Artículos de Interés

La Comisión Europea, como guardiana de los tratados, ha abierto a España un procedimiento de infracción por la regulación restrictiva de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivada de la infracción del Derecho de la Unión Europea, contenida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Existen serias dudas sobre su adecuación al Derecho comunitario, tales como la intromisión de la legislación interna en la competencia del Tribunal de la Unión Europea para concretar los efectos temporales de sus sentencias o la vulneración de los principios europeos de efectividad y equivalencia; cuestiones que se desarrollan y analizan en el presente estudio.

Palabras claves: efectos temporales de las sentencias del TJUE; principios de efectividad y de equivalencia; régimen jurídico del sector público; responsabilidad patrimonial por actos legislativos contrarios al Derecho de la UE; violación suficientemente caracterizada.

El presente trabajo tiene por objeto analizar la jurisprudencia del TC más reciente sobre los límites a las leyes singulares, cuya profusa utilización en Castilla y León durante la pasada década persiguió eludir el control jurisdiccional de la actuación administrativa con una pretendida inmunidad de la ley. Además de reforzar los límites establecidos a las leyes singulares en la doctrina Rumasa, el TC ha sistematizado sus distintas manifestaciones en dos tipos: leyes autoaplicativas y no autoaplicativas, operando en las primeras un canon de constitucionalidad del artículo 24.1 de la CE más estricto. Para ello, el TC ha invocado la doctrina del TJUE, que ha sancionado la utilización de la ley para soslayar el control judicial del Derecho de la UE. Dado que la cuestión de inconstitucionalidad ya no garantiza la tutela de los interesados, este canon más estricto del artículo 24.1 de la CE en las leyes singulares autoaplicativas no solo se explica en que su carácter consuntivo veda el acceso a la jurisdicción, sino en que el TC es partícipe de la tesis ordinamental para distinguir entre norma y acto administrativo, por lo que, solo en abstracto, no les atribuye normatividad. Junto a ello, se aborda la constitucionalidad de las reservas de ley singular establecidas en leyes ordinarias y se analiza si, en virtud de esta reciente jurisprudencia, cabría derivar de los artículos 24.1 y 97 de la CE una reserva de Administración.

Palabras claves: límites constitucionales a las leyes singulares; leyes autoaplicativas y no autoaplicativas; tutela judicial efectiva; instrumentos de ordenación del territorio; doctrina Boxus y Solway; reserva de Administración.

El propósito de este trabajo es analizar, desde el punto de vista legal, los cambios que pueden producirse en materia de responsabilidad civil con la llegada al mercado del automóvil de la tecnología de asistencia a la conducción que, en su desarrollo máximo, permita la circulación real de vehículos inteligentes sin conductor humano. Las implicaciones de este cambio son profundas y se suscitan cuestiones complejas de carácter ético, económico y jurídico.
Tras un breve repaso por su historia a lo largo de los siglos XIX y XX, el trabajo analiza, en primer lugar, el régimen de responsabilidad civil referido a los vehículos a motor con la tecnología actual en España. Con ello se pretende situar al lector en el punto de partida legal necesario para poder entender los posibles cambios futuros.
Posteriormente, se analiza si ese régimen podría seguir funcionando en el caso de los vehículos que incluyan automatismos, ya sean meros sistemas de asistencia a la conducción o, en una escala de sofisticación, auténticos y genuinos vehículos inteligentes en los que el antiguo conductor pase a ser un mero pasajero o tripulante de un vehículo que conduce solo. Para ello se hace hincapié en el hecho de que la «realidad» del coche autónomo en el mercado dependerá en gran medida de la respuesta que le den los reguladores y, en general, el Derecho.
La respuesta del legislador tendrá desde luego muy en cuenta las ventajas e inconvenientes de la implantación de estos vehículos, y la misma tendrá sin duda una importante influencia económica en la industria. Se ha creído conveniente destacar el régimen de responsabilidad del fabricante, prácticamente homogéneo en la Unión Europea, por la especial relevancia que puede cobrar si se traslada la responsabilidad del conductor al fabricante del vehículo en lo venidero.
Se examinan también algunas respuestas que se están dando en otros países y jurisdicciones, sin ignorar, en ningún momento, la importancia mayor o menor que el sector asegurador puede o debería tener en su respuesta ante esta inminente nueva tecnología del mundo automovilístico.

Palabras claves: coche autónomo; responsabilidad civil; cambios.

La globalización y la profesionalización son factores que contribuyen a que menores de edad con escasos recursos económicos aspiren a encontrar en el fútbol un medio de vida para sí mismos y su familia. Sin embargo, en esta internacionalización del mercado futbolístico no puede escaparse la idea de que pueden producirse abusos a la hora de las relaciones contractuales y precontractuales con los menores de edad. No obstante, también debe tenerse en consideración que la labor de las canteras de los clubes no siempre va a entrañar abusos y, en ocasiones, ayudará a la integración del menor. Esto es lo que ocurre con las canteras de los clubes más importantes de España a los que, por el contrario, la FIFA ha sancionado con base en unas normas internas federativas. Estas normas, prima facie, buscan proteger al menor, pero un estudio más profundo demuestra sus carencias y los perjuicios que en realidad pueden entrañar. Por ello, la finalidad del presente estudio radica en apuntalar las bases que ayuden a encontrar y garantizar la adecuada protección del menor junto con el equilibrio de los intereses de los clubes que desarrollen actividades de formación y reclutamiento que realmente redunden en beneficio de los menores.

Palabras claves: menores; fútbol; Reglamento FIFA sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores; principio favor minoris; relaciones precontractuales; relaciones contractuales.

Analizamos en el presente trabajo los denominados seguros de «ciberriesgos»: su encuadre dentro de la Ley de Contrato de Seguro (50/1980 LCS), concepto, garantías más habituales, legislación aplicable, así como la posibilidad de las aseguradoras para operar en este tipo de seguros de conformidad con lo expuesto en la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (20/2015 LOSSEAR).

Palabras claves: seguros de ciberriesgos; contrato de seguro; garantías.

El presente trabajo trata de analizar, desde un punto de vista crítico, la Sentencia 97/2017 del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Marbella, que absuelve al demandado de una posible intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante. Dicha absolución se basa en que frases como «hijo de puta» se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión cuando se dirige a un político.

Palabras claves: derecho al honor; libertad de expresión; límites; políticos.

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo ha introducido importantes novedades en el régimen de remuneración de los administradores. Tras la preocupación por las excesivas y desproporcio­nadas retribuciones, el legislador ha pretendido adecuar el régimen legal a la práctica societaria introduciendo flexibilidad en un marco jurídico extremadamente rígido sin sacrificar el control por los socios. Así, se ha abandonado el tradicional tratamiento unitario de la remuneración para admitir la dualidad de retribuciones del consejero delegado, diferenciando al mismo tiempo entre sociedades no cotizadas y cotizadas. Este trabajo tiene por objeto analizar el régimen jurídico a que quedan sometidos los emolumentos de los consejeros delegados y determinar con claridad el régimen de control de estos por los socios en las sociedades no cotizadas.

Palabras claves:remuneración; consejeros delegados; sociedades no cotizadas; flexibilidad; control.

En los últimos años ha surgido en el derecho de la Unión Europea un derecho administrativo sancionador común que ha de aplicarse por los Estados miembros y no por las instituciones de la Unión. Esta novedad surge de la necesidad de incrementar las sanciones por infringir las normas sustantivas como medio para asegurar la homogeneidad de los regímenes aplicables y evitar el arbitraje normativo. A su vez, se complementa con una serie de principios asentados en la jurisprudencia del TEDH y del TJUE y que busca, por el contrario, garantizar los derechos fundamentales de los expedientados. Ambas corrientes someten al Derecho de la Unión a una tensión a la hora de optar por una mayor protección de las garantías procedimentales o por la eficacia de aquel, que impregna todas las soluciones jurídicas adoptadas, en ocasiones un tanto contradictorias. En estas líneas, además de dar cuenta de este proceso, queremos detenernos en uno de los principios más representativos de esta tensión, como es la prohibición del bis in idem. En él se reúnen las dos líneas expuestas, que van a determinar un acercamiento cauteloso por parte de la legislación de la Unión, y un conflicto entre la jurisprudencia del TEDH y la del TJUE, más cercano a las disposiciones de derecho nacional que refuercen el reproche a las conductas infractoras. Dicha disparidad, junto con lo diverso de las tradiciones constitucionales, ha marcado la aproximación de los Estados miembros, que también se expondrá, y que no ha logrado una respuesta homogénea a la cuestión.

Palabras claves: ne bis in idem; sanciones administrativas; mercado de valores; derecho de la Unión Europea; Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Durante los últimos años, el TC ha declarado la inconstitucionalidad de sucesivas reglas de la normativa catalana orientadas a restringir la instalación de establecimientos comerciales fuera del núcleo urbano compacto. La STC 157/2016 (NCJ061681) es la más reciente de las resoluciones del TC al respecto. Esta sentencia, si bien no provee una solución definitiva que permita dar por zanjada la conflictividad entre Estado y Generalitat sobre la materia, explicita la opinión del TC al respecto del margen de decisión del que disponen las comunidades autónomas para restringir el acceso a la actividad de operadores económicos y anuncia el criterio de decisión del TC ante eventuales nuevos recursos.

Palabras claves: licencias comerciales, urbanismo comercial y grandes superficies comerciales.

La rápida evolución de los medios electrónicos y tecnológicos al alcance de nuestra sociedad informática ha enfrentado a los poderes públicos a los retos derivados de la necesidad de dispensar una protección cualificada a la información personal más cercana al ciudadano. Y así, el derecho a la autodeterminación informativa ha planteado recientemente un debate encarnizado entre dos posiciones dispares, la europea y la norteamericana, acerca de la oportunidad y el posible alcance del ejercicio de un supuesto derecho a ser dejado en paz, entendido como el derecho a exigir que se proceda a la retirada o al borrado de información personal que, si bien veraz, supone o representa para el interesado un perjuicio o una lesión que entiende no tiene el deber jurídico de soportar. A tal efecto el interés de la jurisprudencia europea y española más reciente radica no solo en el reconocimiento de este derecho sino, en particular, de ciertos límites a su implementación y ejercicio que abocan a la Agencia Española de Protección de Datos a una ponderación casuística de los derechos y de los intereses en juego en cada supuesto.

Palabras claves: derecho a la protección de datos, derecho al olvido y Agencia Española de Protección de Datos.