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La supervisión común de los bancos de la UE protegerá mejor los depósitos, restaurará la confianza y contribuirá a amortiguar las sacudidas del sector financiero, pasos esenciales para sacar a Europa de la crisis.

La crisis económica y financiera ha demostrado que el sistema bancario de la UE es vulnerable. Los problemas de un banco pueden propagarse rápidamente a otros y afectar a depósitos e inversiones y a todos los aspectos de la economía.

Frente a esa situación, la UE y sus Estados miembros han tomado medidas para fortalecer la supervisión del sector financiero. Una de las reformas consistió en la creación, el año pasado, de tres autoridades europeas de supervisión para coordinar el trabajo de los reguladores nacionales y garantizar que las normas de la UE se aplican de manera coherente.

El Congreso de los Diputados ha acordado suprimir la edición en papel de los Boletines Oficiales y de los Diarios de Sesiones, que a partir del 1 de agosto estarán disponibles en formato electrónico, lo que permitirá un ahorro de casi 600.000 euros, así como un importante avance desde el punto de vista medioambiental, al reducirse el consumo de papel.

La Mesa de la Cámara Baja, en su reunión del martes, 26 de junio, ha acordado acometer este cambio con el objetivo de aprovechar las nuevas tecnologías para fomentar el ahorro de recursos, mejorar la difusión de los boletines y agilizar el proceso de publicación.

Con este fin, se convocó un procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de edición electrónica y demás procesos técnicos de las publicaciones oficiales, que ha recaído en la oferta de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, considerada la mejor por las prestaciones que ofrece, por un importe anual de 414.356,80 euros.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado la puesta en marcha de un Plan Intensivo de Tramitación para atajar definitivamente, en el plazo de un año, el atraso equivalente a dos años y medio que sufre la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia. Actualmente hay unos 400.000 pendientes de ser tramitados, y cada mes la cifra se incrementa con 10.000 nuevas solicitudes.

Con el objetivo de acabar con esta problemática, Ruiz-Gallardón ha firmado  un convenio de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para que esta institución, a través de los más de 1.000 registradores existentes, preste su apoyo técnico a la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha enviado hoy al presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, la carta en la que solicita, en nombre del Gobierno de España, asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras que así lo requieran.

El texto íntegro es el siguiente:

"Tengo el honor de dirigirme a Usted en nombre del Gobierno de España para solicitar formalmente asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras españolas que así lo requieran. Esta asistencia financiera se enmarca dentro de los términos de la ayuda financiera para la recapitalización de las instituciones financieras. La elección del instrumento concreto en el que materializará esta ayuda, tendrá en consideración las diferentes posibilidades disponibles en la actualidad y aquellas que se puedan decidir en el futuro.

El Gobierno de España valora muy favorablemente la declaración de los ministros del Eurogrupo del 9 de junio, en la que se respaldan la determinación de las autoridades españolas de reestructurar el sistema financiero y su intención de solicitar asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras, por un importe suficiente para cubrir las necesidades de capital más un margen de seguridad adicional, hasta un máximo de cien mil millones de euros.

El Ministerio de Economía y Competitividad y el Banco de España han recibido dos informes individuales de los dos evaluadores independientes, Roland Berger y Oliver Wyman, sobre el sector financiero español. Las pruebas dan como resultado unas necesidades de recapitalización de entre 16.000 y 26.000 millones de euros en el escenario base de los ejercicios de estrés, y de entre 51.000 y 62.000 millones de euros en el escenario adverso. El análisis ha sido realizado sobre 14 grupos bancarios, el 90% del sector, y aunque el ejercicio no permite realizar estimaciones previas de las necesidades de capital de cada entidad, cabe anticipar que los tres grandes del sector cumplen los requisitos de capital incluso ante un hipotético empeoramiento severo de la economía española. Las mayores deficiencias se centran en las entidades participadas mayoritariamente por el FROB. El resto de entidades podrían asumir sus necesidades de capital por sí mismas o con un moderado nivel de ayuda pública.

Antes de la crisis era habitual que las agencias de calificación crediticia actuasen como "animadores" económicos, dando calificaciones altas a instrumentos financieros complejos que después quedaron en papel mojado, causando grandes pérdidas a las instituciones financieras. Muchas de ellas tuvieron que ser rescatadas. La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo votó ayer nuevas normas para que las agencias sean responsables de los daños que causaron, y que aumente la competencia en el sector.

Hemos hablado con el eurodiputado socialista italiano Leonardo Domenici, que ha redactado un proyecto de informe sobre el nuevo reglamento de las agencias de calificación crediticia.

Antes del comienzo de la crisis, las agencias de calificación crediticia valoraban instrumentos financieros complejos como inversiones seguras, pero con el tiempo se ha demostrado que, en realidad, eran acciones prácticamente sin valor. Y a pesar de ello, los inversores no han podido reclamar los daños causados, una situación que para Domenici debe cambiar. "Las agencias de calificación crediticia deben ser objeto de responsabilidad civil por sus calificaciones", subraya, añadiendo que la normativa que regule las agencias de calificación debería ser la del país en el que los inversores residieron cuando se produjo el problema.

• Mejorará la competitividad y la eficiencia del sector del transporte por carretera con una reforma normativa.
• Se incrementa la flexibilidad a las empresas para poder operar en el mercado, se reducen cargas administrativas, se lucha contra el intrusismo y se adapta la Ley a la normativa comunitaria.
• Se incrementa la transparencia para los usuarios de las líneas regulares de viajeros por autobús, gestionadas mediante concesiones, ya que podrán conocer en todo momento las condiciones (paradas, horarios, etcétera) y tarifas del servicio que van a utilizar.

El Consejo de Ministros del pasado viernes ha recibido un informe de la ministra de Fomento sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y con el que se pretende mejorar la competitividad y eficiencia del sector y racionalizar la red de servicios públicos del transporte de viajeros.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital (procedente del Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo).

La Ley que quedó definitivamente aprobada tiene como principal novedad la de permitir de nuevo a las compañías cotizadas introducir blindajes en sus estatutos, es decir, deja a las sociedades libertad para limitar el derecho de voto de los accionistas (de manera que puedan impedir que un accionista con un porcentaje relevante pueda controlar por si sólo la sociedad), con la excepción de los casos en los que se haya alcanzado un 70% o más de capital tras lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que encargará a la Comisión de Codificación una modificación del Código Civil, que debe estar lista en seis meses, para que su artículo 92 deje de contemplar el carácter excepcional de la custodia compartida de menores en los casos de separaciones y divorcios.

De esta forma serán los jueces, a la vista de las circunstancias de cada caso concreto, quienes determinen cuál es “el modo más eficaz de satisfacer la necesidad del menor de disponer de la presencia de sus progenitores”. Es decir, los magistrados deberán decidir si procede una custodia alternada entre los progenitores o una monoparental, así como el periodo que deben permanecer cada uno de ellos con el menor, siempre según lo que aconseje el interés del niño. Actualmente, la custodia compartida se concede exclusivamente si las dos partes están de acuerdo o, en el caso de que la solicite solo una de ellas, si cuenta con el informe favorable del fiscal.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por 319 votos a favor y 10 abstenciones, una Proposición no de Ley impulsada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) y consensuada con los Grupos Socialista, Popular y del PNV sobre la revisión de las indemnizaciones, pensiones o cláusulas de blindaje con beneficios para discrecionales para directivos de entidades financieras que hayan recibido ayudas del Estado.

El texto acordado insta al Gobierno a revisar la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuales puedan derivarse beneficios discrecionales por el ejercicio de sus funciones y percibidas o demandadas por los administradores o cargos directivos, aunque ya hayan sido devengadas, de entidades financieras que hayan requerido de ayudas del Estado a través del FROB (extendiéndose a cualquier tipo de participación sea mayoritaria o no), al objeto de impedir su materialización.