Jurisprudencia

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado el recurso 5567/2013 de inconstitucionalidad  presentado por el Gobierno de Canarias y, en consecuencia, ha declarado contraria a la Carta Magna y nula la reforma que el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación introdujo en el art. 7.1.a) de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones. La Sentencia de 14 de abril de 2016 (BOE de 20 de mayo de 2016) considera que, en este caso, el Gobierno no ha justificado de forma suficiente la situación de “extraordinaria y urgente necesidad” que le exige el art. 86.1 CE para legislar por decreto ley, por lo que podía haber aprobado las medidas contenidas en la norma impugnada tras la correspondiente tramitación parlamentaria. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Ricardo Enríquez.

Dicha valoración podrá basarse en la evolución de los ingresos obtenidos por el reagrupante durante los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud

El objetivo de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, es favorecer la reagrupación con los miembros de la familia que no son ciudadanos de la UE. Según esta Directiva, los Estados miembros deberán autorizar la entrada y la residencia, entre otros familiares, del cónyuge del reagrupante siempre que se cumplan determinados requisitos (el reagrupante deberá probar que dispone de una vivienda, de un seguro de enfermedad y de recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro de que se trate). Los Estados miembros podrán denegar una solicitud de reagrupación familiar o, en su caso, retirar el permiso de residencia de un miembro de la familia o denegar su renovación cuando no se cumplan o hayan dejado de cumplirse los requisitos establecidos en la Directiva.

En virtud de esta obligación, el juez nacional también debe comprobar si la información que ha de mencionarse en los contratos de crédito al consumo se ha hecho constar de forma clara y concisa

En agosto de 2011, los esposos Radlinger celebraron un contrato de crédito al consumo con la sociedad Smart Hypo por importe de 1 170 000 coronas checas (CZK) (unos 43 000 euros). Se comprometieron a devolver al acreedor 2 958 000 CZK (unos 109 500 euros) en 120 mensualidades (la TAE del crédito ascendía al 28,9 %) y a abonarle cuantiosas penalizaciones en caso de que no lograsen dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

• TC. Reforma local. Nulidad de preceptos. Supresión de entidades menores. Disolución de mancomunidades. Asunción autonómica de competencias relativas a salud y servicios sociales. Garantía de pago en competencias delegadas
• TS. Se rechaza que los vigilantes de seguridad privada en Cataluña se identifiquen sólo en catalán
• TS. Expropiación forzosa y ocupación por vía de hecho: Indemnización complementaria del 25%
• TS. Comunicación audiovisual. Impugnación del RD 21/2014 sobre comunicación comercial televisiva. Telepromociones. Emplazamiento del producto
• TS. Responsabilidad patrimonial por actos del legislador. Moratoria urbanística. Privación de la materialización de aprovechamientos urbanísticos. Falta de patrimonialización. Ineficacia del Plan Parcial por no publicación

• TJUE. El contrato de agencia y la indemnización por clientela. Requisitos para su concesión en la captación de nuevos clientes
•  AP. Cuestionario de salud en los seguros de vida y relevancia de sus inexactitudes
• TJUE. Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
• TJUE. Suspensión de la acción individual de cesación de una clausula suelo hasta que se decida una acción colectiva
• TS. El Tribunal Supremo pospone un recurso de cláusulas suelo hasta que el TJUE sentencie sobre el alcance de la retroactividad de su nulidad 
• JM. Nulidad de cláusulas suelo. Falta de transparencia. Condiciones generales de la contratación. Legitimación activa de los adherentes. Integración del objeto del contrato. Restitución de cantidades. Efectos de la sentencia
• JPI. Contratos. Modificación unilateral. Subida del precio impuesta al cliente de un contrato ofertado como «precio final y para siempre» alegando mejoras en el servicio.    

• AP. Se puede interponer desahucio por falta de pago al día siguiente de vencer el plazo de pago del arrendamiento
• TS. Guarda y custodia compartida del menor. Modificación de medidas en un divorcio
• TS. Responsabilidad extracontractual. Prescripción de acciones: interrupción por existencia de causa penal
• TS. Propiedad Horizontal. Constitución de servidumbre por instalación de ascensor para salvar barreras arquitectónicas
• TS.Accidente de circulación. Responsabilidad de la aseguradora. Cálculo de la indemnización básica por lesiones permanentes. Aplicación errónea de la fórmula de Balthazard y adición de la puntuación por secuelas fisiológicas y estéticas
• TS. El TS confirma la condena a Google a indemnizar a un particular por no retirar datos personales del buscador
• TS. Divorcio contencioso. Atribución al esposo del uso de una vivienda que no constituye el domicilio familiar. Improcedencia. Doctrina legal. Pensión de alimentos
• TS. Aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico. Entrega de cantidades a cuenta. Fijación de turnos sin respeto a la duración del contrato determinada en la Ley. Fijación de doctrina jurisprudencial
• TS. Aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico. Cantidades entregadas a cuenta. Devolución. Elementos del contrato. Objeto Determinación del inmueble. Deber de información
• JPI. Condenan a un médico por intromisión en el honor de un compañero en su estado de Whatsapp

• TS. Diferenciación entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
• TS. Nueva regulación de la apropiación indebida en la LO 1/2015
• TS. Derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley y la perpetuatio iurisdiccionis
• TS. La análoga relación de afectividad al matrimonio  a efectos procesales penales
• TS. Legitimación para ejercer como acusación particular de la persona jurídica ofendida por el delito

El TJUE ha fijado para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial sobre este asunto planteada por un Juzgado de Granada

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha suspendido mediante auto de 12 de abril de 2016, la tramitación del recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre los efectos de la declaración de nulidad de dichas cláusulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha nulidad.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso del Gobierno de la Nación contra el Decreto-ley de Cataluña 6/2013, de 23 de diciembre, que modificó la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña. La norma recurrida impide que las compañías suministradoras corten, por impago de las facturas, la electricidad y el gas a las personas en situación de vulnerabilidad económica. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Santiago Martínez-Vares, considera que dicha previsión invade la competencia estatal básica en materia de régimen energético (art. 149.1.25 CE) y contraviene la legislación estatal, que ha optado por otro modelo de protección de los consumidores vulnerables, consistente en la financiación de parte del precio del suministro. La Vicepresidenta del Tribunal, Adela Asúa, ha redactado un voto particular discrepante al que se ha adherido el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré; también ha redactado voto particular el Magistrado Juan Antonio Xiol.

La Sala I dictamina que el reintegro de las cantidades satisfechas no ha de ser total sino proporcional al tiempo que debía restar de vigencia teniendo en cuenta la duración legal máxima de cincuenta años

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia de 29 de marzo de 2016, de la que ha sido ponente el Excmo. Sr. Magistrado D. Antonio Salas Carceller, en un asunto en el que se suscitaba controversia en interés casacional en la modalidad de doctrina contradictoria de audiencias provinciales con respecto a la trascendencia que, para la validez del contrato de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, cabe atribuir al déficit de información, a la falta de definición del objeto del contrato y a la falta de fijación de su duración, reiterándose la doctrina de la Sala en cuanto a que la falta de determinación del objeto y de la duración determina la nulidad radical del contrato. No obstante, al analizar las consecuencias de dicha nulidad, se declara que, aunque el art. 1.7 Ley 42/98 obliga a restituir la totalidad de las cantidades satisfechas, su interpretación no puede ser ajena al art. 3 del código civil, de manera que ha de valorarse que los demandantes-recurrentes disfrutaron durante 11 años de los alojamientos que el contrato les ofrecía, llegando a suscribir un nuevo contrato, razón por la cual «el reintegro de las cantidades satisfechas no ha de ser total sino proporcional al tiempo que debía restar de vigencia teniendo en cuenta la duración legal máxima de cincuenta años».