Artículos de Interés

En el presente estudio se expone el régimen jurídico actual del «derecho al dividendo» en las sociedades de capital no cotizadas.
El artículo 348 bis del TRLSC, de vida azarosa y seriamente contestado desde su origen, supone un auténtico cambio de paradigma en la formulación dogmática del «derecho al dividendo» en las sociedades de capital respecto a cómo estaba concebido con anterioridad. Ahora, vigente este precepto, ampliamente reformado, y si se dan los requisitos establecidos en el mismo, el derecho abstracto del socio o accionista a «participar en el reparto de las ganancias sociales», reconocido en el artículo 93 del TRLSC, se transforma en un derecho directamente exigible y cuantificable, anualmente, ante la junta de socios o accionistas, so pena de ejercitarse, como represalia, un derecho tan gravoso como el de separación.

Palabras claves: abuso de derecho; artículo 348 bis LSC; derecho al dividendo; derecho de separación.

Han proliferado en los últimos tiempos resoluciones de nuestros juzgados y tribunales que conceden medidas cautelares por las que se suspenden los efectos de obligaciones contractuales. Estas medidas frecuentemente han sido resueltas en procedimientos judiciales, en los cuales una parte contractual promueve la ineficacia total o parcial de un contrato cuyas prestaciones le resultan singularmente gravosas, hasta el punto de comprometer su solvencia. Por ejemplo, la pandemia del coronavirus o la crisis financiera iniciada en 2008 han dado lugar recientemente al ejercicio de este tipo de acciones que tratan de modificar un contrato.
Habitualmente, esas resoluciones concluyen que concurre peligro en la demora debido a un riesgo de insolvencia del demandante. Es decir, se suspende una obligación de pago cuestionada en la demanda principal sobre la base de que, en caso de tener que satisfacer esa obligación, el actor se vería abocado a una situación de insolvencia. En tales casos se plantea la duda sobre la admisibilidad o no en nuestro ordenamiento de una medida cautelar que no solo adelanta los efectos de una posible sentencia estimatoria, sino que también comporta una alteración del estado de cosas previo al conflicto. También existe controversia sobre si el riesgo de que el demandante devenga en una situación concursal puede ser considerada a la hora de adoptar la medida. Para dar respuesta a esta problemática será necesario analizar y sistematizar la difícil regulación legal de las medidas cautelares en el ordenamiento procesal español, que presenta algunas cuestiones oscuras.
Pese a la notable importancia práctica de la cuestión, resulta llamativa la escasa atención que la doctrina ha dedicado a la posible alteración o suspensión de los contratos en sede cautelar. El presente trabajo se propone llenar ese vacío y aclarar si nuestro ordenamiento permite o no la modificación provisional de la relación contractual en tanto no se dicte sentencia sobre el fondo.

Palabras claves: medidas cautelares; medidas anticipatorias; medidas satisfactivas; riesgo de insolvencia.

La escasez de referencias en la legislación societaria que regulen sustantivamente los grupos de sociedades ha provocado que, hasta la fecha, la legitimidad de las operaciones vinculadas intragrupo se resolviese según el régimen jurídico del deber de lealtad del administrador, contemplado en los artículos 228 y siguientes de la LSC. Al respecto, se ponía el interrogante en la aplicación, para la aprobación de este tipo de operaciones, del deber de abstención del administrador al consejero de la filial, nombrado por la matriz, por el deterioro a la operatividad del grupo que ello conllevaba. El presente trabajo tiene por objeto analizar la posición del administrador en las operaciones vinculadas intragrupo, entre sociedades no cotizadas, a la luz del régimen de los artículos 228 y siguientes de la LSC, y evaluar el cambio jurídico que comporta la aprobación de la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de sociedades de capital, que ha introducido, a través de un novedoso artículo 231 bis, un régimen especial de aprobación de operaciones vinculadas intragrupo.

Palabras claves: grupo de sociedades; operaciones vinculadas; administrador dominical; interés del grupo; conflicto de intereses.

En el presente artículo se analiza la relevancia que las redes eléctricas inteligentes tendrán en la transición energética hacia un modelo renovable, flexible y eficiente. Nos hallamos ante un cambio de paradigma en el sector eléctrico marcado por el cambio climático y la revolución tecnológica. Este novedoso contexto exige que las redes eléctricas experimenten un proceso de modernización, gracias al cual puedan integrar adecuadamente los recursos energéticos distribuidos, como son, por ejemplo, las instalaciones de almacenamiento y los vehículos eléctricos. Una tarea que implicará, aunque en algunos supuestos sea con carácter transitorio, la asunción de nuevas funciones por parte de los gestores de las redes de distribución. Se trata, en suma, de una radical transformación del sector eléctrico y su regulación, que encuentra en las redes eléctricas inteligentes el eje vertebrador de la transición energética. Una transición que se presenta evidente en lo referido a la perspectiva medioambiental y extremadamente compleja en su vertiente industrial.

Palabras claves: redes eléctricas inteligentes; transición energética; energías renovables; regulación; cambio climático; Unión de la Energía.

En este artículo se analizan las medidas que con carácter temporal se han adoptado desde la perspectiva del derecho concursal para mitigar las consecuencias que la pandemia sanitaria generada por la covid-19 ha traído consigo en el ámbito empresarial. Estas medidas integran un verdadero derecho concursal de emergencia, y dentro de ellas puede diferenciarse entre unas medidas normativas aprobadas por el Gobierno de España y otras que tienen su origen en actuaciones judiciales concretas.

Palabras claves: pandemia; concursal; emergencia.

Durante el año 2020 y el vigente 2021, las restricciones de movilidad a causa de la pandemia de la covid-19 han provocado paralizaciones en la circulación de personas a escala mundial. Sin embargo, las reuniones de los socios no podían detener su actividad y, por tanto, las sociedades se han reinventado celebrando la junta virtualmente. El legislador, consciente de la nueva realidad societaria, ha promulgado la Ley 5/2021, modificando e incluyendo preceptos sobre la junta virtual para dar coherencia al sistema regulatorio. En este trabajo estudiaremos los problemas de identificación que han surgido en las juntas generales a lo largo del 2020, determinaremos con claridad los aspectos relevantes del régimen jurídico aplicable, analizaremos el régimen vigente y realizaremos una propuesta de futuro, tanto legislativa como tecnológica, para una mejor identificación del socio o su representante en las juntas virtuales.

Palabras claves: sociedades; junta virtual; identificación del socio; junta híbrida; junta íntegramente virtual; medios telemáticos.

En el presente trabajo se analiza el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que tipifica como infracción grave la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito. Se estudia el origen de esta infracción, el bien jurídico que se protege con su tipificación, los requisitos que deben concurrir para apreciar la conducta típica y la posible ausencia de su tipicidad o antijuridicidad material cuando la orden desobedecida es ilegal. Asimismo, y para finalizar, se ponen de manifiesto algunos problemas que ha conllevado la aplicación de este tipo infractor durante el estado de alarma decretado por la situación de emergencia sanitaria derivada de la covid-19.

Palabras claves: desobediencia; autoridad; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; seguridad ciudadana; estado de alarma.

Este trabajo analiza varias cuestiones polémicas relativas a la validez y eficacia de los pactos parasociales: (a) en qué medida pueden las partes renunciar en ellos a sus derechos societarios, (b) si estos convenios pueden contener instrucciones a los administradores sociales, (c) si la sociedad debe o puede implicarse en asegurar la efectividad de lo pactado, y (d) si, cuando los pactos son omnilaterales, pueden ejecutarse mediante remedios societarios. Estos temas se suelen afrontar indicando que el pacto parasocial no es oponible a la sociedad (art. 29 LSC), lo que significaría que solo obliga inter partes y carece de eficacia societaria. Tal planteamiento olvida que el pacto tiene efectos de facto sobre la realidad en la que se inserta, que es la societaria. Sobre esta base ofrecemos soluciones en las que la legislación de sociedades recobra un papel relevante, junto con los principios generales del derecho contractual y patrimonial.

Palabras claves: pactos parasociales; validez; eficacia; derecho de sociedades.

La figura del tercero procesal en lo contencioso-administrativo, a pesar de los pasos dados en pos del fortalecimiento de su estatus, sigue planteando problemas de gran enjundia e interés. Problemas que nos recuerdan no solamente la complejidad ínsita en esta categoría, esquiva a su categorización y que no en vano ha hecho cavilar de antaño a la doctrina procesalista, sino también la idiosincrasia de su presencia en la rama de lo contencioso-administrativo, donde el tercero, lejos de ser un elemento colateral y raro, se torna en algo frecuente y tantas veces albergador de claves fundamentales en la explicación de la contienda que se libra. ¿Refleja la LJCA vigente esta riqueza? ¿Es capaz de dar respuesta a las distintas manifestaciones o expresiones que subyacen bajo el codemandado? Me temo que no del todo, y eso es precisamente lo que se intenta justificar en este trabajo.

Palabras claves: intervención procesal; tutela judicial efectiva de terceros; codemandado; proceso contencioso-administrativo; costas procesales.

En el artículo se realiza un estudio sobre la aplicación de las normativas europeas, así como su posible revisión, con la finalidad de facilitar la misma y su comprensión por parte de la ciudadanía, dado que van a ser los principales afectados o beneficiados.
Para ello, se ha tenido en cuenta una comunicación de la Comisión, de los últimos meses, lo que ha permitido ver los mecanismos establecidos en la Unión Europea para la mejora de sus políticas y regulaciones.
Asimismo, hemos estudiado el principio de transparencia y obtención de información, como elementos esenciales de cualquier sociedad democrática. Estos aparecen reconocidos en los tratados constitutivos de la Unión Europea, debiendo ser todos sus actos, legislativos o no legislativos, próximos y abiertos a los ciudadanos, favoreciendo la aproximación de las instituciones a estos.
Finalmente, se han detallado unas conclusiones con base en todo lo analizado.

Palabras claves: mejora de la regulación; participación ciudadana; transparencia.