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El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado en el Congreso de los Diputados un conjunto de medidas normativas para reducir el impacto de los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social, que se completaría con un Código de Buenas Prácticas voluntario a adoptar por el sector financiero. Las medidas se inscriben en marco de la política económica del Gobierno, que tiene como una de las prioridades buscar la equidad social.

Las medidas normativas comenzarán con la definición del colectivo incluido en el umbral de exclusión social. En esta situación estarán las unidades familiares con todos sus miembros en paro y cuya vivienda objeto de ejecución sea primera y única residencia.  En todo caso, se establecerán las cautelas necesarias para evitar situaciones de abuso o fraude.

Se promoverá también la mejora de los procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias, de modo que, si se llega a ese punto, el precio de la vivienda  sea lo más elevado posible. El ministro avanzó que se impulsará un mercado nacional de ejecuciones hipotecarias ágil y transparente a través del fomento de las ejecuciones extrajudiciales, la creación de una base de datos informatizada de ejecuciones de ámbito nacional y la posibilidad de que las subastas se realicen online. Estas medidas se elaborarán en colaboración con el Ministerio de Justicia.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con 303 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, la convalidación del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, aprobado el pasado viernes, día 3 de febrero, en Consejo de Ministros, y presentado ante el Pleno por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

La Cámara Baja rechazó, con 152 votos a favor, 183 en contra y una abstención, la petición de varios grupos parlamentarios de tramitar este real decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

El Gobierno argumenta que disponer de unos balances saneados es un requisito básico para que las entidades financieras puedan cumplir con su función esencial de canalizar el ahorro hacia proyectos de inversión eficientes que fomenten la actividad, el crecimiento y el empleo.

El artículo 21.4 de la Ley Concursal impone a la administración concursal la obligación de comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la declaración de concurso por los medios que esta habilite en su sede electrónica. Esta obligación deberá cumplirse para todos los concursos que se declaren a partir de 1 de enero de 2012 mediante el envío de un formulario electrónico a cumplimentar por el administrador concursal.

Con el fin de atender el mandato establecido en el artículo 21.4 de la Ley Concursal, la A.E.A.T. ha introducido en su sede electrónica un formulario que deberá cumplimentar el administrador concursal, así como una nota informativa en relación al mismo.

• Enlace Envío de formulario electrónico
• Enlace Nota informativa

Fuente: AEAT.

Se ha publicado en el BOE nº 36 del pasado Sábado de fecha 11 de febrero, el Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En el mismo se contempla la adscripción al mismo de la Oficina Española de Patentes y Marcas a través de la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo.

• B.O.E  nº 36

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, aseguró este lunes ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que en 2011 no se ha creado ninguna de las 150 plazas judiciales previstas, “lo que supone un gran obstáculo en el camino de la reforma de la Justicia y en la adecuación de su estructura y necesidades reales".

Carlos Dívar hizo asimismo un llamamiento al Gobierno y a las comunidades autónomas para que emprendan un esfuerzo coordinado con el fin de crear plazas judiciales y ha ofrecido la colaboración del CGPJ para que dichos recursos se asignen de manera eficiente y fructífera, acorde con el escenario de austeridad que exige la situación económica actual.

El Juzgado Mercantil 10 de Barcelona, que tramita el concurso voluntario y el ERE de la empresa Spanair, ha elaborado una nota informativa de interés para todos los afectados por el concurso donde se les explica los pasos a seguir a partir de ahora y en qué plazos deben realizarse.

Asimismo, el juez ha elaborado un calendario donde expone las fechas aproximadas en que se resolverán todos los expedientes relacionados con Spanair para mayor información de todos los afectados (ya sea por el concurso o por el ERE).

Se adjunta la nota informativa y el calendario elaborado por el titular del Juzgado Mercantil 10 de Barcelona, Juan Manuel de Castro Aragonés.

• Nota informativa
• Calendario

Fuente CGPJ

La Oficina Europea de Patentes, la Oficina Americana de Patentes y Marcas y la Oficina Japonesa de Patentes en su última reunión anual de cooperación, lanzaron una nueva herramienta de búsqueda, denominada CCD: Documento Común de Citaciones.

Esta nueva herramienta permite el acceso a los resultados de las búsquedas de patentes realizados para una misma solicitud en cada una de las tres Oficinas.

Esta herramienta ofrece un único punto de acceso a los datos de documentos citados de las tres oficinas, permitiendo tanto a los Examinadores de Patentes como a los innovadores e inventores conocer el estado de la Técnica citado por las Oficinas para los miembros de una familia de patentes.

• CCD está accesible en el siguiente enlace

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas.

La Oficina Española de Patentes y Marcas viene publicando desde 1986 las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españolas. Ello le ha permitido publicar en PDF en texto completo todas las solicitudes de patentes, modelos de utilidad y las patentes concedidas, así como las traducciones de patentes europeas con efectos en España. Una colección de patentes que por sus características tiene una gran calidad y un potencial de explotación de la información muy importante.

El Google Search Appliance (GSA) es un dispositivo fabricado por Google que utiliza el algoritmo de indexación de Google para indexar los contenidos que se determinen en una organización. La OEPM aprovecha las mencionadas virtudes de los folletos de patentes para dar al público un servicio de búsqueda de patentes basado en esta tecnología.

La Comisión Nacional de la Competencia publica el Informe sobre la aplicación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la competencia, relativo a 2011.

Con la Sentencia del Tribunal Constitucional 208/99, de 11 de noviembre, se inició el paso de un sistema centralizado en la defensa de la competencia, que hasta ese momento venía siendo aplicado exclusivamente por los órganos estatales, a otro descentralizado que culmina con la aprobación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia.

La Ley 1/2002, tiene como objeto establecer el marco jurídico para el desarrollo de las competencias ejecutivas del Estado y de las Comunidades Autónomas asociadas, exclusivamente, con las conductas prohibidas (acuerdos, abusos y competencia desleal), a la vez que establecer los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios, entre las distintas administraciones, al objeto de concentrar las actividades desarrolladas por cada una, evitando la duplicación de esfuerzos y acciones divergentes en el objetivo único y común de la eficacia en la defensa de la libre competencia.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alicante ha condenado al Banco CAM S.A.U. (personado en la causa a través de un incidente de sucesión procesal, al haberse subrogado este en las obligaciones de demandada Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM) al pago a la mercantil demandante, Unibail Rodamco Benidorm S.L., de más de 24 millones de euros, concretamente, 24.033. 839,17 euros, más intereses y costas.

El procedimiento trae causa del contrato de compraventa suscrito entre la sociedad citada y la constructora Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A., cuyo objeto era una parcela sita en el municipio de Benidorm que iba a ser destinada a la promoción de un centro comercial. Dada la incierta situación urbanística de la parcela, se pactó una reducción en el precio de venta de 24.033.839,17 € si no llegaban a darse las condiciones necesarias para construir el centro comercial en un plazo determinado, reservándose el vendedor la facultad de resolver el contrato antes de que operara la reducción del precio, lo que le permitía recuperar la parcela devolviendo el precio percibido. Precisamente para garantizar la restitución del exceso de precio se exigió el otorgamiento de un aval a primer requerimiento, que quedó incorporado a la escritura, y es esta garantía, emitida por la Caja de Ahorros del Mediterráneo a favor de Unibail Rodamco Benidorm S.L. para garantizar de forma independiente y solidaria con la mercantil Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A. el pago de la repetida suma de 24.033.839,17 €, la que constituye el objeto del proceso.