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La propuesta para fomentar el comercio online facilitaría las compras por internet en toda la UE, contribuyendo al crecimiento económico y la creación de empleo.

El comercio electrónico tiene muchas ventajas que ofrecer a los consumidores y las empresas: precios más bajos, mayor acceso a los bienes, desarrollo de servicios innovadores, creación de puestos de trabajo, etc. Las ventas por internet representan cerca del 3% del comercio minorista de la UE. Sin embargo, aún persisten numerosas barreras que frenan el desarrollo de un mercado online homogéneo entre los 27 Estados miembros. A menudo las normas que regulan las ventas por internet son poco claras o no se aplican, los sitios no proporcionan información suficiente a los consumidores y resulta difícil comparar precios. Estos inconvenientes pueden disuadir a los consumidores de comprar por internet, a pesar del ahorro potencial (estimado actualmente en unos 11.700 millones de euros anuales en la compra de bienes). Un mercado online más seguro y abierto generalizaría este tipo de ventajas.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha informado favorablemente, por unanimidad, la propuesta de nombramiento de Eduardo Torres-Dulce Lifante como Fiscal General del Estado, acordada por el Consejo de Ministros el pasado 30 de diciembre.

En una sesión extraordinaria convocada a este efecto, el Consejo ha analizado la dilatada trayectoria profesional del candidato propuesto por el Gobierno y ha concluido que, además de reunir los requisitos legales exigidos para el puesto, por su condición de jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, Torres-Dulce acredita méritos sobrados para el desempeño del cargo. Entre ellos, el Pleno ha señalado su dilatada experiencia en el ejercicio de la carrera fiscal o la solidez jurídica que ha demostrado en sus publicaciones e intervenciones. Dichos elementos conforman un perfil que conduce al CGPJ a la clara afirmación de su idoneidad para acceder a la responsabilidad para la que ha sido propuesto.

Con la aprobación de este informe, el CGPJ cumple con el trámite de audiencia establecido en el artículo 124.4 de la Constitución, que determina que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial; y emite su pronunciamiento conforme al artículo 127.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fuente CGPJ

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en relación con el establecimiento de un único número de fax para la recepción de escritos dirigidos a este Tribunal por particulares y profesionales, ha adoptado un Acuerdo en fecha de 7 de noviembre de 2011, de entrada en vigor el 16 de diciembre de 2011. En dicho Acuerdo, establece que para que puedan producir el efecto pretendido en el procedimiento correspondiente, los escritos dirigidos a esta Tribunal por Abogados, operadores jurídicos en general y particulares deberán dirigirse, respectivamente, al siguiente número de fax: 91 335 83 64.

Cuando los escritos referidos tuvieran entrada en el Registro General entre las 15 horas de un día hábil y las 8 horas del siguiente día hábil el Secretario encargado del Registro General comunicará tal circunstancia al Presidente de las Sala respectiva, expresando en su caso las incidencias que hubieran podido producirse al respecto.

El Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, durante el acto de toma de posesión el pasado 3 de enero del nuevo Secretario de Estado de Justicia, Fernando Román García, del Subsecretario de Justicia, Juan Bravo Rivera, de la Directora del Gabinete del Ministro de Justicia, Cristina Coto del Valle, del Director General de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández, y de la Secretaria General Técnica, Mireya Corredor Lanas, anunció que se estudiará la posibilidad de habilitar el mes de agosto para las actuaciones judiciales y así avanzar en la agilización de los procedimientos judiciales.

El ministro ha explicado que la paralización de los procedimientos judiciales en el mes de agosto respondía al hecho histórico de que así sucedía en todos los ámbitos de la Administración, pero que se va a revisar "en aras de la necesaria y absolutamente imprescindible agilización" de la Justicia. Sólo con el cambio de modelo, mediante la estructura amplia y homogénea de la Nueva Oficina Judicial, junto a los Tribunales de Instancia, sería posible garantizar el mantenimiento de la calidad del servicio a la ciudadanía puesto que, la Oficina Judicial permite una mejor gestión de los recursos personales y materiales con los que cuenta la administración de Justicia. "Esta va a ser la legislatura de la gestión", con un mejor aprovechamiento de los medios. El Ministro ha resaltado que debemos "avanzar en austeridad y eficiencia", y ha apostado por la seguridad jurídica y por reducir las dilaciones indebidas de los procedimientos judiciales que provocan la retención de miles de millones de euros.

Esta medida en todo caso, debe ser plenamente compatible con los derechos a las vacaciones y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de todos los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia así como de los profesionales que se relacionan con la justicia (abogados, procuradores, graduados sociales).

La Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 19 de mayo de 2011, en el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León (CEESCYL), contra el Decreto 11/2010, de 4 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar en Castilla y León y su autorización de funcionamiento, ha anulado el apartado 2 del artículo 19 del mencionado Decreto donde se establece que “formarán parte del equipo técnico(del Punto deEncuentro Familiar) al menos, una persona titulada en Psicología y otra en Trabajo Social. Igualmente deberán contar con una persona licenciada en Derecho que podrá formar parte del equipo técnico de varios Puntos de Encuentro Familiar”, por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, debiendo la Comunidad Autónoma demandada dar nueva redacción a esta disposición, teniendo presente lo expuesto en el fundamento de derecho 2º de la mencionada sentencia.

La Comisión Nacional de la Competencia incoa expediente sancionador contra TELEFÓNICA MÓVILES, VODAFONE y ORANGE por posibles prácticas restrictivas de la competencia.

Madrid, 04 de enero de 2012. La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia ha incoado un expediente sancionador contra Telefónica Móviles de España, S.A.U. (TELEFÓNICA MÓVILES), Vodafone España, S.A.U. (VODAFONE) y France Telecom España, S.A. (ORANGE), por un posible abuso de posición de dominio, prohibido en el artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y en el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El expediente sancionador tienen origen en una denuncia presentada por British Telecommunications Plc y BT España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A.U.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha acordado los criterios interpretativos de la última reforma de la casación civil.

La Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido reformada recientemente por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal. Entre los aspectos que se reforman destaca la normativa sobre los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. La novedad más importante es que por primera vez en España se abre el acceso al recurso de casación a todos los litigantes, con independencia de la cuantía económica del pleito.

La Sala Primera se ha reunido en pleno, tal como autoriza el artículo 264 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para elaborar un documento con los criterios precisos para la aplicación de las reformas introducidas por la Ley 37/2011. El Acuerdo de la Sala, que tiene fecha de 30 de diciembre de 2011, sustituye al de 12 de diciembre de 2000, dictado con finalidad análoga a raíz de la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La Comisión Permanente del Consejo general del Poder Judicial acuerda trasladar al Ministerio de Justicia las siguientes cuestiones:

1. La necesidad perentoria de creación de cincuenta unidades judiciales para poder dar destino a los integrantes de la 62 Promoción de la Escuela Judicial, que se incorporarán en el mes de marzo de 2012. Teniendo en cuenta la inmediatez de dicha necesidad, y los problemas económicos, la Comisión Permanente entiende que tales plazas deben ser creadas en órganos colegiados, o como Jueces de Adscripción territorial, toda vez que no genera un gasto añadido, más allá del sueldo a percibir por los titulares de las mismas.
2. La necesidad de elaboración por parte del Ministerio de Justicia, de un plan de creación de nuevas unidades judiciales para los próximos tres años, con independencia de las que se contemplan en el apartado anterior, de manera que, de un lado vayan absorbiéndose las nuevas incorporaciones a la carrera judicial, y por otro se atienda a las necesidades derivadas del exceso de carga de trabajo actualmente soportado por los órganos judiciales españoles.
3. La necesidad de dotar de continuidad a la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la carrera judicial, en consonancia con las conclusiones del estudio sobre la situación de los órganos unipersonales y colegiados asumido por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el mes de junio pasado. Se tiene en cuenta a tal efecto que la paralización de los procesos selectivos indicados produciría sus efectos en los tres años siguientes, sin olvidar que el exceso de carga de trabajo que actualmente soportan los órganos judiciales requiere el aumento de Jueces y Magistrados.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón propone en el Consejo de Ministros que se celebre hoy al actual Fiscal de Sala del Tribunal Constitucional y miembro de la Asociación de Fiscales, Eduardo Torres-Dulce como próximo Fiscal General del Estado en sustitución de Cándido Conde-Pumpido quien se mantuvo en el cargo durante ocho años.

La Comisión Europea ha aprobado el documento con las orientaciones para ayudar al sector de los seguros a aplicar políticas de precios independientes del sexo después de que el Tribunal de Justica de la Unión Europea en sentencia de 1 de marzo de 2011 estableciera que las primas diferentes para los hombres y las mujeres constituyen una discriminación por razón de sexo y en la que se daba a las aseguradoras un plazo que concluyó el 21 de diciembre de 2012 para tratar a los clientes individuales masculinos y femeninos de igual manera en términos de primas y prestaciones de los seguros.

Los países miembros de la UE tienen ahora que adaptar sus normas para cumplir con la sentencia sobre la base de estas directrices, que son el resultado de las consultas con los gobiernos nacionales, las aseguradoras y los consumidores, y que aspiran a beneficiar tanto a los consumidores como a las compañías de seguros.