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El SEPA es un conjunto de reglas de procedimiento y normas Marco para determinar como los bancos y otros servicios de pago pueden intercambiar información de pagos y así permitir al dinero moverse libremente, con independencia de donde estén situados.

Tras el establecimiento de la Zona Única de Pagos para el Euro (SEPA) y con el fin de impulsar la migración de los instrumentos de pago nacionales hacia los instrumentos paneuropeos, la comunidad bancaria española acordó, entre otras medidas, elaborar un Plan de acción donde se recogiese un calendario concreto de acciones a realizar para lograr una adecuada y puntual transición a SEPA.

Entre otros asuntos, el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de racionalización del sector público estatal y otras medidas de reforma administrativa.

El presente texto adopta las medidas legislativas necesarias para implantar algunas de las recomendaciones del informe la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), presentado en Consejo de Ministros el pasado 21 de junio de 2013, tanto para la reordenación del sector público institucional, como en otros ámbitos de la actividad administrativa; todo ello en el marco del esfuerzo por asegurar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad y eficiencia del sector público.

En el Boletín Oficial del Estado de hoy aparece publicado el edicto que recoge la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad número 7357-2013, admisión que tuvo lugar por providencia dictada el pasado 14 de enero. El recurso se dirige contra el artículo 1, por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 y se introducen los artículos 25 y 53.1.a) en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y la disposición adicional primera de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

La Fiscalía General del Estado, ha publicado con la Circular 4/2013, de 30 de diciembre de 2013, el procedimiento de las Diligencias de Investigación del Ministerio Fiscal, entendidas como las que se abren para investigar si un hecho tiene relevancia penal y como la plasmación de la voluntad del legislador de dotar al Fiscal como promotor de la acción de la Justicia de más vías procedimentales en aras a facilitar su labor de defensa de la sociedad, de los derechos de los ciudadanos y de promoción de la Justicia.

Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Esta norma publicada en el BOE del 27 de diciembre, tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles en relación con la formación y el alcance de la obligación de aseguramiento de la responsabilidad civil de los mediadores, así como la publicidad de los mediadores y de las instituciones de mediación, y el procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos.

No hay variación en los Presupuestos Generales del Estado con respecto al interés legal del dinero y al interés de demora, manteniéndose en el 4 por ciento (interés legal) y en el 5 por ciento (interés de demora) para todo el año 2014.

La Audiencia Nacional ha admitido la cuestión de inconstitucionalidad que el ICAV interpuso contra la Ley de Tasas mediante escrito de fecha 12 de febrero de 2013, siendo igualmente procedente suspender el procedimiento en el estado en que se encuentra hasta que por el Tribunal Constitucional se dicte resolución.

La solicitud de cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional se fundamenta, entre otras resoluciones, en la Sentencia 20/2012 del Tribunal Constitucional que cuestiona la legalidad de aquellas tasas que “son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables”.

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE DESINDEXACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Desindexación de la Economía Española tal como estaba previsto en el Programa Nacional de Reformas. El objetivo último es contribuir desde el sector público a la estabilidad de los precios y a la mejora de la competitividad mediante la eliminación de la práctica de subidas automáticas de precios en función del IPC. Las subidas deberán estar justificadas exclusivamente por el aumento de los costes del servicio.

Con el objeto de homogeneizar las actuaciones de los órganos de recaudación, el 9 de diciembre de este año, la Directora del Departamento de Recaudación, ha dictado la Instrucción 6/2013, sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago en materia de retenciones e ingresos a cuenta y de deudores en situación de concurso de acreedores, que viene a adaptar lo dispuesto en la Instrucción 1/2009 a los cambios que la Ley 7/2012, de 29 de octubre, supuso en dichas materias.

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente hoy la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con los votos del PP, PNV y UPN.

La nueva Ley plantea como principal objetivo potenciar las Administración Local, en cuanto a Administración más próxima al ciudadano, al establecer los mecanismos precisos para permitir el ejercicio de competencias locales con arreglo a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como mejor garantía de su continuidad.

Asimismo, implanta un modelo de gestión por resultados y de evaluación de la gestión y establece la publicación del coste de los servicios, como una medida básica que facilitará la información necesaria al ciudadano, que así comparará en términos de gestión los servicios que recibe y pudiendo evaluara sus representantes.