Jurisprudencia

De nuevo ponemos sobre la palestra uno de los temas de debate más calientes de los últimos meses: el de la consideración de las sociedades de profesionales como sociedades interpuestas entre sus socios y quienes pagan sus servicios, lo que la Administración se ha empeñado en considerar un supuesto de simulación.

En esta ocasión, traemos a colación la sentencia de 30 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Penal n.º 27 de Madrid, en la que el acusado es el administrador único de una de las más prestigiosas firmas de abogados laboralistas de nuestro país -y responsable civil subsidiario la firma que dirige- y la acusación está representada por el Ministerio Fiscal y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria -como acusación particular-.

• TS. Imposibilidad de ejecutar una sanción disciplinaria de suspensión de funciones cuando el funcionario se encuentra en situación de Incapacidad Temporal.
• TS. Las Juntas Generales carecen de competencia normativa en materia de presupuestos de los entes locales.
• TS. La acción judicial para el reconocimiento del error judicial.
• TS. Solicitud por una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual de la declaración de asociación de interés general.
• TS. Derecho electoral. Propaganda. Solicitud de suspensión de la visita a unas obras de una Presidenta autonómica durante la campaña electoral.
• TS. Contratos del sector público. Cláusulas abusivas. Imposición al contratista de la concesión de un crédito a la Administración.

• TJUE. Denegación del registro de una marca comunitaria por la existencia de un riesgo de confusión con otra marca.
• TJUE. Servicios de comunicación audiovisual. Puesta a disposición de videos en un subdominio de internet de un periódico. Concepto de “programa”. Vinculación del servicio a la actividad principal. Determinación por el órgano judicial nacional.
• TJUE. Consumidores. Cláusulas abusivas. Crédito garantizado con hipoteca sobre inmueble perteneciente a un bufete contratado por uno de sus abogados como prestatario y representante del despacho.
• TS. Interpretación del art. 62 de la Ley 15/2009,  relativa al contrato de transporte terrestre de mercancías, en los casos del robo de mercancía.
• TS. Se establece cuándo un contrato de suministro en exclusiva de combustible es nulo por afectar a la competencia.

• TS. El Supremo reconoce el “derecho al olvido” digital de dos procesados implicados en un caso de drogas en los ochenta.
• TJUE. Reglamento (CE) Nº 44/2001 sobre cooperación judicial en materia civil y su ámbito de aplicación.
• TJUE. Proceso monitorio europeo. Requerimiento europeo de pago expedido de forma errónea.
• TJUE. Litigio entre los progenitores en relación con el viaje de su hijo menor y la expedición de un pasaporte a éste.
• TS. Responsabilidad civil del Notario. Negligencia profesional. Reparación in natura o indemnización por equivalencia. Consignación en la cuenta del Juzgado.
• TS. El maltrato de obra o psicológico a los padres es causa para revocar las donaciones a los hijos.
• TS. El Supremo rechaza los recursos de la asociación de víctimas de la talidomida.
• TJUE. Nuevo golpe del TJUE al procedimiento hipotecario: el plazo para formular oposición en las ejecuciones es contrario al Derecho de la Unión

• TS. Privación de la patria potestad en un proceso penal.
• TS. La falsedad en documento privado no se convierte en documento oficial solo porque posteriormente el documento sea incorporado a un expediente oficial.
• TS. Agravante de reincidencia y los requisitos para su estimación.
• TS. Nulidad del auto recurrido por falta de letrado en la tramitación del incidente de acumulación de condenas.
• TS. Delito de lesiones. Principio de culpabilidad y principio acusatorio.

Así ocurre cuando el acceso ofrecido tiene un contenido y una función autónomos respecto a los de la actividad periodística del periódico en línea

New Media Online, sociedad domiciliada en Innsbruck (Austria), explota el periódico digital «Tiroler Tageszeitung online». Este sitio de Internet incluye fundamentalmente artículos de prensa escrita. Sin embargo, en la época en que se produjeron los hechos (2012), incluía un enlace («vídeos») que conducía a un subdominio en el que se podían visualizar más de trescientos vídeos a través de un catálogo de búsqueda. Estos vídeos, de una duración que podía oscilar entre treinta segundos y varios minutos, trataban de diversas materias: acontecimientos y eventos locales, encuestas a transeúntes sobre temas de actualidad, manifestaciones deportivas, tráileres de películas, instrucciones para hacer manualidades infantiles o vídeos de los lectores seleccionados por la redacción. Muy pocos de ellos guardaban relación con los artículos contenidos en el sitio de Internet del periódico. Además, una parte de los vídeos había sido producida por un radiodifusor regional, Tirol TV, siendo también accesible a través del sitio de Internet de este último.

Según lo fallado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el plazo para formular oposición en las ejecuciones hipotecarias que se estaban tramitando cuando se aplicó en España la sentencia Aziz es contrario al Derecho de la Unión. En esos casos, para formular oposición contra la ejecución forzosa, las partes interesadas disponían de un plazo preclusivo de un mes que comenzaba a correr desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la nueva ley de modificación adoptada a raíz de esa sentencia.

Conforme a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores los Estados miembros deben garantizar que no vinculen al consumidor las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional, debiendo el contrato seguir siendo obligatorio en los mismos términos si puede subsistir sin las cláusulas abusivas. La Directiva también dispone que los Estados miembros velarán por que existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.

Interpretación de la regla de minimis. Para valorar si el contrato es nulo de pleno derecho por incurrir en la prohibición del art. 81 CE, apartado 1 (hoy articulo 101.1 TFUE, apartado 1), ha de computarse no solo la cuota de mercado de la proveedora demandada, sino también que la duración de dicho contrato no sea manifiestamente excesiva respecto de la duración media de los contratos generalmente celebrados en el mercado afectado.

El Pleno de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia de 20 de octubre de 2015,  por la que se desestima el recurso de casación interpuesto por la compañía mercantil Estación de Servicio Pozuelo 4 SL contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, recaída en procedimiento sobre nulidad de contrato de constitución de derecho de superficie en favor del proveedor de productos petrolíferos y arrendamiento de industria, con abastecimiento y suministro en exclusiva de carburantes y combustibles, en la que la cuestión jurídica planteada fue la correcta o incorrecta aplicación por la sentencia recurrida de la doctrina del TJUE sobre la regla de minimis.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto desestimar el recurso de casación interpuesto por el transportista condenado en la instancia y fundado en la infracción del artículo 19 en relación con los artículos 17.2 y 23 del Convenio de 19 de mayo de 1956, relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR).

En la demanda origen del pleito, la entidad aseguradora por subrogación en los derechos de su asegurada, reclama frente al último transitario que intervino en el curso del transporte terrestre cuando se produjo el robo de parte de la mercancía. La sentencia dictada por el juez mercantil, que estimaba parcialmente la demanda (condenando al demandado al pago de una cantidad inferior a la reclamada) fue confirmada en segunda instancia por la Audiencia Provincial.

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada (España), el 1 de abril de 2015, realizó una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Asunto C-154/15), realizándole las siguientes cuestiones:

• La interpretación de “no vinculación” que realiza el art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE¹. ¿Es compatible en estos supuestos con una interpretación que determine que la declaración de nulidad de la citada cláusula no obstante extiende sus efectos hasta que se declare la misma? Y por tanto que aunque se declare su nulidad se entenderá que los efectos que ha producido durante su vigencia no quedarán invalidados o ineficaces.
• El cese en el uso que pudiera decretarse de una determinada cláusula (de conformidad a los apartados primeros de los artículos 6 y 7 de dicha directiva) en una acción individual ejercitada por un consumidor cuando se declare su nulidad: ¿Es compatible con una limitación de los efectos de dicha nulidad? ¿Es posible moderar (por los tribunales) la devolución de las cantidades que haya pagado el consumidor –a que esté obligado el profesional- en aplicación de la cláusula, posteriormente declarada nula desde el origen, por defecto de información y/o transparencia?