Jurisprudencia

• TS. Anula una multa que la Junta Autonómica impuso a un banco por declarar abusiva una cláusula contractual.
• TS. Informes preceptivos del Tribunal sentenciador en la concesión de un indulto.
• TS. Autonomía local. Principio de subsidiariedad. Impugnación de ordenanza energética. Competencias municipales sobre la ecoeficiencia energética y el uso de renovables en edificios.
• TJUE. Medio ambiente. Evaluación de impacto ambiental. Resolución administrativa declarando su innecesariedad. Ausencia de participación pública. Falta de efecto vinculante.
• TJUE. Protección de datos. Cesión de datos biométricos para su constancia en documentos de identificación oficiales. Uso de los datos por parte de las autoridades.

• TS. Menor en acogimiento familiar permanente. Suspensión cautelar por la Administración de las relaciones de la menor con sus padres biológicos. Potestades administrativas. Doctrina jurisprudencial.
• TS. Modificación de medidas. Alimentos. Solicitud de interrupción de la prestación de alimentos a hijo discapacitado en tanto sea perceptor de pensiones públicas. Acreditación de cambios sustanciales. Sentencia. Congruencia.
• TS. Responsabilidad solidaria de los agentes de la edificación del artículo 17 de la LOE.
• TS. Condena por costas procesales. Allanamiento del demandado y mala fe.
• TS. Acción de nulidad matrimonial por vicio en el consentimiento. Enfermedad mental del marido.
• TS. Propiedad horizontal. Segregación de vivienda. Cuotas comunitarias. Acción declarativa de modificación del coeficiente de participación. Reclamación de cantidades. Falta de impugnación de acuerdos.
• AP. Nulidad contractual. Contrato de adquisición de obligaciones subordinadas. Devolución de sumas entregadas, beneficios obtenidos y bonos canjeados. Improcedencia de la devolución del interés legal del beneficio.
• AP. Incapacidad. Solicitud de revocación de la tutela atribuida a una fundación pública por la pareja de hecho de la tutelada. Equiparación a la situación del cónyuge. Beneficio del incapacitado. Intervención judicial. Motivación.

• TS. Letras descontadas por banco tenedor. Inoponibilidad de las excepciones del librado-aceptante/comprador de vivienda frente al librador/promotor tras la resolución de la compraventa por incumplimiento del segundo. Crédito cambiario en concepto de pago de precio aplazado de vivienda sujeta a la Ley 57/1968.
• TJUE. Protección de los consumidores y usuarios. Comunicaciones sobre facturación con información errónea a clientes. Gastos generados. Prácticas comerciales engañosas.
• TJUE. Concursal. Impugnación por la administración concursal de créditos satisfechos por embargos anteriores al concurso. Plazos de prescripción, anulabilidad y caducidad. Lex fori concursus.
• TJUE. La normativa que obliga a los organismos de certificación a tener su domicilio social en un determinado país de la UE, es contraria al Derecho de la Unión.
• TS. Sistema de retribución de los administradores de una SA. Impugnación de acuerdos sociales.
• AP. Contrato de arrendamiento financiero con opción de compra. Juicio verbal. Inscripción en el Registro de Venta de Bienes Muebles.

• TS. Delito contra la seguridad del tráfico u homicidio. Doctrina del concurso de delitos.
• TS. Efectos de los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia penal firme.
• TS. Supuestos que se incluyen en el tipo de apropiación indebida y la agravación por abuso de relaciones personales.
• TS. Apropiación indebida. Delito continuado y delito agravado por la cuantía.
• TS. Tráfico de drogas y dosis mínima psicoactiva. Naturaleza jurídica de los acuerdos no jurisdiccionales del Tribunal Supremo.

Las entidades públicas podrán adoptar esta medida en interés del menor si hay control judicial

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha establecido en sentencia de 18 de junio de 2015, que la Administración podrá suspender de forma cautelar el régimen de visitas de menores bajo su tutela y en acogida con sus padres biológicos siempre que lo comunique de inmediato al juez.

El Supremo reitera la doctrina contenida en la sentencia de Pleno de 16 de enero de 2015 en relación a la responsabilidad solidaria de los agentes de la edificación del artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación

Da traslado a las partes implicadas en el proceso para que formulen alegaciones o comentarios

El titular del Juzgado Mercantil 3 de Barcelona ha dado traslado a las partes implicadas en el proceso para que formulen alegaciones o comentarios previamente a mandar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de dictar sentencia por el conflicto de UBER.

Las cuestiones que el magistrado quiere formular al Tribunal son, en primer lugar, si el artículo 2, apartado 2, letra b) de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, excluye del ámbito de aplicación de dicha Directiva a las actividades, realizadas con carácter lucrativo, de intermediación entre el titular de un vehículo y la persona que necesita realizar un desplazamiento dentro de una ciudad, facilitando los medios informáticos –interfaz y aplicación de software– que permitan su conexión, por considerar que dicho servicio es un servicio de transporte.

El Tribunal Supremo ha precisado los efectos que, a través de los recursos de revisión, deben necesariamente de producir los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El alto tribunal entiende que si el TEDH acuerda que un derecho ha sido vulnerado, esa declaración debe ser respetada en su integridad, aunque añade que no siempre será necesario declarar la nulidad íntegra de la sentencia dictada por el Tribunal español, sino que deberán precisarse los efectos en cada caso.

El Supremo, en sentencia de 19 de mayo de 2015, ha estimado parcialmente el recurso de revisión presentado por una persona condenada por este tribunal en 2005 por delitos de estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil. El recurso de revisión se basó en la sentencia del TEDH, que estimó vulnerado el derecho de dicha persona a tener un juicio equitativo.

 La «Directiva de servicios»¹ prohíbe a los Estados miembros, por un lado, supeditar el ejercicio de una actividad de servicios en sus respectivos territorios al cumplimiento de requisitos discriminatorios basados en la nacionalidad o el domicilio social y, por otro lado, limitar la libertad del prestador para elegir entre un establecimiento principal o secundario en el territorio de un Estado miembro.

SOA Rina Organismo di Attestazione SpA es una sociedad anónima con domicilio social en Génova. Ejerce la actividad de certificación y de realización de controles técnicos de la organización y la producción de las empresas de construcción y es propiedad al 99 % de Rina SpA y al 1 % de Rina Services SpA. Su objeto social consiste en la prestación de servicios de certificación de calidad UNI CEI EN 45000.

• TJUE. Los Estados miembros pueden obligar a los nacionales de países terceros, residentes de larga duración, a superar un examen de integración sociocultural o cívica.
• TJUE. Retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. Concepto de “riesgo para el orden público”.
• TS. Infracción del deber de secreto del responsable del fichero al publicar datos personales de persona discapacitada que causa una subvención.
• TS. Responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria en la asistencia de un parto.
• TS. Procedimiento administrativo. Actos de trámite impugnables. Casación. Inadmisibilidad por planteamiento de la misma infracción al amparo de dos motivos distintos. Retroacción por existir legislación autonómica aplicable al litigio.
• AN. Derechos Fundamentales. Libertad religiosa. Sostenimiento de las confesiones con cargo a ingresos de naturaleza tributaria. Denegación de la petición de la FEREDE de una casilla en el IRPF igual a la de la Iglesia Católica.