Casos Prácticos

El supuesto gira en torno a la actividad llevada a cabo por un organismo autónomo estatal, cuyo fin es la investigación y estudio de las distintas modalidades de alquitrán para la construcción y modificación de las diferentes carreteras nacionales, para el cumplimiento de sus funciones. En concreto, se cuestiona sobre las distintas posibilidades para adquirir el inmueble que sirva de sede al organismo público, así como la adquisición de bienes para su ornato y decoración. A continuación, el caso plantea un procedimiento para la concesión de subvenciones por parte de aquel, planteándose problemas respecto a distintos solicitantes, respecto a si están incursos en causa de prohibición o porque no acompañan la documentación necesaria para tomar parte en este procedimiento competitivo. En torno a ello, se plantea la posibilidad de revisión de oficio de actos administrativos por la propia Administración y el recurso que podría interponer un solicitante al que se le denegó la subvención.

Palabras claves: adquisición y cesión de inmueble, contrato administrativo de suministros, subvenciones y recursos.

La disposición de bienes del discapacitado y su cónyuge, tutor del mismo, sin autorización judicial no supone la nulidad general por los artículos 1.259 y 6.3 del Código Civil, sino la de los artículos 1.389 y 1.322 del mencionado Código, que establecen un tipo de ineficacia concreta para la disposición de gananciales sin la preceptiva autorización. El plazo legal de cuatro años empieza a contar desde el día de la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio, salvo que antes hubiese tenido conocimiento suficiente de dicho acto o contrato. A dicho supuesto debe equipararse el caso de falta de autorización judicial, ya sea porque el cónyuge no disponente se encuentre incapacitado, ya sea porque se ha producido dicha disposición directamente y en contra de lo dispuesto en el artículo 1.322 del Código. Aunque no fuere aplicable el artículo 1.389 del Código Civil, los efectos no serían distintos en los casos en que los contratos se traten de contratos celebrados por un incapacitado, anulables durante cuatro años a contar desde que aquel saliere de tutela en el supuesto de que siguiera incapacitado y sujeto a tutela.

Palabras claves: compraventa; ineficacia: nulidad relativa y tercero adquirente: tercero hipotecario.

El supuesto trata de la caída de una persona en una tienda de venta de alimentos. En el suelo, había un tetrabrik de zumo roto, que se había caído de una estantería, lo que provocó que una persona resbalara, cayera y sufriera lesiones en dicha caída.
La clienta de la tienda –lesionada– quiere demandar al propietario del negocio y a su aseguradora, pero el responsable de la tienda se niega a darle los datos de la misma.
Se plantean diversas cuestiones jurídicas por parte del abogado que se encarga del asunto: procedimiento para obtener copia de la póliza de responsabilidad civil del negocio y, en su caso, trámites a seguir para pedirla, con redacción de la solicitud correspondiente.

Palabras claves: reclamación de daños y diligencias preliminares.

Los criterios que hacen derivar como hecho de la circulación un accidente de tráfico a la vía penal se deducen de la aplicación combinada de los artículos 152.1 y 152.2 del CP, con la remisión que efectúan a los artículos 147 y siguientes sobre delito de lesiones, y los artículos 76 y 77 del Real Decreto Legislativo 6/2015. En efecto, desde la Ley Orgánica 1/2015 la derivación a la vía penal solo se admite con dos requisitos concurrentes centrados en el tipo de imprudencia y en las lesiones causadas, a saber: que el hecho esté incluido en una de las conductas descritas en los artículos 76 y 77 de Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y que, además, según la conducta descrita existan lesiones que consten en los artículos 149 y 150 del CP si la conducta es infracción grave (art. 76) o lesiones que consten en los artículos 147.1, 147.2, 149 o 150 del CP si la conducta es infracción muy grave (art. 77). La simple denuncia del denunciante para ser reconocido por el médico forense no es bastante, sino que se debe describir la infracción incluida en el apartado concreto de los artículos 76 y 77 citados y además aportar indicios médicos que permitan evidenciar que las lesiones pueden ser de las también referidas, siempre que se corresponda acción y lesión, en su doble modalidad de acción-imprudencia grave-infracción muy grave o acción-imprudencia menos grave-infracción grave. En otro caso el asunto irá a la vía civil.

Palabras claves: accidentes de tráfico, jurisdicción penal, jurisdicción civil e imprudencia.

El principio de contradicción en el procedimiento penal y la necesidad de la presencia del detenido o investigado en la declaración de un testigo conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya sea en un juicio ordinario o en el procedimiento abreviado, y la posibilidad de que el principio se cumpla con la presencia y la posibilidad de intervención del letrado en la declaración.

Palabras claves: tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y principio de contradicción.

Los problemas planteados en este caso giran en torno a dos procedimientos administrativos: uno, de carácter sancionador, y el otro, de expropiación forzosa. El primero se pone en marcha como consecuencia de que un taxista carece de título habilitante para la prestación del servicio. En torno a él se plantean cuestiones tales como: el nombramiento del instructor en un momento posterior al acuerdo de iniciación; la negativa a realizar alegaciones, por parte del interesado, por haber transcurrido el plazo de 15 días previsto en la normativa relativa al procedimiento; la notificación del acuerdo de iniciación realizada exclusivamente a través de publicación, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y el ajuste a derecho de la resolución sancionadora dictada que fue objeto de recurso contencioso-administrativo. Y con relación al procedimiento de expropiación forzosa: el ajuste a derecho del procedimiento de urgencia tramitado; la posible vulneración del principio de igualdad en la determinación del justo precio, toda vez que, siendo los terrenos de naturaleza análoga, al autor expropiado, que logró un acuerdo amistoso con la Administración, se le valoró la finca de forma muy superior a la del interesado, y, finalmente, el derecho de reversión ejercitada por aquel toda vez que, transcurridos seis años, había sobrado parte de la finca expropiada.

Palabras claves: procedimiento sancionador y expropiación forzosa.

El artículo 62.4 de la Ley Concursal regula los efectos de la resolución sobre los contratos de tracto sucesivo, en los que nacen obligaciones para ambas partes de modo sucesivo, periódico o continuado. No obstante, los efectos de la resolución de un contrato, si es de tracto único, como es la compraventa, son diferentes, ya que en el contrato de tracto único la prestación es única con independencia de que se realice en un solo acto o momento jurídico, o bien se fraccione en prestaciones parciales que se realizan en periodos de tiempo iguales o no. De modo que, en principio, un cumplimiento parcial de esta obligación no satisface el interés y la obligación correlativa de la contraparte. De ahí que la resolución en estos contratos traiga consigo, cuando alguna de las prestaciones hubiera sido ejecutada, un efecto restitutorio, debiendo ambas partes restituir lo recibido. El hecho de que este efecto restitutorio no venga expresamente previsto en el artículo 62.4 de la Ley Concursal no significa que no resulte de aplicación en caso de resolución por incumplimiento contractual del concursado. Carácter vinculante de lo sucedido en fase concursal sobre la aprobación del convenio.

Palabras claves: concursal, tracto único y tracto sucesivo, efectos de la resolución y carácter vinculante del convenio.

El Tribunal Supremo mira con lupa las formas imperfectas de ejecución en los delitos de tráfico de drogas, utilizando el siguiente argumento: como la voluntad común consiste en introducir la droga en España y cada uno de los partícipes lleva a cabo una actuación relevante, no cabe la imperfección delictiva.
Nuestra embarcación es buque y merece el efecto agravatorio de la pena, no solo por sus características físicas, sino porque con ese medio de transporte se asegura el fin por ser eficiente, al tiempo que se puede estar garantizando una mayor impunidad, y no ser un transporte de personas o mercancías aprovechado para almacenar la droga.

Palabras claves: tráfico de drogas, tentativa y concepto de buque.

El supuesto plantea, primeramente, diversos casos de posibles incompatibilidades de concejales de un ayuntamiento y un posible supuesto de prohibición para ser contratista. Así, en primer lugar, un concejal solicita la compatibilidad con ser director de una escuela-taller cuya entidad promotora es el propio ayuntamiento. A continuación, la posibilidad de ser contratista con el ayuntamiento de una empresa de la que es gerente un concejal. Después, la cuestión de compatibilidad entre un laboral fijo del ayuntamiento y la condición de concejal. Se analiza, posteriormente, el ajuste a derecho de la decisión del alcalde de prohibir votar a un concejal que no había realizado, aún, la declaración de actividades y bienes. Finalmente, se aborda el estudio de un procedimiento sancionador incoado por denuncia de unos vecinos contra otro, por infracción de la Ley del Ruido. En concreto se plantea la posibilidad de que el denunciante sea interesado en el procedimiento y el acceso a datos del expedientado.

Palabras claves: prohibición para contratar, incompatibilidades, declaración de bienes de los concejales y procedimiento sancionador.

El demandante presenta demanda de desahucio y obtiene una resolución favorable y la ejecución consiguiente, frente al que no interviene en el mismo para defenderse de la demanda presentada. El actor ocultó el domicilio del demandado, alegando que lo desconoce e interesando el emplazamiento por edictos y que se sustancie en rebeldía. El demandado puede presentar demanda de revisión ante el Tribunal Supremo, por la grave irregularidad procesal provocada por los actos voluntarios del demandante que le generan indefensión, al impedirle intervenir contestando a la demanda y defenderse de las alegaciones realizadas.

Palabras claves: juicio de desahucio, emplazamiento pro edictos y demanda de revisión.