Jurisprudencia

• TS. Establece la primera condena de cárcel por emisiones ilegales con efecto invernadero.
• JP. Condenado el responsable técnico de una empresa logística como responsable de un accidente provocado por un camión no apto para circular.
• TS. El Tribunal Supremo confirma la condena a un médico urgencias por no atender a un paciente frente al hospital.
• TS. Condena de dos años de prisión a un ex alcalde por otorgar licencia de obras falsa.
• TS. La Audiencia Nacional tiene la competencia para investigar las denuncias sobre preferentes de Bankia.  

El presidente del Tribunal del Jurado ha tenido en cuenta la circunstancia agravante de parentesco a la hora de fijar la pena

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha condenado a 18 años de prisión por un delito de asesinato, con la agravante de parentesco, a los padres de la menor Asunta.

De conformidad con el veredicto del jurado, la sentencia de 11 de noviembre de 2015 considera probado que los acusados, de común acuerdo, suministraron repetidamente a su hija, desde al menos tres meses antes del fallecimiento, un medicamento que contenía lorazepam. Según la resolución, el padre de la víctima retiró en al menos tres ocasiones, entre julio y septiembre de 2013, este fármaco de la misma farmacia.

El alto tribunal destaca, por unanimidad, que la nulidad de pleno derecho radica en la falta de respuesta de la administración a las alegaciones presentadas por la mercantil en el trámite de información pública

La Sala III del Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de octubre de 2015, ha declarado nulo de pleno derecho el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga, aprobado por el Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 142/2006, de 18 de julio. El motivo de la nulidad es doble: por un lado, porque la administración autonómica no dio respuesta a las alegaciones formuladas por la entidad mercantil recurrente en el trámite de información pública del procedimiento de elaboración del Plan; y en segundo lugar, porque no se emitió en relación al Plan el preceptivo informe sobre impacto por razón de género exigido por la propia legislación autonómica andaluza.

El derecho a la libertad de expresión no reconoce un pretendido derecho al insulto.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el Magistrado D. Antonio Salas Carceller, ha resuelto desestimar el recurso de casación interpuesto por D. José María García Pérez contra la sentencia de la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que declaró que las expresiones e imputaciones realizadas por el demandado en el programa "La vuelta al mundo", emitido por la cadena VEO, eran atentatorias contra el honor de D. Florentino Pérez Fernández.

El alto tribunal declara que los hechos no afectan al derecho a la intimidad del demandante, que reclamaba 25.000 euros

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que rechazó que constituya un acto de vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar del demandante la conducta de su hija, que ordenó la exhumación de los restos mortales de su madre y de un hermano para su incineración sin informarle.

La Sala de lo Penal rechaza los argumentos del médico que alegó en su recurso que no podía salir del hospital al estar de guardia, que tenía entre 15 y 18 pacientes en observación y que él no denegó la asistencia al paciente porque llamó al 112

El Tribunal Supremo mediante Sentencia de 22 de octubre de 2015, ha confirmado la condena a un médico de urgencias que no atendió a un enfermo frente a la puerta del hospital donde estaba de guardia. Tendrá que pagar una indemnización de 100.000 euros a la familia del paciente que falleció en la calle de una parada cardiaca. La Sala de lo Penal desestima el recurso de casación interpuesto por el facultativo y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha que también condenó al médico por un delito de omisión del deber de socorro al pago de una multa de 2.880 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante seis meses.

El alto tribunal estima el recurso de dos periodistas contra la sentencia que les condenó por la publicación de un artículo sobre los ‘papeles de Bárcenas’

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de octubre de 2015, ha estimado el recurso de casación interpuesto por D. Pedro José Ramírez Codina, Unidad Editorial SA y D. Manuel Marraco frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que les condenaba por haber vulnerado el honor del demandante, D. Luis del Rivero Asensio, en el artículo titulado “Álvarez-Cascos colocó a Bárcenas y a Trías”, publicado en la página 5 del diario “El Mundo” del 7 de febrero de 2013.

De nuevo ponemos sobre la palestra uno de los temas de debate más calientes de los últimos meses: el de la consideración de las sociedades de profesionales como sociedades interpuestas entre sus socios y quienes pagan sus servicios, lo que la Administración se ha empeñado en considerar un supuesto de simulación.

En esta ocasión, traemos a colación la sentencia de 30 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Penal n.º 27 de Madrid, en la que el acusado es el administrador único de una de las más prestigiosas firmas de abogados laboralistas de nuestro país -y responsable civil subsidiario la firma que dirige- y la acusación está representada por el Ministerio Fiscal y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria -como acusación particular-.

• TS. Imposibilidad de ejecutar una sanción disciplinaria de suspensión de funciones cuando el funcionario se encuentra en situación de Incapacidad Temporal.
• TS. Las Juntas Generales carecen de competencia normativa en materia de presupuestos de los entes locales.
• TS. La acción judicial para el reconocimiento del error judicial.
• TS. Solicitud por una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual de la declaración de asociación de interés general.
• TS. Derecho electoral. Propaganda. Solicitud de suspensión de la visita a unas obras de una Presidenta autonómica durante la campaña electoral.
• TS. Contratos del sector público. Cláusulas abusivas. Imposición al contratista de la concesión de un crédito a la Administración.

• TJUE. Denegación del registro de una marca comunitaria por la existencia de un riesgo de confusión con otra marca.
• TJUE. Servicios de comunicación audiovisual. Puesta a disposición de videos en un subdominio de internet de un periódico. Concepto de “programa”. Vinculación del servicio a la actividad principal. Determinación por el órgano judicial nacional.
• TJUE. Consumidores. Cláusulas abusivas. Crédito garantizado con hipoteca sobre inmueble perteneciente a un bufete contratado por uno de sus abogados como prestatario y representante del despacho.
• TS. Interpretación del art. 62 de la Ley 15/2009,  relativa al contrato de transporte terrestre de mercancías, en los casos del robo de mercancía.
• TS. Se establece cuándo un contrato de suministro en exclusiva de combustible es nulo por afectar a la competencia.