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El sábado 9 de junio de 2012 el Gobierno de España ha anunciado su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de sus entidades bancarias más débiles.

El Eurogrupo ha afirmado su voluntad de responder favorablemente a esa petición con un préstamo lo suficientemente amplio como para cubrir las necesidades de capital estimadas, con un importante margen adicional, por un importe de hasta 100.000 millones de euros, que será aportado por FEEF/MEDE. En línea con las conclusiones recogidas en su “Financial System Stability Assessment” sobre España, recientemente publicado, el FMI celebra el compromiso de Europa y España y ha señalado que está dispuesto a apoyar la implementación y a realizar el seguimiento de esta asistencia financiera.

• El análisis se realizará sobre el conjunto de la cartera crediticia, sobre su clasificación y de forma individualizada
• Se medirá la resistencia del sector ante un escenario económico muy adverso

El Gobierno ha puesto en marcha un ejercicio de transparencia, adicional a otras iniciativas que se han llevado a cabo, consistente en la realización de dos análisis privados independientes de valoración de las carteras crediticias en España de los 14 principales grupos bancarios (una vez considerados los procesos de integración actualmente en marcha), que representan en torno al 90% del sistema financiero. Estos ejercicios analizarán, por una parte, la resistencia del sistema a un fuerte deterioro adicional de la coyuntura económica (1ª Etapa) y, por otra, los sistemas internos de las entidades para clasificar, provisionar y medir los riesgos de sus carteras (2ª Etapa). Ambos ejercicios están interrelacionados y se llevan a cabo bajo la coordinación del Banco de España.

En muchos países europeos uno de los principales detonantes de la crisis económica fue el mercado inmobiliario, alimentado por el crédito barato. Pero la responsabilidad no es sólo de los banqueros; los prestatarios también actuaron de manera irresponsable pidiendo hipotecas que después no han podido pagar. Por este motivo, los eurodiputados están presionando al sector financiero para que asesore a los prestatarios sobre los riesgos de los créditos, y que estos sean más sólidos y transparentes.

La comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios votó el jueves 7 de junio un informe sobre los préstamos hipotecarios, redactado por el eurodiputado socialista español Antolín Sánchez Presedo.

Entre otros aspectos, este documento propone que se desarrolle un sistema para una evaluación más eficiente de la capacidad crediticia de los prestatarios, de forma que se les conceda sólo a aquellos que puedan pagar el préstamo.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha comparecido ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para informar de que el candidato para gobernador del Banco de España es Luis María Linde de Castro. El nombramiento corresponde al Rey a propuesta del presidente del Gobierno, como marca la Ley de Autonomía del Banco de España de 1994.

El ministro de Economía y Competitividad ha destacado en su comparecencia la capacitación de Luis María Linde de Castro para dirigir el supervisor bancario, debido a "su dilatada experiencia de servicio público, en donde ha desempeñado cargos de alta responsabilidad, con una fuerte atención internacional".

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que, aunque el artículo 117 de la Constitución establece que es a jueces y tribunales a quien corresponde hacer ejecutar lo juzgado, se estudiará la propuesta de los procuradores dirigida a que estos operadores jurídicos participen en determinadas diligencias necesarias para la ejecución de sentencias, lo que contribuirá a agilizar los procedimientos.

En su intervención en el XIII Congreso Nacional de Procuradores, Ruiz-Gallardón ha destacado la presencia y participación de este colectivo en la comisión institucional encargada de elaborar el proyecto de dos normas que definirán el futuro modelo de Justicia: la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta Judicial.

El plan de actuación coordinada contempla normas comunes para intervenir las entidades con problemas financieros… y evitar rescates a costa del contribuyente.

La crisis financiera global ha puesto de manifiesto con qué rapidez los problemas de un banco pueden extenderse al resto de una economía y a la de otros países. No es menos evidente que los países de la UE carecen de normas adecuadas para gestionar con eficacia las entidades en apuros.

En muchos casos los gobiernos han tenido que echar mano del dinero del contribuyente para apuntalar a algunos de sus grandes bancos y evitar así daños a millones de clientes y al conjunto del sistema financiero.

Para colmar este vacío, la Comisión propone normas comunes que ayuden a los países miembros y a sus reguladores a responder ante las crisis bancarias con rapidez y eficacia.

• La rentabilidad media de sus operaciones ha sido del 3,45%
• Cincuenta y cuatro entidades de crédito obtuvieron más de 19.000 millones de liquidez a través de este instrumento

El Consejo Rector del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF) ha procedido a la liquidación y extinción de este instrumento en su reunión del 1 de junio. La liquidación se produce una vez han vencido todas las operaciones de este fondo, ideado para facilitar la liquidez de las entidades financieras. De esta forma, se cumple con el acuerdo del Consejo de Ministros el 30 de marzo sobre el FAAF.

El fondo fue creado en octubre de 2008 en el marco de una serie de medidas de impulso para la financiación al sector privado por parte de las entidades financieras, ante las dificultades existentes para captar liquidez en los mercados mayoristas. Su dotación presupuestaria ascendió a 19.500 millones de euros entre los ejercicios 2008 y 2009.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el 31 de Mayo, por unanimidad, un documento que recoge las bases para la elaboración de un Plan de Austeridad y Trasparencia que prevenga la repetición de acontecimientos como los vividos en estas fechas, que han supuesto un menoscabo para la imagen de la institución, del Tribunal Supremo y del Poder Judicial en su conjunto.

El documento es consecuencia de la preocupación de los miembros del Consejo General ante la grave crisis económica que sacude la economía española, que impone la máxima exigencia de ejemplaridad en la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos.

Con ese fin, el Pleno ha acordado pedir a las comisiones de Estudios e Informes y de Presupuestos que, en el próximo pleno de la institución, convocado para el 28 de junio, presente una propuesta para actualizar las normas sobre liquidación de comisiones de servicio con derecho a indemnización y gastos de protocolo o de representación con cargo a los Presupuestos del Consejo General del Poder Judicial, normas que fueron aprobadas por la Comisión Presupuestaria de 14 de diciembre de 1999 como desarrollo del acuerdo aprobado el Pleno de la institución en 1996.

Esa actualización deberá incorporar, en los formularios de pago por gastos que afecten al presidente, a los vocales y al secretario general, la actividad concreta realizada relacionada con el cargo y las funciones que justifica el abono de los costes.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprueba un documento con sus proyectos de trabajo de los próximos meses. Entre ellos destacan las medidas para reducir la litigiosidad, el análisis de las cargas de trabajo de los órganos judiciales y una radiografía de los órganos unipersonales y colegiados.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial celebrado el 31 de mayo ha aprobado, por mayoría de 19 votos y 2 abstenciones, un documento que contienen los proyectos que se desarrollan en su seno para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia y el mejor servicio para el ciudadano.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, con 178 votos a favor, 28 en contra y 123 abstenciones, la convalidación del Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, por el que se introducen diversas medidas para el saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero y que ha sido defendido por el ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos.

La Cámara acordó por unanimidad tramitar este Real Decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con lo que podrán presentarse enmiendas al articulado que serán debatidas en la Comisión de Economía y Competitividad.

El Ejecutivo argumenta, en la exposición de motivos del real decreto, que con éste trata de disipar las incertidumbres que vienen dificultando la normalización del sector financiero español y la recuperación de su función canalizadora del ahorro a la economía real; el presente real decreto-ley establece, en el Capítulo I, requerimientos de cobertura adicionales, por el deterioro de las financiaciones vinculadas a la actividad inmobiliaria clasificadas como en situación normal.