Jurisprudencia

La Directiva sobre protección de datos personales¹ establece que los Estados miembros deben designar una o más autoridades públicas encargadas de vigilar la aplicación en su territorio de las disposiciones nacionales que adopten sobre la base de la Directiva. Toda autoridad es competente para ejercer en su territorio facultades de investigación y de intervención, sean cuales sean las disposiciones del Derecho nacional aplicables a ese tratamiento. Además, la citada autoridad podrá ser instada a ejercer sus facultades por una autoridad de otro Estado miembro.

• TS. Costas Procesales. Impugnación por excesivos de los honorarios del letrado
• TS. El consentimiento tácito de la comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal
• TS. Acción de división de cosa común e igualdad de lotes entre participes
• TS. El derecho de defensa no ampara las expresiones injuriosas por parte de los abogados en procedimientos judiciales
• TS. Condenados tres colaboradores de Sálvame a indemnizar a un personaje público por insultarla gravemente en el programa
• TS. El Tribunal Supremo establece que la discrepancia de los padres no excluye la custodia compartida de los hijos
• TJUE. Ejecución hipotecaria. Principio de igualdad de armas. Modificación del artículo 695.4 LEC por el Real Decreto-ley 11/2014 para adaptarlo a las resoluciones del TJUE. Protección de los consumidores   

• TS. Carácter anticompetitivo de los mecanismos compensatorios de honorarios aprobados por el Colegio de Notarios
• TS. Asociaciones de utilidad pública. Expedientes de revocación de la declaración de utilidad pública de asociaciones
• TS. Consecuencias de una información defectuosa sobre el recurso procedente, a la hora de computar los plazos de impugnación de un determinado acto o disposición
• TS. Prohibición al público de la grabación de las sesiones del Pleno Municipal
• TS. Expropiación Forzosa. Servidumbre permanente de acueducto en el subsuelo. Limitaciones en el uso y disfrute del terreno. Indemnización

Recuerda que la Ley Orgánica adjudica la competencia a la Sala segunda del Supremo para instruir causas seguidas contra el fiscal general y los fiscales de Sala del Tribunal Supremo

La Sala Segunda, por Auto de 30 de julio de 2015, ha inadmitido por falta de competencia una querella que presentó el comisario del Cuerpo Nacional de Policía Jose Manuel Villarejo Pérez contra los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa. El alto tribunal ha remitido esa querella a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid para su conocimiento y en su caso, admisión.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia le impuso una sanción por incumplir el plazo para la presentación de un plan de actuaciones tras la concentración Telecinco y Cuatro

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 21 de septiembre de 2015, ha anulado la sanción de 3.600.000 euros impuesta a Mediaset España Comunicación S.A. por incumplir el plazo para la presentación de un plan de actuaciones tras la concentración Telecinco y Cuatro.

• TS. Jurisdicción universal. Derecho a la tutela judicial efectiva. Convenios internacionales. Genocidio. Crímenes de guerra
• TS. Recurso de casación contra autos de sobreseimiento libre
• TS. Consentimiento para la toma de muestras biológicas encaminadas a la obtención de ADN
• TS. Absolución por entrega de droga a un familiar como mero acto de altruismo compasivo   

El Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid absuelve al resto de los demandados en un procedimiento con más de 260.000 afectados

El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, en sentencia de 15 de septiembre de 2015, ha declarado culpable el concurso de Fórum Filatélico S. A. y ha declarado afectados por la calificación de culpabilidad a Francisco Briones Nieto, Agustín Fernández Rodríguez, Miguel Ángel Hijón Santos, Francisco José López Gilarte, Juan Macía Mercadé y José Manuel Carlos Llorca Rodríguez a los que condena a pagar cada uno de ellos mancomunadamente a los acreedores concursales y de la masa el 16,6 por ciento de la totalidad de los créditos que no puedan obtener de la liquidación de la masa activa, una cantidad que asciende a más de 2.200 millones de euros. Además, ha declarado la inhabilitación de los anteriormente citados para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar a cualquier persona por un periodo de quince años y también declara la pérdida de cualquier derecho que éstos pudieran ostentar como acreedores concursales o de la masa.

La Sala Primera condena a un letrado al pago de 6.000 euros por vulneración del derecho al honor de su oponente

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por un abogado al estimar que las expresiones proferidas por su oponente en el seno de un procedimiento judicial suponen una vulneración de su derecho al honor.

En sentencia de 3 de septiembre de 2015 de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Carceller, el alto tribunal declara, en contra de lo fallado por los órganos judiciales de instancia y apelación, que las expresiones proferidas por el demandado con ocasión de su actuación como abogado en un procedimiento contencioso-administrativo, en unas diligencias previas por un presunto delito de desobediencia grave y en un acto de conciliación, implican una vulneración del derecho al honor del demandante.

La decisión ha sido adoptada por ocho votos a uno por el pleno de la Sala Civil

El pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos planteados por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), apoyados por el Ministerio Fiscal, y ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que concluyó que la acción de responsabilidad civil, por la que solicitaron en 2012 reclamaciones indemnizatorias, estaba prescrita. Al no discutirse que se trataba de un supuesto de responsabilidad por culpa extracontractual, el plazo de prescripción es un año.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Sebastián Sastre Papiol, afirma que para resolver la póliza del seguro obligatorio no basta con acreditar la culpa del tomador en caso de impago de la prima.

La Sala de lo Civil, en sentencia de 10 de septiembre de 2015, ha fijado como doctrina que “para que la compañía quede liberada de la obligación de indemnizar al perjudicado, en caso de impago de la primera prima o prima única, en una póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, es necesario que acredite haber enviado al tomador del seguro un correo certificado con acuse de recibo, o por cualquier otro medio admitido en derecho, por el que se notifique la resolución del contrato”.