Jurisprudencia

La Sala considera afectado el derecho a la intimidad por la información publicada sin causa legítima que lo justifique

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de septiembre de 2016, ha confirmado la condena a Lecturas por publicar un reportaje fotográfico sobre el estado de salud de una expresentadora de televisión cuando había dejado de ser famosa y después de expresar su decisión de no aparecer en los medios de comunicación.

La editora de la revista tendrá que pagar una indemnización de 200.000 euros a la presentadora al difundir, ocho años después de su última aparición pública, fotografías en las que aparece en silla de ruedas a causa de una enfermedad degenerativa junto a otras imágenes de su etapa

La sentencia de 12 de septiembre de 2016 de la Sala I del Tribunal Supremo, ha fijado como doctrina que “las garantías legales de las cantidades anticipadas para adquisición de viviendas que regula la ley 57/1968 y disposición adicional de la LOE se extienden a aquellos supuestos en que el contrato de compra-venta no llega a buen fin, por declararse nulo por vicio invalidante del consentimiento al haber ocultado el promotor-vendedor al comprador la existencia de vicios de la edificación de naturaleza urbanístico”.

Asimismo, indica que la existencia de ilegalidades urbanísticas no puede considerarse como algo que escapa del ámbito de la Ley 57/1968, “pues se encuentra estrechamente relacionada con la obligación del promotor-vendedor de iniciar y entregar la vivienda, cumpliendo las condiciones físicas y jurídicas para ser habitada sin miedos de futuro y sin frustración de expectativas, en lo que constituye el objeto del contrato”.

El alto tribunal destaca que no está en cuestión la represión del dopaje, sino el nivel de localización que la citada Resolución del CSD exige a los deportistas, que no puede calificarse de ‘localización habitual’ sino ‘localización permanente’, ya que alcanza a todos los días y horas del año, lo que resulta desproporcionado

La Sala III del Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de julio de 2016, ha ratificado la anulación parcial de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 4 de febrero de 2013, al considerar que el formulario de localización de deportistas que establece, dentro del Plan Individualizado de Controles Antidopaje, vulnera su derecho a la intimidad. El alto tribunal destaca que no está en cuestión la represión del dopaje, sino el nivel de localización que la citada Resolución del CSD exige a los deportistas, que no puede calificarse de ‘localización habitual’ sino ‘localización permanente’, ya que alcanza a todos los días y horas del año, lo que resulta desproporcionado.

En su sentencia, la Sección Cuarta recogía expresamente que la presentación de posibles recursos no debía suspender la eficacia de esa medida

La sentencia de 10 de marzo de 2016, relacionada con el caso del menor asturiano en situación de pre adopción en la Comunidad Valenciana, en su fundamento jurídico quinto, recogía expresamente que la entrega del menor a su madre biológica debía producirse "de forma inmediata sin que la posible interposición de recursos suspenda la eficacia de esta medida".

El administrador de un comercio que ofrece gratuitamente al público una red Wi-Fi no es responsable de las infracciones de los derechos de autor cometidas por un usuario.  No obstante, dicho administrador puede ser obligado a proteger su red mediante una contraseña para poner fin a esas infracciones o prevenirlas.

El Sr. Tobias Mc Fadden es el administrador de un comercio de equipos de iluminación y sonido, en el que ofrece gratuitamente al público una red Wi-Fi con el fin de llamar la atención de potenciales clientes sobre sus bienes y servicios. En 2010, una obra musical de cuyos derechos de autor es titular Sony fue propuesta ilícitamente al público para su descarga a través de esa red. El Landgericht München I (Tribunal Regional Civil y Penal de Múnich I, Alemania), que conoce de un litigio entre Sony y el Sr. Mc Fadden, estima que éste no ha vulnerado personalmente los derechos de autor de que se trata. No obstante, se plantea la posibilidad de considerar al Sr. Mc Fadden indirectamente responsable de esta vulneración porque su red Wi-Fi no estaba protegida. No obstante, al albergar dudas acerca de si la Directiva sobre el comercio electrónico¹ se opone a esa responsabilidad indirecta, el Landgericht ha planteado una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.

• TJUE. Extradición a un Estado tercero de un nacional de un Estado miembro que ha ejercido su derecho de libre circulación
• AN. Responsabilidad patrimonial por el accidente del vehículo, por indebida señalización horizontal de la carretera
• TS. Eficacia, en orden a la caducidad del procedimiento sancionador en defensa de la competencia, de las suspensiones producidas después del término del plazo inicial
• TS. Entidades locales. Estabilidad presupuestaria. Denegación de la autorización para formalizar una operación de crédito a largo plazo. Suficiencia financiera. Autonomía local
• TS. Extranjería. Residencia. Solicitud de autorización individual por circunstancias excepcionales. Colaboración con las autoridades. Motivación
• TS. Medio ambiente. Estudio estratégico ambiental para implantación de parque eólicos marinos. Mar territorial. Aguas interiores. Deslinde entre régimen competencial y ámbito territorial

• TS. El Supremo anula la absolución de tres responsables de una asociación de cannabis de Barcelona con 2.300 socios
• JP. Condenado a dos años de prisión a un joven por grabar con el móvil, imágenes sexuales de una menor y difundirlas después por WhatsApp
• TS. Utilización en el proceso penal de grabaciones de conversaciones privadas grabadas por uno de los interlocutores
• TS. Retroactividad de normas penales cuando favorecen al reo. Diferencia entre normas penales de las procesales
• TS. Negativa a la prueba de alcoholemia y omisión del deber de perseguir delitos
• TS. Prescripción en el delito de falsedad documental. Consumación del delito

• TS. Contrato de distribución. Resolución. Derecho del distribuidor o concesionario a la indemnización por clientela
• TJUE. Cláusulas abusivas. Monitorio. Terminación por falta de oposición. Revisión de oficio ad liminelitis, en el proceso de ejecución, del título ejecutivo judicial
• TJUE. Insertar un hipervínculo que remite a obras protegidas publicadas sin autorización del autor en otro sitio de Internet, no es comunicación al público si no hay ánimo de lucro
• TJUE. La venta de un ordenador equipado con programas preinstalados no constituye en cuanto tal una práctica comercial desleal
• TS. Propiedad intelectual. Es compatible la indemnización por daño moral con la elección por el demandante del criterio de la licencia hipotética para ser indemnizado el daño patrimonial

• TS. Divorcio. Modificación de medidas definitivas. Competencia tras la entrada en vigor de la nueva redacción del artículo 775 LEC por la Ley 42/2015
• TS. Promesa de venta de fincas. Incumplimiento contractual
• TS. Propiedad horizontal. Obras en inmueble que afectan a elementos comunes. Legitimación activa del presidente de la comunidad de propietarios. Alcance del acuerdo previo de la Junta: “autorización expresa”
• TS. Atribución de la vivienda familiar en caso de custodia compartida
• TS. La curatela y la privación del derecho de sufragio
• FGE. Circular 2/2016, sobre el ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos    

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado el 13 de septiembre, abrir una causa a la exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular Rita Barberá por un presunto delito de blanqueo de capitales. Además, ha designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado de la Sala Cándido Conde-Pumpido Tourón.

La investigación deriva de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, describiendo indicios contra la aforada Rita Barberá en un presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscalía apoyó, en informe del pasado 27 de julio, la apertura de la investigación y la designación de instructor.