Noticias

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado en una comparecencia en el Congreso que el Gobierno tiene la intención de reformar el modo de elección de los miembros del CGPJ para volver al sistema anterior a 1985 en que los miembros del órgano de los jueces eran elegidos mayoritariamente entre jueces, mientras que en la actualidad sus 20 miembros son elegidos por el Congreso y Senado por mayoría de tres quintos, siendo designado su presidente por el Pleno del CGPJ entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia.

Asimismo, la vicepresidenta, ha anunciado que se va a proceder a abrir una ronda de negociaciones con las fuerzas políticas a fin de renovar el Tribunal Constitucional y ha anunciado la presentación a las Cortes de una Ley Orgánica para garantizar que las funciones del Tribunal Constitucional se ajusten a las recogidas en la Constitución.

Ello incluirá la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía y la redefinición del recurso de amparo con el fin de evitar que el tribunal Constitucional se convierta en una instancia jurisdiccional más.

Nueva Base de Datos

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en el marco de los programas de cooperación y convergencia entre las oficinas comunitarias de marcas, han llegado al acuerdo de ofrecer a sus usuarios una base de datos en español, común y armonizada, de productos y servicios para el registro de marcas.

Esta nueva base de datos se pondrá a disposición pública de todos los usuarios el próximo día 31 de enero de 2012 en la página web de la OEPM en el epígrafe: “clasificación internacional de productos y servicios de marcas”, donde se encuentra el programa informático (CLINMAR) que permitirá a los usuarios efectuar las correspondientes búsquedas sobre dicha base de datos para una correcta clasificación de los productos y servicios antes de solicitar el registro de sus marcas.

El Juzgado de lo Mercantil nº 5 ha acordado la terminación de la fase común del concurso de la empresa Air Madrid Líneas Aéreas S.A, iniciado en enero de 2007, sin necesidad de que se haya abierto la fase de convenio tras alcanzarse las mayorías necesarias en la propuesta presentada por la concursada.

El fallo establece, en líneas generales, que Air Madrid Líneas Aéreas S.A. debe proceder a la modificación de su denominación social y a la ampliación de su objeto social en los tres meses siguientes a la firmeza de la resolución aprobatoria del convenio.

En la renovación del acuerdo Museo del Prado - Telefónica que permitirá a la pinacoteca abrir 53 lunes al año. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha anunciado hoy que su departamento trabaja ya en un "anteproyecto de nueva Ley de Mecenazgo que amplíe y profundice en los mecanismos que se establecen en la ley de 2002" y que le dé profundidad a este fenómeno, del que ha destacado sus enormes implicaciones sociales y su peso en la dinamización de la economía.

Dicho anteproyecto se encuentra en una fase "avanzada" de preparación y el ministro ofrecerá más detalles sobre el mismo en próximas semanas durante su comparecencia en la Comisión de Cultura del Congreso.

Testimonio de reconocimiento y admiración a la figura de Manuel Fraga

El ministro recalca la autonomía del fiscal general del Estado y recuerda que el papel del Gobierno no pasa de proponer su Nombramiento

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha señalado algunos de los retos más importantes a los que deberán hacer frente los altos cargos del ministerio que han tomado posesión esta mañana. La necesidad de que la Nueva Oficina Judicial funcione; la homologación de los distintos sistemas informáticos de la Administración de Justicia; la vinculación de la cooperación jurídica internacional a las mismas prioridades de toda la acción exterior española o el mantenimiento de relaciones fluidas con las distintas confesiones serán objetivos preferentes de la que ha calificado como “legislatura de la gestión”. El ministro resaltó también la importancia de la Abogacía del Estado, “garantía de acierto, dedicación y profesionalidad”.

Con la designación de Marta Silva de Lapuerta como abogada general del Estado; Joaquín Silguero Estagnan como secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia; Ricardo Gonzalo Conde Díez como director general de Relaciones con la Administración de Justicia y Ángel José Llorente Fernández de la Reguera como director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones se completa un equipo que el propio ministro calificó de “reducido pero operativo”.

La propuesta para fomentar el comercio online facilitaría las compras por internet en toda la UE, contribuyendo al crecimiento económico y la creación de empleo.

El comercio electrónico tiene muchas ventajas que ofrecer a los consumidores y las empresas: precios más bajos, mayor acceso a los bienes, desarrollo de servicios innovadores, creación de puestos de trabajo, etc. Las ventas por internet representan cerca del 3% del comercio minorista de la UE. Sin embargo, aún persisten numerosas barreras que frenan el desarrollo de un mercado online homogéneo entre los 27 Estados miembros. A menudo las normas que regulan las ventas por internet son poco claras o no se aplican, los sitios no proporcionan información suficiente a los consumidores y resulta difícil comparar precios. Estos inconvenientes pueden disuadir a los consumidores de comprar por internet, a pesar del ahorro potencial (estimado actualmente en unos 11.700 millones de euros anuales en la compra de bienes). Un mercado online más seguro y abierto generalizaría este tipo de ventajas.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha informado favorablemente, por unanimidad, la propuesta de nombramiento de Eduardo Torres-Dulce Lifante como Fiscal General del Estado, acordada por el Consejo de Ministros el pasado 30 de diciembre.

En una sesión extraordinaria convocada a este efecto, el Consejo ha analizado la dilatada trayectoria profesional del candidato propuesto por el Gobierno y ha concluido que, además de reunir los requisitos legales exigidos para el puesto, por su condición de jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, Torres-Dulce acredita méritos sobrados para el desempeño del cargo. Entre ellos, el Pleno ha señalado su dilatada experiencia en el ejercicio de la carrera fiscal o la solidez jurídica que ha demostrado en sus publicaciones e intervenciones. Dichos elementos conforman un perfil que conduce al CGPJ a la clara afirmación de su idoneidad para acceder a la responsabilidad para la que ha sido propuesto.

Con la aprobación de este informe, el CGPJ cumple con el trámite de audiencia establecido en el artículo 124.4 de la Constitución, que determina que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial; y emite su pronunciamiento conforme al artículo 127.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fuente CGPJ

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en relación con el establecimiento de un único número de fax para la recepción de escritos dirigidos a este Tribunal por particulares y profesionales, ha adoptado un Acuerdo en fecha de 7 de noviembre de 2011, de entrada en vigor el 16 de diciembre de 2011. En dicho Acuerdo, establece que para que puedan producir el efecto pretendido en el procedimiento correspondiente, los escritos dirigidos a esta Tribunal por Abogados, operadores jurídicos en general y particulares deberán dirigirse, respectivamente, al siguiente número de fax: 91 335 83 64.

Cuando los escritos referidos tuvieran entrada en el Registro General entre las 15 horas de un día hábil y las 8 horas del siguiente día hábil el Secretario encargado del Registro General comunicará tal circunstancia al Presidente de las Sala respectiva, expresando en su caso las incidencias que hubieran podido producirse al respecto.

El Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, durante el acto de toma de posesión el pasado 3 de enero del nuevo Secretario de Estado de Justicia, Fernando Román García, del Subsecretario de Justicia, Juan Bravo Rivera, de la Directora del Gabinete del Ministro de Justicia, Cristina Coto del Valle, del Director General de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández, y de la Secretaria General Técnica, Mireya Corredor Lanas, anunció que se estudiará la posibilidad de habilitar el mes de agosto para las actuaciones judiciales y así avanzar en la agilización de los procedimientos judiciales.

El ministro ha explicado que la paralización de los procedimientos judiciales en el mes de agosto respondía al hecho histórico de que así sucedía en todos los ámbitos de la Administración, pero que se va a revisar "en aras de la necesaria y absolutamente imprescindible agilización" de la Justicia. Sólo con el cambio de modelo, mediante la estructura amplia y homogénea de la Nueva Oficina Judicial, junto a los Tribunales de Instancia, sería posible garantizar el mantenimiento de la calidad del servicio a la ciudadanía puesto que, la Oficina Judicial permite una mejor gestión de los recursos personales y materiales con los que cuenta la administración de Justicia. "Esta va a ser la legislatura de la gestión", con un mejor aprovechamiento de los medios. El Ministro ha resaltado que debemos "avanzar en austeridad y eficiencia", y ha apostado por la seguridad jurídica y por reducir las dilaciones indebidas de los procedimientos judiciales que provocan la retención de miles de millones de euros.

Esta medida en todo caso, debe ser plenamente compatible con los derechos a las vacaciones y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de todos los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia así como de los profesionales que se relacionan con la justicia (abogados, procuradores, graduados sociales).

La Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 19 de mayo de 2011, en el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León (CEESCYL), contra el Decreto 11/2010, de 4 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar en Castilla y León y su autorización de funcionamiento, ha anulado el apartado 2 del artículo 19 del mencionado Decreto donde se establece que “formarán parte del equipo técnico(del Punto deEncuentro Familiar) al menos, una persona titulada en Psicología y otra en Trabajo Social. Igualmente deberán contar con una persona licenciada en Derecho que podrá formar parte del equipo técnico de varios Puntos de Encuentro Familiar”, por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, debiendo la Comunidad Autónoma demandada dar nueva redacción a esta disposición, teniendo presente lo expuesto en el fundamento de derecho 2º de la mencionada sentencia.