Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia señala que, en cambio, deben ofrecerse tarifas sociales a ciertas categorías de consumidores para los abonos telefónicos y los abonos a Internet fijos

La Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones, define el conjunto mínimo de servicios que debe estar disponible para todos los usuarios finales. Permite a los Estados miembros exigir a las empresas designadas que propongan a los consumidores opciones o paquetes de tarifas especiales, con objeto de garantizar, en particular, que las personas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales puedan tener acceso a los servicios especificados. Los Estados miembros pueden repartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal entre los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

El Según un reciente fallo del Tribunal de Justicia, las acciones judiciales ejercitadas en Alemania contra la República Helénica por particulares a raíz del canje forzoso de obligaciones emitidas por el Estado griego de las que aquéllos son titulares, pueden notificarse a dicho Estado, de conformidad con el Reglamento UE sobre notificación de documentos, dado que no es manifiesto que tales acciones judiciales no versen sobre materia civil o mercantil

El Reglamento (CE) nº 1393/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, tiene por objeto agilizar y mejorar la transmisión (notificación y traslado) de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil. En este ámbito, el Reglamento prevé, en particular, la utilización de formularios normalizados, así como la transmisión directa y en el menor tiempo posible de los documentos entre las entidades que los Estados miembros designen a tal fin. No obstante, el Reglamento prevé expresamente que no se aplicará a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (potestad pública).

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el contencioso interpuesto por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) contra la resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas rechazó su petición de implantar una casilla en el modelo de declaración del IRPF para que los contribuyentes que lo desearan destinaran el 0,7 por ciento de su cuota íntegra a la Iglesia Evangélica o Protestante.

La sentencia indica que la competencia exclusiva en la materia de asistencia social es de las comunidades autónomas 

La Sala III del Tribunal Supremo ha dictado sentencia que declara nulo el Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector (como ONG’s y otras entidades privadas sin ánimo de lucro y que hacen actividades de interés general) de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

No obstante, las modalidades de aplicación de tal obligación no deben poner en peligro la consecución de los objetivos de la Directiva relativa a los residentes de larga duración

La  Directiva 2003/109/CE, de 25 de noviembre,  relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración,  prevé que los Estados miembros concederán el estatuto de residente de larga duración a los nacionales de terceros países que hayan residido legal e ininterrumpidamente en su territorio durante los cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud correspondiente.

La lista de ingredientes puede, incluso siendo exacta y exhaustiva, no ser idónea para corregir adecuadamente la impresión errónea o equívoca que resulta de semejante etiquetado

La sociedad alemana Teekanne comercializa una infusión de frutas denominada «Felix aventura frambuesa-vainilla». El envase comporta, en particular, imágenes de frambuesas y de flores de vainilla, así como las menciones «infusión de frutas con aromas naturales», «infusión de frutas con aromas naturales — sabor frambuesa-vainilla» y «sólo ingredientes naturales». En realidad, la infusión de frutas no contiene ingredientes naturales derivados de la vainilla o de la frambuesa ni aroma obtenido a partir de éstas. La lista de ingredientes, que figura en uno de los lados del envase, indica: «hibisco, manzana, hojas de mora dulce, cáscara de naranja, escaramujo, aroma natural con sabor a vainilla, cáscara de limón, aroma natural con sabor a frambuesa, mora, fresa, arándano, saúco».

Se considera que las faltas de conformidad que se manifiestan en un plazo de seis meses a partir de la entrega del bien ya existían en el momento de la entrega

La Directiva europea 1999/44/CE, de 25 de mayo, sobre determinados aspectos de los contratos celebrados con los consumidores tiene por objeto garantizar la protección de éstos.

Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio.

No pueden operar como corroboración de los medios de prueba. Ni ser contrastadas por la vía del art. 714 de la LECR. Ni cabe su utilización como prueba preconstituida en los términos del art. 730 de la LECR.

Tampoco pueden ser incorporadas al acervo probatorio mediante la llamada como testigos de los agentes policiales que las recogieron.

• TS. La Sala contencioso administrativa dictamina que corresponde a las comunidades autónomas fijar las tasas universitarias.
• TS. Derecho de Asociación. Revocación de la declaración de utilidad pública a una asociación. 
• TS. Educación. Becas. Impugnación del Real Decreto 1721/2007. Órganos consultivos. Valoración del rendimiento académico.
• TS. Publicidad de las sanciones por blanqueo de capitales.
• TS. Comisión Nacional de la Competencia. Actuación inspectora y derechos fundamentales a respetar en el procedimiento sancionador.
• TJUE. Contratos de servicios del sector público. Procedimiento de adjudicación y evaluación por el contratante de la cualificación del personal encargado de su ejecución.

• TS. Incidente concursal de reintegración. Dividendos. Reparto acordado por la filial compensando el crédito que ostentaba frente a su matriz. Perjuicio para la masa activa.
• TS. Préstamo bancario. Cláusula de interés de demora. Control de abusividad de las cláusulas no negociadas.
• TS. Concurso. Impugnación de la lista de acreedores. Crédito refaccionario, por construcción de un buque, considerado como ordinario. Solicitud de calificación como contingente con privilegio especial. Inscripción en el Registro Mercantil.
• TS. Comerciante. Sujeción de los bienes gananciales a las deudas contraídas en ejercicio del comercio. Pervivencia de la responsabilidad tras la disolución de la sociedad. Bien adjudicado a la esposa del quebrado, posteriormente subastado por el Síndico.
• TS. Concurso. Calificación. Culpable. Agravamiento de la insolvencia. Retraso en la solicitud.
• AP. Propiedad intelectual. Obra en colaboración. Solicitud de reconocimiento de plagio de un artículo científico publicado a nombre de otros autores. Litisconsorcio pasivo necesario.
• TJUE. Competencia judicial. Demandados domiciliados en diferentes Estados miembros. Concentración de competencias. Integración en cártel. Condena solidaria. Desistimiento.