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El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, destacó el 24 de noviembre que la recientemente aprobada Ley Concursal favorece una economía más dinámica, innovadora y competitiva, en el acto de clausura de las XXXIII Jornadas de Estudio de la Abogacía General del Estado, que bajo el título 'La legislación concursal: respuestas jurídicas para una crisis', se han celebrado durante dos días en Madrid.

La reforma de la Ley Concursal, aprobada por el Congreso el pasado 22 de septiembre, es una de las más de 20 leyes que el Ministerio de Justicia ha llevado a término desde que Francisco Caamaño tomara las riendas de departamento, en febrero de 2008.

Entre las normas impulsadas por su Departamento o en las que se intervino como proponente para contribuir a la mejora económica, el ministro destacó “la constitución de empresas en 24 horas, la regulación del proceso monitorio europeo de escasa cuantía, la ley de arbitraje, la de créditos al consumo, la de contrato del transporte terrestre, las modificaciones introducidas en la ley de auditorías de cuentas, del mercado de valores o en la ley de sociedades anónimas, la reforma de la ley de la jurisdicción social o la reforma de la ley concursal”.

«La agilización es el “reto más urgente” de la Justicia y “debe ser un objetivo común prioritario” para que desde los juzgados y tribunales se pueda impartir una Justicia del siglo XXI. “Sólo así la sociedad renovará cada día la confianza en sus jueces y magistrados”.»

Entre el 20 y el 23 de noviembre, 16 de los 17 presidentes de los TSJ se reunieron en Pamplona para analizar el papel constitucional del Poder judicial, su efectividad, el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial, regulada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre y por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, así como para estudiar las principales necesidades y proponer posibles reformas.

En el documento de conclusiones, los presidentes resaltan que “una Justicia independiente es esencial para el funcionamiento del Estado democrático y de derecho, lo que exige robustecer sus garantías, así como una ejecutoria institucional comprometida con las buenas prácticas democráticas”.

El Consejo General del Poder Judicial ha firmado un convenio para colaborar en la puesta en marcha de un Observatorio sobre procesos de incapacidad destinado al análisis de las sentencias y del diagnóstico de los enfermos con discapacidad cognitiva junto a la Fundación Sen, la Fundación ACE. Institut Català de Neurociències Aplicades, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y la Obra Social de Catalunya Caixa.

El Convenio ha sido firmado por el vocal Ramón Camp i Batalla, en representación del CGPJ, así como por Jerónimo Sancho Rieger, presidente de la Fundación Sen; Llúis Tárraga i Mestre, director general de la Fundación ACE. Institut Català de Neurociéncies Aplicades y Marta Lacambra Puig, directora de la Obra Social de Cataluny Caixa.

El objeto es la elaboración de un proyecto de campo sobre el proceso de incapacitación, centrado en conocer el grado de satisfacción y los beneficios obtenidos con las sentencias, que sirva para dar a conocer a las autoridades los puntos fuertes y débiles de los actuales procesos de incapacitación y de la documentación especializada aportadas en las causas judiciales que sirven de fundamento a las sentencias que se dictan, en la línea que se propone en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas que sufren Discapacidad.

• Se pone en marcha el nuevo modelo organizativo y se implanta la herramienta de gestión de expedientes Regius en 22 Registros Civiles de Castilla la Mancha, tras su lanzamiento el pasado 4 de julio en los Registros Civiles piloto de Burgos, Guadalajara y Valladolid
• También  se  implanta  la  aplicación  informática  Regius  en  el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Ceuta y en los Registros Civiles de Cáceres, Cartagena, Lorca y Murcia. En estos cuatro últimos Registros Civiles la entrada en funcionamiento del nuevo modelo organizativo será la próxima semana

• La norma determina el régimen arancelario de las escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación de créditos hipotecarios, además de introducir criterios de mayor claridad y transparencia en las minutas.
• Sólo en la cancelación de hipotecas por vivienda este Real Decreto hubiera supuesto en 2010 un ahorro para el ciudadano de unos 90 millones de euros, según estimaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, un Real Decreto que ordena y clarifica la normativa vigente sobre los aranceles aplicables por notarios y registradores. Para ello, la nueva norma modifica los Reales Decretos 1426/1989, de 17 de noviembre, y 1427/1989, de 17 de noviembre, que regulan dichos aranceles en el caso de los notarios y los registradores, respectivamente, y el Decreto 757/1973, de 29 de marzo, que establece el de los registradores mercantiles.

El texto ha sido informado favorablemente por el Consejo Nacional de Transportes Terrestres y las comunidades autónomas. En el mismo sentido, el texto cuenta con el apoyo de las principales asociaciones de taxistas con representación en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, tal y como se puso de manifiesto en la reunión mantenida el pasado 8 de noviembre con el director General de Transporte Terrestre.

La norma en cuestión tiene por objeto concretar y clarificar el concepto de "habitualidad" en el alquiler de vehículos con conductor en el ámbito de la comunidad autónoma de la que tienen la licencia para operar. La futura orden establecerá que se incumple este concepto cuando más del 20 por ciento o más, dentro de un mes natural, de los servicios realizados con el vehículo en cuestión no tengan origen o destino por el territorio en el que se encuentra domiciliada la autorización.

El Ministerio de Justicia amplia desde el 31 de octubre de 2011 el servicio de Cita Previa al Registro Civil, situado en la madrileña calle de la Montera. La disminución en los tiempos de espera con la puesta en marcha de este servicio en los registros civiles de Burgos, Cáceres, Cartagena, Guadalajara, Palma de Mallorca, Toledo y Valladolid desde el mes de julio, cuando se comenzó a prestar, han determinado su implantación en este registro.

A partir del, lunes 31 de octubre, se podrá pedir cita y desde el día 7 de noviembre la atención al ciudadano se encauzará mediante este sistema de llamada previa.

La Cita Previa permitirá reducir las colas de espera y facilitará el acceso de los ciudadanos a la Administración Pública, tal y como ha ocurrido en los registros civiles donde ya funciona. Hasta el día de hoy este servicio ha permitido gestionar su cita a más de 8.300 ciudadanos en esas siete sedes.

El Consejo General del Poder Judicial quiere destacar la aprobación definitiva hoy por el Parlamento del proyecto de Ley sobre Medidas de Agilización Procesal, de la nueva Ley Concursal y de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, porque, en su conjunto, constituyen un importante paso adelante en el proceso de modernización de la administración de Justicia española.

Para la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, “las reformas aprobadas, que contaron con el apoyo e impulso del órgano de gobierno del Poder Judicial, permitirán a juzgados y tribunales mejorar el servicio público que prestan a los ciudadanos”.

El CGPJ ya indicó en su preceptivo Informe que la Ley de Medidas de Agilización de la Justicia facilitará que los procesos abiertos en las jurisdicciones de lo Civil y lo Contencioso-Administrativo sean más ágiles y más rápidos, con el correspondiente ahorro de costes para las arcas públicas y sin que, en ningún caso, se mermen las garantías procesales de los usuarios de la Justicia.