Casos Prácticos

El presente supuesto práctico gira en torno a un recurso contencioso-administrativo planteado por una persona, que se encontraba en lista de espera para ser adjudicataria de un chiringuito al lado del mar, contra la disposición transitoria vigesimosexta del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. En dicha disposición se estableció un régimen preferente para las ocupaciones procedentes de títulos extinguidos o en tramitación. Fundamenta su recurso en que, esta preferencia, vulnera los principios informadores de la contratación administrativa; supone la concesión de una prórroga no ajustada a derecho vulnerándose con ello diversos artículos de la Ley de Costas y la vulneración de principios constitucionales. Iniciado el proceso contencioso-administrativo se plantean cuestiones jurídicas sobre: el inicio del mismo por demanda directamente; la legitimación para intervenir en el mismo; la cuantía de dicho proceso y el ajuste a derecho de adoptar la medida provisional solicitada por la demandante consistente en la suspensión de dicha disposición transitoria recurrida, mientras se tramita el referido proceso contencioso-administrativo.

Palabras claves: dominio público marítimo-terrestre, concesión administrativa, derecho de preferencia para su otorgamiento, principio de jerarquía normativa y principio de igualdad.

El presente caso trata de poner de manifiesto las consecuencias jurídicas de la omisión de toda información a la compañía aseguradora acerca del siniestro, ya que ello supone una actitud que impide a esta las opciones de desarrollar su línea de defensa legítima, encontrándose ante unos hechos consumados y finiquitados, pretendiendo que ni siquiera sean discutidos, pese a la culpa grave cometida por el tomador en su obligación asumida contractualmente. No puede pretender el asegurado el cumplimiento contractual de la aseguradora si ha sido el tomador quien primero ha vulnerado sus obligaciones legales y pactadas, no haciéndose acreedor al derecho a la indemnización. La culpa grave referida en el artículo 16 de la LCS se hace patente a través de una conducta omisiva del asegurado respecto de su aseguradora, la cual se ve privada de poder conocer cualquier noticia acerca de un siniestro y unas actuaciones penales que podían afectarle solo si las hubiera conocido; la jurisprudencia en esta materia a la hora de entender el contenido de la culpa grave del artículo 16 de la LCS es clara en el sentido de que haber ocultado durante años a la aseguradora la existencia del siniestro acaecido ha de tener unas consecuencias jurídicas, que no pueden ser otras que la pérdida del derecho a ser indemnizado por la aseguradora.

Palabras claves: contrato de seguro, comunicación del siniestro y efectos de la no comunicación.

La Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2008 configura un sistema dirigido a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y así promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Por tanto, con el fin de hacer efectivo este objetivo, los Estados deben asegurar que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos. En particular, las salvaguardias deben ser proporcionadas al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. La modificación de la capacidad de obrar de cualquier persona ha de ir necesariamente unida a la determinación de las habilidades que tenga, de manera que puedan concretarse aquellos aspectos respecto de los que necesita asistencia, ayuda o representación, y establecer un «traje a medida» adaptado a las peculiaridades de cada persona afectada, y poder determinar el mecanismo de protección correspondiente, ya sea tutela ya curatela, a través del procedimiento de modificación de la capacidad regulado, que no son contrarios a la Convención, como ha declarado la jurisprudencia.

Palabras claves: tutela o curatela y capacidad de obrar.

El presente caso trata de poner de manifiesto los problemas prácticos que en nuestros días se originan en el supuesto de pensionistas o asalariados que tienen unos ingresos regulares elevados como pensión de jubilación, y que tienen varios acreedores en diferentes juzgados con pretensiones de cobrar de la misma pensión. La doctrina sobre la aplicabilidad del mínimo legal de subsistencia previsto en la ley, para los casos de varios embargos decretados sobre la misma pensión, determina dos posiciones defendibles: la de que ambos embargos deben hacerse efectivos de forma simultánea reduciendo doblemente la pensión, dada su elevada cuantía, y la de que ambas deudas deben cobrarse de forma sucesiva, y finalizado el cobro de un crédito, iniciar la retención por el siguiente, para respetar el mínimo legal de subsistencia al que hemos aludido. Igualmente se expone la doctrina jurisprudencial más consolidada en esta materia.

Palabras claves: pensión de jubilación y embargos sucesivos o simultáneos.

El supuesto plantea la controversia originada como consecuencia de que dos hermanos tributaron un determinado porcentaje en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y, con posterioridad, solicitaron la devolución de ingresos indebidos porque, en su opinión, debieron tributar a un tipo menor toda vez que se trataba de familia numerosa y habían adquirido la vivienda para residencia habitual. La Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid denegó dicha solicitud basándose en que no se había acreditado con el documento oportuno y exigido por la ley la condición de familia numerosa. Recurrida en vía económico-administrativa, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid dio la razón a los recurrentes estimando que se había vulnerado el principio de igualdad toda vez que lo esencial era que se trataba de familia numerosa aunque no lo hubiesen acreditado con el documento exigido. La Administración autonómica recurre en vía contencioso-administrativa y obtiene sentencia estimatoria porque no había vulneración del principio de igualdad toda vez que se trataba de situaciones diferentes entre los que demostraron con el documento exigido tal requisito y los que no lo cumplimentaron. Planteado frente a esta decisión incidente de nulidad ante la misma sala, se resolvió en sentido desestimatorio. Por ello, finalmente, plantean recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la vulneración del principio de igualdad, planteándose cuestiones formales, especialmente, respecto a la extemporaneidad o no del recurso y si se acreditó la especial trascendencia constitucional, y el fondo del asunto, respecto a si se vulneró o no el derecho fundamental del artículo 14 de la Constitución a la igualdad.

Palabras claves: recurso de amparo, plazo de interposición y principio de igualdad.

El presente caso trata de poner de manifiesto los efectos jurídicos derivados de la falta de inscripción del arrendamiento en el Registro de la propiedad. Inscripción del decreto de adjudicación de la finca ocupada por terceras personas en una ejecución hipotecaria. Del auto de adjudicación resulta que la finca está ocupada sin que esté determinado si la ocupación se apoya en un contrato de arrendamiento o en algún otro título, si lo hubiere. Y en cualquier caso, en el supuesto de que exista un arrendamiento no consta inscrito en el Registro de la Propiedad. En consecuencia, enajenada judicialmente la finca, el derecho del arrendador queda extinguido y con él el contrato de arrendamiento y sus accesorios como el derecho de retracto, y deviene innecesaria la notificación al arrendatario en forma fehaciente de la decisión de vender la finca arrendada, prevista en el artículo 25 de la LAU. No puede pretenderse por el registrador denegar la inscripción del decreto de adjudicación si el arrendamiento no estaba inscrito en el Registro de la propiedad a su cargo.

Palabras claves: decreto de adjudicación hipotecaria, arrendamiento urbano, inscripción registral y derecho del arrendador: extinción.

El presente caso trata de arrojar algo de luz acerca de los problemas que surgen en la práctica diaria a la hora de delimitar cuál es el juzgado competente para decidir acerca de las ejecuciones hipotecarias sobre un bien titularidad de una empresa concursada, cuando la hipoteca se constituyó estando el concurso en fase de convenio aprobado y con posterioridad se acuerda abrir la fase de liquidación por incumplimiento de convenio. La ejecución hipotecaria se está tramitando ante un Juzgado de 1.ª Instancia ordinario y es el Juzgado de lo Mercantil quien aprobó el convenio de acreedores con una sentencia; pero habiendo sido incumplido el convenio, se ha decretado por el Juzgado de lo Mercantil la apertura de la fase de liquidación. Se trata de determinar en este caso en qué medida esa ejecución hipotecaria se ve afectada por la apertura de la liquidación para poder ser sustanciada con normalidad, o dicho de otro modo, si el Juzgado de 1.ª Instancia pierde su competencia para cualquiera de los trámites hipotecarios, o si la mantiene pero condicionadamente a que el Juzgado de lo Mercantil declare que el bien hipotecado es necesario para la continuidad de la actividad empresarial o profesional.

Palabras claves: concurso de acreedores, ejecución hipotecaria, convenio y liquidación por incumplimiento de convenio.

La inducción para cometer un delito y el llamado exceso cualitativo cuando va más allá en los fines, es decir, cuando el ejecutor comete un hecho distinto al determinado por el inductor; y el exceso cuantitativo cuando dicho exceso se produce en los medios, o sea, cuando el autor hace más de lo proyectado por el inductor.

Palabras claves: inducción para cometer un delito, aberratio ictus y exceso cualitativo.

La exención de la obligación de declarar prevista en el artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal alcanza a las personas que están o han estado unidas por alguno de los vínculos a los que se refiere el precepto. Se exceptúan: 1. La declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución del matrimonio o cese definitivo de la situación análoga de afecto. 2. Situaciones en que esté personado como acusación en el proceso.

Palabras claves: abuso sexual, menor de edad, testigo y dispensa a declarar.

Este supuesto práctico presenta diversas cuestiones derivadas de la intención de un ayuntamiento de construir un aparcamiento sobre un bien de dominio público sobre cuya superficie existen además otros bienes de propiedad privada. Se plantea la forma más adecuada para llevar a cabo la necesaria obra y explotación del servicio, teniendo en cuenta que no existen recursos suficientes para pagar el importe de aquellas por parte de la corporación. Igualmente, se desea saber las autorizaciones necesarias para llevar a cabo la obra dado que está declarado el terreno como conjunto histórico según la Ley de Patrimonio Histórico Español. Finalmente, se plantea la posibilidad de enajenación de las plazas de garaje del aparcamiento construido.

Palabras claves: contrato de obras, sociedad municipal con persona privada, conjunto histórico y concesión demanial y tasa.