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 IV Plan de actualización del Supremo

• El plan, con una inversión de 2,4 millones de euros, busca resolver los asuntos pendientes en el plazo de un año
• El Ministerio destinará al Alto Tribunal un total de 21 magistrados, 50 letrados y 28 funcionarios
• El Supremo acumulaba 19.841 asuntos pendientes hasta el pasado mes de mayo

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, han firmado el IV Plan de actualización del Tribunal Supremo, cuyo objetivo es resolver los asuntos en el mismo año de su recepción y lograr así la eliminación de la pendencia de asuntos. El acuerdo, al que se han asignado 2.444.763 millones de euros, tendrá una vigencia de seis meses y abarca el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012.

La recaudación de la tasas se vinculará a la justicia gratuita y los ingresos anuales por este concepto ascenderán a 306 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Con esta ley el Ministerio de Justicia persigue una doble finalidad: por un lado, racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y, por otro, asegurar el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar. El destino de la recaudación se vincula a la financiación del sistema de justicia gratuita, lo que, sin duda, contribuye a la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores prohíbe de forma cautelar con efectos inmediatos y con carácter transitorio, la realización por cualquier persona física o jurídica de operaciones sobre valores o instrumentos financieros que supongan la constitución o incremento de posiciones cortas netas sobre acciones admitidas a negociación en un mercado secundario oficial español. La prohibición se mantendrá por un periodo de 3 meses.

Puede consultar aquí el Acuerdo de la CNMV.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido a Gonzalo Moliner como nuevo presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ por 12 votos. Moliner preside actualmente la Sala de lo Social del Alto Tribunal, la Sala Cuarta.

La elección de Moliner se produjo en la sesión plenaria del CGPJ convocada el 17 de julio.

El presidente en funciones del CGPJ y vicepresidente, Fernando de Rosa, propuso al Pleno los nombres de los dos magistrados que habían concitado un mayor consenso entre los 20 vocales del Consejo durante las dos sesiones anteriores: José Ramón Ferrandiz y Gonzalo Moliner.

El magistrado Gonzalo Moliner obtuvo 12 votos de un total de 20 vocales. Es la mayoría que se requería para ser designado, ya que la legislación establece una mayoría reforzada de tres quintos del Pleno para la elección del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.

La designación de Gonzalo Moliner fue comunicada al término de la sesión plenaria a la Casa Real y al Ministerio de Justicia. Moliner comenzará a ejercer sus funciones una vez se publique su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, en el apartado del CGPJ.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia sobre el calendario del Programa Nacional de Reformas para el segundo semestre, que incluye, como elementos fundamentales, la aprobación de veinte leyes que tienen como objetivo básico la reforma de las Administraciones Públicas, ganar en competitividad y mejorar la economía española para el crecimiento. La relación es la siguiente:

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, mediante un Real Decreto, el Reglamento que desarrolla la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, de 4 de noviembre de 2003.

El Reglamento persigue impulsar la eficiencia del mercado y mejorar los mecanismos de protección al inversor y establece un nuevo régimen de recursos propios de las SGIIC, además de incorporar recomendaciones del Consejo de Estado.

En la Unión Europea existe desde 1985 un régimen armonizado para las instituciones de inversión colectiva (IIC, fondos de inversión…), dirigidas a inversores minoristas. El Reglamento que se aprueba hoy completa la transposición de las normas comunitarias.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha adelantado algunos de los temas que recogerá el nuevo Código Mercantil, cuyo anteproyecto está previsto que se presente en otoño. En su discurso, pronunciado durante la entrega del XV Premio de Estudios Jurídicos Universitarios Manuel Broseta, el ministro ha destacado la labor desarrollada por la Comisión General de Codificación desde finales de 2006 en la redacción de este texto legal que proporcionará mayor seguridad jurídica al aglutinar toda la legislación mercantil existente en una sola norma.

Extracto de la intervención del ministro:

"La necesidad de asegurar en el ámbito jurídico-privado la unidad de mercado prevista en el artículo 139 de la Constitución aconsejaba que la legislación mercantil aparezca claramente delimitada, como garantía de seguridad jurídica para todos los operadores económicos. Esa finalidad exigía la elaboración de un nuevo Código Mercantil que sustituya al Código de Comercio de 1885, totalmente superado ya en la realidad del ordenamiento, no solo por sus planteamientos decimonónicos, tan alejados de las exigencias del tráfico económico actual, sino también por la proliferación de leyes especiales que, desgajadas del vigente Código, dan lugar a una dispersión de la legislación mercantil de efectos muy negativos. Como detalle técnico, les adelanto que se trata de un texto flexible en su sistematización, al adoptar la numeración independiente de los libros, títulos y capítulos, siguiendo el modelo de la nueva codificación francesa. Esta numeración permite añadir o modificar artículos del texto legal sin tener que alterar la numeración del conjunto de los artículos."

Muchos consumidores y comerciantes no se deciden a comprar o vender en línea porque temen que en caso de tener problemas no puedan denunciarlo ante la justicia. La comisión de Mercado Interior aprobó dos informes el martes 10 de julio que ofrecen a los consumidores y a los comerciantes alternativas simples, rápidas y asequibles para denunciar controversias en línea sin necesidad de pasar por los tribunales.

El pasado martes 10 de julio la comisión parlamentaria de Mercado Interior aprobó dos informes sobre la propuesta de la Comisión Europea de crear una directiva que regule las controversias en asuntos comerciales, a petición del eurodiputado socialista maltés Louis Grech, y sobre la resolución de controversias en línea en los litigios de consumo, propuesta por la eurodiputada socialista polaca Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Mediante Resolución de 10 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, se publican en el BOE de hoy  las entidades que han comunicado su adhesión voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

 El artículo 5 del Real Decreto- Ley 6/2012, señala que las entidades comunicarán su adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Asimismo, dispone que en los primeros diez días de los meses de enero, abril, julio y octubre, el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mediante resolución, ordenará la publicación del listado de entidades adheridas en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado».

Los compradores de productos financieros tendrían mejor información y mayor protección.

La crisis financiera lo demuestra: la UE necesita reforzar sus normas sobre venta de productos de inversión para garantizar que el consumidor reciba información más clara y consejos más adecuados.

Frente a unos productos cada vez más complejos y que hoy en día están al alcance del inversor ordinario, la normativa actual ha quedado obsoleta. Con sus propuestas, la Comisión quiere que las empresas pongan por delante los intereses de sus clientes.

Completar la información

La propuesta de documento informativo estándar obligaría a los asesores financieros a dar sobre cada producto de inversión una serie de datos básicos. Esto ayudaría al inversor:

• a contar con la información fundamental que le permita decidir con conocimiento de causa
• a comprender aun los productos de inversión más complejos
• a comparar los riesgos y costes de diferentes productos y así poder elegir el que más le convenga.