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El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, con 178 votos a favor, 28 en contra y 123 abstenciones, la convalidación del Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, por el que se introducen diversas medidas para el saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero y que ha sido defendido por el ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos.

La Cámara acordó por unanimidad tramitar este Real Decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con lo que podrán presentarse enmiendas al articulado que serán debatidas en la Comisión de Economía y Competitividad.

El Ejecutivo argumenta, en la exposición de motivos del real decreto, que con éste trata de disipar las incertidumbres que vienen dificultando la normalización del sector financiero español y la recuperación de su función canalizadora del ahorro a la economía real; el presente real decreto-ley establece, en el Capítulo I, requerimientos de cobertura adicionales, por el deterioro de las financiaciones vinculadas a la actividad inmobiliaria clasificadas como en situación normal.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, ha presidido la presentación del primer estudio sobre el cloud computing elaborado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (ONTSI).

Al acto también han asistido el director general de Red.es, Borja Adsuara, y el director del ONTSI, Pedro Martín.

Durante su intervención, Calvo-Sotelo ha señalado el grado de madurez alcanzado por la tecnología basada en la nube y ha destacado la importancia del uso de aplicaciones web para llevar al sector de las PYMES a un escenario más eficiente.

"Actos como el de hoy anima al mundo empresarial español a sumarse a esta nueva forma de trabajar", declaró Calvo-Sotelo, quien avanzó que los beneficios del cloud computing estarán muy presentes en la Agenda Digital Española que está elaborando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo junto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El informe 'Cloud Computing: Retos y Oportunidades', se ha elaborado con el objetivo de analizar la situación actual y el impacto de la tecnología cloud computing en España. También pretende identificar oportunidades de crecimiento y estrategias de adopción de este tipo de modelo tecnológico, con especial atención a las PYMES españolas.

El presidente de Instituto de Crédito Oficial (ICO), Román Escolano; el presidente de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), Manuel Valle; y el presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), Ramón González, han suscrito un acuerdo de colaboración destinado a impulsar y mejorar el acceso a la financiación de autónomos y empresas, a través de la Línea ICO Garantía SGR.

Al acto también han asistido representantes de diversas sociedades de Garantía Recíproca (SGR) como Avalmadrid, Oinarri, Transaval, Iberaval, Fianzas y Servicios Financieros y Audiovisual Aval.

En el marco de este acuerdo, CERSA, sociedad adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la PYME, podrá reavalar las operaciones que hayan sido garantizadas por las SGR, con el objetivo de reforzar su capacidad financiera, priorizando la innovación y la actividad emprendedora. Esta actuación se materializa con la colaboración del Fondo Europeo de Inversiones, en el marco del programa comunitario CIP 2007-2013.

Por su parte, CESGAR fomentará la utilización de la Línea ICO Garantía SGR entre sus asociados y canalizará las necesidades y requerimientos de financiación que le sean trasladados por sus asociados.

Nueva estrategia de la UE para mejorar la protección y la seguridad de los consumidores: más información para los compradores y ayuda para recurrir en caso de problemas con las compras.

La normativa de protección del consumidor de la UE es una de las más estrictas del mundo. Sin embargo, el mercado es cada vez más sofisticado y en él tienen cabida productos, servicios y tácticas comerciales cada vez más complejos.

Para hacer frente a estos retos, la Comisión propone ampliar el enfoque de la protección de los consumidores.

El gasto de los consumidores representa en la actualidad más de la mitad del PIB de la UE. Mejorar el sistema aumentaría la confianza de los consumidores e impulsaría la competencia y el crecimiento económico. En los dos años próximos, la estrategia para impulsar la confianza y el crecimiento:

El ministro de Justicia ha emitido unas palabras ante el Congreso de Diputados en defensa de los Presupuestos Generales del Estado en relación a la materia que le compete. La defensa está inspirada por la necesidad de dar una respuesta urgente y efectiva no ya a la difícil situación creada por la crisis económica, sino también a las propias insuficiencias y errores de planteamiento que esta ha dejado al descubierto. Se trata, además, de un capítulo presupuestario que atiende a la doble función que la Justicia adquiere en un país que, como el nuestro, se quiere avanzado: si por una parte es una pieza fundamental del sistema de derechos y deberes en que se articula la convivencia, por otra representa un servicio público cuya eficacia es, o debería ser, un poderoso elemento de competitividad socioeconómica.

• Discurso en defensa del presupuesto

Fuente: Ministerio de Justicia

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha afirmado en el Senado que el anteproyecto de Ley para la reforma del mercado del alquiler reforzará los derechos de los inquilinos, ya que podrán finalizar el contrato en cualquier momento siempre que lo comuniquen con un mes de antelación al propietario. En caso de producirse dicho desistimiento anticipado, el contrato podrá prever una indemnización específica para el dueño del inmueble.

En respuesta a una pregunta de Entesa en la sesión de control al Ejecutivo en la cámara alta, Pastor ha añadido que la reforma busca preservar la libertad de las partes para llegar a acuerdos y refuerza la seguridad jurídica.

Ha recordado que en España hay más de tres millones de viviendas vacías y que el stock de viviendas nuevas sin vender es de 680.000 viviendas. Además, el porcentaje de población que habita en una vivienda en alquiler apenas llega al 17%, mientras que en Europa está en el 33% de media.

El Ministerio de Economía y Competitividad y el Banco de España han acordado la contratación de Roland Berger y Oliver Wyman como evaluadores independientes para realizar una valoración de los balances del sistema bancario español.

Después de contactar con los principales consultores internacionales, las dos empresas citadas han sido contratadas formalmente hoy por el Banco de España e iniciarán de inmediato sus trabajos para poder culminarlos en la segunda mitad del próximo mes de junio.

El objetivo de esta iniciativa es incrementar la transparencia y despejar definitivamente las dudas acerca de la valoración de los activos bancarios en España.

El Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), creado por el Gobierno, ha suscrito un crédito sindicado por valor de 30.000 millones de euros, ampliables a 35.000 millones, con 26 entidades financieras.

De esta forma, se da el último paso para que corporaciones locales y comunidades autónomas puedan refinanciar sus deudas y poner en marcha el mecanismo que permitirá a los proveedores empezar a cobrar las facturas que les adeudan. En el caso de los ayuntamientos, los pagos podrán realizarse a partir del próximo 31 de mayo. Para las comunidades autónomas, la fecha de cobro prevista comienza el 30 de junio.

El préstamo sindicado ha sido liderado por las siguientes entidades: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Bankia, Caixabank e Instituto de Crédito Oficial figuran como directoras coordinadoras; Banco Popular como entidad co-directora principal; y Banesto, Banco de Sabadell, Bankinter, Banco CAM, y CECA como co-directoras. También han participado como financiadoras las entidades que se relacionan en la tabla adjunta. La estructura jurídica del préstamo ha sido diseñada por Cuatrecasas Gonçalves Pereira.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto Ley que eleva la provisión genérica de la cartera de créditos y activos inmobiliarios no problemáticos de la banca (123.000 millones de euros), lo que supondrá en torno a 30.000 millones de euros de nuevas dotaciones que tendrán que ser realizadas antes del 31 de diciembre de este año. Estos saneamientos se unen a los 54.000 millones de euros ya realizados tras la aprobación del Real Decreto Ley de reforma financiera de febrero, por lo que el saneamiento total realizado se situará cerca de los 84.000 millones de euros.

Se trata de avanzar y profundizar en el saneamiento del sector financiero español con el objetivo de recuperar la confianza y garantizar la solvencia en un entorno difícil para la economía española. Las nuevas medidas abordan de forma preventiva nuevas dotaciones para activos ligados al crédito promotor que aún no se consideran problemáticos.

Se trata de una segunda fase de la reforma financiera emprendida en febrero pasado y el objetivo final es que los balances de los bancos estén más saneados y protegidos ante el riesgo promotor, para que puedan dedicarse a su actividad principal y volver a conceder créditos a familias y empresas.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Fomento sobre el Anteproyecto de Ley de medidas para dinamizar el mercado del alquiler de viviendas mediante su flexibilización con una reducción de los plazos de duración del contrato, mejora de la seguridad jurídica a través de la inscripción registral de los arrendamientos y la agilización del procedimiento de desahucio.

Además, se adoptarán determinadas medidas en el ámbito fiscal, con la misma finalidad de impulsar el mercado de alquiler.

Con este Anteproyecto de ley, que introduce modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, y en la Ley de 7 de enero de 2000, se busca potenciar el mercado de la vivienda en alquiler en España, país con el menor parque de viviendas de este tipo de toda la Unión Europea.

Los cambios que se introducen servirán para reformar aquellos elementos del marco jurídico actual que impiden un funcionamiento dinámico del mercado de vivienda en alquiler.