Jurisprudencia

La segunda parte del art. 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (49/1960) «introduce una regla de procedibilidad y una excepción condicionando la impugnación a que el propietario esté al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o haya hecho previa consignación judicial de las mismas, salvo que la impugnación de los acuerdos de la Junta tengan que ver con el establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios, es decir, a la regla de la necesidad de estar al corriente o consignar judicialmente». Afirma la sentencia que este presupuesto de procedibilidad no puede aplicarse con independencia del tipo de acuerdo que se adopte pues la finalidad de la excepción contenida en el inciso final, que exime de estar al corriente o consignar la deuda, es evitar que prospere un acuerdo comunitario que consagra una forma de repartir el gasto de forma contradictoria con las reglas de la comunidad exigiendo al propietario moroso un requisito añadido de procedibilidad.

El Tribunal Supremo ha notificado una sentencia en la que cambia a compartida la custodia de un niño, debido al interés del menor, a la nueva doctrina del Tribunal Constitucional, la reforma del Código Civil y la amplia legislación autonómica favorable a esta figura.

El Alto Tribunal resuelve en su sentencia número 758/2013 un recurso interpuesto por el ministerio fiscal y el padre de un niño, sobre el que se adoptó inicialmente la custodia de la madre del menor. El niño tenía ocho meses cuando sus padres se divorciaron.

• TS. Divorcio con hijos menores. Asignación del uso de la vivienda familiar al progenitor que se queda con la custodia independientemente de que la misma sea propiedad del otro progenitor.
• TS. Criterios de la transformación de la pensión vitalicia en temporal en los casos de divorcios.
• TS. Arrendamientos urbanos concertados tras la LAU de 1964 y antes del RD Ley 2/1985. Repercusión de obras al inquilino y la doctrina de los actos propios.
• TS. Poder de representación necesario para donar inmuebles. La falta de consentimiento en las donaciones y su posible nulidad.
• TS. Responsabilidad profesional y solidaria de los abogados integrantes de despachos colectivos.
• TS. Nulidad de compraventa por tratarse de contrato en daño de tercero (Causa torpe).
• TS. Integración en los arrendamientos urbanos del importe del IBI en el concepto de cantidades asimiladas a la renta, producida con la entrada en vigor de la LAU 1994.
• TS. Venta de cosa común sin el consentimiento de todos los comuneros.
• TS. Filiación. Atribución a progenitora no biológica casada con la madre biológica y posteriormente divorciada.
• TS. Propiedad horizontal. Negativa a la instalación de dispositivo para permitir el uso de la piscina a un vecino discapacitado.
• TS. Registral. Préstamo con garantía hipotecaria. Cláusulas de vencimiento anticipado. Falta de legitimación activa de la Registradora.
• TS. Alimentos. Filiación no matrimonial declarada judicialmente. Fijación de la pensión. Momento de su abono.
• TS. Incidente de nulidad. Sentencia de 9 de mayo de 2013, sobre cláusulas suelo. Congruencia. Indefensión. Tutela judicial efectiva.
• TS. Compraventa de  Inmueble en construcción.  La falta de licencia de primera ocupación  como motivo de resolución de la compraventa por incumplimiento del vendedor.

• AP. Requisitos para ejercitar  la acción individual de responsabilidad contra los administradores sociales.
• TS. Acción social ejercitada por un socio en reclamación de cantidades pagadas al administrador cuyo cargo se preveía gratuito en los estatutos sociales.
• TS. Leasing. Naturaleza de los créditos correspondientes a las cuotas posteriores a la declaración de concurso.
• TS. Seguro colectivo de responsabilidad civil profesional. Exclusión de riesgos. Falta de obtención de consentimiento informado.
• TS. Pacto de no competencia entre entidades financieras.  Acción coordinada frente a posibles competidores
• AP. Sumisión a arbitraje de contiendas relacionadas con la libre competencia. Cláusula mixta de sumisión a arbitraje y a una jurisdicción determinada. 

• TS. Concesiones. Declaración de lesividad de inciso que prevé una indemnización a la concesionaria por anulación o extinción de la concesión sin desmantelamiento de las instalaciones. Dolo o negligencia de la concesionaria. Principio de gratuidad de la reversión.

• TS. Consumación del delito de estafa en los caso de doble venta de un mismo bien.
• TS. Requisitos para aplicar la atenuante de confesión como circunstancia modificativa de la responsabilidad penal.
• TS. La acumulación de condenas en los casos de penas de multa.
• TS. El delito de blanqueo de capitales y los indicios más comunes que tiene en cuenta los tribunales.
• TS. Elementos y requisitos del delito de detención ilegal.
• TS. Delito de apropiación indebida en la liquidación de cuentas pendientes.
• TS. Los delitos contra la salud pública y los requisitos del consumo compartido de drogas, para ser una conducta atípica que no interesa al derecho penal.
• TS. El principio acusatorio y la imposición de una pena superior a la solicitada por las acusaciones.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha analizado por primera vez un caso de reclamación de filiación por posesión de estado entre dos mujeres casadas considerando el consentimiento como título de atribución de la filiación, reforzado en el caso por la posesión de estado, por el interés de los menores y por la estabilidad de la unidad familiar.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 3 de diciembre actual (publicado en el BOE de 13 de diciembre) en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4522-2013, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, ha acordado mantener la suspensión del art. 14 de la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana, levantándose la suspensión en lo demás, suspensión que se produjo con la admisión del mencionado recurso de inconstitucionalidad y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado, de 14 de septiembre de 2013.

En el mundo de los arrendamientos, sigue existiendo gran cantidad de contratos cuyo régimen jurídico aplicable, está entrelazado con la actual ley vigente de arrendamientos (Ley 29/1994) y con otras anteriores (LAU de 1964), no siendo en ocasiones, suficiente con aplicar las reglas de derecho transitorio contenidas en las mismas ya que a veces por oscurantismo y otras por imprevistos, deben complementarse por la jurisprudencia y la doctrina.

En esta ocasión, nos vamos a referir a los supuestos de contratos de arrendamientos anteriores al 9 de mayo de 1985, y a la posibilidad del arrendador de repercutir las obras que se realicen en el inmueble objeto de arrendamiento para que sean abonadas por el inquilino.