Casos Prácticos

El presente caso trae a colación un supuesto de vulneración de la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho al recurso, a partir de la relación existente entre este derecho fundamental y el beneficio de justicia gratuita, pero en el supuesto de insuficiencia de recursos económicos para litigar para la apelación por causa sobrevenida. El alcance del requisito de la insuficiencia económica sobrevenida debe ser entendido en el sentido de poder acreditar que hayan sucedido nuevas circunstancias que originen la insuficiencia; pero también han de valorarse los casos de personas que no precisaron la justicia gratuita en la primera instancia y ahora la necesiten para la segunda por otra causa que no sea la disminución sobrevenida de medios económicos. El precepto legal no recoge un número limitado de causas por las que se pueda precisar el beneficio solo para la segunda instancia, pues el interesado puede aducir otros motivos distintos con tal de que los mismos causen la carencia de recursos para litigar; debemos estar a cada caso y a las vicisitudes del mismo.

Palabras claves: gratuidad de la justicia; tutela judicial efectiva; derecho fundamental al recurso; insuficiencia de recursos.

El caso que se propone trata de exponer la problemática propia de los accidentes de tráfico acaecidos en las autopistas de peaje, cuando los mismos tienen su origen en circunstancias referidas a defectos de mantenimiento de la seguridad en la propia autopista. El pago del peaje hace nacer un especial vínculo jurídico contractual entre quien lo paga, y se ve afectado por el accidente, y la propia concesionaria que recibe el pago. Son muchos los supuestos de hecho que pueden concurrir, pero en todos ellos subyace la responsabilidad objetiva como cobertura jurídica que permite imputar la responsabilidad a la concesionaria y su aseguradora a la hora de indemnizar al lesionado. Las características de este tipo de vía obligan a la concesionaria al mantenimiento de una diligencia extrema en el mantenimiento de las condiciones de seguridad.

Palabras claves: accidentes de tráfico; autopistas; responsabilidad contractual; responsabilidad objetiva.

La jurisprudencia más moderna también fundamenta la responsabilidad extracontractual del artículo 1.902 del CC en la culpa. No es solo la falta de diligencia por acción u omisión, sino la prueba del acto generador del daño imputable a alguien, la prueba del hecho y de la culpabilidad. Y en cuanto a la imputación objetiva a efectos de la determinación de la responsabilidad civil, el nexo causal entre el hecho probado y el daño es determinante. Lo impugnable no es la elección por el tribunal de una alternativa u otra en la producción del daño, sino la operación de deducción lógica realizada por el tribunal inferior. Si bien la redacción actual del artículo 219 de la LEC nos conduce a la evitación de otro proceso para el cálculo indemnizatorio en sentencias ilíquidas, la tutela judicial efectiva, en su versión de prohibición de la indefensión, puede llevarnos a una interpretación más flexible del precepto.

Palabras claves: incendio; responsabilidad extracontractual; prueba; imputación objetiva; indemnizaciones.

La cláusula suelo no es en sí misma nula. Esto es, no se considera abusiva y, por tanto, nula como consecuencia de un control de contenido. Sería nula si se hubiera introducido sin cumplir con las exigencias de transparencia previstas en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, en la medida en que la falta de transparencia con carácter abstracto pueda incidir en la prestación del consentimiento del consumidor. La cláusula suelo que se incluya en el contrato de préstamo hipotecario debe superar los controles de incorporación y de transparencia, en otro caso será declarada nula por abusividad. Por tanto, es necesaria una información precontractual suficiente que incida en la transparencia de la cláusula inserta en el contrato que el consumidor ha decidido suscribir.

Palabras claves: préstamo hipotecario; cláusula suelo.

El caso que se propone aborda la importancia de la calificación jurídica como consumidor o como profesional de los prestatarios de un préstamo hipotecario, en los procesos judiciales en los que la demandante (prestatarios) promueve la declaración de nulidad de la cláusula suelo, pues cabe la posibilidad de que dicha nulidad solo sea declarada respecto de uno de los prestatarios, pero no respecto del otro, en función de la diferente calificación jurídica antes citada. Si el préstamo hipotecario tenía como finalidad la refinanciación de una deuda empresarial, no podrán los prestatarios pretender la aplicación de las normas protectoras de los consumidores a su favor, en el ejercicio de su acción encaminada a la declaración de nulidad. Ahora bien, dos personas que se hallan casadas y cuyo régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes, pueden estar obligadas de distinta forma y alcance como prestatarias de un mismo préstamo hipotecario, pudiendo acordarse la devolución de cantidades indebidamente abonadas solo respecto de un cónyuge y no del otro.

Palabras claves: cláusula suelo; nulidad; prestatario consumidor; prestatario profesional.

Se plantea un expediente sancionador instruido contra personal laboral de la Comunidad de Madrid por presunta infracción grave recogida en el convenio laboral que rige las relaciones de dicha Administración con este tipo de personas. Durante la instrucción del mismo, se produce la omisión de trámites esenciales que conducen a la vulneración, entre otros, de derechos fundamentales recogidos en el artículo 24 de la Constitución. Finalizado el mismo con resolución sancionadora, impuesta en su grado máximo, la trabajadora presenta demanda ante el juzgado de lo social, que deberá estimar la misma y proceder a la declaración de nulidad de la sanción impuesta.

Palabras claves: personal laboral; expediente sancionador; omisión de trámites esenciales; aplicación del Derecho laboral.

Este supuesto gira en torno a la distinta problemática jurídica que se plantea respecto al ajuste a derecho de la creación de un organismo autónomo –contra cuya decisión y estatutos una asociación presentó recurso por diversas razones– y su posterior transformación en sociedad mercantil debido a la insuficiencia para la gestión encomendada con la primitiva forma. Paralelamente, se examina la estimación o no de una acción de responsabilidad patrimonial contra el mismo, por los efectos secundarios producidos por el tratamiento a un interno y el ajuste a derecho de una expropiación forzosa decretada por el mismo. Finalmente, se examina la legalidad de las cláusulas establecidas en un convenio interadministrativo realizado por el mismo con una comunidad autónoma y unos laboratorios farmacéuticos.

Palabras claves: creación de organismo autónomo; transformación en sociedad mercantil; expropiación forzosa; responsabilidad patrimonial; convenio interadministrativo.

El presente caso nos trae el análisis de la responsabilidad civil de los asesores fiscales a la hora de confeccionar la declaración de la renta de un cliente, tras haber cometido un error y una vez que la AEAT detecta el mismo e impone una sanción. Es muy frecuente, como sucede en el caso que se propone, que el asesor fiscal trate de exonerarse de responsabilidad alegando que su cliente no le ha proporcionado este o aquel dato o documento que era decisivo. El caso analiza a quién corresponde la responsabilidad en materia de obtención de los datos precisos para elaborar la declaración tributaria, si al cliente o al asesor fiscal, para llegar a la conclusión de que es a este último a quien, como profesional experto, corresponde esta tarea como parte de sus obligaciones.

Palabras claves: asesor fiscal; responsabilidad civil; declaración tributaria; error.

El caso que se propone trata de abordar la problemática, bastante habitual en nuestros días, nacida de aquellos concursos de persona física en los que, tras haberse liquidado el patrimonio del deudor y haberse promovido y abierto el incidente del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, se produce la oposición a su concesión por parte de la Agencia Tributaria al tener dicho deudor una deuda con naturaleza de crédito público. Estos créditos tienen importantes privilegios en la Ley Concursal pues, en principio, no deberían verse afectados por el propio mecanismo de la exoneración y, en cualquier caso, no tendrían que estar integrados en el propio plan de pagos a cinco años que la propia ley prevé, precisamente por su naturaleza pública. Ahora bien, la jurisprudencia está cambiando estos planteamientos tras la adecuada interpretación de la norma, en el sentido contrario. Este es el objeto del caso, explicar el importante cambio jurisprudencial que se está ya consolidando.

Palabras claves: concurso de persona natural; beneficio de exoneración del pasivo; créditos tributarios; plan de pagos.

Las cuestiones planteadas en este supuesto derivan de los puntos del orden del día que debe fijar un alcalde para la sesión ordinaria a celebrar. Se plantea, en primer lugar, la obligatoriedad o no de incluir la aprobación de una ordenanza de subvenciones, propuesta por un portavoz de un grupo político y, dada la urgencia, de momento, se proceda ya a la concesión directa a una empresa. En segundo lugar, la proposición urgente de otro portavoz para que se resuelva un contrato de obras por grave incumplimiento del contratista. Y, finalmente, la concesión de uso de un bien de dominio público, realizada de forma directa, para la explotación de un quiosco en una plaza de la localidad a una persona con discapacidad y graves problemas económicos, sin pagar tasa alguna.

Palabras claves: Administración local; pleno de ayuntamiento; orden del día; subvenciones; concesión directa; dominio público; contrato de obras.