Legislación

Con la finalidad de fomentar el espíritu emprendedor en su sentido más profundo y crear un sistema adecuado de incentivos para la tramitación de las ideas y sus habilidades emprendedoras a actividades generadoras de valor, se ha aprobado en el Parlamento Vasco la Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa cuyo texto ha sido publicado en el BOPV de hoy.

Aprovechando  las  oportunidades  que  brinda  el  mercado interior en la UE,  las  empresas  se  están  expandiendo  cada  vez  con mayor  frecuencia  más  allá  de  sus  fronteras  nacionales. Por   ello,   existe   una   creciente   demanda   de acceso  a  la  información  relativa  a  las  empresas  en  un contexto   transfronterizo.   Sin   embargo,   no   siempre   es fácil  obtener  información  oficial  sobre  las  empresas  en otro  Estado  miembro.

Operaciones  tales  como  las  fusiones  de  carácter  transfronterizo,  han  hecho  que  la  cooperación  cotidiana  entre registros    mercantiles    sea    una    necesidad. No  obstante,  no  existen  canales  de  comunicación establecidos   que   puedan   acelerar   los   procedimientos, ni ayuden  a  superar  la  barrera  del  idioma  y  aumentar la  seguridad  jurídica. Dado  que  la  actual  cooperación voluntaria  entre  registros  ha  demostrado  ser  insuficiente, se  hace preciso la creación de un sistema para la interconexión de los registros comerciales, centrales y mercantiles en el ámbito de la Unión Europea, con la que se pretende mejorar el acceso a información actualizada y fiable sobre las empresas que operen en el ámbito comunitario, así como favorecer  la  competitividad de  las  empresas  europeas,  reduciendo  cargas  administrativas  e  incrementando  la  seguridad  jurídica, que contribuya  a  la  superación  de  la  crisis  financiera  y  económica  mundial.

Como ya adelantamos en esta página, el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 14 de junio aprobó las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital (procedente del Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo). De este modo, la Ley que quedó definitivamente aprobada, ha sido publicada en el BOE del pasado día 23.

El nuevo texto aprobado por el Congreso mediante Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, de entrada en vigor el 24 de junio, introduce algunas novedades con respecto al Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo, que deroga expresamente:

El pasado viernes 22 de octubre, el BOPV publicó la nueva Ley aprobada por el Parlamento Vasco 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi que regula en un único texto la regulación de las cajas de ahorros con domicilio social en la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como de las actividades desarrolladas en la Comunidad Autónoma por cajas de ahorros con domicilio social fuera de ella, derogando en su totalidad la anterior normativa legal autonómica vigente. Deroga la Ley 3/1991, de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi. No obstante, se mantienen expresamente vigentes, en tanto no se dicte la normativa reglamentaria que los sustituya, el Título II del Decreto 240/2003, de 14 de octubre, de Cajas de Ahorros, y la Orden de 18 de enero de 2005, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, sobre organización y funcionamiento del Registro de Cajas de Ahorros de Euskadi y del Registro de Altos Cargos.

Las principales novedades que contiene la nueva Ley con respecto a la anterior regulación de cajas de ahorro son las siguientes:

La Región de Murcia, a través de la Ley 4/2012, de 15 de junio, de modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia, adapta la legislación regional sobre cajas de ahorros a los establecido en la legislación estatal.

Esta modificación normativa otorga a las cajas la capacidad de emitir cuotas participativas con derecho de voto. Además se abren dos posibles modificaciones en su estructura: su integración en sistemas institucionales de protección y la cesión de su negocio financiero a un banco, buscándose, a través de estos nuevos modelos organizativos que las cajas puedan hacer frente a las mayores exigencias de capital y a contar con una mayor disciplina del mercado, lo que redundará en mejoras en su gestión.

El DOGC ha publicado la LEY 7/2012, de 15 de junio, de modificación del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, en cuyo articulado (consta de 16 artículos) introduce reformas encaminadas a incluir medidas de simplificación administrativa establecidas por la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, que ha extendido la aplicación de estas medidas de simplificación a que obliga la Directiva de servicios a toda la actuación administrativa.

Como establece el propio Preámbulo de la Ley, el sector fundacional, dada su incidencia en la reactivación económica del sector servicios, no puede quedar al margen del marco legal mencionado, que justifica una reforma de la normativa fundacional orientada a obtener ganancias de eficiencia, agilidad y autonomía de gestión en las entidades y, consecuentemente, una simplificación de procedimientos administrativos, pero sin renunciar al control y la supervisión necesarios sobre su actividad.

El BOCM ha publicado la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial que persigue fundamentalmente suprimir en el ámbito de la actividad comercial minorista, las licencias urbanísticas anteriormente exigibles conforme a lo previsto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y por otra parte eliminar las últimas restricciones en materia de horarios comerciales previstas en la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid, posibilitando que cada comerciante pueda determinar libremente los días en que ejercerá su actividad.

La ley se estructura en cuatro capítulos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, siete disposiciones finales (que modifican la Ley del Suelo y la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos) y un Anexo relativo a las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de los Capítulos II y IV de la Ley comentada.

Con el objeto de reducir las cargas administrativas que dificulten el comercio y, por otro, dinamizar el sector permitiendo un régimen más flexible de aperturas, el Gobierno en su Consejo de Ministros del viernes 25 de mayo, ha aprobado, con entrada en vigor inmediata, el Real Decreto-ley 19/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

Las cargas administrativas constituyen obstáculos cuyos objetivos pueden alcanzarse mediante procedimientos de control que no retrasen ni paralicen el desarrollo de la actividad. En este sentido, especialmente gravosas resultan determinadas licencias. Por ello, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, modificó la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, al objeto de someter los actos de control preventivo de ámbito municipal a sus principios cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios. Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, incorporó a la citada ley de Régimen Local la inexigibilidad de licencia u otros medios de control preventivos para el ejercicio de actividades, salvo que resultase necesario para la protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el patrimonio histórico-artístico, o cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio público.

Como ya adelantamos en esta página, el Gobierno aprobó en el pasado Consejo de Ministros del viernes su segunda reforma financiera para alejar del sector  el fantasma del ladrillo y se ha hecho a través del Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, publicado en el BOE del sábado.

El Real Decreto-Ley establece en la misma línea marcada por el anterior Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, requerimientos de cobertura a la actividad inmobiliaria clasificadas como en situación normal (es decir, el foco se pone en el crédito teóricamente sano), de modo análogo a lo anterior, por una sola vez, de manera diferenciada en función de las diversas clases de financiaciones y tiene por objeto, y en concreto, las exigencias adicionales de provisiones, reforzar la solvencia del sector financiero y sanear sus balances.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, con el que se finaliza la transposición completa de la Directiva 2009/110/CE, de 16 de septiembre, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE, ya incorporada en su mayor parte al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 21/2011, de 26 de julio.

La norma tiene tres objetivos fundamentales:

• Precisar el régimen jurídico aplicable a la emisión de dinero electrónico y clarificar su definición y el ámbito de aplicación de la misma.
• Completar el diseño de un régimen jurídico mas proporcionado para estas entidades que, hasta ahora soportaban costes elevados.
• Establecer regímenes de supervisión y sancionador para estas entidades, similar al de las entidades de crédito.

La norma su estructura en 27 artículos, distribuidos en siete Capítulos, una disposición transitoria, una derogatoria del Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero, sobre régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico (aunque esta norma ya estaba derogada desde el 28 de julio de 2011 por  la Ley 21/2011, de 26 de julio) y tres disposiciones finales.