Jurisprudencia

Los tres condenados tendrán que pagar una indemnización de 120.000 euros por daños morales

El Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de septiembre de 2015, ha confirmado la condena a tres colaboradores del programa de televisión Sálvame, Mila Ximénez, Belén Esteban y Kiko Matamoros, por insultar gravemente a Carmen Lomana en dos programas de televisión. Los tres condenados tendrán que pagar una indemnización de 120.000 euros por daños morales (60.000 euros Mila Ximénez, 30.000 euros Belén Esteban y 30.000 euros Kiko Matamoros).

La sentencia subraya que en este caso con el sistema de custodia compartida "se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia" y "se evita el sentimiento de pérdida”.

El Supremo, en sentencia de 9 de septiembre de 2015, ha destacado que la discrepancia de los padres sobre el sistema de custodia compartida no puede llevar a su exclusión. La Sala I estima el recurso de un padre y establece la custodia compartida del hombre y su ex mujer respecto de sus tres hijos (de 6, 9 y 11 años de edad actualmente).

• TS. El Supremo avala el derecho de una opositora adventista del Séptimo Día a no ser examinada en sábado
• TS. A efectos de indemnización por expropiación, los criterios valorativos del vigente TRLS08,  se desvinculan de la clasificación del suelo y atienden de forma exclusiva a la situación real de los terrenos
• TS. La facultad de la Administración de conceder licencias de caza no ha de ser considerada propiamente discrecional
• TS. Urbanismo. Modificación puntual del PGOU. Ámbito de actuación. Incremento de edificabilidad y obtención de suelo dotacional
• TS. Función pública. Principios de igualdad y capacidad. Carácter eliminatorio de la prueba de idioma en turno libre, pero no en promoción interna
• TS. Expropiación. Valoración. Clasificación del suelo. SNU. Capitalización de rentas. Sistemas generales

No obstante, algunos problemas técnicos, derivados en particular de vicios ocultos de fabricación que afecten a la seguridad de los vuelos, o de actos de sabotaje o terrorismo, pueden exonerar a los transportistas de su obligación de indemnización

En virtud del Derecho de la Unión,¹ en caso de cancelación de un vuelo el transportista aéreo está obligado a prestar asistencia a los pasajeros afectados y a pagarles una compensación (de entre 250 y 600 euros, en función de la distancia).Sin embargo, no está obligado a pagarla si puede demostrar que la cancelación se debió a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables.

• TS. Marcas. Nombre comercial. Riesgo de confusión
• TS. Patente farmacéutica. Acción de nulidad por carencia de novedad y de actividad inventiva
• TS. Contratos bancarios. Comisión. Cesión de créditos. Confirming
• TS. Transporte marítimo. Daños en la mercancía. Seguro. Acción de subrogación frente a la consignataria del buque. Ley aplicable. La protesta de avería del art. 952.2 CCom. Cambio de doctrina jurisprudencial
• TS. Concurso. Oposición a la rendición de cuentas de la administración concursal por la TGSS. Prelación en el pago de créditos contra la masa. Criterio del vencimiento. Evolución legislativa
• TS. Contratos de intermediación financiera. Pérdida derivada de la afectación del fraude Madoff a uno de los "hedge funds" en que se invirtió
• TJUE. Política monetaria. Sistema Europeo de Bancos Centrales. Compra de bonos en mercados secundarios

• TS. Propiedad horizontal y la adquisición de servicios no esenciales por a comunidad
• TS. Separación matrimonial de abuelos con nieta en acogimiento permanente. Medidas de protección. Interés superior de la menor
• TS. Incapacidades relativas para suceder: Cláusula testamentaria otorgada por el causante a favor del confesor
• TS. Renuncia de derechos en el ámbito arrendaticio. Denegación de prórroga por causa de necesidad
• AP. Nuestra LEC sólo permite a efectos de sucesión procesal en ejecución, aquellas transmisiones que se hicieron efectivas con anterioridad a la ejecución, no las posteriores
• TS. Carece de legitimación el antiguo arrendador para reclamar rentas devengadas una vez extinguido su derecho como arrendador, por haberse enajenado la finca

• TJUE. No aplicación de derecho nacional si las normas de prescripción de delitos son contrarias a las obligaciones que la UE impone a los Estados miembros
• SAP. Revocada la condena a operario, que provocó un incendio forestal al no tener obligación de adoptar medidas de seguridad
• TS. El delito de blanqueo imprudente es delito común y lo puede cometer cualquiera sin ser preciso que se trate de personas con deberes específicos de vigilancia
• TS. La prescripción en el delito de apropiación indebida
• TS. Delito de suministro de información reservada y sus elementos
• TS. Diferencias entre el delito de apropiación indebida y el delito societario de administración desleal
• TS. La falsificación de fotocopias de documentos originales y su tipicidad. Continuidad delictiva en el delito de falsedad de documentos

1. Competencia para conocer de la petición de internamiento en centros de educación especial y menores tutelados por la entidad pública (artículo 172 C.C.) ¿Juzgados de Tutela o de Familia?

Se acuerda por unanimidad que la competencia de estas peticiones de internamiento corresponde a los juzgados de familia.

2. Pago de la tasa de basuras en los supuestos de procedimientos matrimoniales. ¿Debe repercutirse sobre los cónyuges cotitulares del inmueble o sólo sobre el usuario?

Por existir discrepancias insalvables y con la finalidad de reflexionar más a fondo sobre la cuestión, no se somete a votación esta cuestión y se retira del orden del día por acuerdo de todos los presentes.

Los participantes en las XV Jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales, que se celebraron en Badajoz entre los días 10 y 12 de junio, han hecho público el siguiente documento con las conclusiones de los debates mantenidos en torno al funcionamiento y organización de estos órganos judiciales, la mediación penal, el protocolo de víctimas y la figura del Juez de Adscripción Territorial:

La sala contencioso administrativa del Tribunal Supremo, en sentencia de 6 de julio de 2015, avala el derecho de una opositora adventista del Séptimo Día a no ser examinada en sábado. El alto tribunal anula la resolución de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, de junio de 2011, que desestimó la petición de la recurrente, que es miembro de esa Iglesia cristiana, de ser examinada un día que no fuese sábado de la prueba de conocimiento de lengua gallega, dentro de la oposición a maestra de Educación Infantil. El sábado (concretamente el periodo entre la puesta de sol del viernes y la puesta de sol del sábado) en su iglesia está dedicado a la adoración a Dios.