Jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia que condena a Nokia a abonar 556.424 euros a la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE) y la SGAE, como canon correspondiente a las tarjetas de memoria comercializados en el segundo semestre de 2008.

La Sala de lo Civil del alto tribunal ha confirmado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó la pretensión de las mencionadas asociaciones a que se les reconociera el derecho de compensación equitativa por copia privada correspondiente a las ventas durante el segundo semestre de 2008 de teléfonos móviles con reproductor mp3 y tarjetas de memoria. En total, solicitaban como compensación 5.132.237 euros.

Señala que la falta de determinación en el contrato del alojamiento que constituye su objeto decreta su nulidad

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre el aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico al existir sentencias contradictorias de las Audiencias Provinciales. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Salas Carceller, declara que la falta de determinación en el contrato del alojamiento que constituye su objeto decreta su nulidad.

• TJUE. Requisitos con arreglo a los cuales un desertor procedente de un país tercero puede obtener asilo en la Unión Europea.
• TJUE. Medio ambiente. Vertidos. Principios «quien contamina paga», cautela, acción preventiva y corrección en la fuente. Adecuación de la legislación nacional al derecho de la Unión. Inexistencia de obligación de prever ni reparar al propietario no responsable de la contaminación.
• TC. La realización de múltiples manifestaciones con el mismo objeto  no agote el derecho a manifestarse.
• TSJ. Prohíben a la Casa de Alba exportar y vender una carta de Cristóbal Colón.
• TS. Urbanismo. Acción pública. Legitimación. Ausencia de interés público. Prueba. Clasificación del suelo.
• TS. Urbanismo. Modificación del PGOU no sometida a evaluación medioambiental. Efectos significativos sobre el medio ambiente. La impugnación en vía administrativa.
• TS. Asilo. Denegación por peligro para la seguridad de España. Aportación de documentos en casación. Sentencia. Incongruencia omisiva.
• TS. Salud. Sustitución en la prescripción por genéricos, o prescripción por principio activo. Instrucciones y órdenes de servicio.

• TGUE. Mercados financieros. Eurosistema. Anulación. Incompetencia de BCE para exigir la domiciliación en la zona euro de las entidades de contrapartida central.
• TJUE. Propiedad intelectual. El derecho de participación en la reventa de una obra de arte puede ser soportado tanto por el vendedor como por el comprador.
• TJUE. Si un aparato médico presenta un posible defecto, pueden considerarse defectuosos todos los productos del mismo modelo.
• TJUE. Libre competencia. Ayudas del Estado. Prohibición a «vehículos de turismo con conductor» de utilizar carriles permitidos a taxis. Ventaja económica y selectiva. Incidencia en los intercambios comerciales entre los Estados miembros.
• TJUE. Directiva 96/9/CE. Protección jurídica de las bases de datos. Base de datos no protegida por los derechos de autor ni por el derecho sui generis. Limitación contractual de los derechos de los usuarios.
• TS. Contrato de préstamo. Novación extintiva y modificativa.
• TS. Concurso de acreedores. Sección de calificación. Plazo para emitir el informe sobre la calificación del concurso. Responsabilidad concursal del administrador social.
• TS. Concurso. Impugnación de lista de acreedores. Permuta de finca por obra futura. Entrega garantizada con condición resolutoria inscrita y con aval bancario por el valor de la obra. Calificación como crédito privilegiado especial.
• AP. Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que anula la compra de acciones de Bankia.
• JM. Incidente concursal. Separación de créditos de la masa y reconvención sobre reintegración de la masa. Cesión de crédito litigioso, considerada ineficaz por perjudicial por la administración concursal. Actos ordinarios.

• TS. Se establece que el primer apellido de un niño sea el de la madre y no el del padre por interés del menor.
• TS. El maltrato psicológico puede ser causa de desheredación.
• TS. Se exime a un padre de pagar la pensión por su hijo por carecer de ingresos.
• TS. Consideración del beneficiario por el testador con un usufructo como heredero a efectos de responder de las deudas de la herencia.
• TS. Es obligación exclusiva del promotor-vendedor depositar las cantidades anticipadas en una cuenta especial, al efecto designada.
• TS. Responsabilidad extracontractual. Culpa de la víctima. Control de la situación.
• TS. Responsabilidad civil. Contagio del VIH en transfusión de sangre. Prescripción de la acción. Dies a quo. Indemnización. Exclusión de responsabilidad de la Administración.
• TJUE. Menores. Responsabilidad parental. Traslado de un menor por uno de sus padres de un estado miembro a otro. Régimen de visitas. Competencia judicial. Cooperación judicial en materia civil.

• TS. Dejar sin tacto a un invidente agrava la pena de lesiones.
• AN. La AN condena a 6 años de prisión a los responsables de la web de descargas ilegales Youkioske.
• TS. Enaltecimiento del terrorismo: El "discurso del odio" no está protegido por la libertad de expresión ideológica.
• TS. Abono de medidas cautelares. No procede el abono de la prohibición de comparecencia en el puesto de trabajo.
• TS. Derecho al juez imparcial y predeterminado por la ley.
• TS. Recursos contra las sentencias dictadas en conformidad.
• Acuerdo del TS de la sala de lo penal. Acción que afecta a varias personas. Concurso real.
• Acuerdo del TS de la sala de lo penal. Procedimiento penal. Aforados y competencia judicial.
• Acuerdo del TS de la sala de lo penal. Procedimiento penal. Recurso de Revisión. Efectividad de las sentencias dictadas por el TEDH.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha anulado una resolución de la Subdelegación del Gobierno en Jaén por considerar que vulnera “el contenido esencial” del derecho de reunión. El Tribunal analiza por primera vez en esta sentencia si la finalidad del derecho a manifestarse puede llegar a agotarse y si ese supuesto agotamiento puede justificar la prohibición de una concentración ciudadana. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Ricardo Enríquez, otorga el amparo a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía.

El Tribunal General ha anulado el marco de vigilancia del Eurosistema publicado por el BCE, que impone a las entidades de contrapartida central la obligación de estar domiciliadas en la zona euro, al no disponer el BCE de la competencia necesaria para imponer dicha exigencia a las entidades de contrapartida central que intervienen en la compensación de valores financieros

El Eurosistema está formado por el Banco Central Europeo (BCE) y por los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que han adoptado el Euro como moneda común. El 5 de julio de 2011, el BCE publicó en su sitio de Internet el marco de la política de vigilancia del Eurosistema, describiendo el papel de este último en la supervisión de los «sistemas de pago, de compensación y de liquidación». Según el BCE, la vigilancia del conjunto de estos sistemas e infraestructuras resulta de la función que le confía el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) de promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago y del artículo 22 de los Estatutos del Eurosistema y del BCE que prevé que «el BCE podrá dictar reglamentos destinados a garantizar unos sistemas de compensación y liquidación eficientes y solventes dentro de la Unión, así como con otros países».

Conforme al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la normativa italiana, que no impone medidas preventivas ni reparadoras frente a los propietarios no responsables de la contaminación de sus terrenos, es compatible con el Derecho de la Unión.  Los Estados miembros tienen plena libertad para establecer únicamente la responsabilidad patrimonial de dichos propietarios cuando las autoridades adoptan esas medidas

Según la Directiva sobre responsabilidad medioambiental, la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, en principio, el operador de un paraje deberá sufragar los costes ocasionados por las acciones preventivas y reparadoras adoptadas en respuesta a la producción de daños medioambientales en el paraje. No obstante, no se exigirá al operador sufragar esos costes cuando pueda demostrar que los daños fueron causados por otra persona. Sin embargo, la Directiva permite a los Estados miembros adoptar normas nacionales más rigurosas en este ámbito.

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado un recurso de la Fundación Casa de Alba contra una resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de Archivos y Bibliotecas que deniega a la casa de subastas Christie’s, poner a la puja una carta enviada en 1498 por Cristóbal Colón a su hijo Diego y cuyo valor alcanza los 21 millones de euros.