Casos Prácticos

El supuesto planteado aborda una problemática relativamente frecuente, y que tiene por objeto el comportamiento de una parte de los compradores de vivienda en plano que ven frustradas sus expectativas de lograr una vivienda, como consecuencia de que la promotora se halla en situación concursal o desaparecida de hecho; este tipo de comprador sabe que la recuperación de los importes que dio a cuenta del precio son sencillos de recuperar cumpliendo determinados requisitos, y debido a la legislación protectora prevista en la Ley 57/1968. Estas cantidades suelen estar protegidas con pólizas de afianzamiento colectivo y con avales individuales que normalmente dan cobertura solo a parte de lo adelantado. Ahora bien, con alguna frecuencia se producen comportamientos de compradores que llegan a acuerdos extrajudiciales con la aseguradora por una cantidad inferior al total entregado y, una vez cobrada, pretenden iniciar acciones judiciales para obtener lo no alcanzado por el acuerdo con cobertura en la irrenunciabilidad de los derechos de los cooperativistas. El efecto de cosa juzgada del acuerdo alcanzado sobre el pleito posterior es un tema polémico y jurídicamente complejo, y es el problema que en el caso se estudia.

Palabras claves: cooperativistas; cosa juzgada material; efectos de la transacción extrajudicial.

Gira el presente supuesto práctico en torno a diversas cuestiones que se plantean en un ayuntamiento de régimen común. En concreto, en primer lugar, el primer problema planteado se fundamenta en una solicitud realizada por un concejal del ayuntamiento solicitando información sobre las retribuciones de los empleados del ayuntamiento, solicitud que es denegada por el alcalde al no considerar necesaria la misma para el desarrollo de sus funciones. En segundo lugar, el ayuntamiento pretende asumir competencias para la gestión de un servicio público que venía prestándose de forma indirecta, planteándose la cuestión del procedimiento a seguir. En tercer lugar, el ayuntamiento pretende convertir a un auxiliar en administrativo del ayuntamiento a través del procedimiento de promoción interna, planteándose la posible ilegalidad de tal práctica. Finalmente, durante la ejecución de un contrato de obras, el contratista a quien se adjudicó el contrato pretende una revisión de precios a su favor toda vez que se ha producido, por parte del órgano competente, una subida en el salario mínimo interprofesional que afecta, en su opinión, al equilibrio económico financiero del contrato.

Palabras claves: derecho de información de concejal; protección de datos de carácter personal; gestión directa de servicios; modificación de contratos de obras.

El supuesto que se desarrolla en este caso trata de poner de manifiesto un problema de tremenda actualidad ante la proliferación de medios de transporte urbanos de naturaleza rodante, hace un tiempo impensables, que está generando multitud de situaciones de riesgo novedosas; en concreto este caso trata de ceñirse a los atropellos por parte de las bicicletas urbanas cuando el siniestro se produce en las aceras, hecho este nada infrecuente, siendo público y notorio que las mismas circulan tanto por la calzada como por la acera a su conveniencia. Lejos de poder dar una solución uniforme, el caso pretende, por un lado, poner de manifiesto la existencia de dos soluciones jurisprudenciales completamente contrarias, lo que genera una situación de inseguridad jurídica para los lesionados, en su exigencia de responsabilidades subsidiarias a las empresas que alquilan las bicicletas y, por otro, denunciar la necesidad urgente de establecer una línea jurisprudencial uniforme por parte de nuestro Tribunal Supremo en esta materia.

Palabras claves: responsabilidad civil extracontractual; interpretación del artículo 1.903 del CC; jurisprudencia.

Pese a haber sido derogada la Ley 57/1968 que establecía la máxima protección a los cooperativistas que habían dado cantidades anticipadas a cuenta para la adquisición de una vivienda, continúa apareciendo una casuística peculiar en esta materia, sobre todo tras recientes reformas legales. En el presente supuesto, la problemática que se plantea nace del hecho de que la póliza de afianzamiento colectivo que había firmado la aseguradora fue cancelada unilateralmente por esta con devolución de la prima percibida. Es preciso determinar si, habiendo dejado de tener vigencia la póliza, es posible que el cooperativista pueda reclamar lo abonado en tanto estuviera vigente la citada póliza, ello unido a la reforma legal que ha venido a dar vigencia a los posibles supuestos de prescripción de la acción.

Palabras claves: cooperativas; afianzamiento colectivo; cantidades anticipadas; prescripción de la acción.

Se plantea en el caso el ajuste a derecho o no de ciertos artículos de un decreto que dicta la Comunidad de Madrid por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad. El mismo fue impugnado por diversas personas y asociaciones, planteándose, en primer lugar, la legitimación de aquellos para recurrir; si los distintos recursos fueron planteados o no en plazo y la posibilidad de acumular los diversos recursos interpuestos independientemente. Finalmente, se analiza el ajuste a derecho o no de varios de sus artículos; en concreto, si los titulares de viviendas de uso turístico deben presentar ante la dirección general competente en materia de turismo una declaración responsable de inicio de actividad, debiendo disponer de un plano de la vivienda firmado por técnico competente, visado por el colegio profesional correspondiente; la obligación de presentar aquella solo vía internet; la necesidad de presentar a inscripción en el Registro de Empresas Turísticas de la dirección general competente y, finalmente, que las viviendas no podrán contratarse por un periodo inferior a cinco días y no podrán utilizarse como residencia permanente, ni alegar la condición de domicilio para impedir la acción de la inspección.

Palabras claves: apartamentos turísticos; viviendas de uso turístico; legitimación para recurrir; extemporaneidad de recursos; acumulación procesal.

La determinación de los alimentos a favor del hijo menor de edad es una de las cuestiones que han de ser decididas por los tribunales en los procedimientos de crisis matrimoniales o de pareja que dan lugar a la separación o al divorcio. En estos casos es frecuente interesar que la cantidad solicitada y la que finalmente se fije se retrotraiga al momento de la interposición de la demanda. Sin embargo, esta solución no puede extenderse a todos los supuestos, pues si la fijación de los alimentos a satisfacer por el progenitor para atender a las necesidades de su hijo menor de edad pudiera retrotraerse siempre y en todo caso al momento de la presentación de la demanda, pese a que ya se determinó una pensión y se concretó su alcance y afectos, se originaría un perjuicio económico al progenitor que los satisface, que estaría siempre abocado a una satisfacción de una cantidad siempre al momento de la demanda, cuando ya se determinó y se fijó su alcance. Por tanto, cuando ya se fijó en una resolución judicial la pensión a satisfacer en interés del hijo menor de edad, una modificación posterior en cualquier procedimiento no puede originar ese alcance retroactivo, que se pueda interesar.

Palabras claves: pensión de alimentos; crisis matrimoniales.

Debe entenderse nula la cláusula de exoneración de responsabilidad del Banco de Santander tanto si la cesión del negocio es total como parcial, porque el pacto entre entidades es contario a la ley, a la moral o al orden público y contraviene claramente lo dispuesto en el artículo 1.255 del CC.
La jurisprudencia adopta una solución práctica, partiendo de dos axiomas, por un lado, que el recurso ha sido admitido a trámite y, por otro, que la frontera entre lo sustantivo y lo procesal, en este supuesto de legitimación pasiva, es difícil de establecer.
En consecuencia, en ambos supuestos el Banco de Santander ha de ser considerado legitimado pasivamente, bien porque la cláusula de limitación de responsabilidad es nula y el negocio de cesión total, bien porque el cliente no autorizó dicha cesión de su negocio. Por supuesto que el banco puede repetir contra BBVA para reclamar a su vez y resarcirse de los perjuicios derivados de la demanda del señor Luis contra él.

Palabras claves: legitimación pasiva; cesión de negocio; nulidad; infracción procesal.

En el presente caso se plantea el problema jurídico, que se reitera en numerosas ocasiones, de las comunidades de propietarios en las que hay pisos que deben cantidades importantes por cuotas de comunidad impagadas, siendo así que las que aparecen como titulares del piso moroso son entidades públicas encargadas de llevar a cabo política social en materia de vivienda (Empresa Municipal de la Vivienda, IVIMA…), que celebraron un contrato de compraventa con el particular que la habita, siendo así que no se ha producido realmente un cambio de titularidad en el Registro de la Propiedad. En aquellas ocasiones en que fallece el propietario moroso, la acción por parte de la comunidad de propietarios se dirige siempre contra los herederos del fallecido, los cuales se consideran sin legitimación pasiva, ya que no han aceptado la herencia todavía. La interpretación jurídica problemática reside en determinar si estos herederos han aceptado o no tácitamente la herencia por el hecho de haber pagado el impuesto sobre sucesiones y donaciones o por el hecho de haber promovido la declaración de herederos.

Palabras claves: aceptación tácita de la herencia: manifestaciones; pago de cuotas de comunidad.

En el presente caso se plantean diversas cuestiones en relación con un ayuntamiento de régimen común. Las mismas consisten en lo siguiente: el ayuntamiento carece de ordenanza regulatoria sobre la posibilidad de realizar grabaciones de los plenos, pese a ello, el alcalde ha autorizado aquellas para mayor difusión y publicidad, no estando de acuerdo un grupo municipal con la referida autorización. En segundo lugar, la coordinadora de un partido político ha solicitado la inclusión de una moción en el orden del día de un pleno ordinario, aunque los dos concejales de su grupo político que obtuvieron representación fueron expulsados del partido, pasando a ser concejales no adscritos. En tercer lugar, el ayuntamiento pretende adjudicar directamente a un particular el arrendamiento de una finca patrimonial de su propiedad. A continuación, se plantea la supuesta compatibilidad de un auxiliar, que presta servicio de ayuda a domicilio y que, con posterioridad, es elegida concejal de la corporación. Finalmente, se plantea el problema respecto al uso en una plaza pública de una instalación que hacía 40 años se otorgó directamente, sin previa licitación, a un particular sin fijar la duración y el canon a pagar, cuestionándose sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Administración y si es posible la transmisión de dicha explotación a un hijo del titular de la misma.

Palabras claves: publicidad de sesiones plenarias mediante grabación; moción al pleno; contrato patrimonial de explotación; incompatibilidades; uso de bien demanial sin licitación previa.

En el presente caso se trae a colación el problema de la duración de los contratos de arrendamiento urbanos cuando el objeto del contrato es una vivienda de protección oficial o pública. Estamos ante una materia en que colisionan, por un lado, las razones públicas que vienen presididas por la función social de la vivienda, y que se manifiesta en la posibilidad de adoptar políticas públicas que posibiliten el uso estable de una vivienda digna a quienes se hallen en situación precaria, y, por otro, los intereses privados que nacen de la privatización de tales promociones inmobiliarias por parte de la Administración correspondiente cuando lleva a cabo la venta de las promociones a inmobiliarias privadas con objeto de obtener fondos públicos. Los contratos de arrendamiento entre las Administraciones y los inquilinos particulares no han de verse afectados por el hecho de que la vivienda sea vendida a la empresa privada, pero la realidad es que la LAU resulta ser la norma aplicable en materia de duración del contrato, y ello tiene consecuencias jurídicas inmediatas para el arrendatario que provocan su desahucio por expiración del plazo de duración del contrato.

Palabras claves: arrendamiento de viviendas; duración del contrato; viviendas de protección pública; autonomía de la voluntad.