Jurisprudencia

• TS. Oposición a medidas de protección de menores. Acogimiento familiar preadoptivo. Separación del hermano. Interés del menor
• TS. Privación del derecho de sufragio tras una incapacitación
• TS. Guarda de hecho. Impugnación de actos de disposición efectuados por el guardador de hecho del presunto incapaz
• TS. Responsabilidad civil. Condena a la aseguradora al abono de prótesis futuras e intereses. Inexistencia de condena de cosa futura. In illiquidis non fit mora
• TS. Error judicial. No cabe frente a resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia
• TS. Nulidad del testamento por falta de capacidad mental del testador y la necesidad de probar concluyentemente dicha falta de capacidad
• TS. Derecho al honor. Daños morales. Sociedad de la información. Responsabilidad del prestador de servicios. Conocimiento efectivo 

• AP. Dos años de cárcel un profesor de Zaragoza por colocar cámaras en los baños del colegio donde trabajaba. Requisito de procedibilidad
• TS. Los no funcionarios pueden prevaricar o malversar por inducción
• TS. El Supremo señala que observar una vivienda con prismáticos sin autorización judicial vulnera la inviolabilidad del domicilio
• TS. Requisitos exigibles en toda acumulación de condenas y su flexibilización, en especial la conexidad

El Tribunal explica, en primer lugar, qué es el estado de alarma, tal y como está previsto en el art. 116 de la Constitución. Su declaración corresponde con carácter exclusivo al Gobierno, que de forma inmediata deberá dar cuenta al Congreso de los Diputados. La prórroga, por el contrario, deberá ser aprobada por la Cámara Baja, a petición del Ejecutivo. La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (LOEAES) determina que el primero de ellos (alarma) puede declararse, entre otras situaciones, ante “la paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garanticen los servicios mínimos”.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano (LREMV), que ha declarado inconstitucional y nula. La sentencia concluye que la norma impugnada se ha extralimitado de la competencia legislativa que en materia de derecho civil tiene la Comunidad Valenciana (art. 149.1.8 CE). En este caso, no ha demostrado la vigencia, previa a la promulgación de la Constitución, de normas legales o consuetudinarias en materia de régimen económico matrimonial. Ha sido ponente de la resolución la Magistrada Encarnación Roca. Formula voto particular el Magistrado Juan Antonio Xiol.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado la petición de un hombre que reclamó la custodia compartida de su hija tras ser absuelto por la vía penal de la denuncia de malos tratos y amenazas que interpuso contra él su pareja. Con anterioridad se habían archivado otras diligencias penales en las que la mujer denunciaba al hombre por abuso contra la menor, resolución que fue confirmada por la Audiencia Provincial basándose en la pericial de los expertos del Juzgado y exploraciones de la menor, llevadas a cabo por el juez de Instrucción.

El Supremo señala que la absolución penal del delito de maltrato denunciado por uno de los cónyuges respecto del otro es un cambio de circunstancias a los efectos del artículo 90.3 del Código Civil, que debe valorarse ante una petición de custodia compartida de los hijos.

• TJUE. Procedimiento concursal. Contratos celebrados con consumidores. Deudas procedentes de un contrato de crédito al consumo. Cláusulas abusivas. Examen de oficio por el juez concursal
• TJUE. Propiedad intelectual. Compensación equitativa por copia privada. Competencia judicial para conocer de las demandas por impago. Lugar donde se produce el daño en lugar del domicilio del demandado. Consideración del impago como «materia delictual o cuasidelictual» a efectos del Reglamento 44/2001
• TS. Créditos garantizados con una prenda sobre créditos futuros. Normativa aplicable
• TS. Concursal. Calificación tras la reapertura por incumplimiento o imposibilidad de cumplimiento del convenio. Fijación de doctrina jurisprudencial. Mutatio libelli. Motivación. Valoración probatoria
• TS. Acumulación de acciones. Reclamación de crédito frente a una sociedad y responsabilidad de los administradores por su impago. Competencia objetiva de lo mercantil. Requisitos de la acción individual de responsabilidad

• TS. El Tribunal Supremo da la razón a una mujer que pidió cese del uso de su imagen desnuda en medios de contenido erótico
• TS. Servidumbres. Acción confesoria. Jurisdicción y competencia. Servidumbre constituida por signo aparente. Doctrina jurisprudencial
• TS. Sucesiones. Nulidad de testamento abierto. Código Civil Catalán. Designación como heredera de una entidad de carácter religioso que prestó servicios asistenciales al testador
• TS. Modificación de medidas. Cambio significativo de circunstancias. Custodia compartida. Interés del menor. Incremento de edad del menor. Absolución del progenitor de un delito de maltrato

La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de abril de 2016, ha rechazado la pretensión de la SGAE de que se levantase cautelarmente la prohibición que le impuso en noviembre de 2014 la Comisión Nacional de la Competencia de cobrar el 10 por ciento de la taquilla de los conciertos.

La SGAE tiene recurrida ante la Audiencia Nacional la resolución de Competencia -que además de la prohibición de continuar con las prácticas que provocaron la sanción, impuso una multa a la sociedad de autores de 3,1 millones de euros- y solicitó que, hasta que no se resuelva sobre el fondo de su recurso, se suspendiese cautelarmente la prohibición de cobrar la tarifa.

La Sala II del Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de abril de 2016, ha reducido de cinco años y medio de prisión a dos años y nueve meses la condena impuesta al exsenador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) D. M. por los pagos con fondos públicos que el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) hicieron al exviceconsejero canario de Justicia F. J. R. a cambios de unos supuestos servicios de asesoramiento que en realidad nunca se prestaron.

El motivo de la disminución de la pena de cárcel es la absolución de uno de los dos delitos de malversación de caudales públicos (el referido a la empresa Inalsa) por los que fue condenado en primera instancia por la Audiencia de Las Palmas, aunque se le mantiene la condena por dos delitos de prevaricación y otro de malversación (el del Ayuntamiento de Arrecife), destacando el Supremo que fue un “caso claro de arbitrariedad, en el sentido de acto contrario a la Justicia, la razón y las leyes, dictado sólo por la voluntad y el capricho”. El Supremo rechaza la alegación del exsenador de que los delitos de prevaricación o malversación sólo pueden ser cometidos por funcionarios, y confirma su condena como inductor de los mismos.

La Sala II del Tribunal Supremo ha establecido que la observación de una vivienda con prismáticos por parte de la Policía sin autorización judicial vulnera la inviolabilidad del domicilio. El Supremo anula la condena de cárcel por tráfico de drogas impuesta a dos personas por la Audiencia de Ourense al considerar ilícita la principal prueba de cargo contra ellos, que fue la actividad observada por la Policía en el interior de un domicilio mediante prismáticos. Los dos acusados son absueltos por el alto tribunal.