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El Consejo General del Poder Judicial ha otorgado al Juzgado de Primera Instancia nº 73 de Madrid el premio 2011 a la Justicia Más Accesible por su Proyecto Piloto de Mediación Civil Intrajudicial, una experiencia que ha tenido como objetivo potenciar el acuerdo entre las partes para resolver conflictos en procedimientos civiles.

El premio es uno de los tres galardones que concede cada año el CGPJ a los órganos judiciales de toda España y a las entidades públicas que más colaboran en el reto de alcanzar una justicia de mayor calidad.

El proyecto galardonado, puesto en marcha a principio de 2010, ha contado con la colaboración del Colegio de Abogados de Madrid, y han participado en él dos licenciadas en derecho y una licenciada en sociología del Servicio Civil de Mediación. El titular del Juzgado de Primera Instancia nº 73 de Madrid, Luis Aurelio González Martín, ha considerado que “el premio es para todos los funcionarios del juzgado y para las mediadoras”, para a continuación afirmar que “con la mediación, la justicia se hace más accesible al ciudadano porque se siente protagonista de su administración”.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 22 de noviembre en el recurso de inconstitucionalidad número 3859-2011, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, ha acordado levantar la suspensión de la Ley de la Comunidad Valenciana 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, que se produjo con la admisión del mencionado recurso de inconstitucionalidad y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 178, de 26 de julio de 2011.

El Gobierno de la Generalitat Valenciana, dictó la referida Ley al amparo de la competencia que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalitat para conservar, modificar y desarrollar el derecho foral civil valenciano, sin embargo el Gobierno interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la referida Ley por considerar que el texto vulneraba las competencias del Estado sobre legislación civil. Al invocarse por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, se produjo la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados por considerarse que la aplicación de la misma podría producir perjuicios irreparables. Ahora el Tribunal Constitucional, mediante Auto ha acordado levantar la suspensión de la vigencia y aplicación de la norma hasta su pronunciación sobre el fondo del asunto, por considerar que no estaba acreditada la gravedad e irreversibilidad en la aplicación de alguno de los artículos cuestionados por el Gobierno.

Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha inaugurado este lunes 28 de noviembre las XXI Jornadas Nacionales de Jueces Decanos. Este encuentro ha sido organizado por el Consejo General del Poder Judicial y se celebra en el Palacio de Justicia de Vitoria.

El acto de inauguración corrió a cargo del presidente del CGPJ, junto con la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, la viceconsejera de Justicia,  Maria Victoria Cinto y el juez decano de Vitoria, José Luis Núñez.

A la presente edición que se desarrollará entre los días 28 a 30 de noviembre, asisten los jueces Decanos de 43 ciudades españolas, que representan a 1864 Magistrados.

El Tribunal Supremo, en una sentencia fechada el 28 de octubre de 2011, del Pleno de su Sala Tercera y de la que ha sido ponente el Magistrado D. Vicente Conde Martín de Hijas, ha declarado nulo y sin efecto el Acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.

La sentencia, que cuenta con un voto particular, formulado por el Magistrado D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva y al que se han adherido otros seis Magistrados, fundamenta la declaración de nulidad del referido Acuerdo, así como del Reglamento que contiene, en la falta de competencia del Consejo General del Poder Judicial para dictar la mencionada disposición. En el recurso, interpuesto por un nutrido grupo de editoriales jurídicas, se aducen como causas de esa nulidad la falta de competencia del Consejo General del Poder Judicial para elaborar normas que vayan más allá del ámbito doméstico de la organización que gobierna, así como para regular la reutilización de sentencias y resoluciones judiciales y el mercado en el que estas se comercializan, a lo que se une la omisión de diversos trámites en la fase de elaboración de la norma, como sonel informe de la Comisión Nacional de Competencia, el preceptivo trámite de audiencia y la inclusión de una memoria económico-financiera. Igualmente se alegan vulneraciones de las Leyes de Tasas y Precios Públicos y de Defensa de la Competencia, concluyendo en que la regulación dictada compromete seriamente la efectividad del derecho fundamental de acceso a la información y al principio constitucional de publicidad de las actuaciones judiciales y vulnera de forma general los principios de legalidad y tipicidad en materia sancionadora.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, destacó el 24 de noviembre que la recientemente aprobada Ley Concursal favorece una economía más dinámica, innovadora y competitiva, en el acto de clausura de las XXXIII Jornadas de Estudio de la Abogacía General del Estado, que bajo el título 'La legislación concursal: respuestas jurídicas para una crisis', se han celebrado durante dos días en Madrid.

La reforma de la Ley Concursal, aprobada por el Congreso el pasado 22 de septiembre, es una de las más de 20 leyes que el Ministerio de Justicia ha llevado a término desde que Francisco Caamaño tomara las riendas de departamento, en febrero de 2008.

Entre las normas impulsadas por su Departamento o en las que se intervino como proponente para contribuir a la mejora económica, el ministro destacó “la constitución de empresas en 24 horas, la regulación del proceso monitorio europeo de escasa cuantía, la ley de arbitraje, la de créditos al consumo, la de contrato del transporte terrestre, las modificaciones introducidas en la ley de auditorías de cuentas, del mercado de valores o en la ley de sociedades anónimas, la reforma de la ley de la jurisdicción social o la reforma de la ley concursal”.

«La agilización es el “reto más urgente” de la Justicia y “debe ser un objetivo común prioritario” para que desde los juzgados y tribunales se pueda impartir una Justicia del siglo XXI. “Sólo así la sociedad renovará cada día la confianza en sus jueces y magistrados”.»

Entre el 20 y el 23 de noviembre, 16 de los 17 presidentes de los TSJ se reunieron en Pamplona para analizar el papel constitucional del Poder judicial, su efectividad, el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial, regulada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre y por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, así como para estudiar las principales necesidades y proponer posibles reformas.

En el documento de conclusiones, los presidentes resaltan que “una Justicia independiente es esencial para el funcionamiento del Estado democrático y de derecho, lo que exige robustecer sus garantías, así como una ejecutoria institucional comprometida con las buenas prácticas democráticas”.

El Consejo General del Poder Judicial ha firmado un convenio para colaborar en la puesta en marcha de un Observatorio sobre procesos de incapacidad destinado al análisis de las sentencias y del diagnóstico de los enfermos con discapacidad cognitiva junto a la Fundación Sen, la Fundación ACE. Institut Català de Neurociències Aplicades, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y la Obra Social de Catalunya Caixa.

El Convenio ha sido firmado por el vocal Ramón Camp i Batalla, en representación del CGPJ, así como por Jerónimo Sancho Rieger, presidente de la Fundación Sen; Llúis Tárraga i Mestre, director general de la Fundación ACE. Institut Català de Neurociéncies Aplicades y Marta Lacambra Puig, directora de la Obra Social de Cataluny Caixa.

El objeto es la elaboración de un proyecto de campo sobre el proceso de incapacitación, centrado en conocer el grado de satisfacción y los beneficios obtenidos con las sentencias, que sirva para dar a conocer a las autoridades los puntos fuertes y débiles de los actuales procesos de incapacitación y de la documentación especializada aportadas en las causas judiciales que sirven de fundamento a las sentencias que se dictan, en la línea que se propone en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas que sufren Discapacidad.

• Se pone en marcha el nuevo modelo organizativo y se implanta la herramienta de gestión de expedientes Regius en 22 Registros Civiles de Castilla la Mancha, tras su lanzamiento el pasado 4 de julio en los Registros Civiles piloto de Burgos, Guadalajara y Valladolid
• También  se  implanta  la  aplicación  informática  Regius  en  el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Ceuta y en los Registros Civiles de Cáceres, Cartagena, Lorca y Murcia. En estos cuatro últimos Registros Civiles la entrada en funcionamiento del nuevo modelo organizativo será la próxima semana

• La norma determina el régimen arancelario de las escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación de créditos hipotecarios, además de introducir criterios de mayor claridad y transparencia en las minutas.
• Sólo en la cancelación de hipotecas por vivienda este Real Decreto hubiera supuesto en 2010 un ahorro para el ciudadano de unos 90 millones de euros, según estimaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, un Real Decreto que ordena y clarifica la normativa vigente sobre los aranceles aplicables por notarios y registradores. Para ello, la nueva norma modifica los Reales Decretos 1426/1989, de 17 de noviembre, y 1427/1989, de 17 de noviembre, que regulan dichos aranceles en el caso de los notarios y los registradores, respectivamente, y el Decreto 757/1973, de 29 de marzo, que establece el de los registradores mercantiles.

El texto ha sido informado favorablemente por el Consejo Nacional de Transportes Terrestres y las comunidades autónomas. En el mismo sentido, el texto cuenta con el apoyo de las principales asociaciones de taxistas con representación en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, tal y como se puso de manifiesto en la reunión mantenida el pasado 8 de noviembre con el director General de Transporte Terrestre.

La norma en cuestión tiene por objeto concretar y clarificar el concepto de "habitualidad" en el alquiler de vehículos con conductor en el ámbito de la comunidad autónoma de la que tienen la licencia para operar. La futura orden establecerá que se incumple este concepto cuando más del 20 por ciento o más, dentro de un mes natural, de los servicios realizados con el vehículo en cuestión no tengan origen o destino por el territorio en el que se encuentra domiciliada la autorización.