Jurisprudencia

El administrador de un comercio que ofrece gratuitamente al público una red Wi-Fi no es responsable de las infracciones de los derechos de autor cometidas por un usuario.  No obstante, dicho administrador puede ser obligado a proteger su red mediante una contraseña para poner fin a esas infracciones o prevenirlas.

El Sr. Tobias Mc Fadden es el administrador de un comercio de equipos de iluminación y sonido, en el que ofrece gratuitamente al público una red Wi-Fi con el fin de llamar la atención de potenciales clientes sobre sus bienes y servicios. En 2010, una obra musical de cuyos derechos de autor es titular Sony fue propuesta ilícitamente al público para su descarga a través de esa red. El Landgericht München I (Tribunal Regional Civil y Penal de Múnich I, Alemania), que conoce de un litigio entre Sony y el Sr. Mc Fadden, estima que éste no ha vulnerado personalmente los derechos de autor de que se trata. No obstante, se plantea la posibilidad de considerar al Sr. Mc Fadden indirectamente responsable de esta vulneración porque su red Wi-Fi no estaba protegida. No obstante, al albergar dudas acerca de si la Directiva sobre el comercio electrónico¹ se opone a esa responsabilidad indirecta, el Landgericht ha planteado una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.

• TJUE. Extradición a un Estado tercero de un nacional de un Estado miembro que ha ejercido su derecho de libre circulación
• AN. Responsabilidad patrimonial por el accidente del vehículo, por indebida señalización horizontal de la carretera
• TS. Eficacia, en orden a la caducidad del procedimiento sancionador en defensa de la competencia, de las suspensiones producidas después del término del plazo inicial
• TS. Entidades locales. Estabilidad presupuestaria. Denegación de la autorización para formalizar una operación de crédito a largo plazo. Suficiencia financiera. Autonomía local
• TS. Extranjería. Residencia. Solicitud de autorización individual por circunstancias excepcionales. Colaboración con las autoridades. Motivación
• TS. Medio ambiente. Estudio estratégico ambiental para implantación de parque eólicos marinos. Mar territorial. Aguas interiores. Deslinde entre régimen competencial y ámbito territorial

• TS. El Supremo anula la absolución de tres responsables de una asociación de cannabis de Barcelona con 2.300 socios
• JP. Condenado a dos años de prisión a un joven por grabar con el móvil, imágenes sexuales de una menor y difundirlas después por WhatsApp
• TS. Utilización en el proceso penal de grabaciones de conversaciones privadas grabadas por uno de los interlocutores
• TS. Retroactividad de normas penales cuando favorecen al reo. Diferencia entre normas penales de las procesales
• TS. Negativa a la prueba de alcoholemia y omisión del deber de perseguir delitos
• TS. Prescripción en el delito de falsedad documental. Consumación del delito

• TS. Contrato de distribución. Resolución. Derecho del distribuidor o concesionario a la indemnización por clientela
• TJUE. Cláusulas abusivas. Monitorio. Terminación por falta de oposición. Revisión de oficio ad liminelitis, en el proceso de ejecución, del título ejecutivo judicial
• TJUE. Insertar un hipervínculo que remite a obras protegidas publicadas sin autorización del autor en otro sitio de Internet, no es comunicación al público si no hay ánimo de lucro
• TJUE. La venta de un ordenador equipado con programas preinstalados no constituye en cuanto tal una práctica comercial desleal
• TS. Propiedad intelectual. Es compatible la indemnización por daño moral con la elección por el demandante del criterio de la licencia hipotética para ser indemnizado el daño patrimonial

• TS. Divorcio. Modificación de medidas definitivas. Competencia tras la entrada en vigor de la nueva redacción del artículo 775 LEC por la Ley 42/2015
• TS. Promesa de venta de fincas. Incumplimiento contractual
• TS. Propiedad horizontal. Obras en inmueble que afectan a elementos comunes. Legitimación activa del presidente de la comunidad de propietarios. Alcance del acuerdo previo de la Junta: “autorización expresa”
• TS. Atribución de la vivienda familiar en caso de custodia compartida
• TS. La curatela y la privación del derecho de sufragio
• FGE. Circular 2/2016, sobre el ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos    

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado el 13 de septiembre, abrir una causa a la exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular Rita Barberá por un presunto delito de blanqueo de capitales. Además, ha designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado de la Sala Cándido Conde-Pumpido Tourón.

La investigación deriva de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, describiendo indicios contra la aforada Rita Barberá en un presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscalía apoyó, en informe del pasado 27 de julio, la apertura de la investigación y la designación de instructor.

La sentencia de la Sala II –que incluye un voto particular- estima que su conducta encaja en un delito contra la salud pública por promocionar el consumo de drogas.

El Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de septiembre de 2016, ha anulado la absolución de los tres responsables de una asociación de distribución de cannabis de Barcelona con 2.300 socios al estimar que su conducta encaja en un delito contra la salud pública por promocionar el consumo de drogas, y no ser uno de los supuestos de consumo compartido que no es punible penalmente.

La colocación de un hipervínculo en un sitio de Internet que remite a obras protegidas por los derechos de autor y publicadas sin la autorización del autor en otro sitio de Internet no constituye una «comunicación al público» cuando la persona que coloca tal vínculo actúa sin ánimo de lucro y sin conocer la ilegalidad de la publicación de esas obras. En cambio, si tales hipervínculos se proporcionan con ánimo de lucro, debe presumirse que se conoce el carácter ilegal de la publicación en el otro sitio de Internet

Además, la falta de indicación del precio de cada uno de los programas preinstalados no constituye una práctica comercial engañosa .

En 2008, el Sr. Vincent Deroo-Blanquart adquirió en Francia un ordenador portátil de marca Sony equipado con programas preinstalados (a saber, el sistema de explotación Microsoft Windows Vista y diversos programas de aplicaciones). Al hacer uso por primera vez del ordenador de que se trata, el Sr. Deroo-Blanquart no quiso suscribir el «contrato de licencia de usuario final» (CLUF) del sistema de explotación y reclamó a Sony la devolución de la parte del precio de compra del ordenador correspondiente al coste de los programas preinstalados. Sony se negó a efectuar tal devolución, pero propuso al Sr. Deroo-Blanquart anular la venta y restituirle el precio de compra en su integridad, a saber, 549 euros, a cambio de la devolución del material adquirido.

Un Estado miembro no tiene la obligación de conceder a todo ciudadano de la Unión que haya circulado en su territorio la misma protección contra la extradición que la que concede a sus propios nacionales; no obstante, antes de extraditarlo, el Estado miembro interesado debe dar prioridad al intercambio de información con el Estado miembro de origen y permitirle solicitar la entrega del ciudadano para su procesamiento