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El 27 de febrero de 2012, el juzgado mercantil 10 de Barcelona dictó Auto aprobatorio del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Spanair, S.A., un mes antes de la fecha prevista en el calendario marcado por el propio juzgado, tras el acuerdo al que han llegado los trabajadores de dicha compañía y la administración concursal y el informe emitido por la autoridad laboral. El Auto supone la extinción de los 2.597 contratos de trabajo de la concursada con efectos 27 de febrero de 2012. A partir de este momento, los trabajadores pueden acceder a la situación de desempleo y, dado que la compañía no puede afrontar el pago de las indemnizaciones, reclamar del FOGASA la parte de indemnización que dicho organismo abone.

El acuerdo, al que se ha llegado tras diversas reuniones y negociaciones mantenidas entre la administración concursal y la representación de los trabajadores, establece un pago de indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un tope de 12 mensualidades.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha comprometido hoy en su comparecencia en el Senado a poner en marcha el grueso de sus reformas antes de que finalice 2012, tiempos y plazos que se ha marcado para que quede constancia de que su objetivo es agilizar los trámites judiciales lo antes posible. Junto al calendario legislativo de su departamento, el titular de Justicia ha avanzado también el contenido de algunas de sus propuestas. Precisamente, uno de los asuntos que dijo tener "prácticamente ultimado" es el referido a la revisión de tasas judiciales vigentes, anunciado ya en Comisión en el Congreso de los Diputados. Mientras la recaudación de los depósitos se empleará para la modernización de la Justicia, tal y como establecía la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009, en el caso de las tasas (aspecto sobre el que acaba de pronunciarse el Tribunal Constitucional de forma positiva), los ingresos se destinarán a la financiación de la justicia gratuita. Es decir, que las tasas que abonan los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no ingresarán de forma indiscriminada en las arcas del Estado sino que servirán para cubrir los costes derivados de los litigios de quienes carecen de recursos.

Respecto a la justicia gratuita, Ruiz-Gallardón ha asegurado que ningún ciudadano que acredite no tener recursos para acceder en igualdad de condiciones a los tribunales quedará sin atender, pero ha remarcado que es necesaria una revisión de los criterios actuales para evitar su uso fraudulento y una mejor orientación a los afectados para resolver sus problemas de forma extrajudicial.

El Real Decreto Ley de Mediación Civil y Mercantil aprobado en Consejo de Ministros del pasado día 2, incluye una modificación de la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procuradores, de forma que los Licenciados en Derecho no queden discriminados y puedan quedar exentos o convalidar sus créditos al cursar el postgrado al que les obliga la Ley original aprobada en 2006.

De este modo, se establecen cuatro excepciones al master para obtener el título son las siguientes:

• En primer lugar, todos aquellos que se matricularon antes de que se aprobara la Ley en octubre de 2006 no tendrán que realizar el postgrado si en un plazo de dos años una vez finalizada la carrera proceden a colegiarse.

El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado día 2, un Real Decreto Ley de Mediación Civil y Mercantil, con lo que se pone a disposición de los ciudadanos un mecanismo de resolución de conflictos voluntario, ágil, flexible y económico.

La mediación es una forma voluntaria de resolución de controversias entre dos partes con la ayuda de una tercera persona, cualificada, imparcial y neutral que les guía en la consecución de un acuerdo por sí mismas. El mediador, por lo tanto, a diferencia de lo que sucede en el arbitraje, no tiene capacidad de decisión en la resolución del conflicto, ya que esta corresponde por entero a las partes.

Ámbito civil y mercantil

El Real Decreto Ley de mediación se extiende al ámbito civil y mercantil, con expresa exclusión de la mediación penal, la laboral, la de consumo y con las Administraciones públicas, de acuerdo con el ámbito de aplicación de la Directiva comunitaria que se traspone.

La Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones ha realizado una presentación relativa a los retos y objetivos para el sector asegurador.

La estructura de la presentación es la siguiente:

1. Perspectivas y retos para el Supervisor:
   
   
   • La función del seguro.
   • La función del supervisor.
     
     
2. Proyectos normativos de relevancia para el sector:
   

He solicitado al Gobierno Vasco -ha explicado el ministro- que ese camino lo recorramos juntos: las comunidades autónomas con las competencias transferidas, el Gobierno de España a través Ministerio de Justicia, y también, de manera muy activa, el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ)."

Ruiz Gallardón ha añadido que "en el Ministerio de Justicia sabemos que, si queremos resolver los desfases que históricamente hemos encontrado de distintos sistemas tecnológicos, que no solamente son diferentes entre sí sino que muchas veces han resultado incompatibles; si queremos aplicar un sistema de organización judicial en el que sea rotunda la modernización y por tanto la mejora de la administración de justicia,  no lo podremos alcanzar solos: necesitamos al CGPJ y a las CCAA con las competencias transferidas".

La Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto a Iberdrola una multa de 10.685.000€ por el traspaso de clientes desde la comercializadora de último recurso hasta la comercializadora en mercado libre sin recabar el consentimiento expreso del consumidor exigido por la normativa sectorial.

Con fecha 23 de diciembre de 2009, tuvo entrada en la Comisión Nacional de la Competencia denuncia presentada por Gas Natural Servicios SDG, S.A. y Unión Fenosa Comercial, S.L. contra Iberdrola por el traspaso de contratos desde la comercializadora de último recurso hasta la comercializadora en mercado libre, sin recabar el consentimiento expreso del consumidor, exigido por la normativa sectorial.

El 1 de julio de 2010, la Dirección de investigación de la CNC acordó la incoación de expediente sancionador (S/0213/10 Iberdrola Sur) contra Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. (Ibercur), Iberdrola, S.A. e Iberdrola Generación S.A.U. por una posible infracción del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, consistente en el falseamiento de la libre competencia por actos desleales. El artículo 3 permite la intervención de las autoridades de competencia cuando los actos de competencia desleal falseen la competencia en el mercado afectando al interés público.

El Gobierno creará la Comisión Nacional de Mercados y Competencias como único organismo supervisor en lugar de los ocho actuales. El objetivo de esta medida es evitar duplicidades y ganar competitividad y eficiencia. Supondrá un ahorro de 4 millones de euros en sueldos y retribuciones de consejeros.

El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de los organismos supervisores. El objeto de la norma es crear la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, que agrupará las funciones de supervisión de los organismos independientes existentes en la actualidad. El texto será remitido a las distintas autoridades supervisoras, así como a las instituciones en materia de consumidores y usuarios.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que los organismos supervisores son instituciones necesarias para salvaguardar la competencia y la apertura a nuevos prestadores de servicios.

Sáenz de Santamaría ha explicado que se han observado duplicidades y contradicciones entre los informes de los ocho organismos reguladores actuales, lo que implica una desprotección del mercado y los consumidores.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer 18 de las 61 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios a la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a 2010.

La Cámara Baja aprobó las 11 resoluciones impulsadas por el Grupo Popular, 5 por planteadas por CiU, una impulsada por UPyD y otra por el PNV.

Entre otras cuestiones, a través de estas resoluciones el Congreso insta al CGPJ a que adopte las medidas necesarias para garantizar que los jueces y magistrados asuman las responsabilidades que se les puede imputar como consecuencia de su acción; y a adoptar medidas que redunden en la agilización del servicio y el pronto acometimiento de las importantes reformas procesales anunciadas en materia de jurisdicción voluntaria y mediación.

También le emplaza a colaborar con el Ministerio de Justicia para solucionar el atasco de asuntos que se acumulan en el Tribunal Supremo y logre el objetivo anunciado por su presidente, Carlos Dívar, en el sentido de que para este año 2012 sus cinco Salas estén puestas al día.

El pasado 21 de febrero el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Alberto Casado Cerviño, y el Presidente de LES ESPAÑA-PORTUGAL, José Luis de Miguel Antón, firmaron un Convenio de colaboración para facilitar e impulsar el conocimiento de la Propiedad Industrial.

Este Convenio tiene como objeto establecer un marco de cooperación entre la OEPM y LES España – Portugal con el fin de facilitar, impulsar y estimular el conocimiento y la utilización de los derechos de Propiedad Industrial, así como la transferencia de tecnología, entre miembros cualificados pertenecientes al sistema ciencia-tecnología-empresa de España y en general apoyando a personas interesadas en los citados temas.

Entre otras actividades, LES España – Portugal participará en aquellas que sean desarrolladas por la OEPM para difundir la PI entre los profesionales y colectivos interesados, compartiendo su experiencia en esta materia, dando adecuada publicidad en los foros apropiados en los que participe y cooperará en la elaboración y difusión de monografías, estudios e informes sobre temas específicos considerados de interés para ambas partes.

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas