Jurisprudencia

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y ha declarado inconstitucional y nulo el art. 1 de la Ley 28/2010 que prohíbe la celebración de corridas de toros y otros espectáculos taurinos en Cataluña. El Tribunal considera que al ejercer su competencia para la regulación de los espectáculos públicos, la Generalitat ha “menoscabado” la competencia del Estado para la “preservación del patrimonio cultural común”, condición que las corridas de toros tienen atribuida por ley. Ha sido ponente de la resolución la Magistrada Encarnación Roca. La sentencia de 20 de octubre de 2016, y publicada en el BOE de 25 de noviembre, cuenta con el voto particular discrepante de la Vicepresidenta, Adela Asua Batarrita y de los Magistrados, Fernando Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol Rios.

La «Deutsche Parkinson Vereinigung» es una organización alemana de ayuda mutua cuyo fin es mejorar las condiciones de vida de los enfermos de Parkinson y de sus familias. Esta organización pactó con la farmacia neerlandesa de venta por correspondencia DocMorris un sistema de bonificaciones del cual podían beneficiarse sus miembros al adquirir, en dicha farmacia, medicamentos sujetos a receta médica para el tratamiento del Parkinson que sólo se dispensan en farmacias. La venta por correspondencia de medicamentos sujetos a receta médica ya no está prohibida en Alemania.

La dirección de protocolo de Internet dinámica de un usuario constituye, para el gestor del sitio, un dato personal cuando dicho gestor dispone de medios legales que le permitan identificar al usuario de que se trate gracias a la información suplementaria de que dispone el proveedor de acceso a Internet del usuario  

El Sr. Patrick Breyer se opone, ante los órganos jurisdiccionales alemanes, a que los sitios de Internet de los organismos federales alemanes que consulta registren y conserven sus direcciones de protocolo de Internet («direcciones IP»). Estos organismos registran y conservan, además de la fecha y hora de la consulta, las direcciones IP de los usuarios para prevenir ataques cibernéticos y posibilitar el ejercicio de acciones penales. Las direcciones IP son secuencias de números que se asignan a los ordenadores conectados a Internet para permitir la comunicación entre ellos a través de esa red. Cuando se consulta un sitio de Internet, la dirección IP del ordenador que consulta se comunica al servidor en el que se aloja el sitio consultado. Dicha comunicación es necesaria para que los datos consultados puedan transferirse al destinatario correcto.

• TS. Cómputo del plazo de caducidad de los procedimientos sancionadores de la CNC
• TS. Dominio público marítimo terrestre.  Deslinde costero. Jurisdicción civil y contenciosa sobre la propiedad de los terrenos deslindados
• TS. Aguas. Trasvase Tajo-Segura. Condición de interesada de la Junta de Castilla-La Mancha en procedimientos de concesión
• TS. Procedimiento contencioso. Subsanación de defectos en la interposición del recurso. Sociedades mercantiles. Acuerdo de Junta para el ejercicio de acciones. Representación

• TS. El Supremo se pronuncia sobre la reclamación de alimentos con efectos retroactivos cuando se reconoce judicialmente la filiación paterna
• TS. Reconoce el derecho de una abuela a visitar a dos nietas a quienes no veía tras denunciar a su yerno por supuestos abusos sexuales
• TS. El Tribunal Supremo confirma la condena a una revista del corazón a indemnizar a Penélope Cruz por vulnerar su derecho a la propia imagen
• TS. No es beneficioso para el menor, que en caso de divorcio duerma días alternos con los padres
• TJUE. Procedimiento de nulidad matrimonial iniciado por un tercero después del fallecimiento de uno de los cónyuges
• TS.Liquidación de sociedad de gananciales con vivienda familiar adquirida por los cónyuges antes del matrimonio

• TJUE. Reventa de copias “usadas” de programas de ordenador objeto de licencia en soportes físicos que no son los originales
• TJUE. Contratación electrónica. Protección a los consumidores. Acciones de cesación. Ley aplicable. Cláusulas abusivas. Protección de datos personales. Tratamiento. Ley aplicable
• TS. Incidente concursal. Acción de resolución de contrato de arrendamiento financiero por incumplimiento y restitución de los bienes entregados. Reciprocidad de obligaciones del leasing a efectos de la ley concursal
• TS. Concurso de acreedores. Reducción de honorarios del administrador concursal por justa causa
• TS. Quiebra. Naturaleza rescisoria de las acciones de retroacción
• TS. Seguro de vida. Renovación automática de la póliza. Prueba. Valoración
• TS. Sociedades. Contrato de suministro. Pago de la mercancía. Grupo familiar de empresas. Responsabilidad conjunta. Levantamiento del velo. Motivación y congruencia de las sentencias
• AP. Contratos. Transporte internacional de mercancías por carretera. Limitación de responsabilidad. Responsabilidad del transportista

• AP. La Audiencia Provincial condena a cuatro años de prisión a Miguel Ángel Flores por el Madrid Arena
• TS. Dentro del procedimiento penal, el daño moral es independiente del físico permitiéndose castigar ataques a la integridad, aunque no se produzca un atentado material
• TS. Requisitos para la adopción de las medidas de seguridad privativas de libertad en el procedimiento penal
• TS. Requisitos   motivación para la incomunicación de los detenidos  

La sentencia les considera autores de un delito contra la libertad religiosa y les condena a un año de prisión a cada uno

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a cinco jóvenes por interrumpir con una protesta, en febrero de 2014, una celebración religiosa en la iglesia de Sant Miquel de Palma. Les considera autores responsables de un delito contra la libertad religiosa, imponiéndoles una pena de un año de prisión a cada uno de ellos, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que instruye el caso abierto en relación con la consulta del 9-N de 2014 ha ordenado hoy la apertura de juicio oral al expresidente de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, a la exconsellera d’Ensenyament Irene Rigau y a la ex vicepresidenta del Govern catalán Joana Ortega.

El instructor considera que los hechos pueden ser constitutivos, indiciariamente, de los delitos de desobediencia grave cometido por autoridad pública y de prevaricación administrativa, y señala como órgano competente para el enjuiciamiento de los mismos a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Pide al Supremo que interprete la ley que exige garantías antes de demoler de acuerdo al nuevo procedimiento, vigente desde julio de este año.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha dictado un auto por el que tiene por preparado el primer recurso ante el Tribunal Supremo por interés casacional que se ha planteado en la región.

La nueva regulación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa prevé que en los casos en los que pueda existir un interés objetivo en que el Supremo se pronuncie para formar jurisprudencia, las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia tramitarán el recurso contra sus resoluciones.