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Con ocasión de la entrada en vigor la semana pasada de la Ley 10/2012 (Regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) y de la Instrucción 5/2012 de la Secretaría de Estado de la Administración de Justicia, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha desplegado una intensa actividad sindical en diversos frentes, dado el papel que los Secretarios Judiciales desempeñan en su aplicación así como el compromiso social de su organización.

El mismo día de la Instrucción, el SISEJ se puso en contacto con el Secretario General de la Administración de Justicia al que expresó su malestar y perspectiva crítica tanto con la Ley como con la Instrucción, además de transmitirle directamente su petición escrita de que la Ley no tenga efectos retroactivos. Según el propio SISEJ afirma, el Secretario General y autor de la Instrucción 5/2012, Joaquín Silguero, aseguró a su portavoz que la exigencia de las tasas no tendrá efecto retroactivo. 

La Secretaría de Estado de la Administración de Justicia ha publicado la Instrucción 5/2012, de 21 de noviembre, al objeto de cubrir las vicisitudes que puedan tener lugar desde la entrada en vigor, el 22 de noviembre, de la Ley 10/2012 (Regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) hasta que se apruebe la Orden que regule su procedimiento y, en concreto, el necesario modelo de autoliquidación de la tasa, disponiendo que “los Secretarios Judiciales de todo el territorio nacional no exigirán, en ningún caso, la presentación del justificante de autoliquidación de la tasa para dar curso a los escritos procesales que se presenten”.

En el mismo sentido que la Asociación Española de Banca (AEB), la CECA emite una nota de prensa con el siguiente contenido:

Las entidades financieras asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) han decidido suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades.

La AEB, en nota de prensa publicado hoy 12 de noviembre, comunica lo siguiente:

Ante la alarma social generada por los desahucios hipotecarios, desea hacer público:

Tras diversos contactos con representantes del Gobierno, el pasado jueves día 8 el presidente de la AEB trasladó al Secretario de Estado de Economía y Competitividad, en nombre de los bancos de la Asociación, el siguiente compromiso:

“… el compromiso de las entidades miembros de la AEB, por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social, de paralizar los lanzamientos durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”.

El contenido de este compromiso había sido objeto de un debate intenso y profundo de los bancos asociados a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica.

Ambas han llegado al compromiso de poner en marcha las medidas "cuanto antes", bien a través de un Real Decreto-ley, bien mediante un Proyecto de Ley con tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia. El objetivo es que las medidas entren en vigor en el menor plazo de tiempo posible.

Se trata de articular medidas preventivas y paliativas con especial atención a las familias con niños o mayores a su cargo, con el fin de resolver las situaciones de especial vulnerabilidad.

Tanto la vicepresidenta del Gobierno, como la vicesecretaria general del PSOE, han acordado que todas las propuestas sean sometidas a la evaluación de seis expertos, tres propuestos por el Gobierno y tres por el Partido Socialista. El lunes mantendrán su primera reunión.

El propósito es que las medidas se alcancen con el máximo consenso, tengan la mayor efectividad y resuelvan pronto el drama de los desahucios.

El Pleno del Tribunal Constitucional presidido por Pascual Sala Sánchez, e integrado por los Magistrados Ramón Rodríguez Arribas, Manuel Aragón Reyes, Pablo Pérez Tremps, Adela Asua Batarrita, Ignacio Ortega Álvarez, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Encarnación Roca Trías, Andrés Ollero Tassara, Fernando Valdés Dal-Ré y Juan José González Rivas reunidos en el día 6 de noviembre, han dictado Sentencia en el recurso de inconstitucionalidad núm. 6864-2005, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modificó 16 artículos del Código Civil para sustituir los términos "marido" y "mujer" por el de "cónyuges" y las palabras "padre" y "madre" por "progenitores" y se amplio el artículo 44, estableciendo que “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.”

La Comisión de Justicia debate desde el 31-10-2012 el Proyecto de Ley por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Ver el proyecto

Una vez analizado el informe de la ponencia y votadas las enmiendas al articulado, esta iniciativa pasará directamente al Senado, ya que en este caso la Comisión de Justicia tiene competencia legislativa Plena. En caso de que la Cámara Alta no introduzca ningún cambio, la Ley quedará aprobada y será publicada en el Boletín Oficial del Estado. Si se aprueba alguna enmienda, volverá al Pleno del Congreso para que éste decida si las ratifica o no.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado, que propondrá a las Comunidades Autónomas elevar el umbral para acceder a la Justicia gratuita a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y no dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como hasta ahora. La modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita permitirá que pasen a ser titulares de este derecho los que cobren menos de 15.975 euros cuando hasta ahora sólo lo eran los que percibían hasta 14.910.

La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que está preparando el Gobierno prevé que las personas que cumplan los requisitos para utilizar este servicio, lo puedan hacer un máximo de tres veces al año, salvo que se acredite que no hay abusos. Este principio no regirá para la vía penal, que no tendrá un tope de utilización.

El Ministerio tiene previsto recabar primero las opiniones de las CCAA sobre esta propuesta para modificar la Ley de Justicia Gratuita, con las que entablará un diálogo, antes de llevar un texto al Consejo de Ministros.

Fuente: Ministerio de Justicia

En el Consejo de Ministros celebrado hoy, día 19 de octubre de 2012, se han presentado, entre otras cuestiones, dos informes relativos a sendos Anteproyectos de Ley, de Fomento de la Integración Cooperativa y de otras Entidades Asociativas de carácter agroalimentario, por una parte, y de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, por otra, cuyo contenido detallamos a continuación.

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN COOPERATIVA

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre el Anteproyecto de Ley de Fomento de la Integración Cooperativa y de otras Entidades Asociativas de carácter agroalimentario con el objetivo de lograr que las cooperativas españolas crezcan en dimensión y capacidad y sean más competitivas.

De entre los diversos asuntos aprobados hoy en la sesión del Consejo de Ministros, cabe destacar los siguientes:

ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

• El matrimonio forzado se tipifica como delito agravado de coacciones.
• Se crea un nuevo tipo penal de acoso para castigar conductas que, sin emplear la violencia, coartan la libertad de la víctima mediante vigilancias o llamadas reiteradas.
• Se castiga la divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima, aunque ella se las facilitase a alguien.
• Será delito cualquier acto sexual con menores de trece años y hasta los dieciséis años se considerará abuso sexual cuando exista engaño o se abuse de una posición de confianza, autoridad o influencia.
• Se amplía el comiso, además de a los delitos de terrorismo y crimen organizado, a los de blanqueo, receptación, trata de seres humanos, prostitución y abuso de menores, tráfico de drogas, falsificación de moneda y corrupción
• Se agiliza la cancelación de antecedentes penales.