Jurisprudencia

El Tribunal Supremo considera probado que "incumplió el deber de conservación del coto y ello fue relevante en orden al resultado producido"

El conductor del vehículo circulaba por la A-342 a la altura del km 26,050 cuando se encontró al animal cruzando por la carretera. Después de hacer una maniobra para intentar esquivarlo, perdió el control y colisionó con un vehículo industrial que venía en sentido contrario. La velocidad estaba limitada a 90 km/h por ese punto y la del turismo no era superior a 76,77km/h. Debido a las lesiones sufridas tras el accidente, la víctima padece una paraplejia completa y tiene una minusvalía reconocida del 83% lo que "evidencia el lamentable estado del demandante y la gravedad de las lesiones".

El Pleno de la Sala Primera fija doctrina en torno a la validez de la cláusula “cautela socini” que prohíbe la intervención judicial en la administración del testamento

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en Pleno, ha fijado doctrina en un caso en el que se planteaba, como cuestión de fondo, una cláusula de testamento denominada "cautela socini" en relación con la intangibilidad de una herencia. Concretamente, sobre la validez de dicha cláusula ante el recurso de una intervención judicial en defensa de la legítima estricta entre los legitimarios.

Colocó en los balcones de su vivienda unos carteles que el parque temático consideró que lesionaban su reputación

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto el conflicto existente entre el parque temático Loro Parque, ubicado en Tenerife, y un vecino que se quejaba de los frecuentes ruidos procedentes de las instalaciones en su domicilio y, como señal de protesta, colocó en los balcones de su vivienda unos carteles, algo que el parque temático consideró que lesionaba su reputación.

La sentencia comienza precisando que el ámbito de conocimiento de la Sala quedó reducido, en virtud del único recurso interpuesto, a determinar, de un lado, si la colocación y exposición pública de los referidos carteles supuso una intromisión ilegítima en el derecho al honor del parque temático, o si, por el contrario, se trató de una conducta amparada por la libertad de expresión. Por otra parte, debe determinarse si las inmisiones por ruidos y malos olores procedentes del Loro Parque continuaron produciéndose o, por el contrario, cesaron en julio de 2008, pues quedó firme la condena de la empresa por intromisión ilegítima en el domicilio particular por ruidos superiores a los permitidos entre febrero de 2006 y julio de 2008.

• TC. Tutela judicial efectiva. Resolución motivada. Igualdad ante la ley. Lanzamiento de un matrimonio sin hijos de su vivienda habitual. Concepto de unidad familiar en la Ley 1/2013.
• TS. Libertad de pactos en la fijación de la pensión compensatoria en los casos de separación o divorcio. Establecimiento por pacto de la pensión vitalicia.
• TS. Derecho al Honor y libertad de expresión en los artículos de opinión. La libertad de expresión, comprende la crítica de la conducta del otro, aun cuando sea desabrida o pueda molestar.
• TS. Propiedad horizontal. Doctrina de los actos propios. Coeficientes de participación. Aplicación de coeficientes distintos de los inscritos. Invalidez del consentimiento tácito.
• TS. Abogado. Responsabilidad profesional. Lex artis. Prescripción de la acción para reclamar responsabilidad patrimonial de la Administración. Daño material y moral. Aseguradora. Responsabilidad. Siniestro de Biescas.
• TS. Usufructo. Constitución a título gratuito. Necesidad de escritura pública.

• TJUE. Mercado interior. Servicios e instrumentos de pago. Cobro de gastos al ordenante por la utilización de determinados medios de pago. Pago por transferencia realizada en línea o mediante un formulario en papel. Posibilidad de prohibición por los Estados miembros. Telefonía móvil.
• TJUE. Reparación de los daños causados por una práctica colusoria prohibida.  Daños resultantes del precio más elevado aplicado por una empresa como consecuencia de una práctica colusoria prohibida, en la que no participa.
• TJUE. Propiedad intelectual. Derecho de reproducción. Excepciones. Copia en caché y copia en pantalla. Provisionalidad. Transitoriedad o accesoriedad. Parte integrante y esencial de un proceso tecnológico. Ausencia de perjuicio a los titulares de derechos.
• TS. Propiedad intelectual. Recopilación y distribución de artículos periodísticos previamente divulgados con fines comerciales. Press clipping. Obra colectiva. Legitimación para su defensa.
• TS. Sociedad de responsabilidad limitada. Representación. Denegación por el presidente por carecer de un apoderamiento general para administrar todo el patrimonio del representado dentro del territorio nacional.
• AP. Cuando una empresa se encuentra en liquidación, no es posible aumentar el Capital Social.
• AP. Los límites de la facultad resolutoria en “interés del concurso”. El art. 61.2 de la Ley Concursal, no debe prevalecer ante el derecho adquirido por el arrendatario mediante la institución de la prórroga forzosa.

• TJUE. No aplicación del principio non bis in idem,  si la totalidad de la condena no se ha ejecutado o se está ejecutando.
• TS. La responsabilidad civil subsidiaria derivada de delito, supuesto del artículo 120.4  del Código Penal.
• TS. Delito de falsificación de tarjetas de crédito en concurso con el delito que castiga uso de dichas tarjetas.
• TS. La utilización de cámaras de grabación de imágenes y su uso posterior como pruebas en el procedimiento penal.
• TS. Valor de una prueba de vestigios hallados en una causa respecto de otra distinta.

• TS. Revocación del estatuto de refugiado de un extranjero por expresiones escritas en internet en contra del Islam y Mahoma.
• TS. Procedimiento administrativo sancionador. Divergencia entre la propuesta de resolución y la resolución sancionadora.
• TS. Urbanismo. Cualificación técnica requerida para la elaboración de instrumentos de planeamiento.
• TS. Procedimiento de expedición de título de Procurador de los Tribunales. Interés legítimo y directo del Consejo General de Colegios Oficiales de Procuradores. Principio de audiencia. Nulidad. Improcedencia de la reposición de actuaciones.
• TS. Acción administrativa. Régimen jurídico de las Administraciones públicas. Análisis de la legalidad de la ordenanza reguladora de las terrazas de veladores y quioscos de hostelería de Madrid, que transpone la Directiva Bolkestein.
• TS. Contratación administrativa. Ley 30/2007. Subcontratación. Transmisión de los derechos de cobro. Inoperatividad de la acción directa tras la notificación de la cesión. Carga de la prueba. Congruencia. 
• AN. Protección de datos. Vulneración del principio de seguridad de los datos. Recepción de correspondencia procedente de una empresa de recobros con la mención “moroso” visible junto a los datos.

Cuando un cártel provoca el aumento de los precios de los competidores, puede que los miembros del cártel deban responder del perjuicio causado.  En ese caso, la víctima puede reclamar la reparación aunque no tenga ningún vínculo contractual con los miembros del cártel.

El Derecho de la Unión prohíbe las concertaciones contrarias a la competencia. En ese contexto, las empresas que participan en un cártel son responsables del perjuicio que otras personas puedan sufrir debido a esta infracción del Derecho de la competencia.

Al llevar a cabo el control judicial de un internamiento prolongado, la autoridad judicial competente debe poder sustituir la decisión de la autoridad que ha ordenado el internamiento inicial de un nacional de un tercer país en situación irregular por su propia decisión.

Por otra parte, la prórroga del internamiento debe adoptarse mediante un acto escrito en el que se indicarán los fundamentos de hecho y de Derecho, acto que deberá ser objeto de un control de legalidad por la autoridad judicial.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado contra el artículo 2.9 de la Ley de la Asamblea de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, que establece el llamado “euro por receta”. La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua, reitera los argumentos con los que, el pasado 6 de mayo, el Pleno declaró la inconstitucionalidad de la tasa farmacéutica en Cataluña.