Jurisprudencia

A propuesta del Grupo de Trabajo de Jueces de Familia, el Consejo General del Poder Judicial ha venido trabajando en la creación y puesta a disposición de jueces, magistrados, abogados y ciudadanía en general de un instrumento que respondiese a la demanda formulada, recogiendo de un lado las experiencias desarrolladas con anterioridad en esta materia y de otro dotando al nuevo instrumento de unas bases más científicas que reforzasen su legitimidad y utilidad.

Resultado de ese trabajo ha sido la elaboración, de unas Tablas orientadoras para la determinación de las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia, así como de los mecanismos necesarios para su actualización.

El alto tribunal señala que la acción de nulidad se encuentra comprendida en el artículo 12 de la Ley 42/1998

En un litigio sobre el derecho de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles y su financiación, la Sala Primera ha resuelto confirmar la sentencia estimatoria de la demanda dictada en primera instancia y fijar como doctrina jurisprudencial que “en los contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, sujetos a la Ley 42/1998, la nulidad del contrato de financiación, a instancia del adquirente, también está comprendida en el artículo 12 de dicho texto legal”.

En la demanda que dio origen al litigio se instó la nulidad de un contrato de adquisición de un derecho de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, la nulidad del contrato de financiación suscrito con una entidad bancaria para el pago de los derechos de adquisición de los servicios turísticos y la nulidad por accesorio del contrato de vida destinado a garantizar los préstamos concedidos.

• TS. Extinción de un contrato de compraventa de vivienda por mutuo disenso y su repercusión en las cantidades entregadas a cuenta y sus avales de devolución.
• TS. Se casa la sentencia de la Audiencia que reconoció el derecho a la compensación del artículo 1438 CC pese a que el trabajo de la esposa no fue exclusivamente para la casa, sino que también lo hizo fuera de ella.
• TS. Propiedad Horizontal. Junta de propietarios. Acción de nulidad de acuerdos relativos a la colocación de un ascensor. Falta de firmas del presidente y el secretario de la comunidad. Validez.
• TS. Propiedad Horizontal. Reclamación de cuotas comunitarias. Falta de legitimación pasiva del titular registral. Doctrina jurisprudencial.
• TS. Compraventa. Resolución por incumplimiento. Falta de entrega en plazo de vivienda por no obtención de cédula de habitabilidad. Reclamación de cantidades anticipadas a la aseguradora en lugar de al promotor-vendedor.
• TS. Precario. Desahucio. Inexistencia de comodato. Presunciones.
• AP. Competencia de los tribunales españoles para la declaración de divorcio alimentos y división de bienes de residentes chinos.

• TS. Concurso de acreedores. Acción directa del subcontratista y dinámica concursal.
• TS. Operaciones prohibidas y sanción de nulidad del contrato de seguro de vida que carezca de base técnica actuarial.
• TS. Concurso de acreedores. Calificación: culpable. Reparto de dividendos. Fraude de acreedores. Interpretación del art. 164.2.5º de la Ley Concursal.
• TSJ. Suspensión de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre legalización de libros de los empresarios.
• AP. Propiedad intelectual. Contrato entre entidad de gestión y establecimiento hostelero autorizando actos de comunicación pública.
• TJUE. Seguro de vida. Información al tomador. Información adicional sobre gastos y primas. Equidad. Seguridad jurídica.
• TJUE. Propiedad industrial. Patente europea con efecto unitario. Impugnación del Reglamento (UE) n.º 1257/2012. Autonomía y uniformidad del Derecho de la Unión.
• TJUE. Propiedad industrial. Patente europea con efecto unitario. Impugnación del Reglamento (UE) n.º 1260/2012. Principio de no discriminación por razón de la lengua.

• TS. Concesión de nacionalidad española por residencia y momento de exigirse los requisitos.
• TS. Se considera razonable fijar en el 25 % el uso del castellano en las escuelas de Cataluña, incluyendo una asignatura troncal.
• TS. Sanciones. Suspensión de funciones a un Magistrado por retraso injustificado en la resolución de procesos.
• TS. Urbanismo. Normas Urbanísticas Municipales. Nulidad. Aprobación definitiva. Variaciones significativas respecto del anterior instrumento.
• AN. Protección de datos. Derecho al olvido. Datos personales contenidos en la edición electrónica de un Boletín Oficial accesibles a través de un buscador.
• TSJ. Permiso de residencia temporal a un extranjero como padre de un español.
• TJUE. Contratos del sector público. Licitación y adjudicación. Principios de eficacia, rapidez, igualdad de trato y transparencia. Oferta económica más ventajosa. Vínculos significativos entre licitador y adjudicador.
• TJUE. Principio de no discriminación por razón de la orientación sexual para la donación de sangre.

• TS. Condena de dos años de prisión por cobrar durante diez años la pensión de jubilación de su madre fallecida.
• JP. Condena a un hombre por no presentarse a una mesa electoral como presidente.
• TS. Presunción de inocencia; significado procesal de la negativa del acusado a someterse a las pruebas de ADN.
• TS. El blanqueo de capitales y su prueba indiciaria.
• TS. Delito de estafa impropia y elementos configuradores.
• TS. Motivación y justificación para la autorización de intervenciones telefónicas.
• TS. Límites máximos de cumplimiento de penas previstos en el artículo 76.1 CP

La Audiencia confirma que el contrato que suscribió con la entidad de gestión de derechos de autor le vincula aunque el local no emita su música e incluso cese en su actividad

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a un hostelero que dejó de abonar a la Sociedad General de Autores (SGAE) varias cuotas de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, año en que cerró el local.

Alegaba el demandado que en su local sólo difundía música que no pertenecía al repertorio que gestiona la SGAE, al tiempo que rechazaba que le fuera cobrada una cuota correspondiente a un mes en el que el establecimiento había cesado en su actividad.

No obstante, las aseguradoras deben poder identificar esa información adicional con suficiente previsibilidad

La principal finalidad de la tercera Directiva de seguro de vida¹ es coordinar las disposiciones mínimas para que el consumidor reciba información clara y precisa sobre las características esenciales de los productos que se le ofrecen. Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto en la sentencia recaída en el asunto C-51/13.

En 1999 el Sr. Van Leeuwen suscribió con Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV (NN) un seguro que comprendía una parte de inversión, denominada «Inversión asegurada flexible». Se trataba de un seguro de vida cuyo valor acumulado en la fecha de cese del seguro no está garantizado, sino que depende de los resultados de las inversiones. Por otra parte, durante la vigencia del contrato de seguro está previsto el pago de un capital fijo y garantizado en caso de que el tomador fallezca antes del vencimiento del contrato.

El plan urbanístico anulado contemplaba nueve sectores de suelo urbanizable residencial con una superficie bruta de más de 240 hectáreas y una previsión de más de 6.600 viviendas

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de casación interpuestos por el ayuntamiento de Mucientes (Valladolid) y Desarrollos Urbanísticos Mucientes, S. L. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 15 de marzo de 2013, que declaró la nulidad del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid por el que se aprobaron las Normas Urbanísticas Municipales de dicha localidad. El plan urbanístico anulado contemplaba nueve sectores de suelo urbanizable residencial con una superficie bruta de más de 240 hectáreas y una previsión de más de 6.600 viviendas.

El Supremo subraya que no se trata de sancionar el incumplimiento de los módulos de trabajo "sino que lo que se reprocha es la constatación de que, en términos absolutos, atendidas las circunstancias del propio Juzgado, la actividad desplegada por el recurrente en la labor fundamental como juez de lo Penal, de dictar sentencias y despachar las correspondientes ejecutorias, resulta manifiestamente insuficiente y escaso”

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de un año de suspensión de funciones impuesta a un juez de lo Penal de Tarragona por falta muy grave de retraso injustificado de procesos y causas. Según el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 15 de octubre de 2013, que impuso la sanción, esta persona fue el juez de lo Penal de toda España que menos sentencias dictó durante 2012. Así, ese año dictó 107 sentencias, cuando la media de la comunidad autónoma era de 451, y en toda España, de 464. En el año 2011, el mismo Juzgado -al que dicho juez se incorporó el 9 de noviembre de ese año- dictó 396 sentencias.