Jurisprudencia

La sentencia de la Sala II –que incluye un voto particular- estima que su conducta encaja en un delito contra la salud pública por promocionar el consumo de drogas.

El Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de septiembre de 2016, ha anulado la absolución de los tres responsables de una asociación de distribución de cannabis de Barcelona con 2.300 socios al estimar que su conducta encaja en un delito contra la salud pública por promocionar el consumo de drogas, y no ser uno de los supuestos de consumo compartido que no es punible penalmente.

La colocación de un hipervínculo en un sitio de Internet que remite a obras protegidas por los derechos de autor y publicadas sin la autorización del autor en otro sitio de Internet no constituye una «comunicación al público» cuando la persona que coloca tal vínculo actúa sin ánimo de lucro y sin conocer la ilegalidad de la publicación de esas obras. En cambio, si tales hipervínculos se proporcionan con ánimo de lucro, debe presumirse que se conoce el carácter ilegal de la publicación en el otro sitio de Internet

Además, la falta de indicación del precio de cada uno de los programas preinstalados no constituye una práctica comercial engañosa .

En 2008, el Sr. Vincent Deroo-Blanquart adquirió en Francia un ordenador portátil de marca Sony equipado con programas preinstalados (a saber, el sistema de explotación Microsoft Windows Vista y diversos programas de aplicaciones). Al hacer uso por primera vez del ordenador de que se trata, el Sr. Deroo-Blanquart no quiso suscribir el «contrato de licencia de usuario final» (CLUF) del sistema de explotación y reclamó a Sony la devolución de la parte del precio de compra del ordenador correspondiente al coste de los programas preinstalados. Sony se negó a efectuar tal devolución, pero propuso al Sr. Deroo-Blanquart anular la venta y restituirle el precio de compra en su integridad, a saber, 549 euros, a cambio de la devolución del material adquirido.

Un Estado miembro no tiene la obligación de conceder a todo ciudadano de la Unión que haya circulado en su territorio la misma protección contra la extradición que la que concede a sus propios nacionales; no obstante, antes de extraditarlo, el Estado miembro interesado debe dar prioridad al intercambio de información con el Estado miembro de origen y permitirle solicitar la entrega del ciudadano para su procesamiento

• TS. Nulidad de una cláusula incorporada a un préstamo con garantía hipotecaria, en la que se convino la posibilidad de acudir a la venta extrajudicial
• TS. Condenan a una compañía de seguros a pagar 1,5 millones de euros a la familia de un hombre que suscribió un seguro de vida un año antes de suicidarse
• TS. Efectos de la unipersonalidad sobrevenida en una sociedad de responsabilidad limitada
• TS. Acción cambiaria frente a avalista por gastos de devolución e intereses
• TS. Tratamiento concursal de la indemnización por extinción del contrato de trabajo en el supuesto del art. 50.1.b del Estatuto de los Trabajadores
• TS. Propiedad intelectual. Acciones derivadas de contratos sobre derechos de propiedad intelectual. Competencia judicial internacional Atribución de derechos de autor a persona jurídica. Revisión de la remuneración por desproporción
• TJUE. Mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual
• TJUE. Obligación de incluir en el precio de venta de un automóvil los gastos adicionales obligatorios vinculados al traslado de dicho vehículo
• TJUE. Consumidores y usuarios. Transporte aéreo. Cambio por el transportista de pasajeros a una clase inferior a la contratada. Reembolso parcial del precio. Método de cálculo. Conceptos de billete, vuelo y precio

• TS. El Tribunal Supremo avala que Hacienda pida a un colegio privado facturas pagadas por un padre sin que se vulnere su derecho a la intimidad
• TS. Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Medida cautelar de embargo de bienes que por el trascurso del tiempo origina deterioro en ellos.
• TS. Solicitudde protección internacional de asilo presentada en frontera
• TCJ. Régimen Local. Potestad de deslinde. Acción reivindicatoria y de deslinde interpuesta contra el Ayuntamiento ante la jurisdicción civil. No suspensión del procedimiento ante actos administrativos de deslinde
• TC. Recurso de inconstitucionalidad y cuestión de inconstitucionalidad de normas reglamentarias. Conflicto en defensa de la autonomía foral>
• TC. Estima parcialmente el recurso contra las tasas judiciales a personas jurídicas por considerar que su cuantía vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva

• AN. Estafa agravada. Delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales. Insolvencia punible. Blanqueo de capitales
• TJUE. Orden de detención europea y deducción del período de detención transcurrido en el Estado miembro de ejecución
• TS. Un coche adaptado es un bien de primera necesidad a efectos de la estafa agravada
• TS. La donación modal como título idóneo para cometer el delito de apropiación indebida

• TJUE. Cláusula atributiva de competencia judicial en los contratos
• TS. Propiedad horizontal: requisito de unanimidad para modificar la cuota o forma de participación en los gastos
• TS. Reconocimientos de complacencia de la paternidad: validez; posibilidad de que el reconocedor impugne su paternidad
• TS. Contrato de mandato: extralimitación del poder conferido e infracción del deber de fidelidad
• TS. Adquisición de inmueble en subasta judicial. Alcance de la subrogación respecto de las cargas o gravámenes anteriores del bien adjudicado
• TS. Responsabilidad civil de notario: retraso en el envío al Registro de una escritura de hipoteca

La aseguradora alegó que el tomador del seguro proporcionó datos falsos e inexactos sobre su situación financiera y patrimonial, y tampoco reveló que en su familia había antecedentes de suicidios

La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de julio de 2016, ha confirmado la condena a una compañía de seguros a pagar 1,5 millones de euros a una familia por el seguro de vida suscrito por el padre un año antes de suicidarse. La aseguradora alegó que el tomador del seguro proporcionó datos falsos e inexactos sobre su situación financiera y patrimonial (que era peor de la que él dijo), y tampoco reveló que en su familia había antecedentes de suicidios, lo que habría impedido una valoración correcta del riesgo asegurado y le liberaba de la obligación de pagar.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerar que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Las tasas afectadas son sólo las exigidas a las personas jurídicas; la reforma de la ley por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, eximió del pago del tributo a las personas físicas, por lo que el Tribunal ha declarado extinguido el objeto del recurso en lo que se refería a dichas tasas. Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Santiago Martínez-Vares.