Jurisprudencia

• TS. Derecho de información y el ejercicio profesional en los pasillos u otras dependencias de las sedes judiciales
• TS. Urbanismo. PGOU. Nulidad de modificación puntual. Falta de evaluación ambiental estratégica
• TS. Urbanismo. PGOU. Procedimiento de aprobación. Estudio económico-financiero exigido por la legislación estatal, pero no por la autonómica. Atribución jurisprudencial de carácter básico a la legislación estatal supletoria
• TS. Extinción de un derecho de uso privativo de aguas por excederse en el volumen de aprovechamiento
• AN. Denegación de la concesión de nacionalidad española por residencia. Falta de justificación de buena conducta cívica. Antecedentes penales no cancelados
• TJUE. Extranjería. Derecho a la reagrupación familiar

• TS. Casos en los que la propia indolencia y un sentido de la credulidad no merecedor de tutela hayan estado en el origen del acto dispositivo en la posible estafa
• TS. Abuso sexual a menor de edad mediante webcam y sin contacto físico
• TS. Abuso sexual. Sujeto activo y pasivo
• TS. Supuestos en que son recurribles en casación las sentencias de conformidad
• TS. El Tribunal Supremo denuncia la restricción de derechos de las víctimas españolas por la reforma de la justicia universal

La sentencia desestima los recursos de casación interpuestos por Plataforma de Instalaciones Comerciales S.A., el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y la Comunidad de Madrid contra la sentencia del TSJ de Madrid que revocó la citada Modificación

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva del Pardillo, aprobado provisionalmente por dicho Ayuntamiento en abril de 2012 y definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en agosto de 2013.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de abril de 2016, cuyo ponente ha sido el magistrado y presidente de la Sala, Francisco Marín Castán, ha resuelto un recurso de casación en el que se planteaba tanto la nulidad de un contrato por el que una persona cedía las imágenes a una empresa como la intromisión en los derechos a la imagen y al honor de esa misma persona por la difusión de dichas imágenes en medios de contenido erótico.

La demandante había celebrado en el año 2008 un contrato para promocionar su imagen, realizándose a tales efectos un reportaje fotográfico. Tras constatar que las fotografías habían sido publicadas en una revista digital de contenido erótico, resolvió el contrato. En el contrato se contenía una cláusula que autorizaba la utilización de la imagen cedida incluso después de finalizado el vínculo contractual, por lo que las imágenes siguieron utilizándose pese a diversos requerimientos de la demandante para que cesase en su uso.

En un auto de 18 de abril de 2016, relativo a la causa abierta en la Audiencia Nacional a instancias de los españoles internados en campos de concentración nazis, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha subrayado la “restricción sustancial y extrema” de los derechos de los españoles víctimas de genocidios en el extranjero provocada por la reforma del principio de justicia universal realizada por la Ley Orgánica 1/2014.

En la resolución, referida a la causa abierta en la Audiencia Nacional contra varios ex agentes de las SS por genocidio a víctimas españoles de tres campos de concentración nazi, se destaca que “la nueva regulación del principio de justicia universal con respecto a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra ha procedido a una restricción tan sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero, que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción para defender sus derechos dentro del territorio español, dadas las escasísimas posibilidades de que uno de los presuntos autores resida habitualmente en España”.

La sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de marzo de 2016, de la Sala de lo Civil, es el punto y final a un largo periplo judicial al que se vio abocado un contribuyente por el IRPF que, visto el volumen que había adquirido su actividad empresarial, acudió a una de las grandes firmas de consultoría de nuestro país, al objeto de encargarle un estudio de su situación fiscal que valorara si era posible una optimización de la misma, lo cual vino seguido de un asesoramiento en las operaciones de reestructuración empresarial que se diseñaron al objeto de lograr esa mejora de la situación fiscal.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado el recurso 5567/2013 de inconstitucionalidad  presentado por el Gobierno de Canarias y, en consecuencia, ha declarado contraria a la Carta Magna y nula la reforma que el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación introdujo en el art. 7.1.a) de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones. La Sentencia de 14 de abril de 2016 (BOE de 20 de mayo de 2016) considera que, en este caso, el Gobierno no ha justificado de forma suficiente la situación de “extraordinaria y urgente necesidad” que le exige el art. 86.1 CE para legislar por decreto ley, por lo que podía haber aprobado las medidas contenidas en la norma impugnada tras la correspondiente tramitación parlamentaria. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Ricardo Enríquez.

Dicha valoración podrá basarse en la evolución de los ingresos obtenidos por el reagrupante durante los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud

El objetivo de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, es favorecer la reagrupación con los miembros de la familia que no son ciudadanos de la UE. Según esta Directiva, los Estados miembros deberán autorizar la entrada y la residencia, entre otros familiares, del cónyuge del reagrupante siempre que se cumplan determinados requisitos (el reagrupante deberá probar que dispone de una vivienda, de un seguro de enfermedad y de recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro de que se trate). Los Estados miembros podrán denegar una solicitud de reagrupación familiar o, en su caso, retirar el permiso de residencia de un miembro de la familia o denegar su renovación cuando no se cumplan o hayan dejado de cumplirse los requisitos establecidos en la Directiva.

En virtud de esta obligación, el juez nacional también debe comprobar si la información que ha de mencionarse en los contratos de crédito al consumo se ha hecho constar de forma clara y concisa

En agosto de 2011, los esposos Radlinger celebraron un contrato de crédito al consumo con la sociedad Smart Hypo por importe de 1 170 000 coronas checas (CZK) (unos 43 000 euros). Se comprometieron a devolver al acreedor 2 958 000 CZK (unos 109 500 euros) en 120 mensualidades (la TAE del crédito ascendía al 28,9 %) y a abonarle cuantiosas penalizaciones en caso de que no lograsen dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

• TC. Reforma local. Nulidad de preceptos. Supresión de entidades menores. Disolución de mancomunidades. Asunción autonómica de competencias relativas a salud y servicios sociales. Garantía de pago en competencias delegadas
• TS. Se rechaza que los vigilantes de seguridad privada en Cataluña se identifiquen sólo en catalán
• TS. Expropiación forzosa y ocupación por vía de hecho: Indemnización complementaria del 25%
• TS. Comunicación audiovisual. Impugnación del RD 21/2014 sobre comunicación comercial televisiva. Telepromociones. Emplazamiento del producto
• TS. Responsabilidad patrimonial por actos del legislador. Moratoria urbanística. Privación de la materialización de aprovechamientos urbanísticos. Falta de patrimonialización. Ineficacia del Plan Parcial por no publicación