Casos Prácticos

El supuesto trata de efectuar el cálculo de indemnización en un accidente de tráfico en el que fallecen dos familiares (padre e hija) en el mismo accidente. Se estudiarán las indemnizaciones a percibir por los perjudicados en cada caso, así como la conmoriencia existente y su posible repercusión en la indemnización.

Palabras claves: accidente de tráfico, indemnización por fallecimiento y conmoriencia.

La prescripción no es un instituto jurídico que opere ipso iure, como así acontece con la caducidad, sino que es un instrumento del que dispone el deudor para que, transcurrido el plazo legalmente establecido para cada tipo de obligación, pueda o no oponer frente al acreedor que le reclama el cumplimiento, y que ha sido establecido por el legislador para dotar de seguridad jurídica a las obligaciones. Además ha de ser interpretada de manera restrictiva, y favorable a su no apreciación cuando la intención de abandono no es clara, permitiendo al titular del derecho el ejercicio efectivo. La interrupción de la prescripción puede tener lugar de acuerdo con el artículo 1.973 del Código Civil por: a) la interposición de una reclamación judicial; b) la reclamación extrajudicial, y c) cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. La interrupción de la prescripción exige: a) exteriorización de la voluntad por medio hábil y de forma adecuada; b) la identificación clara del derecho que se quiera conservar; c) la persona frente a la que se hace valer, y d) que llegue al conocimiento del deudor. El transcurso del plazo del ejercicio de la acción no transcurre en todo caso por la falta de competencia objetiva acordada por el órgano jurisdiccional, al no ser manifiestamente incompetente, ni haber actuado la parte de modo negligente o con falta de lealtad procesal. Si el ejercicio de la acción se ha visto retrasado en un litigio, y no ha obedecido a dejadez o ausencia de voluntad en la conservación de la misma sino por la tardía decisión del órgano judicial, al que acudió la parte en primer lugar, de declararse objetivamente incompetente, no ha prescrito la acción.

Palabras claves: prescripción extintiva de acciones e interrupción de la prescripción.

En el presente caso se trata de poner de manifiesto uno de los problemas más habituales que acontecen en el seno de las comunidades de propietarios, en relación con los contratos diversos que este tipo de comunidades pactan con las empresas que dan servicio a la comunidad: los cambios administrativos en determinadas materias que provocan una diferente forma de interpretar y aplicar el contrato pactado. En concreto el caso planteado alude al problema de los contratos de mantenimiento de ascensores, que se trata de una materia fuertemente condicionada por la normativa administrativa de aplicación obligada. La interpretación de los contratos ya firmados, vigentes y en ejecución en materia de mantenimiento de ascensores, no puede ser realizada unilateralmente por una de las partes aprovechando de forma oportunista una reforma de normas administrativas, pues ha de estarse a la interpretación literal de sus palabras.

Palabras claves: comunidad de propietarios, ascensores, incumplimiento contractual y norma administrativa.

Resulta muy frecuente en la práctica diaria de los contratos de obra y su ejecución que el contratista principal de la obra lleve a cabo la subcontratación como forma de ejecutar su contrato con el dueño de la obra. Nuestro ordenamiento jurídico prevé la existencia de un tipo de acción directa que permite al subcontratista reclamar lo debido al dueño de la obra en el caso de que su contratista o deudor principal no le abone lo debido. Ahora bien, son frecuentes en la práctica en este tipo de relación con tres implicados los problemas nacidos de las nuevas situaciones concursales que ha regulado la vigente Ley Concursal, y en concreto nos referimos a los problemas competenciales acerca de qué juzgado va a ser el competente para conocer de estas acciones directas del subcontratista contra el dueño de la obra cuando el deudor principal ha sido declarado en concurso con anterioridad a la presentación de la demanda civil. El presente caso trata de dar solución a este problema a tenor de las resoluciones de nuestros tribunales.

Palabras claves: subcontratista, dueño de la obra, acción directa y competencia judicial.

El presente caso aborda distintas cuestiones relacionadas con un ayuntamiento de 6.000 habitantes. En primer lugar, se celebró un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la comunidad autónoma por el que a aquel se le encomienda la creación, el mantenimiento y la gestión de una escuela infantil, planteándose problemas respecto a la prórroga de dicho convenio y si era preciso, para ello, cumplir algún requisito especial. A continuación, se celebró un contrato de servicios para llevar a cabo el objeto del convenio; al mismo se presentan distintas ofertas cuyo ajuste a derecho se solicita analizar, así como una modificación de su objeto. Posteriormente, se plantea el análisis jurídico de distintas cuestiones relativas al personal al servicio del ayuntamiento, en concreto, la adecuación o no a la normativa vigente, tanto en lo relativo al puesto de director de educación, juventud, ocio y tiempo libre como del administrativo funcionario de carrera que el alcalde desea establecer en el ayuntamiento. Igualmente es intención del alcalde que el puesto de jardinero mayor del ayuntamiento, que fue otorgado por concurso de méritos hace 10 años, sea reconvertido en un puesto de libre designación y cesar de inmediato a su actual ocupante don Venancio, funcionario municipal. Finalmente, en este mismo ayuntamiento se están recibiendo numerosas reclamaciones de propietarios (van más de 100) que impugnan el valor catastral de sus recibos del IBI que acaban de recibir. Los reclamantes culpan al alcalde actual por haberles subido el IBI mediante el incremento del valor catastral y han iniciado una campaña bajo el título «Impugna tu IBI».

Palabras claves: Administración local, convenio de colaboración, contrato administrativo de servicios, impuesto sobre bienes inmuebles y personal al servicio del ayuntamiento.

El supuesto trata de un arrendamiento de vivienda donde el arrendatario ha dejado de abonar las rentas y los suministros asociados al inmueble. Se analiza la acumulación de acciones de desahucio y reclamación de rentas y suministros, y se propone un modelo de demanda. Analizamos también si es posible instar el desahucio con tan solo uno o dos meses impagados de renta.

Palabras claves: acumulación de acciones, desahucio, renta y arrendamiento de vivienda.

El presente caso práctico trata de dar solución a todos aquellos supuestos en que el cliente de un abogado pactó de manera más o menos informal sin hoja de encargo los honorarios y, después de haber finalizado sus servicios, pasa al cliente una minuta que no se ajusta a lo pactado, pretendiendo el cobro con arreglo a lo previsto en los criterios orientadores por mayor importe de lo pactado.
Se trata de delimitar con arreglo a la especial naturaleza contractual de la relación qué es lo que debe prevalecer, si el pacto previo sobre honorarios o el contenido posterior de la minuta, estipulando una solución con apoyo en las resoluciones jurisprudenciales más recientes. La solución es uniforme por completo en el sentido de que la prioridad absoluta la tiene el pacto previo de honorarios cualquiera que fuere la forma de ese pacto anterior al inicio de los servicios profesionales.

Palabras claves: pacto sobre honorarios de letrado, forma del pacto y minuta de honorarios.

La exigencia de responsabilidad civil profesional al abogado con ocasión del ejercicio de sus funciones como directores jurídicos de los asuntos de sus clientes, y promovida por estos, exige al cliente probar que ha existido negligencia profesional a la hora de adoptar sus decisiones. Se trata de un tipo de negligencia que exige unos requisitos determinados que la jurisprudencia ha ido acuñando ante la falta de una regulación sustantiva, pero todos los requisitos han de concurrir pues con solo uno de ellos que no exista, será inviable la exigencia de esta responsabilidad. El presente caso trata de analizar en mayor profundidad la llamada «pérdida de oportunidad» como elemento esencial que ha de darse en todos los casos. El daño por pérdida de oportunidades es hipotético y no puede dar lugar a indemnización cuando no hay una razonable certidumbre de la probabilidad del resultado. La responsabilidad por pérdida de oportunidades exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situación fáctica o jurídica idónea para realizarlas.

Palabras claves: abogado, responsabilidad civil profesional, negligencia profesional y pérdida de oportunidad.

Si existe dominio funcional del hecho, la simple inducción a otro o la coparticipación de todos siguiendo un plan preconcebido permite extender la responsabilidad penal a todos los que pretendan el lucro mediante la estafa, aun cuando su actuación, dentro de la cadena delictiva o de la secuencia de hechos, sea parcial.

Palabras claves: falsedad, estafa, documento oficial, concurso de delitos y delito continuado.

Se considera ataque contra la integridad moral cualquier agresión realizada por un funcionario público, que abusando de su cargo y sin que sea necesario que cause una lesión, causa humillación o quebranto degradante de cierta intensidad en una persona, siempre que dicha vejación sea meridianamente clara y extremadamente innecesaria para el ejercicio de su cargo por la autoridad o funcionario público.

Palabras claves: atentado contra la integridad moral y dignidad de la persona.