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El plan de actuación coordinada contempla normas comunes para intervenir las entidades con problemas financieros… y evitar rescates a costa del contribuyente.

La crisis financiera global ha puesto de manifiesto con qué rapidez los problemas de un banco pueden extenderse al resto de una economía y a la de otros países. No es menos evidente que los países de la UE carecen de normas adecuadas para gestionar con eficacia las entidades en apuros.

En muchos casos los gobiernos han tenido que echar mano del dinero del contribuyente para apuntalar a algunos de sus grandes bancos y evitar así daños a millones de clientes y al conjunto del sistema financiero.

Para colmar este vacío, la Comisión propone normas comunes que ayuden a los países miembros y a sus reguladores a responder ante las crisis bancarias con rapidez y eficacia.

• La rentabilidad media de sus operaciones ha sido del 3,45%
• Cincuenta y cuatro entidades de crédito obtuvieron más de 19.000 millones de liquidez a través de este instrumento

El Consejo Rector del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF) ha procedido a la liquidación y extinción de este instrumento en su reunión del 1 de junio. La liquidación se produce una vez han vencido todas las operaciones de este fondo, ideado para facilitar la liquidez de las entidades financieras. De esta forma, se cumple con el acuerdo del Consejo de Ministros el 30 de marzo sobre el FAAF.

El fondo fue creado en octubre de 2008 en el marco de una serie de medidas de impulso para la financiación al sector privado por parte de las entidades financieras, ante las dificultades existentes para captar liquidez en los mercados mayoristas. Su dotación presupuestaria ascendió a 19.500 millones de euros entre los ejercicios 2008 y 2009.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el 31 de Mayo, por unanimidad, un documento que recoge las bases para la elaboración de un Plan de Austeridad y Trasparencia que prevenga la repetición de acontecimientos como los vividos en estas fechas, que han supuesto un menoscabo para la imagen de la institución, del Tribunal Supremo y del Poder Judicial en su conjunto.

El documento es consecuencia de la preocupación de los miembros del Consejo General ante la grave crisis económica que sacude la economía española, que impone la máxima exigencia de ejemplaridad en la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos.

Con ese fin, el Pleno ha acordado pedir a las comisiones de Estudios e Informes y de Presupuestos que, en el próximo pleno de la institución, convocado para el 28 de junio, presente una propuesta para actualizar las normas sobre liquidación de comisiones de servicio con derecho a indemnización y gastos de protocolo o de representación con cargo a los Presupuestos del Consejo General del Poder Judicial, normas que fueron aprobadas por la Comisión Presupuestaria de 14 de diciembre de 1999 como desarrollo del acuerdo aprobado el Pleno de la institución en 1996.

Esa actualización deberá incorporar, en los formularios de pago por gastos que afecten al presidente, a los vocales y al secretario general, la actividad concreta realizada relacionada con el cargo y las funciones que justifica el abono de los costes.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprueba un documento con sus proyectos de trabajo de los próximos meses. Entre ellos destacan las medidas para reducir la litigiosidad, el análisis de las cargas de trabajo de los órganos judiciales y una radiografía de los órganos unipersonales y colegiados.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial celebrado el 31 de mayo ha aprobado, por mayoría de 19 votos y 2 abstenciones, un documento que contienen los proyectos que se desarrollan en su seno para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia y el mejor servicio para el ciudadano.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, con 178 votos a favor, 28 en contra y 123 abstenciones, la convalidación del Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, por el que se introducen diversas medidas para el saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero y que ha sido defendido por el ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos.

La Cámara acordó por unanimidad tramitar este Real Decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con lo que podrán presentarse enmiendas al articulado que serán debatidas en la Comisión de Economía y Competitividad.

El Ejecutivo argumenta, en la exposición de motivos del real decreto, que con éste trata de disipar las incertidumbres que vienen dificultando la normalización del sector financiero español y la recuperación de su función canalizadora del ahorro a la economía real; el presente real decreto-ley establece, en el Capítulo I, requerimientos de cobertura adicionales, por el deterioro de las financiaciones vinculadas a la actividad inmobiliaria clasificadas como en situación normal.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, ha presidido la presentación del primer estudio sobre el cloud computing elaborado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (ONTSI).

Al acto también han asistido el director general de Red.es, Borja Adsuara, y el director del ONTSI, Pedro Martín.

Durante su intervención, Calvo-Sotelo ha señalado el grado de madurez alcanzado por la tecnología basada en la nube y ha destacado la importancia del uso de aplicaciones web para llevar al sector de las PYMES a un escenario más eficiente.

"Actos como el de hoy anima al mundo empresarial español a sumarse a esta nueva forma de trabajar", declaró Calvo-Sotelo, quien avanzó que los beneficios del cloud computing estarán muy presentes en la Agenda Digital Española que está elaborando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo junto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El informe 'Cloud Computing: Retos y Oportunidades', se ha elaborado con el objetivo de analizar la situación actual y el impacto de la tecnología cloud computing en España. También pretende identificar oportunidades de crecimiento y estrategias de adopción de este tipo de modelo tecnológico, con especial atención a las PYMES españolas.

El presidente de Instituto de Crédito Oficial (ICO), Román Escolano; el presidente de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), Manuel Valle; y el presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), Ramón González, han suscrito un acuerdo de colaboración destinado a impulsar y mejorar el acceso a la financiación de autónomos y empresas, a través de la Línea ICO Garantía SGR.

Al acto también han asistido representantes de diversas sociedades de Garantía Recíproca (SGR) como Avalmadrid, Oinarri, Transaval, Iberaval, Fianzas y Servicios Financieros y Audiovisual Aval.

En el marco de este acuerdo, CERSA, sociedad adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la PYME, podrá reavalar las operaciones que hayan sido garantizadas por las SGR, con el objetivo de reforzar su capacidad financiera, priorizando la innovación y la actividad emprendedora. Esta actuación se materializa con la colaboración del Fondo Europeo de Inversiones, en el marco del programa comunitario CIP 2007-2013.

Por su parte, CESGAR fomentará la utilización de la Línea ICO Garantía SGR entre sus asociados y canalizará las necesidades y requerimientos de financiación que le sean trasladados por sus asociados.

Nueva estrategia de la UE para mejorar la protección y la seguridad de los consumidores: más información para los compradores y ayuda para recurrir en caso de problemas con las compras.

La normativa de protección del consumidor de la UE es una de las más estrictas del mundo. Sin embargo, el mercado es cada vez más sofisticado y en él tienen cabida productos, servicios y tácticas comerciales cada vez más complejos.

Para hacer frente a estos retos, la Comisión propone ampliar el enfoque de la protección de los consumidores.

El gasto de los consumidores representa en la actualidad más de la mitad del PIB de la UE. Mejorar el sistema aumentaría la confianza de los consumidores e impulsaría la competencia y el crecimiento económico. En los dos años próximos, la estrategia para impulsar la confianza y el crecimiento:

El ministro de Justicia ha emitido unas palabras ante el Congreso de Diputados en defensa de los Presupuestos Generales del Estado en relación a la materia que le compete. La defensa está inspirada por la necesidad de dar una respuesta urgente y efectiva no ya a la difícil situación creada por la crisis económica, sino también a las propias insuficiencias y errores de planteamiento que esta ha dejado al descubierto. Se trata, además, de un capítulo presupuestario que atiende a la doble función que la Justicia adquiere en un país que, como el nuestro, se quiere avanzado: si por una parte es una pieza fundamental del sistema de derechos y deberes en que se articula la convivencia, por otra representa un servicio público cuya eficacia es, o debería ser, un poderoso elemento de competitividad socioeconómica.

• Discurso en defensa del presupuesto

Fuente: Ministerio de Justicia

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha afirmado en el Senado que el anteproyecto de Ley para la reforma del mercado del alquiler reforzará los derechos de los inquilinos, ya que podrán finalizar el contrato en cualquier momento siempre que lo comuniquen con un mes de antelación al propietario. En caso de producirse dicho desistimiento anticipado, el contrato podrá prever una indemnización específica para el dueño del inmueble.

En respuesta a una pregunta de Entesa en la sesión de control al Ejecutivo en la cámara alta, Pastor ha añadido que la reforma busca preservar la libertad de las partes para llegar a acuerdos y refuerza la seguridad jurídica.

Ha recordado que en España hay más de tres millones de viviendas vacías y que el stock de viviendas nuevas sin vender es de 680.000 viviendas. Además, el porcentaje de población que habita en una vivienda en alquiler apenas llega al 17%, mientras que en Europa está en el 33% de media.