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De entre los asuntos tratados en el Consejo de Ministros, destacamos los siguientes:

Regulado el apoyo a las exportaciones de material de defensa

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que desarrolla el Título II de la Ley de 2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, que regula el apoyo a la exportación de material de defensa por el Ministerio de Defensa.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2014 de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, se publica en el BOE de 23 de enero de 2014, la relación de entidades que han comunicado su adhesión voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.

El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, estableció una serie de mecanismos conducentes a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago e incorporó un código de buenas prácticas al que podrían adherirse las entidades, cuyo seguimiento será supervisado por una comisión de control integrada por representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Asociación Hipotecaria Española.

Orden JUS/35/2014, de 20 de enero, por la que se fijan los aranceles para el cálculo de los honorarios registrales por la emisión y gestión del código identificador de entidad.

El Identificador de entidad jurídica se reguló inicialmente en el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones; atribuyéndose en España al Registro Mercantil las funciones de emitir y gestionar el código que identificará a los intervinientes en un contrato de derivados a efectos de su inscripción en los registros de operaciones, conforme se establece en el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa comunitaria.

Se entenderá por intervinientes a las contrapartes, financieras y no financieras, de un contrato de derivados, a los beneficiarios, a las entidades de intermediación, a las entidades de contrapartida central, a los miembros compensadores y a las entidades remitentes.

El SEPA es un conjunto de reglas de procedimiento y normas Marco para determinar como los bancos y otros servicios de pago pueden intercambiar información de pagos y así permitir al dinero moverse libremente, con independencia de donde estén situados.

Tras el establecimiento de la Zona Única de Pagos para el Euro (SEPA) y con el fin de impulsar la migración de los instrumentos de pago nacionales hacia los instrumentos paneuropeos, la comunidad bancaria española acordó, entre otras medidas, elaborar un Plan de acción donde se recogiese un calendario concreto de acciones a realizar para lograr una adecuada y puntual transición a SEPA.

Entre otros asuntos, el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de racionalización del sector público estatal y otras medidas de reforma administrativa.

El presente texto adopta las medidas legislativas necesarias para implantar algunas de las recomendaciones del informe la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), presentado en Consejo de Ministros el pasado 21 de junio de 2013, tanto para la reordenación del sector público institucional, como en otros ámbitos de la actividad administrativa; todo ello en el marco del esfuerzo por asegurar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad y eficiencia del sector público.

En el Boletín Oficial del Estado de hoy aparece publicado el edicto que recoge la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad número 7357-2013, admisión que tuvo lugar por providencia dictada el pasado 14 de enero. El recurso se dirige contra el artículo 1, por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 y se introducen los artículos 25 y 53.1.a) en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y la disposición adicional primera de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

La Fiscalía General del Estado, ha publicado con la Circular 4/2013, de 30 de diciembre de 2013, el procedimiento de las Diligencias de Investigación del Ministerio Fiscal, entendidas como las que se abren para investigar si un hecho tiene relevancia penal y como la plasmación de la voluntad del legislador de dotar al Fiscal como promotor de la acción de la Justicia de más vías procedimentales en aras a facilitar su labor de defensa de la sociedad, de los derechos de los ciudadanos y de promoción de la Justicia.

Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Esta norma publicada en el BOE del 27 de diciembre, tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles en relación con la formación y el alcance de la obligación de aseguramiento de la responsabilidad civil de los mediadores, así como la publicidad de los mediadores y de las instituciones de mediación, y el procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos.

No hay variación en los Presupuestos Generales del Estado con respecto al interés legal del dinero y al interés de demora, manteniéndose en el 4 por ciento (interés legal) y en el 5 por ciento (interés de demora) para todo el año 2014.

La Audiencia Nacional ha admitido la cuestión de inconstitucionalidad que el ICAV interpuso contra la Ley de Tasas mediante escrito de fecha 12 de febrero de 2013, siendo igualmente procedente suspender el procedimiento en el estado en que se encuentra hasta que por el Tribunal Constitucional se dicte resolución.

La solicitud de cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional se fundamenta, entre otras resoluciones, en la Sentencia 20/2012 del Tribunal Constitucional que cuestiona la legalidad de aquellas tasas que “son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables”.