Jurisprudencia

• Características de los documentos que permiten la revisión de una sentencia firme
• Legitimación activa para impugnar la renovación de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación
• Destino de las obras a la extinción del título de las concesiones de dominio público hidráulico
• Límites a la libertad de expresión del abogado en sus intervenciones en un proceso judicial

La Sala parte de su jurisprudencia en la que declara lícita la prohibición estatutaria de alquiler de viviendas para uso turístico

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que declara que las comunidades de propietarios pueden prohibir la actividad de alquileres turísticos mediante acuerdos adoptados en junta por mayoría de tres quintos.

La Sala se ha pronunciado por primera vez sobre la interpretación y aplicación del artículo 17.12 LPH, introducido por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Las decisiones, adoptadas por unanimidad, resuelven la controversia entre las audiencias provinciales, evidenciada en las dos sentencias recurridas de signo opuesto, sobre si la prohibición de las actividades turísticas descritas en el art. 5.e) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU), ha de adoptarse por mayoría de tres quintos o por unanimidad de los propietarios.

La Sala explica que “la información difundida queda legitimada por el derecho a la libertad de información”

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que avala la conducta de un administrador de una comunidad de propietarios que colocó carteles por la urbanización en los que informó a los vecinos que un propietario le había avisado de que un inquilino al que había desahuciado por impago tenía intención de alquilar otra vivienda en el mismo conjunto residencial.

En los carteles, que se pusieron en las seis escaleras y los doce ascensores de la urbanización, también se indicaba que, según la información proporcionada por este propietario, las mismas personas se habían quedado con el mando del garaje y la llave de la urbanización, y que tenían acceso a la misma. Además, las había denunciado por llevarse varios objetos de la vivienda.

El matrimonio desahuciado denunció al propietario de la vivienda y al administrador de la finca por vulneración de sus derechos al honor y a la intimidad. En su demanda explicaba que no había podido alquilar una nueva vivienda en la misma urbanización como consecuencia de la colocación de los carteles.

• Retroactividad de la ley penal y comparación de las dos normas en su integridad valorando también las reglas del concurso real
• Los trabajos en beneficio de la comunidad requieren el consentimiento del condenado en cualquier momento anterior a la ejecución de la pena
• Documento mercantil en el delito de falsedad de documentos y estafa procesal
• El alcance de la facultad de impugnación de las sentencias penales absolutorias

• Cláusulas de paridad de tarifas en las plataformas de reserva de alojamientos online
• El TJUE se pronuncia sobre el asunto Novo Banco como banco puente en la liquidación del Banco Espirito Santo
• Acción de impugnación de los acuerdos societarios y deber de lealtad de los administradores
• Se declara que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio afectando la libre competencia

• El concepto «ley de policía» en la determinación de la indemnización del daño moral
• Compraventa de inmueble perteneciente a una sociedad rusa. Exención a la prohibición de la asesoría jurídica
• Visitas de hijos menores con progenitor no custodio y reparto equitativo de las cargas
• Impugnación de la tutela automática, o resolución administrativa en materia de protección de menores
• Desahucio por falta de pago de la renta y naturaleza excepcional de las circunstancias concurrentes

• La naturaleza penal de la infracción administrativa y el derecho al reexamen de la sentencia recurrida
• Medios de acreditación de la solvencia técnica en un contrato de transporte público de viajeros
• Sanción administrativa a la liga profesional de futbol, por infracción de protección de datos personales
• Naturaleza de carácter intelectual a los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo

• El TC desestima la tacha de inconstitucionalidad del art. 172 quater del Código Penal
• La agravante de género no es compatible con el subtipo agravado del art. 180.1.4ª. en agresiones sexuales
• Delito de homicidio por dolo eventual y sumisión química
• El delito de amenazas puede cometerse de forma indirecta y cabe formas imperfectas
• Concepto "secreto de empresa" para el tipo delictivo de revelación de secretos

• Compensación de créditos en el concurso
• Clausulas limitativas en un seguro de invalidez permanente contratado conjuntamente con otro de vida-jubilación
• El Tribunal de Justicia confirma el abuso de posición dominante de Google
• El TJUE resuelve que no caben acciones de responsabilidad ni de nulidad contra la conversión y transmisión de las acciones del Popular

• Principio de legitimación registral y presunción iuris tantum
• Flexibilización de las exigencias de la LPH en materia de mayorías cuando se trata de locales comerciales
• Un consumidor que haya reservado un viaje al extranjero podrá demandar al organizador en el órgano jurisdiccional del lugar de su domicilio
• El derecho a la intimidad del menor no puede modularse por el hecho de que los progenitores sean famosos