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El titular del Juzgado Mercantil 10 de Barcelona ha declarado el miércoles 1 de febrero el concurso voluntario ordinario de especial trascendencia de Spanair, presentado por la aerolínea el lunes 30 de enero.

El juez descarta tramitar el concurso necesario que presentaron diferentes acreedores. El juez ha resuelto que el concurso voluntario se presentó antes que el concurso necesario, y que la declaración de concurso necesario dificultaría un acuerdo rápido de extinción de contratos, que se ha solicitado, con la consecuente desprotección de los trabajadores de la aerolínea.

El procedimiento afecta a más de 2.500 empleados involucrados en un expediente de regulación de empleo (ERE) que se ha presentado en el mismo juzgado, y más de 3.000 acreedores.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicó ayer que la reforma del sistema financiero pretende conseguir un sector más saneado y mejor dimensionado, con el objetivo de que vuelva a ejercer su función principal: conceder crédito a familias y empresas para recuperar el crecimiento económico y la generación de empleo.

El nuevo esquema de saneamiento y consolidación del sector financiero, que previsiblemente se aprobará hoy en Consejo de Ministros, es uno de los ejes básicos -junto al presupuestario y al laboral- del programa de reformas estructurales del Gobierno, que forma parte de los compromisos asumidos por España con sus socios comunitarios y es clave para recuperar la confianza de los mercados financieros internacionales.

La reforma pretende disipar las dudas del mercado sobre la valoración de los activos inmobiliarios (suelo, promociones y viviendas) que tienen las entidades en sus balances, proceso que incentivará la salida al mercado de viviendas a precios más asequibles.

Los mandatarios de la UE manifestaron su acuerdo sobre la necesidad de adoptar medidas prioritarias urgentes, a escala europea y nacional, para impulsar el crecimiento y el empleo, orientadas principalmente a luchar contra el desempleo de los jóvenes, avanzar en la realización del mercado único y ayudar a las pequeñas empresas.

Acordaron el "Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la UEM", que contribuye a la estabilidad y constituye otro avance más en la respuesta general a la crisis de la deuda soberana.

Los líderes europeos también alcanzaron un acuerdo sobre el Tratado para crear el Mecanismo Europeo de Estabilidad, un fondo permanente de ayuda a los países vulnerables de la eurozona.

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ha devuelto el Gran Collar de la Justicia al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, después de 73 años “de custodia” por parte del Ministerio.

El acto se celebró el día 30, en la sede del Alto Tribunal, en presencia de la Sala de Gobierno del Supremo.

El Gran Collar de la Justicia es el distintivo del presidente del Supremo y fue fabricado en 1844 por orden de la Reina Isabel II como prueba del respeto que le merecía la magistratura española.

La monarca estableció que se hiciera un gran collar de oro esmaltado con los emblemas de la Monarquía y los atributos de la Justicia, del cual debía pender la medalla que usa la Magistratura y que dicha insignia fuese desde entonces el distintivo del presidente del Tribunal Supremo al vestir la toga en los actos solmenes y oficiales.

Al acto del juramento han asistido, además de SS.MM. los Reyes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Dívar; y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Eduardo Torres-Dulce, que tomará posesión de su cargo en un acto que se celebrará ante el pleno del Tribunal Supremo, fue nombrado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, una vez emitido el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial y después de que el Congreso de los Diputados considerara su idoneidad para este puesto.

Fuente: La Moncloa

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del 26 de enero aprobó dirigirse al Poder Legislativo para resaltar la conveniencia de que se regulen cuanto antes los denominados Tribunales de Instancia, se reformen las demarcaciones judiciales y se introduzcan reformas para la agilización de los procesos en todos los órdenes jurisdiccionales.

El órgano de gobierno de los jueces ofrecerá, al mismo tiempo, su leal colaboración institucional y técnica para abordar estas reformas, según el acuerdo adoptado por 18 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

Se adjunta nota de prensa con el acuerdo del Pleno, que dice literalmente:

Pronto podrá pedir a la Comisión que haga propuestas legislativas sobre algún aspecto de la política de la UE. Una nueva web le informa de cómo se presenta una "iniciativa ciudadana".

La Iniciativa Ciudadana Europea permite a los ciudadanos participar más directamente en las políticas de la UE y pedir a la Comisión que proponga nuevas disposiciones legislativas sobre un tema específico.

La Comisión, cuya función es elaborar las propuestas legislativas de la UE, tiene la obligación formal de admitir todas las peticiones que cumplan los requisitos.

Las normas y procedimientos pueden consultarse en la nueva web de la Iniciativa Ciudadana Europea, en la que puede inscribirse y exponer su iniciativa.

Las iniciativas pueden referirse a cualquier ámbito en que la Comisión tenga derecho a proponer legislación, por ejemplo medio ambiente, agricultura, transporte o sanidad.

La Comisión Europea propone actualizar la ley de protección de datos de la UE para establecer un conjunto único de normas que den a los ciudadanos mayor control sobre la gestión y utilización de sus datos personales.

Los cambios consistirían en introducir un conjunto único de normas sobre protección de datos con validez en toda la UE.

Proteger a las personas

Las propuestas permitirían:

• Exigir a las empresas que soliciten el consentimiento explícito de los usuarios antes de volver a utilizar sus datos personales: también podrían tener acceso a su propia información privada y transferirla más fácilmente a otro proveedor de servicios.
• Consolidar el "derecho al olvido": los usuarios podrán borrar sus datos personales si la empresa u organización no tiene razones legítimas para conservarlos.

El Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado en el Congreso donde comparece para explicar sus prioridades en esta legislatura, que se implantará una nueva tasa judicial para aquellos ciudadanos que recurran una sentencia que se reintegrará si el recurso prospera. Estos costes no serán asumidos por las personas que carezcan de recursos suficientes, y también estarán exentos los temas penales. De esta manera se pretende mitigar el exceso de litigiosidad que afecta a la justicia española y no prolongar indebidamente el tiempo de resolución de los procesos, sin perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva.

Además el Ministro ha anunciado en otros proyectos, la elaboración de un nuevo Código mercantil, la implantación de los juicios rápidos en el ámbito civil, una nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria para desjudicializar y reducir el volumen de asuntos de naturaleza no estrictamente jurisdiccional tradicionalmente encomendados a los jueces y una nueva Ley de Mediación que se convertirá en una oportunidad para avanzar en la modalidad alternativa de solución de conflictos. Asimismo, se reordenarán las competencias de jueces y secretarios judiciales y los procedimientos en materia de derechos reales, obligaciones, sucesiones, derecho mercantil y marítimo pasarán a notarios y registradores.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado en una comparecencia en el Congreso que el Gobierno tiene la intención de reformar el modo de elección de los miembros del CGPJ para volver al sistema anterior a 1985 en que los miembros del órgano de los jueces eran elegidos mayoritariamente entre jueces, mientras que en la actualidad sus 20 miembros son elegidos por el Congreso y Senado por mayoría de tres quintos, siendo designado su presidente por el Pleno del CGPJ entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia.

Asimismo, la vicepresidenta, ha anunciado que se va a proceder a abrir una ronda de negociaciones con las fuerzas políticas a fin de renovar el Tribunal Constitucional y ha anunciado la presentación a las Cortes de una Ley Orgánica para garantizar que las funciones del Tribunal Constitucional se ajusten a las recogidas en la Constitución.

Ello incluirá la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía y la redefinición del recurso de amparo con el fin de evitar que el tribunal Constitucional se convierta en una instancia jurisdiccional más.