Jurisprudencia

Los Estados miembros pueden prohibir y sancionar penalmente el ejercicio ilegal de la actividad de transporte en el marco del servicio uberPOP sin notificar previamente a la Comisión el proyecto de ley que tipifica como delito dicho ejercicio

La sociedad francesa Uber France presta, por medio de una aplicación para teléfono inteligente, un servicio denominado uberPOP, con el cual pone en conexión a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar desplazamientos urbanos. En el marco del servicio prestado por medio de esa aplicación, la sociedad fija las tarifas, recauda del cliente el precio de cada carrera (antes de abonar una parte al conductor no profesional del vehículo) y emite las facturas.

La sociedad española La Honorable Hermandad (a la que sucedió La Mafia Franchises) solicitó en 2006 a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de la siguiente marca de la Unión, concretamente para servicios de restauración:

La Sala Primera resuelve que sí hubo intromisión ilegítima por parte del director de una publicación digital

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que declara que el director de prnoticias.com, y E-Contenidos S.L., como editora de dicha publicación digital, cometieron una intromisión ilegítima en el derecho al honor de I.L., director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España, por varios artículos y comentarios periodísticos del director publicados entre enero y marzo de 2014. El TS condena a los demandados a pagar solidariamente una indemnización de 10.000 euros, y a difundir el fallo en la página web de la publicación y en una cuenta de twitter del periodista.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de marzo de 2018, ha estimado el recurso de casación interpuesto por una ciudadana china frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que, confirmando la sentencia de primera instancia, había declarado la nulidad de su matrimonio.

En ambas instancias se había acordó la nulidad por falta de consentimiento matrimonial, por haber sido prestado por contrayente con discapacidad intelectual.

Ambas sentencias sostuvieron que el esposo de la recurrente, hoy difunto, no había prestado verdadero consentimiento matrimonial, al haber sido declarado incapaz.

• El Fenómeno Okupa y la usurpación pacífica de inmuebles
• Fuerza de cosa juzgada de una sentencia penal firme en relación con el procedimiento administrativo
• El TS permite imponer como pena la prohibición de acceder al metro por un tiempo a condenados por hurto en sus instalaciones
• Normativa nacional que establece una sanción y una sanción penal para los mismos hechos

• Falta de competencia territorial de la Agencia española de protección de Datos al no ser una empresa establecida en España
• Movimientos por territorio nacional de dinero por importe igual o superior al permitido sin declaración oportuna
• La protección de datos y la infracción del deber de información en formularios por internet de recogida de datos
• Indemnización por daños morales a un paciente tras diagnosticarle por error VIH y hepatitis
• Regulación de las viviendas de uso turístico en Castilla y León. Anulación de la prohibición de cesión por habitaciones

• Legitimación de la heredera para reclamar por las participaciones preferentes suscritas por el causante
• El Supremo establece que el pago del impuesto por la constitución de las hipotecas incumbe al prestatario
• Exclusión de los intereses de demora en los contratos de seguro por la existencia de causa justificada
• Compatibilidad entre la auditoría y la asesoría fiscal: el riesgo de autorrevisión. Dietas por asistencia a reuniones del consejo de administración

• Prohibición de compensación de la pensión de alimentos con la pensión compensatoria
• No es legitimaria de su marido por cuanto se encontraba en situación de separación tras la orden de alejamiento condenado
• Atribución del uso de la vivienda familiar en caso de divorcio con custodia compartida
• Momento en el que ha de concretarse la existencia de desequilibrio económico en una pensión compensatoria
• Pensión de alimentos a favor de hijos mayores de edad

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha declarado este viernes procesados por un delito de rebelión a 13 investigados en la causa en la que investiga el proceso de secesión de Cataluña: el expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, siete exconsellers del Govern catalán -Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolors Bassa-, la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell, el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez; el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El Pleno de la Sala Primera notifica la sentencia cuyo fallo adelantó el pasado 28 de febrero en la que resuelve dos recursos sobre el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, ha estudiado el 21 de marzo dos recursos (Recursos de casación 1211/2017 y 1518/2017) relativos a reclamaciones de consumidores contra cláusulas de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria que les atribuían todos los gastos e impuestos generados por la operación.

En concreto, el alto tribunal discutía únicamente lo relativo al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Los magistrados estiman en parte los recursos y establecen que: a) por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario, de acuerdo a la jurisprudencia constante de la Sala III del propio Supremo; y b) por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.