Jurisprudencia

• TS. Calificación de créditos de un concurso: créditos por indemnización y salarios de tramitación por la extinción del contrato de trabajo acordada tras la declaración de concurso.
• TS. Está fuera de toda duda la legitimación activa del concursado para impugnar el inventario de bienes y derechos que acompaña el Informe de la Administración concursal.
• TS. Aval a primer requerimiento. Interpretación del artículo 1.851 del Código Civil.
• TS. Responsabilidad de los avalistas de un pagaré en virtud de lo dispuesto por el artículo 37 de la LCCH.
• TS. El Supremo anula por abusiva la cláusula que prevea librar un pagaré como garantía de devolución de un préstamo sin fedatario público.
• TS. Sociedades. Administradores. Responsabilidad. Acción social. Acuerdo de socios. Desembolso a cuenta de futura ampliación de capital. Falta de convocatoria de la Junta y de devolución de lo aportado.
• TS. Consumidores y usuarios. Préstamo hipotecario. Cláusulas suelo. Condiciones generales de la contratación. Cláusulas abusivas. Control de transparencia.
• AP. Contratos. Swap. Fianza. Suscripción por una sociedad anónima. Consentimiento. Exclusión del error vicio. Mínima diligencia exigible al contratante.
• AP. Seguros. Responsabilidad civil. Desperfectos causados en vivienda por una empresa, contratada por la aseguradora, al efectuar trabajos para localizar el origen de un siniestro. Cuasicontrato.
• TJUE. Consumidores de gas y electricidad y la información que reciben de subida de precios.

• TS. Urbanismo. PGOU. Modificación puntual. Recalificación. Atribución de edificabilidad en un ámbito contraria a la previsión legal de no edificar más de tres alturas. Falta de emplazamiento de uno de los titulares de los terrenos controvertidos. Retroacción de actuaciones. Mahou-Vicente Calderón.
• TS. Protección de datos. Solicitud a la AEPD por PROMUSICAE de exención del deber de informar a usuarios de redes p2p sobre el tratamiento de sus datos. Consideración de la IP como dato de carácter personal.
• TS. CGPJ. Acuerdo de pleno aprobando el Modelo de Medición de Carga de Trabajo de Juzgados y Tribunales. Procedimiento. Trámite de audiencia. Interesados. Ministerio de Justicia. Nulidad.
• TS. Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Requerimiento a aseguradora para subsanar deficiencias. Inexistencia de la obligación de efectuar una auditoría externa que verifique que se cumple el requerimiento.
• TSJ. Documentos a aportar por las corporaciones locales para tener legitimación activa en el procedimiento contencioso administrativo.

• TS. Valor probatorio de las imágenes obtenidas con cámaras de seguridad en lugares públicos.
• TS. El Supremo retira la atenuante de reparación del daño a un joven que mató a golpes a su novia y la llevó al hospital.
• TS. La responsabilidad personal subsidiaria de la pena de multa debe sumarse a la pena privativa de libertad a los efectos del límite del art. 53 del Código Penal.
• TS. Los administradores de fincas, no son administradores de sociedades ye no pueden ser autores del delito de administración desleal del art. 295 del Código Penal.

Los consumidores a quienes se suministra gas y electricidad respondiendo a la obligación general de suministro deben ser informados en tiempo oportuno, antes de que entre en vigor cualquier subida de precios, de los motivos, las condiciones y el alcance de dicha subida.

Al no contemplar dicha información, la normativa alemana atacada en los litigios principales es contraria a las Directivas «electricidad» 2003/54 y «gas» 2003/55.

La Sala Primera rechaza la alegación de la entidad financiera de que las escrituras fueron leídas por los notarios y que los clientes fueron advertidos de la posibilidad de su lectura, ya que ello no suple el deber de explicación ante los usuarios

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha anulado, en su sentencia de 8 de septiembre de 2014, ocho cláusulas de Caja Segovia (hoy integrada en Bankia) porque la entidad incumplió el especial deber de transparencia que tenía respecto a estas cláusulas con los clientes con quienes firmó los contratos de préstamo hipotecario.

Un jurado de la AP de Granada condenó a 23 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y el agravante de parentesco pero el TSJ de Andalucía revocó parcialmente la sentencia y la rebajó a 20 años.

El Tribunal Supremo ha retirado la atenuante de reparación del daño a un joven que llevó al hospital a su novia después de matarla a golpes causándole 200 lesiones.

Señala que "las direcciones IP son datos personales", ya que contienen información de personas físicas.

El Tribunal Supremo ha rechazado la pretensión de la asociación Productores de Música de España (Promusicae) de recopilar sin consentimiento de los afectados los datos de los usuarios de redes P2P (peer to peer) -mediante las cuales se comparten archivos musicales- con el fin de ejercer la defensa de los derechos de propiedad intelectual de los productores y editores de fonogramas y videos musicales.

La Audiencia señala que las acciones ejercitadas han de entenderse "prescritas, por lo que proceden a revocar la sentencia de 19 de noviembre de 2013 del Juzgado de Primera Instancia n.º 90 de Madrid.

La controversia giraba en torno a eficacia del pagaré librado en garantía de la devolución de un préstamo sin fedatario por existir Audiencias que defendían su y otras que defendían su carácter abusivo y por tanto, nulo

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina en interés casacional que: “La condición general de los contratos de préstamo concertados con consumidores, sin intervención de fedatario público, en la que se prevea la firma por el prestatario (y en su caso por fiador) de un pagaré, en garantía de aquel, en el que el importe por el que se presentara la demanda de juicio cambiario es complementado por el prestamista con base a la liquidación realizada unilateralmente por él, es abusiva y, por tanto, nula, no pudiendo ser tenida por incorporada al contrato de préstamo y, por ende, conlleva la ineficacia de la declaración cambiaria”.

La Sala Primera señala que la obligación alimenticia que se presta a los hijos no está a expensas únicamente de los ingresos sino también de los medios o recursos de uno de los cónyuges o de "las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento"

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que la obligación del pago de la pensión de alimentos a los hijos menores no se extingue por el solo hecho de haber ingresado en prisión el progenitor que debe prestarla si al tiempo no acredita la falta de ingresos o recursos para poder hacerlos efectivos.