Jurisprudencia

El alto tribunal desestima la alegación de Google Spain de que la única responsable del tratamiento de datos es la matriz Google Inc.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo​, en sentencia de 5 de abril de 2016 ha confirmado la condena a Google Spain a pagar una indemnización de 8.000 euros a un hombre por vulnerar su derecho a la protección de datos personales al no retirar del buscador la información sobre el indulto que se le concedió en 1999, a pesar de que el afectado lo había solicitado.

Si la existencia de ese riesgo no puede excluirse en un plazo razonable, la autoridad encargada de ejecutar la orden debe decidir si procede poner fin al procedimiento de entrega

En el asunto C-404/15, un juez de instrucción húngaro emitió dos órdenes de detención europeas contra el Sr. Pál Aranyosi, nacional húngaro, con objeto de que pudieran ejercerse acciones penales debido a dos robos con fuerza en las cosas presuntamente cometidos por el Sr. Aranyosi en Hungría.

En el asunto C-659/15 PPU, un tribunal rumano emitió una orden de detención europea contra el Sr. Robert Căldăraru con la finalidad de ejecutar en Rumanía una pena de prisión de un año y ocho meses por conducción sin permiso de conducir.

Estima la demanda de un cliente al considerar que Telefónica ofreció “un contrato de tiempo indefinido a precio fijo”

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pamplona ha estimado la demanda presentada por un cliente y anulado la subida del paquete de Movistar Fusión establecida en mayo de 2015 al entender que Telefónica modificó sin justificación el coste de un producto que había sido contratado con un precio “para siempre”. Telefónica deberá devolver al demandante las cantidades cobradas de más, así como los intereses.

• TS. Se estima el recurso de Google Spain contra reclamaciones de "derecho al olvido" por no gestionar el motor de búsqueda
• TS. Debe concederse plazo para subsanar errores u omisiones en los documentos presentados por los aspirantes en un concurso-oposición
• TS. Contratos del Sector Público. Concurso para el otorgamiento de licencias de radio. Renuncia de la Administración por razones de interés público. No aplicación supletoria del 155 TRLCSP
• TS. Función pública. Prolongación del servicio activo. Discrecionalidad. Motivación
• TEDH. La prisión provisional se indemniza si se exculpa por falta de pruebas
• TSJ. Procedimiento contencioso administrativo. Legitimación procesal de una sociedad pública para interponer recurso contencioso contra la actividad de una Administración pública pese a la limitación del artículo 20 c) LJCA
• TC. Las decisiones procesales dictadas por los letrados de la administración de justicia deben poder ser revisadas por un juez. Inconstitucionalidad del artículo 102 bis.2 LJCA  

• TS. Legitimación para solicitar el cambio registral de sexo y de nombre de transexuales menores de edad
• TS. Servidumbre de paso por destino de padre de familia. Naturaleza y presupuestos
• TS. Relevancia o no del retraso producido en la entrega en plazo en una compraventa de una finca
• TS. Sociedad civil interna vs comunidad de bienes. Límites al uso de la cosa común por cada comunero
• TS. Cómputo de la prescripción trienal para reclamar honorarios de un abogado
• TS. Revisión de sentencia firme a consecuencia de una sentencia del TJUE de fecha posterior. Prevalencia de la cosa juzgada
• TS. Arrendamiento para uso distinto de vivienda de local de negocio. Desistimiento. Resolución unilateral del contrato
• TS. Asociaciones. Impugnación de acuerdos. Acción de anulación. Dies a quo. Excepciones a la doctrina general
• AP. Incidente de oposición a la ejecución de prestación de alimentos

• TS. La indemnización por infracción de marca, no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de los perjuicios reales. Regalía hipotética
• TS. Atribución del derecho de voto al usufructuario en el pacto existente entre los socios sin que esté recogido en los estatutos sociales
• TS. La noción de grupo de sociedades a  efectos concursales,  se caracteriza por el control que ostenta, directa o indirectamente, una sobre otra
• TS. Seguro de daños. Explosión de gas en vivienda arrendada. Repetición de la aseguradora contra el arrendatario
• TS. Concursal. Orden de pagos. Insuficiencia de activos. Régimen transitorio de la Ley 38/2011. Créditos contra la masa de la TGSS
• TGUE. El Tribunal General confirma que no pueden autorizarse varias declaraciones de propiedades saludables relativas a la glucosa
• TJUE. Seguros. Circulación de vehículos. Ley aplicable. Acción de repetición entre aseguradoras. Accidente causado por un vehículo de tracción con remolque asegurados por compañías distintas  

• TS. La responsabilidad de las personas jurídicas sólo puede declararse después de un proceso con todas las garantías
• AN. Archivo de la denuncia presentada por la Fiscalía contra el ayuntamiento de  Premiá de Dalt, por delitos de rebelión y sedición
• TS. Normas transitorias de la L.O. 1/2015 en relación a las faltas, ahora delitos leves sometidos a requisito de perseguibilidad
• TS. Condenas impuestas y ejecutadas en otro país: no cabe su refundición con condenas nacionales a los efectos del artículo 76 CP  

Los arrendatarios no pagaron las mensualidades mientras duraron las obras por perjudicar sus ventas

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia cuyo ponente ha sido el Magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, ha desestimado el recurso de casación interpuesto, confirmando la sentencia de la audiencia provincial de Sevilla, que había declarado la subsistencia del contrato de arrendamiento del local de negocio suscrito entre las partes, y condenaba a los demandados, arrendatarios, a satisfacer solidariamente la cantidad de 42.214,72 euros.

En el procedimiento de juicio ordinario, la arrendadora del local de negocio pedía en su demanda que se declarase la subsistencia del contrato de arrendamiento de un local de negocio del centro de Sevilla, y se condenase a la parte demandada a continuar dando cumplimiento a las estipulaciones del contrato, y por tanto se condenase a los arrendatarios al pago de las rentas que se han devengado, y todas las que se devenguen durante la tramitación de la sentencia.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado que la ausencia de revisión por un juez o tribunal de algunas de las decisiones que, tras la implantación de la nueva oficina judicial, recaen en exclusiva en los secretarios judiciales lesiona el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE). La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Andrés Ollero y que resuelve una cuestión interna de inconstitucionalidad, declara inconstitucional y nulo el primer párrafo del art. 102 bis.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), según el cual no cabe que el juez revise los decretos dictados por el secretario judicial para resolver los recursos de reposición planteados contra sus propias decisiones.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo reunida en Pleno ha resuelto, mediante un auto de 10 de marzo de 2016 del que ha sido ponente el magistrado Sarazá Jimena, plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1¹ de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. El Pleno de la Sala Primera alberga dudas de que ese artículo número 1, por el que se exige la mayoría de edad para solicitar el cambio en el registro, puede conculcar derechos fundamentales de los menores de edad.