Casos Prácticos Derecho Civil

Posible existencia de incongruencia de sentencia de incapacidad al conceder una curatela más amplia de la pedida por el Fiscal y posible vulneración de la carga de la prueba por parte del Fiscal analizando la normativa y la doctrina del Tribunal Supremo y el requisito preceptivo de la entrevista del incapacitado con el tribunal.

Demanda de un español a un ciudadano de la Unión europea por la publicación de fotografías en Facebook analizando la competencia judicial internacional y la protección de los derechos fundamentales.

El presente caso aborda el problema jurídico que se plantea a la hora de determinar qué tipo de imprudencia ha de concurrir para que unos hechos den lugar al delito de homicidio imprudente y qué tipo de criterios han de tenerse en cuenta para delimitar la imprudencia leve que ha quedado despenalizada por nuestro legislador. Es la falta de atención la que determinará el error de cálculo que ocasionó no tomarse en serio la producción del resultado o la esperanza equivocada, lo que traslada el título de imputación al ámbito de la imprudencia. La diferencia entre la imprudencia grave y la leve, se encuentra en la importancia del deber omitido en función de las circunstancias del caso, debiendo tener en cuenta a estos efectos el valor de los bienes afectados y las posibilidades mayores o menores de que se produzca el resultado, por un lado, y por otro, la valoración social del riesgo.

Relaciones paternofiliales y rebeldía del progenitor demandado. interés del menor y medidas aplicables con relación a la patria potestad en exclusiva o privación de la patria potestad, régimen de visitas y pensión de alimentos y su garantía.

Interpuesta una demanda de separación, ninguno de los progenitores solicita la custodia compartida, ni durante la sustanciación del procedimiento ni en el acto de la vista oral; pero el juzgado la acuerda. Recurren en apelación utilizando como razonamiento esencial que no se puede acordar si ellos no lo solicitan, independientemente de que lo pida el Ministerio Fiscal –como así sucedió en la instancia–. Consideran que la ausencia de un debate contradictorio impide valorar la conveniencia de la custodia compartida. Al margen de lo anterior, se dice, en contra de la custodia compartida, que no se cumplen los requisitos para su concesión. Finalmente, se solicita por el progenitor paterno que la pensión de alimentos despliegue efectos desde que fue emplazado tras la demanda de separación, y no desde la fecha de la interposición efectiva de esta.

El presente caso aborda el problema jurídico que se plantea a la hora de determinar qué Juzgado de Instrucción es el competente desde el punto de vista de la competencia territorial, cuando estamos en los supuestos de estafas realizadas a través de internet o vía telefónica o a través de los modernos medios de pago actuales; sin haberse superado la aplicación de la doctrina de la ubicuidad (el delito se entiende cometido en cualquiera de los lugares en los que tiene lugar alguno de los elementos del tipo), la misma ha sido complementada con una novedosa doctrina jurisprudencial denominada de la eficacia en la investigación policial y judicial (la competencia corresponderá al lugar donde resida el investigado si eso facilita la investigación, al hacer que la misma sea más ágil y tener mayores posibilidades de éxito).

Se analizan en este supuesto diversos problemas relativos a la falta de conformidad del bien con el contrato y a la no información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento en una compraventa de consumo celebrada a distancia, por mor de la cual una persona física (el Sr. Pérez Rocamón) adquiere de un empresario mercantil (la entidad Camping S.A.) una carpa para su uso personal y familiar en el jardín de su residencia habitual.

Demanda de juicio ordinario instando la revocación de la donación, por la demanda del donatario al donante de apropiación indebida. La demandada, donataria, interpone recurso de casación por entender que no dictarse sentencia condenatoria no procede la revocación interesada, a lo que se opone el demandante por entender que es suficiente la imputación del delito.

El presente caso aborda el problema jurídico que se plantea a la hora de determinar si, tras haberse realizado un primer control de oficio de abusividad de las cláusulas en un procedimiento monitorio, es posible llevar a cabo otro segundo control del mismo tipo por el Juez en ejecución del título que puso fin a dicho proceso monitorio. Se trata de valorar si, habiéndose realizado un control imperfecto o incompleto en el proceso previo, es posible que el mecanismo legal de dicho control de abusividad haya precluido procesalmente hablando y ello impida el segundo control en ejecución, o si es posible llevarlo a cabo incluso con solicitud al ejecutante de información complementaria a efectos de determinar la totalidad de conceptos reclamados, delimitando así el origen del importe de la deuda por principal, intereses, penalizaciones contractuales y otros conceptos. Este eventual segundo control de abusividad ¿es compatible con la directiva comunitaria?

En un juicio verbal de divorcio se acuerdan diferentes medidas en relación dos hijos menores del matrimonio. De manera sucinta, con brevedad, el juzgado dicta una sentencia acordando, entre otras decisiones, que los hijos permanecerían en compañía de la madre, con un régimen de visitas amplio en favor del padre. Los fundamentos se sostienen, esencialmente, en el informe del Equipo Técnico y en las declaraciones de los padres en el acto de la vista. La sentencia, ante la dificultad de decidir, el pronunciamiento se basó en el interés de los hijos, que dijo concretarse, no en su voluntad, sino en la inconveniencia de la custodia compartida por la mala relación existente y la ausencia de habilidades paternas. La sentencia, después de ser apelada, llegó a casación y el motivo alegado fue el error en la valoración de la prueba por la vía del artículo 217 LEC en relación con el 477.2.3. LEC por interés casacional.