Jurisprudencia

El TC determina que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2009 referida a la notificación de embargos no permite menor diligencia a los órganos judiciales en la averiguación del domicilio.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha determinado que las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) llevadas a cabo en 2009 no pueden implicar una menor diligencia de los órganos judiciales en la localización del domicilio de los particulares a efectos de notificarles la celebración de la subasta de un bien de su propiedad. Es la primera vez que el Tribunal se pronuncia sobre esta nueva regulación legal, y lo ha hecho concediendo el amparo a una mujer que solicitó la nulidad de la subasta de una plaza de garaje. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Luis Ignacio Ortega.

El Tribunal Supremo, en su recién publicada sentencia de 3 de junio de 2014, ha reconocido que el maltrato psicológico a los padres es justa causa para desheredar a los hijos. La Sala de lo Civil confirma, en concreto, la desheredación de dos hijos que incurrieron en un maltrato psíquico y reiterado contra su padre "del todo incompatible con los deberes elementales de respeto y consideración que se derivan de la relación jurídica de filiación".

Una resolución respalda la cuestión prejudicial planteada por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón. La Ley de Enjuiciamiento Civil sólo permite a los bancos, pero no a los deudores, recurrir en apelación ante resoluciones contrarias a sus intereses

El Tribunal Europeo ha estimado una cuestión prejudicial planteada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón en relación con las posibilidades que una persona afectada por un proceso de ejecución hipotecaria tiene para oponerse a determinadas decisiones judiciales. La resolución del Tribunal Europeo estima que los ejecutados tienen, tal como señaló la Audiencia de Castellón, menos posibilidades que la entidad bancaria de oponerse a decisiones desfavorables.

La posibilidad de que los nacionales de la Unión elijan el Estado miembro en el que adquieren su título y el Estado miembro en el que ejercen su profesión es inherente al ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por los Tratados, según la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos acumulados C-58/13 y C-59/13

La Directiva sobre el establecimiento de los abogados¹ tiene por objeto facilitar el ejercicio permanente de la abogacía, por cuenta propia o ajena, en un Estado miembro distinto de aquel en el que se obtuvo el título profesional, aunque la profesión sólo puede ejercerse con el título profesional de origen. Prevé que la autoridad competente del Estado miembro en el que se establece el abogado efectuará su inscripción previa presentación de una certificación de inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro en el que obtuvo el título².

El Supremo ha revocado por unanimidad el auto de la Audiencia Nacional que archivaba las causas abiertas a 13 marineros interceptados en un buque en aguas internacionales, en aplicación de la reforma de la justicia Universal que introdujo la ley orgánica 1/2014, de 13 de marzo en la LO 6/1985 (LOPJ).

• TS. Resolución de arrendamientos por falta de pago de la renta o cantidades asimiladas. Acción de desahucio.
• TS. Condena a la editorial y a la autora de un libro por incluir fotografías sin consentimiento de los fotografiados.
• TS. Reparto equitativo entre los progenitores de las cargas derivadas del régimen de visitas cuando ambos cónyuges residen en localidades muy distantes.
• TS. Ordenación de la edificación. Falta de protección contra incendios. Inexistencia de daño material efectivo. Seguro decenal. Valoración de la prueba. Sentencia. Congruencia.
• TS. Responsabilidad civil. Negligencia médica. Daño desproporcionado. Inversión de la carga de la prueba. Sentencia. Error de hecho.
• TS. Divorcio. Modificación de medidas definitivas. Pensión de alimentos. Hijo mayor de edad con discapacidad psíquica superior al 65%. Posibilidad de percibir pensión contributiva por invalidez. Doctrina jurisprudencial.
• TS. Derechos reales. Medianería. Renuncia tácita.
• TS. Contratos. Prestación de servicios profesionales. Abogado. Reclamación de honorarios. Prescripción extintiva trienal. Dies a quo.
• TJUE. Contratos celebrados con consumidores. Ejecución hipotecaria. Confrontación de la legislación nacional con la Directiva 93/13/CEE. Inaplicación por inexistencia de cláusulas abusivas.

• TS. Consideración de los recargos de la seguridad social correspondientes a cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso como créditos contra la masa.
• TS. En los contrato de permuta que al tiempo de la declaración de concurso está pendiente de cumplimiento únicamente por el concursado, rige el art. 61.1 LC y no procede la resolución por incumplimiento contractual.
• TS. Cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores. Compraventa de vivienda. Cláusula penal por incumplimiento del comprador. Facultad del vendedor de retener la totalidad de los pagos a cuenta.
• TS. Concurso. Acción de reintegración. Rescisión de hipoteca. Garantías intragrupo. Naturaleza onerosa o gratuita. Carga de la prueba del perjuicio patrimonial.
• JM. Concurso. Procedimiento extrajudicial de la Ley 14/2013. Demora en la designación de mediador. Anticipación de efectos por el juez.
• TJUE. Mercado interior. Libre circulación de medicamentos. Protección de la salud humana. Concepto de medicamento. Exclusión de la categoría de productos a base de hierbas aromáticas y cannabinoides.
• TJUE. Propiedad industrial/propiedad intelectual. Dibujos o modelos comunitarios no registrados. Carácter singular. Impresión en los usuarios. Combinaciones de otros previamente conocidos.
• TJUE. Libre prestación de servicios. Comunicaciones electrónicas. Empresa radicada en un estado miembro distinto al lugar de prestación de los servicios. Potestad del Estado en el que se efectúa la prestación de comprobar el respeto a las condiciones de protección de los derechos de consumidores y usuarios.

• TS. La responsabilidad civil derivada del delito de administración desleal no cubre el impuesto no pagado pero sí las multas, sanciones, recargos e intereses de demora ocasionados por el impago.
• TS. Delitos contra la Administración Pública. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
• TS. Exigencia de la presencia del interesado, o de su representante, en la entrada y registro domiciliario ordenada por la autoridad judicial en un proceso penal.
• TS. Falsa denuncia formulada por policía en una supuesta infracción de tráfico. Falsificación de documento oficial por funcionario y tipo aplicable.
• TS. Delito continuado en el delito agravado de apropiación indebida por razón de la cuantía.
• TS. Comisión del delito de blanqueo de capitales por imprudencia.

• TSJ. El tribunal Superior de Justicia de Cataluña, considera que la falta de pago de la tasa judicial, no puede impedir el acceso a la tutela judicial efectiva.
• TS. El Supremo ordena demoler una biblioteca pública en las Palmas de Gran Canaria por ser una construcción ilegal.
• TS. Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, sobre células madre. Nulidad. Insuficiencia de rango. Trasposición de Directivas mediante norma reglamentaria.
• TS. Educación. Conciertos educativos con colegios que escolarizan alumnos exclusivamente del mismo sexo. No acceso de la educación diferenciada al sistema de conciertos.
• TS. Patrimonio Histórico-artístico. Expolio. Competencia exclusiva del Estado. Actuación autonómica en materia urbanística. PERI del conjunto histórico del barrio del Cabanyal.
• TS. Urbanismo. Aprobación definitiva de Plan de Sectorización. Necesidad de sometimiento a evaluación ambiental estratégica, independientemente de la sujeción del PGOU a declaración de impacto ambiental.
• TS. Subvenciones. Reintegro. Caducidad del procedimiento. Plazo. Aplicación de la Ley General de Subvenciones en lugar del procedimiento administrativo común.

En cambio, no pueden obligar a dichas sociedades a crear una sucursal o una filial en su territorio, tal y como señala el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia sobre el asunto C-475/12

UPC es una sociedad luxemburguesa que ofrece desde Luxemburgo, mediante contraprestación, paquetes de servicios de difusión de programas radiofónicos y audiovisuales sujetos a acceso condicional y que se captan vía satélite. Esos servicios se prestan a abonados residentes en otros Estados miembros, entre ellos Hungría.