio del demandado.
• TS. Control notarial de la capacidad para otorgar  un testamento abierto.
• JPI. Contratos. Acción de nulidad. Dolo. Error en el consentimiento. Participaciones preferentes. Actitud dolosa de la entidad emisora, Ocultación de información. Error sobre características y riesgos del producto.
• JPI. Responsabilidad extracontractual. Falta de diligencia. Nexo causal. Prescripción de la acción. Daño continuado. Legitimación pasiva. Grupos de empresas. Afectados por la talidomida.
• TS. Contratos. Nulidad. Error. Permuta financiera (swap). Deber de información y asesoramiento de la entidad financiera. Test de idoneidad y test de conveniencia.
• TS. Derecho a la intimidad y a la propia imagen. Reportaje fotográfico obtenido sin consentimiento. Acompañante de un personaje público. Lugar abierto al público. Compensación económica adecuada.

• TJUE. Propiedad industrial. Marca que se ha convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que está registrada.
• TS. Para la aplicación analógica del artículo 28 de la Ley 12/1992, a la liquidación de un contrato de distribución, se precisa la prueba de la existencia de un cierto nivel de integración del distribuidor en la red comercial del fabricante y, en todo caso, de la aportación de nueva clientela al mismo.
• TS. Transporte terrestre. Régimen de la prescripción relativa a la reclamación de portes.
• TS. Sociedad de responsabilidad limitada. Junta General. Impugnación de acuerdos sociales. Acta notarial. Representación. Suficiencia del apoderamiento. Conflicto de intereses. Mutatio libelli. Prueba. Carga.
• TS. Sociedad Cooperativa.  Reembolso y valoración de aportaciones a socios que causan baja. Deducción de pérdidas. Inversiones no amortizadas. Ley aplicable.  
• SJM. Propiedad intelectual. Existencia y titularidad del derecho de autor. Marcas. Nulidad. Indemnización. Daños. Publicación de la sentencia. Derecho aplicable. Reconocimiento de sentencias extranjeras.
• SAP. Concurso. Calificación. Culpable. Incumplimiento de la obligación de presentar declaración de concurso. Falta de legalización de los libros de contabilidad.

• TS. Prescripción del delito de estafa: "dies a quo" y ley aplicable en supuestos de modificación legislativa.
• TS. En el delito de falsedad por funcionario en el marco de sus competencias se aplica el artículo 390 del Código Penal; fuera de ese marco se aplicaría el artículo 392 del Código Penal.
• TS. Atentado contra un Alcalde: quien sabe que intimida o acomete a una persona que ejerce como autoridad,  tiene el propósito de atentar contra la misma.
• TS. La valoración de las mercancías sustraídas en establecimientos comerciales, a efectos del delito de estafas, se fijará atendiendo a su precio de venta al público", precio que indudablemente incluye el IVA.
• TS. Prueba testifical. Prueba pericial. Valoración de la prueba.  Incomunicación de los testigos en el plenario. 

• TJUE. Derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Derecho de residencia de un nacional de un tercer Estado, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, en el Estado miembro del que este ciudadano es nacional.
• AN.  Condenado el Estado a devolver a un funcionario de prisiones la parte proporcional de la paga extra suprimida por la ley de estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
• TS. Expropiación forzosa. Declaración de urgente ocupación. Motivación. Suficiencia. Prueba. Valoración.
• TS. Urbanismo. Participación pública en el planeamiento. Inaplicación de la legislación autonómica;  planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad; aplicación directa de la legislación básica estatal.
• TS. Sanciones. Utilización del término “txacolí” sin pertenecer a la denominación de origen. Menciones tradicionales. Negativa a plantear una cuestión prejudicial de validez ante el TJUE.
• TS. Responsabilidad patrimonial. Legislación antitabaco. Principios de buena fe y confianza legítima. Obras acometidas para acotar un espacio para fumadores inservibles tras la prohibición total de fumar en espacios públicos cerrados.

La Directiva 2004/38/CE concede a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de su familia el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. A este respecto, el Raad van State neerlandés (Consejo de Estado) remitió al Tribunal de Justicia dos peticiones de decisión prejudicial distintas, en relación con cuatro litigios relativos a la denegación, por parte de las autoridades neerlandesas, del derecho de residencia a un ciudadano de un tercer Estado, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión de nacionalidad neerlandesa.